Informe Especial - Septiembre de 2007 (ISSN# 1741-7309)

Un número de gobiernos latinoamericanos actuales han renegado de modo explí­cito del neoliberalismo o han obtenido poder criticándolo. Lo que aún no está claro es hasta dónde ellos intentarán revertir las reformas que han sido identificadas con el neoliberalismo. Hasta ahora, la tendencia general no ha ido muy lejos en esa dirección.

Liberalización del comercio
El avance hacia una mayor liberalización comercial ha continuado, aunque no por entero con el alcance previsto por el ALCA. El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (Cafta-DR) -una denominación en la cual el nombre del socio mayor, EU, está ausente- fue firmado en 2004 y ha sido ratificado por todos los firmantes, salvo Costa Rica (realizará un referéndum para la ratificación en octubre). En América del Sur, Colombia y Perú han firmado tratados de libre comercio con EU, aunque irónicamente es EU el que retiene la ratificación. Ecuador y Bolivia fueron dejados fuera de las negociaciones por Washington.

El comercio administrado continúa siendo practicado por Brasil y Argentina, y está implí­cito en los acuerdos de Venezuela con sus socios en Alba (que además prevé la posibilidad de "comercio compensado", que significa sin usar moneda). En esa área, más que renuncia a la liberalización comercial, hubo una clara disminución de las iniciativas de mayor liberalización.

Pese a la fuerte retórica hubo necesidad de reintroducir una polí­tica industrial, que no tomó la forma de un retorno al proteccionismo de otros tiempos; en general, los gobiernos han sido cuidadosos en mantener sus incentivos industriales dentro de los lí­mites de las normas de la OCM.

Privatización y concesiones
No hubo una reversión general de las privatizaciones, sólo unos pocos casos de rescisión de contratos en el área de servicios públicos (en Argentina, Bolivia, y Brasil) y el uso de tácticas de mano dura por los gobiernos para convencer a las compañí­as privadas de petróleo y gas de aceptar más altos impuestos, tomas de royalties y mayorí­a accionaria del gobierno (tí­picamente, 51%) en joint ventures (en Bolivia, Venezuela y Ecuador). En verdad, aunque el Presidente de Bolivia, Evo Morales, montó su "nacionalización" de la industria de hidrocarburos, la constitución ya estipulaba claramente que los hidrocarburos eran propiedad del estado, lo que en realidad realizó fue una reforma radical de las condiciones contractuales.

Vale señalar que los cambios fueron aceptados por las grandes compañí­as de petróleo extranjeras que operaban en Bolivia, quizá porque el gobierno podí­a tener bases para anular de plano sus contratos, sobre todo porque no habí­an sido aprobados por el congreso y, por tanto, eran inconstitucionales. Ecuador invalidó un contrato con una compañí­a petrolera sobre la base que habí­a violado sus términos; el gobierno de EU se puso del lado de la compañí­a y declaró que era una cuestión de estado, pero no fue más allá que suspender las conversaciones sobre comercio con Ecuador.

Lo más cerca que estuvo alguno a una reversión de la polí­tica de privatización (es decir, más allá de la retórica) ha sido la creación de Argentina de una nueva firma estatal de energí­a: Energí­a Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), para dedicarse a la explotación de petróleo y gas, a la par que la privatizada Yacimientos Petrolí­feros Fiscales (ahora Repsol-YPF) y otras firmas privadas.

El estado es propietario del 53% de Enarsa, 12% las provincias, con el restante 35% negociable en el mercado de valores. Se involucró en joint ventures con otras compañí­as petroleras estatales sudamericanas, en el espí­ritu de la iniciativa Petrosur, de Venezuela.

El sector financiero
No hubo avances para nacionalizar el sector bancario o para reducir los variados grados de independencia o autonomí­a otorgados a los bancos centrales (un rasgo del menú neoliberal). Argentina ha restaurado el rol que su banco central tení­a antes que fuera transformado en una junta monetaria bajo la polí­tica de la "convertibilidad" de la era Menem (que puso sobre el estado la obligación legal de cambiar a la par pesos por dólares de EU). Como señalamos antes, la formal dolarización, total o parcial (no un rasgo estándar del menú neoliberal) sólo encontró tres interesados en la región.

FMI y las polí­ticas internas
Argentina, usualmente descrita como recurriendo a polí­ticas "no ortodoxas" -como el congelamiento de los depósitos bancarios y las tasas de servicios, los controles de precios, el mayor default registrado en la deuda soberana- para salir de su recesión de 2001, anunció en diciembre de 2005 que cancelaba su deuda con el FMI y se abstení­a de nuevos acuerdos. Brasil ya habí­a hecho lo mismo. Bolivia dejó que su último acuerdo standby con el FMI expirara en marzo de 2006. Ecuador anunció su pago final y el fin de sus lazos en enero de 2007.

Mark Weisbrot, el economista que describió al FMI como siendo la "cabeza del cartel de acreedores" y el "guardián" de los prestadores internacionales, dice de esta serie de rupturas con el FMI: "Aunque ha recibido poca atención en los medios, el colapso del cartel de acreedores liderado por el FMI es en sí­ mismo, probablemente, el cambio más importante en el sistema financiero internacional desde el fin del sistema de tasas fijas de cambio de Breton Woods en 1973. Eso es especialmente cierto para paí­ses en desarrollo."

Aludí­a principalmente a la pérdida del FMI de la capacidad de dictar polí­ticas económicas. Como probó Argentina, era más tigre de papel de lo que muchos imaginaban. Pero la nueva situación tiene otro aspecto: algunos de los enfoques de polí­tica forzados a sus clientes latinoamericanos por el FMI (como superávit primario por encima de los requeridos a los paí­ses desarrollados, y el uso liberal de altas tasas de interés para aplacar los signos de presiones inflacionarias) en realidad, por el contrario, fueron retenidos por gobiernos "anti-neoliberales", y por otros no explí­citamente o de ninguna manera en ese campo. Incluso Evo Morales se declaró convencido de las virtudes de la estabilidad macroeconómica, que se ha vuelto un slogan de ese enfoque hacia la inflación.

Gobierno encogido o activo
Como se ha visto, fueron sólo unos pocos gobiernos latinoamericanos -con Argentina bajo Menem a la vanguardia- los que tomaron las recomendaciones para reducir el estado en serio, o al menos sacarlo de la actividad económica. Las empresas que proveí­an sustancial ganancias e ingresos fiscales de la exportación, fueron retenidas firmemente en manos del estado, incluso en aquellos alumnos modelos del neoliberalismo, como Chile y México.

Lo que emergió claramente en la mayor parte de América Latina es la exigencia de un estado enérgico y activo, al menos como fuerte regulador y corrector de las distorsiones del mercado. Venezuela, bajo Hugo Chávez propone más que eso: una expansión del rol del estado como actor dominante en sectores "estratégicos" de la economí­a. Evo Morales, de Bolivia, está persuadido de lo mismo, y Rafael Correa, de Ecuador, sólo menos enfáticamente. El modelo que ellos parecen imaginar es similar al de una economí­a mixta, que prevaleció en el periodo posterior a la Guerra Mundial II, de industrialización con sustitución de importaciones, aunque tení­a una participación privada más pesada.