Informe Especial - Julio de 2007

Once organizaciones de seis paí­ses se reunieron en Cuzco, Perú, en julio de 2006 para lanzar la Coordinadora Andina de Organizaciones Indí­genas, que aspiraba representar a los pueblos indí­genas de toda la región andina. Ellas establecieron una agenda que convoca a que todos los paí­ses de la región sean "re-fundados como estados plurinacionales" en los cuales los territorios de los pueblos indí­genas son intocables y gobernados de acuerdo a las tradiciones indí­genas. Aunque algunas de las organizaciones participantes han jugado importantes roles polí­ticos en sus paí­ses, ninguna de ellas es un partido polí­tico.

Fue una reunión inusual. Estaban representados Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú -pero no Venezuela, pese al hecho que la reunión emitió una declaración de "solidaridad con el proceso social y progresista de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia". De las 11 organizaciones fundadoras, sólo seis eran explí­citamente indí­genas. Además, en su documento final, ellos se declaran representantes de 16 llamados pueblos indí­genas andinos -bastante menos de los que varios de los participantes usualmente afirman representar.

En la lista estaban los Quechua, el mayor grupo indí­gena en Bolivia y Perú, y también presente en Argentina y Chile; los Kichwa, el más grande grupo en Ecuador; los Aymara, el segundo mayor en Bolivia y Perú, y presente también en Chile; y los Mapuche, el mayor grupo en Chile, también presente en Argentina. El único grupo colombiano mencionado fue el pueblo Guambiano, que está en octavo lugar, por su tamaño. Ausentes en la lista estaban los pueblos amazónicos de Bolivia, Perú y Ecuador (aunque en el último, los Kichwa del Amazonas es el tercer más grande grupo). Por otro lado, estaban incluidos un número de grupos menores de Bolivia (Chuwi, Larecaja, Kallawaya, K'ana, Killaka, Uru), Ecuador (Cayambi, Sarapuro) y un subgrupo Mapuche (los Lafquenche) a ambos lados de la frontera de Chile y Argentina.

Tres de las organizaciones fundadoras, aunque predominantemente indí­genas, no se identificaban explí­citamente como tales. Ellas son: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Nacional Agraria (CNA), del Perú, y la Confederación Campesina del Perú (CPP), que provienen de la época cuando las comunidades indí­genas rurales de esos paí­ses se organizaron en términos de su identidad como "campesinos". La CSUTCB -actualmente dividida- es, quizá, la organización que ha representado mejor a los pueblos indí­genas de Bolivia. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minerí­a (Conacami) es una organización militante que representa a las comunidades peruanas, predominantemente indí­genas, que se oponen a la penetración y ocupación de sus territorios por las compañí­as mineras.

La Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari) constituye el núcleo de la Confederación de Nacionalidades Indí­genas del Ecuador (Conaie): representa a los más grandes grupos indí­genas del paí­s y se ha convertido en el defensor de los amplios intereses indí­genas. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo de Bolivia (Conamaq) es por lejos mucho más claro en su naturaleza polí­tica: busca el reconocimiento oficial para las formas indí­genas tradicionales de gobiernos locales.

La agenda

La Coordinadora declara que ha sido formada para poner fin a la práctica bajo la cual otros (el Banco Mundial, BID, la Comunidad Andina, CAN, gobiernos, ministerios y ONGs) pretendan "traducir" o "interpretar" las demandas de los pueblos indí­genas. En cambio, dicen, "Ahora nosotros los invitamos a ellos para debatir las propuestas de nuestros pueblos."

Al tope de agenda indí­gena andina propuesta por la Coordinadora, está la declaración que los territorios de los pueblos indí­genas son "intangibles" -en verdad, que ellos deben ser "reconstituidos", junto con las instituciones de los pueblos indí­genas. Eso está acompañado con la exigencia de prohibir la privatización o "mercantilización" del agua "y la Madre Tierra", y la expulsión de las compañí­as transnacionales de los territorios indí­genas.

La agenda también incluye la demanda que todos los gobiernos andinos deben firmar, ratificar e implementar la Convención 169 de la OIT (sobre los derechos de los pueblos indí­genas); que la autonomí­a y el autogobierno de los pueblos indí­genas sean respetados, como también sus derechos colectivos a la cultura, identidad, salud y educación, más el derecho a ser consultados sobre cualquier polí­tica o proyecto relacionados con los recursos naturales, y de vetarlos.

La Coordinadora propone que esos derechos reciban status constitucional, a través de asambleas constituyentes en las que deben incluirse a representantes de los ayllus, markas y comunidades "no ví­a partidos o elecciones tradicionales". En el mismo sentido, la agenda pide la "participación polí­tica en los procesos nacionales, basados en el trabajo de las comunidades, para que ellas puedan guiarlos y tomar las decisiones." Para el futuro, la agenda prevé la creación de la "confederación de las nacionalidades y pueblos indí­genas del Tawantinsuyo y del Abya Yala". Tawantinsuyo es el nombre que los Incas daban a su imperio; Abya Yala es como el pueblo Kuna de Panamá y Colombia de estos dí­as, llamaba a su tierra antes de la llegada de los españoles -y, por extensión a América Latina indí­gena.