Informe Latinoamericano - 8 de Abril de 2010 (ISSN 1741-7317)

Algo está ocurriendo en Ecuador, y no se trata de la cuidadosamente coreografiada reorganización del gabinete que el Presidente Rafael Correa ha retratado como la radicalización de su “revolución ciudadana". Todos los movimientos indí­genas, que Correa habí­a dividido hábilmente desde que llegó al poder en 2007, se está uniendo contra su gobierno. Cualquier proceso de cambio tendrá sus detractores, pero dos acontecimientos recientes han conducido al fragmentado movimiento indí­gena de Ecuador -que alguna vez elevaron y destronaron a jefes de estado- a discutir una acción de protesta a escala nacional. La causa de la discordia son las reformas de la ley de minerí­a y de sus sistemas de irrigación.

Miles de manifestantes indí­genas se reunieron el 5 de abril en la ciudad de Riobamba, la capital de la provincia de Chimborazo en Ecuador central para demostrarse contra la “ley del agua" que el gobierno intenta impulsar a través de la asamblea legislativa. Dos dí­as más tarde 4.000 indí­genas viajaron hasta la tercera más grande ciudad de Cuenca, en la provincia sureña de Azuay, para protestar frente de las oficinas centrales de la secretarí­a de planeamiento nacional (Senplades).

Las protestas eran preventivas. Está programado que una comisión legislativa presente un informe ante el pleno el 9 de abril para el debate final sobre la ley de agua, que fue aprobada en primera lectura en noviembre pasado. Los manifestantes indí­genas temen que la nueva ley de agua permitirá la privatización de los recursos de agua. Ellos objetan a la Secretarí­a del Agua (Senagua), la entidad del gobierno establecida para administrar las concesiones de agua para la irrigación, y desean que la máxima autoridad del agua esté compuesta de un consejo plurinacional, compuesto por representantes de los indí­genas, los consumidores, el gobierno local y las autoridades de irrigación. Ellos afirman que el esquema de manejo del agua propuesto no tiene en cuenta sus propios sistemas de irrigación. El gobierno arguye que el agua es un sector estratégico que debe ser controlado por el ejecutivo.

La otra causa mayor de fricción es sobre la minerí­a. En enero de 2009 fue aprobada una nueva ley de minerí­a, que busca atraer inversión extranjera permitiendo a las multinacionales que posean la mayorí­a de acciones en las minas. Aunque establece requerimientos ambientales más estrictos que hasta este momento, la más grande organización indí­gena, Conaie, protestó que eso era una “traición" y que no impedirí­a la contaminación de la provisión de agua en la Amazoní­a. A fines de marzo, el gobierno anunció que otorgarí­a permiso a 12 compañí­as para que reanuden las actividades mineras avanzadas (suspendidas desde 2008) además de tres compañí­as canadienses que ya habí­an recibido autorización para reanudar las exploraciones de oro en la Amazoní­a.

Correa recibió a más de 30 representantes de Conaie en el palacio presidencial en octubre pasado, en un esfuerzo por disipar las preocupaciones acerca de las leyes del agua y la minerí­a [IL-09-40]. El prometió “institucionalizar un diálogo permanente" a través de grupos de trabajo formados con representantes de Conaie y del gobierno; estableció la comisión legislativa que tomará con la debida consideración las propuestas de Conaie para la ley del agua; y dijo que revisarí­a le ley minera. Sus tácticas conciliatorias le ganaron tiempo -pero Conaie ahora arguye que él ha renegado de sus promesas, y ha ganado el apoyo de una de sus principales organizaciones rivales, Feine, mientras que la otra, Fenocin, una vieja aliada del gobierno, es probable que una sus fuerzas pronto.

Luis Andrango, el presidente de Fenocin, dijo que estaba en conversaciones con Conaie para montar una protesta coordinada en toda la nación. La dirección de Fenocin celebrará una asamblea el 9 de abril, para decidir si se une a las protestas. Andrango dejó pocas dudas acerca del resultado de la asamblea. Dijo que las bases de Fenocin están presionando por una posición más radical contra el gobierno, especialmente sobre la ley del agua. Dijo que Fenocin ha apoyado al gobierno por tres años, pero se levantará para defender los derechos del agua. Agregó que Correa estaba llevando adelante un proceso de cambio, pero no la “revolución" que él prometió.

