Informe Latinoamericano – 29 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-13)

El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha recibido su primer gran bochorno desde que asumió el poder en enero. La cumbre del 24 de marzo del Sistema de Integración Centroamericano (Sica) que él llamó para discutir su propuesta para legalizar/despenalizar las drogas (entre otras estrategias alternativas antinarcóticos) cayó de plano: solamente dos de sus pares centroamericanos –Laura Chinchilla, de Costa Rica; y Ricardo Martinelli, de Panamá– asistieron. Mientras que la no-asistencia de último momento de Mauricio Funes de El Salvador; Porfirio Lobo, de Honduras; y Daniel Ortega de Nicaragua, ilustra el divisionismo del tema; la insistencia de Pérez Molina de empujar hacia adelante con su propuesta, a pesar de la clara oposición de sus pares regionales antes de la cumbre (ampliamente atribuida a la presión de EU) ha prestado peso a la teoría de que él tenía otros motivos para hacer la propuesta.

Uno de los objetivos declarados de la cumbre del Sica fue firmar una posición común antes la sexta Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Colombia el 14 y 15 de abril. El pedido de Pérez Molina de discutir la cuestión tiene el apoyo de sus pares de México y Colombia, los Presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, quienes han pedido una reconsideración  global de la guerra a las drogas. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín declaró su apoyo para que la propuesta sea discutida en la Cumbre de las Américas y, en una entrevista por la TV el 13 de marzo, Santos dijo que Colombia “tiene la autoridad moral [...] para iniciar la discusión” (mientras permanece claro que Colombia no podrá y no tomará ninguna acción “unilateralmente”).

Aún así las cancelaciones de último momento de Funes, Lobo y Ortega, quienes enviaron a funcionarios de menor nivel en sus nombres, siguieron a declaraciones previas de oposición a la propuesta de parte de los tres. Ninguno dio muchas explicaciones a su no asistencia, que muchos atribuyeron a presiones oficiales de EU. Desde que Pérez Molina causó sorpresa por primera vez con su controversial propuesta en enero [IL-12-03], EU ha salido fuertemente al paso en contra la propuesta y la cumbre del Sica coincidió con visitas a Centroamérica de dos funcionarios de EU de alto nivel –William Brownfield, Secretario de Estado Asistente para Narcóticos y Aplicación de la Ley, que viajó a Honduras y Guatemala, y María Otero, la Subsecretaria de Estado de EU para Seguridad Civil, Democracia, y Derechos Humanos, quien visitó El Salvador y Belice.

¿Motivos ulteriores?

La escasa participación no detuvo a Pérez Molina quien adelantó cuatro propuestas: la despenalización del consumo y el transporte de drogas; compensación de EU por cada incautación de drogas, y que estos fondos sean invertidos de nuevo en el esfuerzo antinarcóticos locales; y la creación de una corte penal regional para juzgar los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero como un medio de aliviar la presión sobre las cortes locales.

Su énfasis sobre la necesidad de enfoques alternativos a la guerra a las drogas puede ser genuino –hablando en la 30^ma Feria Expocomer de Comercio Internacional en Panamá el 21 de marzo, por ejemplo, pidió al sector comercial  que se una al debate acerca de alternativas a la estrategia militar contra la narco-industria. Pero la poderosa demostración de oposición de EU desde el comienzo a la iniciativa de despenalización/legalización, una posición que desde entones recibió el eco en variados grados de sus pares centroamericanos, ha planteado preguntas en torno a si Pérez Molina pretendía que la iniciativa prosperara o la estaba usando simplemente como un ardid para atraer la atención de Washington: él mencionó la remoción de una prohibición de ayuda militar de EU a Guatemala de 1978 como una prioridad después de asumir el poder [IL-12-03]. De hecho, su ministro de defensa, Ulises Noé Anzueto pasó cinco días en Washington la semana pasada para reunirse con altos funcionarios de EU, incluyendo a Frank Mora, el Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, y recientemente dijo a los periodistas que Guatemala había hecho “todo lo necesario” para que el congreso de EU levante la prohibición, lo que dijo, esperaba que tuviera lugar este año.

Si, como otros sugieren, la reavivación del debate por parte de Pérez Molina tenian la intención de poner presión sobre EU para que contribuya más en los esfuerzos antinarcóticos, esto también parecería haber fracasado. La visita de dos días a Guatemala de Brownfield y su reunión con el presidente vio al funcionario de EU reiterar el compromiso de Washington de ayudar a Guatemala en la lucha contra las drogas y la promesa de helicópteros y asistencia para fortalecer el sistema penitenciario y el control de frontera. Aún así, las promesas permanecieron vagas, sin ofrecer detalles específicos. Esto estuvo en marcado contraste con las promesas hechas a Honduras y El Salvador en la misma semana. En Honduras, Brownfield ofreció una donación de US$2m para financiar programas anti-bandas a través de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi, siglas en inglés); el lanzamiento de un Programa Modelo de Comisarías (PMC) en el vecindario de San Miguel en Tegucigalpa; y la donación de 30 nuevas motocicletas, valuadas en más de US$229.000. En San Salvador, Otero entregó 47 vehículos y equipos de computación  para la policía por un valor de US$1,8m en total. Con la ayuda antinarcóticos de EU a Guatemala prevista a declinar (ver abajo), esto sugiere que la estrategia de Pérez Molina bien pudo haber sido contraproducente.

• Ayuda de EU

Bajo la propuesta de presupuesto del Departamento de Estado de EU para el año fiscal 2013, la ayuda para el control internacional de narcóticos y aplicación de la ley (INCLE, siglas en inglés) en Guatemala se prevé que caiga a US$2m en el 2013, de US$5m en el 2012.