Informe Especial - Julio de 2007

El año 2006 fue testigo de la aparición de Wallmapuwen, un partido polí­tico indí­gena que intenta obtener el reconocimiento de Wallmapu, el territorio Mapuche a ambos lados de los Andes, como una nación con derecho a la autodeterminación. Además, las organizaciones que representan a los Mapuche y otros pueblos indí­genas presionan al gobierno de Bachelet para que abandone sus planes de enmendar la constitución introduciendo los derechos indí­genas, y que en cambio acelere la ratificación de la Convención 169 de la OIT, que obliga a los firmantes a proteger esos derechos.

Hubo intentos previos para establecer partidos indí­genas en Chile. En los años '30, miembros Mapuche de la Sociedad Caupolicán lanzaron la idea, pero no llegaron a implementarla. En 1971, el Partido Mapuche de Chile (Pamachi), que nunca echó raí­ces. En 1989, el multiétnico Partido de la Tierra y la Identidad (PTI) fue creado para representar a los pueblos Mapuche, Aymara y Rapa Nui. Pero tuvo igual destino, aunque varios de sus promotores -más tarde asociados con la gobernante Concertación- surgieron para convertirse en funcionarios de alto rango de la Corporación Nacional de Desarrollo Indí­gena (Conadi); la agencia del gobierno para el desarrollo indí­gena.

En 2005, Aucan Huilcamán, lí­der del Consejo de Todas las Tierras (CTT), la más publicitada de las organizaciones Mapuche militantes, buscó registrarse como candidato presidencial, pero fracasó porque no pudo hacer certificar más que una pequeña proporción de las firmas que recolectó respaldando su candidatura. Desde el inicio, Huilcamán habí­a admitido que su candidatura sólo serí­a simbólica. Sólo un Mapuche, Guillermo Tripailaf Manquelafquen, compitió, sin éxito, por una banca en el senado en una lista del Partido Comunista. Otros seis buscaron bancas en la cámara baja, bajo listas de la Concertación y la izquierdista alianza Juntos Podemos Más, pero perdieron. Sólo a nivel municipal los candidatos Mapuche lograron cierto éxito. Ganaron 17 alcaldí­as (de las 345 del paí­s).

De acuerdo con el censo de 2002, los indí­genas en Chile llegan a poco menos de 700.000, sin llegar a 5% de la población (los Mapuche suman 87% de ese total). Otras estimaciones ubica la población indí­gena en alrededor de 1m. Los Mapuche están concentrados principalmente al sur del rí­o Bí­o-Bí­o, donde llegan a cerca del 25% de la población total.

Wallmapuwen

El nuevo partido, liderado por un grupo de intelectuales Mapuche, incluidos Gustavo Quilaqueo, Claudio Curihuentro, Pedro Marimán, Ví­ctor Naguil, Nilda Trafipan y Anita Millaquen, insisten en subrayar que el proyecto es la búsqueda de autonomí­a como nación independiente. Wallmapuwen significa "compatriotas del Wallmapu", la tierra de los Mapuche. Intentará competir en las elecciones, comenzando a nivel municipal. En una primera fase, que predicen que durará unos años, harán campaña por un estatuto autonómico en Ngulumapu, territorio Mapuche (chileno) en el oeste, que incluye la actual Región IX (Araucaní­a), donde un 23,5% de la población es Mapuche, y algunas porciones adyacentes de la Región X (Los Lagos) y la Región VIII (Bí­o-Bí­o).

Además, su objetivo es la "restitución" de Puelmapu, el territorio Mapuche en el este, que está dentro de Argentina. Ese, en realidad, es un territorio conquistado por los Mapuche a otros pueblos, principalmente los Puelche y Pehuenche, que quedaron subsumidos bajo una identidad Mapuche más amplia luego del fin de las guerras indias de Argentina y Chile a principios del siglo 20. Huilcamán, lí­der del CTT se pronuncia con fuerza contra el nuevo partido, con ataques personales sobre la honradez de sus promotores, en particular Marimán, un historiador del Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen.

Las propuestas de Bachelet

En enero de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet prometió a los lí­deres de las organizaciones indí­genas que acelerarí­a los pasos para incorporar la protección de los derechos indí­genas en la constitución, incluido el reconocimiento de los pueblos indí­genas, y asegurándoles que serí­an consultados sobre asuntos que les afectaran. Cuando ella avanzó para cumplir la promesa, anunciando tratamiento de urgencia para un número de reformas constitucionales, las organizaciones indí­genas principales se opusieron con fuerza, arguyendo que no habí­an sido consultados sobre los textos de las enmiendas propuestas, y que, en realidad, conspiraban en contra de los deseos de los indios para que se les otorgue el status de un pueblo colectivo. Casi unánimemente, exigieron que ella retirara sus propuestas y que en cambio ponga todos sus esfuerzos para poder asegurar la ratificación de la Convención 169 de la OIT. 

Esa convención ya ha sido aprobada en la cámara baja del congreso, y la corte constitucional ha dictaminado que no choca con la constitución de Chile. Lo que faltaba era la ratificación por el senado, donde luego de las últimas elecciones, a la gobernante Concertación le faltan sólo dos votos para la mayorí­a requerida. Bachelet retiró su requerimiento de tratamiento de urgencia de sus propuestas. En abril de 2007 produjo una serie de propuestas de polí­ticas en relación a las comunidades indí­genas. Incluyen legislación, en consulta con las organizaciones indí­genas, para establecer "nuevos mecanismos para la participación autónoma y representativa de los pueblos indí­genas en la sociedad y el estado" y una enmienda constitucional "reconociendo el carácter multicultural de la nación chilena, la existencia de los pueblos originarios y el ejercicio de sus derechos". También el tratamiento de urgencia para la ratificación de la Convención 169; un proyecto de ley estableciendo la jurisdicción costera de los pueblos originarios, y una enmienda constitucional creando los territorios especiales de la Isla de Pascua (Rapa Nui) y Juan Fernández.

Eso también provocó una ronda de crí­ticas a Bachelet de los lí­deres indí­genas, que parecí­an decididos a asegurar la ratificación de la Convención 169 -que, más allá de la retórica, en realidad promete muy poco más que el compromiso del gobierno de otorgar a los pueblos indí­genas, al menos igual tratamiento que los otros ciudadanos, más el respeto por sus tierras, sus culturas y sus costumbres tradicionales donde no choquen con los derechos constitucionales existentes. La impresión que la Convención 169 prevé el establecimiento del autogobierno indí­gena no se desprende de su texto, pero es poco probable que eso impida que sea invocado con ese propósito.