Uno de los éxitos de Correa, desde su perspectiva, desde que asumió el poder, ha sido la división del movimiento indí­gena. La acción de protesta coordinada podrí­a forzar al gobierno a tomar con más seriedad las conversaciones con los grupos indí­genas, en vez de hacer que cada grupo se pelee uno contra otro. A pesar de desdeñar a Conaie en el pasado como la “izquierda infantil" Correa ha desplegado agudeza polí­tica cuando necesita aliviar la tensión. El mismo espí­ritu de apertura al diálogo que él mostró en octubre pasado, pronto será de nuevo necesario. En ausencia de una coherente o significativa oposición polí­tica, los movimientos indí­genas, y las organizaciones sociales disidentes, tienen el potencial de convertirse en los más formidables oponentes polí­ticos de Correa. Pero, mientras que las protestas indí­genas, a menudo llamadas “levantamientos", han derribado gobiernos en el pasado reciente, la gran diferencia es que esos gobiernos nunca disfrutaron del apoyo popular de la administración Correa.

“Pienso que todos los ecuatorianos de buena fe se dan cuenta que hemos hecho todo lo que podí­amos hacer, pero es claro que no pudimos hacer todo lo que desearí­amos hacer," dijo Correa esta semana mientras anunciaba una “profunda reforma" de su gabinete (ver abajo). “A pesar de la mentira organizada, a pesar de los grupos de poder alineados en contra nuestra, a pesar de la terrible crisis económica del año pasado, somos un verdadero proyecto nacional," dijo. “No nos podemos dar el lujo de fracasar," agregó.

• El nuevo gabinete
  El aspecto más significativo de la reorganización de gabinete del Presidente Correa fue la designación de Katiuska King, una alta funcionaria de la secretarí­a de planeamiento nacional para reemplazar a Diego Borja (no es el mencionado en el caso Chevron), al frente del ministerio de coordinación económica. Borja se convierte en presidente del banco central. La prensa, en su mayorí­a hostil, describió las otras designaciones como “reciclaje". Marí­a de los Angeles Duarte se muda del ministerio de economí­a y de inclusión social (Mies) al ministerio de transporte; Verónica Sión de turismo a industria; y Jorge Glas de telecomunicaciones a coordinación de sectores estratégicos. Glas es reemplazado por su viceministro Jaime Guerrero. Gloria Vidal, viceministra de educación, asume el cargo superior a expensas de Raúl Vallejo.
  [End sidebar]

Chevron aplica el primer golpe
La compañí­a petrolera de EU, Chevron, logró una significativa victoria la semana pasada cuando un panel de arbitraje de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminó que las cortes de Ecuador contravinieron las leyes internacionales al retrasar las decisiones a inicios de los '90 sobre disputas comerciales entre el gobierno de Ecuador y Texaco, una subsidiaria de Chevron. La compañí­a fue premiada con US$700m de compensación bajo el dictamen, que fue la culminación de tres años de pelea y debe ser considerada un revés para un reclamo medioambiental presentado por 30.000 indí­genas contra la compañí­a que podrí­a resultar en US$27bn en daños.
     La Haya citó un tratado bilateral de inversión (BIT) entre Ecuador y EU. La oficina del fiscal de Ecuador rechazó la decisión y dijo que Ecuador usarí­a “todos los mecanismos legales disponibles" para evitar el pago. Dijo que Chevron ha buscado el arbitraje para desacreditar a la justicia ecuatoriana. Chevron cita el BIT en su reclamo de arbitraje presentado en setiembre sobre supuesta interferencia del gobierno en el caso presentado por los demandantes indí­genas. “Hemos mantenido por algún tiempo que las cortes de Ecuador están fracasando en administrar justicia, cuando se trata de Chevron y sus afiliadas," dijo el abogado general de Chevron, Hewitt Pate.
     Una corte ecuatoriana debí­a dictaminar sobre el caso a fines de 2009, pero el juez se recusó a sí­ mismo luego que Chevron publicó cuatro videos comprometedores, de dudosa autenticidad en setiembre pasado [IL-09-36]. Esta semana, un investigador legal contratado por los demandantes, Grant Fine, difundió un informe que contení­a más de seis horas de cintas de audio grabados por un desilusionado amigo de un hombre llamado Diego Borja. Borja habí­a hecho esos videos, por los cuales Chevron afirmó que no le habí­a pagado. En las cintas de audio, Borja dijo que Chevron habí­a pagado US$6.000 mensuales por el alquiler de su lujosa casa y que si le hací­an “trampa" él harí­a públicos las evidencias condenatorias contra Chevron. Otro juez está en el caso y debe emitir un dictamen este año.