Informe Especial - Julio de 2007

El levantamiento de cinco meses en el sureño estado de Oaxaca no se mostró como de naturaleza indí­gena: comenzó con una huelga de maestros y luego engendró una coalición de grupos sociales y polí­ticos que montaron lo que sólo puede describirse como una insurrección. Oaxaca cobija la mayor concentración de grupos étnicos en México, y al menos un tercio de su población es indí­gena. Además, 73% de las municipalidades del estado están gobernadas según "usos y costumbres" indí­genas -un estado de cosas que puede hacer más para determinar la cuestión de los derechos indí­genas que el modelo Zapatista de "municipalidades autónomas" en pequeña escala.

La población indí­gena de Oaxaca difí­cilmente sea homogénea: está dividida en 16 grupos etno-lingüisticos (29% del total nacional). El estado también es único en que tiene 570 municipalidades, poco menos de 25% del total nacional, para una población de 3,5m. En 1990, las autoridades del estado pusieron en marcha una serie de reformas que han sido retratadas por algunos como de vanguardia, en términos de avanzar hacia un mayor respeto por los derechos indí­genas. El primer paso, ese año, fue enmendar el Artí­culo 16 de la constitución estatal, reconociendo la naturaleza pluricultural del estado y agregar al Artí­culo 25 una provisión reconociendo "las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indí­genas en la elección de sus autoridades municipales".

Cinco años más tarde la legislatura estatal enmendó el código electoral para consagrar el total respeto por la selección de autoridades municipales de acuerdo a los "usos y costumbres" tradicionales. Más enmiendas en 1997 y 1998 dieron forma final a un sistema en el cual 418 de las 570 municipalidades del estado optaron por gobernarse a sí­ mismas de acuerdo con sus "usos y costumbres". Lo que eso significa, en breve, es que las autoridades municipales no son electas por votación, sino nominadas por consenso: servir en un puesto público es un deber, y no es pagado. En verdad, en algunos casos conlleva la obligación de cubrir algunos gastos con dinero del propio bolsillo del funcionario.

Detrás del brillo progresista puesto en esas reformas habí­a cierta realidad polí­tica diferente. Por décadas, la única presencia polí­tica en el rural Oaxaca fue la del antiguo gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue sólo después que los partidos de oposición comenzaron a crecer ahí­ a fin de los '80 y principio de los '90 que esas reformas legales se introdujeron. Muchos analistas vieron en eso una movida para excluir a los partidos de oposición de las municipalidades, que, en todo caso, ya estaban gobernadas de acuerdo a los usos y costumbres, pues el PRI seguí­a ejerciendo su influencia sobre las autoridades municipales indí­genas a través de la coerción y el soborno. Además, hubo crecientes crí­ticas del hecho que, en muchos casos, los "usos y costumbres" locales eran de tipo excluyente y negaba a algunas categorí­as de personas los derechos que tení­an garantizados como ciudadanos mexicanos.

Inicialmente, el gobernante PRI pudo apuntarse una aguda reducción en el número de disputas pos-electorales como prueba que el sistema funcionaba. Sin embargo, eso no duró. En 2001, la elección produjo disputas en 122 de las 418 municipalidades con "usos y costumbres". En 2004 hubo disputas en 66 de ellas. En varios casos, llevaron a la intervención del gobierno estatal. Educa, una ONG educacional, ha informado sobre otra tendencia: que muchas municipalidades de "usos y costumbres" habí­an sido infiltradas por partidos polí­ticos.

Los indí­genas de Oaxaca no estuvieron ausentes en el levantamiento de 2006. Muchos de los maestros que provocaron el evento son indí­genas ellos mismos, y actuaron como cintas transportadoras de quejas y demandas de las comunidades donde enseñan. Los activistas indí­genas también estuvieron presentes en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que convirtió la protesta en insurrección. Cuando, frente a la intervención federal que aplastarí­a el levantamiento, la APPO celebró un congreso (en realidad, una serie de "mesas" de discusión), los representantes de las comunidades indí­genas llegaban a cerca de 40% de los participantes.

Un cronista del levantamiento de Oaxaca, Diego Enrique Osorno, advirtió, en el aniversario del comienzo del levantamiento, que la tensión no se habí­a disipado y podrí­a ser usada por grupos guerrilleros para provocar un levantamiento armado. Dijo que tres grupos de guerrilla estuvieron marginalmente involucrados en el levantamiento: el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) y Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). Cuya participación más ostensible, como informó Osorno entonces, fue una serie de apelaciones dirigidos directamente a la rama local del SNTE, el sindicato de maestros. Osorno ha señalado que la simpatí­a por los grupos de guerrilla ha sido fuerte desde hace tiempo entre los maestros, en particular los que están en áreas rurales, donde son testigos de primera mano de la situación en la cual viven las comunidades campesinas e indí­genas.

Oaxaca forma parte del triángulo de extrema pobreza de México, junto con Chiapas (escenario del levantamiento Zapatista) y Guerrero: 29,5% de sus municipalidades han sido clasificadas como en estado de alta marginalidad; 46,5% en estado de muy alta marginalidad. De las 100 municipalidades de México con la más alta tasa de desnutrición, 45 están en las áreas indí­genas de Oaxaca.