El Caribe y Centroamérica


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  • EL SALVADOR: ¿A qué se debe la brusca caída en los homicidios?

    LatinNews 03 April 2012 Hits: 1148

    El Salvador posee la nada deseada distinción de tener una de las más altas tasas de homicidios en el mundo, por lo tanto no debería ser una sorpresa para el gobierno que el súbito desplome de esta tasa haya atraído tanto la atención. La línea del gobierno es que la dramática caída en el número promedio de homicidios, que de 14 descendió a seis por día desde el 9 de marzo, se debe a una mayor eficiencia de la policía. La publicación investigativa online, El Faro, sostiene que la caída se debe a un acuerdo concretado entre el gobierno y las bandas criminales, que permite a los líderes de las maras mudarse de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca a prisiones menos estrictas a cambio de que ellos establezcan una tregua entre las pandillas.

    En las dos semanas hasta el 22 de marzo, fueron asesinadas 79 personas, una caída del 59% del promedio de este año hasta el 8 de marzo, de 93 personas asesinadas por semana. El Faro sostuvo el 14 de marzo que la caída se produce después de que 30 líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 fueran transferidos de Zacatecoluca bajo el acuerdo. El gobierno se tomó dos días para responder a este informe, pero cuando lo hizo negó que existiese alguna clase de acuerdo con las pandillas: el ministro de seguridad pública, David Munguía Payés, sostiene que los líderes de las maras fueron trasladados por una mezcla de motivos: de seguridad y humanitarios. Nelson Rauda, el director del sistema penitenciario alegó, de cierta manera poco verosímil, que un envió de cohetes LAW y rifles Dragunov habían entrado al país varios meses atrás y que las autoridades temían que las pandillas podrían estar planeando sacar a sus líderes de la prisión de Zacatecoluca.

    El obispo castrense Fabio Colindres y el ex legislador y guerrillero Raúl Mijango dieron una conferencia de prensa el 20 de marzo durante la cual afirmaron que ellos se habían comprometido en la mediación entre las dos pandillas con la Iglesia Católica Romana; que el pacto había sido concretado con el conocimiento del gobierno, pero sin su participación. Dijeron que los líderes de las pandillas les habían contactado para que mediaran. Mijango dijo que representantes de ambas pandilals elaboraron el pacto.

    Las pandillas emitieron una declaración conjunta el 23 de marzo (con fecha de cuatro días antes), negando categóricamente que ellos habían negociado nada con el gobierno –“estamos hartos de políticos corruptos y mentirosos porque hemos sido defraudados antes”– pero sostuvieron que ellos se han sometido “a un profundo proceso de reflexión y análisis” desde el año pasado después de las conversaciones con la Iglesia Católica y Mijango. La declaración continúo diciendo que ambas pandillas aceptaron que ellos eran parte del problema “como una consecuencia de la guerra y causas sociales de exclusión, marginación, represión y supervivencia.”

    La declaración arremetió contra El Faro y su director Carlos Dada por “jugar con nuestras vidas y la de tanta gente inocente con perversas y falsas afirmaciones”. Pero la decisión del traslado de los altos líderes recluidos luce muy coincidente para decir lo menos, y las variadas explicaciones muy confusas en el mejor de los casos. La inconfundible ironía es que muy recientemente el Presidente Mauricio Funes afirmó que tanto como el 90% de los homicidios en el país fue resultado de la violencia entre pandillas [IL-12-11]. Si las órdenes provenientes de los líderes de las panidllas en prisión fueron responsables de la casi inmediata caída de más del 50% en la tasa de asesinatos, esto agrega credibilidad a su argumento que esta es la causa principal de las muertes violentas en el país. Sin embargo, es difícil pensar que la tregua entre las dos pandillas dure indefinidamente -los miembros de pandillas citados en la nota de El Faro afirman eufemísticamente que a ellos se les había dicho que tomen “una vacación” –por lo tanto, si la tasa de asesinatos  súbitamente se eleva, la afirmación del gobierno de que había descendido debido a la mayor eficiencia de la policía lucirá altamente sospechosa.

  • GUATEMALA-REGION: Las drogas dejan ruborizado a Pérez Molina

    LatinNews 03 April 2012 Hits: 866

    El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha recibido su primer gran bochorno desde que asumió el poder en enero. La cumbre del 24 de marzo del Sistema de Integración Centroamericano (Sica) que él llamó para discutir su propuesta para legalizar/despenalizar las drogas (entre otras estrategias alternativas antinarcóticos) cayó de plano: solamente dos de sus pares centroamericanos –Laura Chinchilla, de Costa Rica; y Ricardo Martinelli, de Panamá– asistieron. Mientras que la no-asistencia de último momento de Mauricio Funes de El Salvador; Porfirio Lobo, de Honduras; y Daniel Ortega de Nicaragua, ilustra el divisionismo del tema; la insistencia de Pérez Molina de empujar hacia adelante con su propuesta, a pesar de la clara oposición de sus pares regionales antes de la cumbre (ampliamente atribuida a la presión de EU) ha prestado peso a la teoría de que él tenía otros motivos para hacer la propuesta.

    Uno de los objetivos declarados de la cumbre del Sica fue firmar una posición común antes la sexta Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Colombia el 14 y 15 de abril. El pedido de Pérez Molina de discutir la cuestión tiene el apoyo de sus pares de México y Colombia, los Presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, quienes han pedido una reconsideración  global de la guerra a las drogas. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín declaró su apoyo para que la propuesta sea discutida en la Cumbre de las Américas y, en una entrevista por la TV el 13 de marzo, Santos dijo que Colombia “tiene la autoridad moral [...] para iniciar la discusión” (mientras permanece claro que Colombia no podrá y no tomará ninguna acción “unilateralmente”).

    Aún así las cancelaciones de último momento de Funes, Lobo y Ortega, quienes enviaron a funcionarios de menor nivel en sus nombres, siguieron a declaraciones previas de oposición a la propuesta de parte de los tres. Ninguno dio muchas explicaciones a su no asistencia, que muchos atribuyeron a presiones oficiales de EU. Desde que Pérez Molina causó sorpresa por primera vez con su controversial propuesta en enero [IL-12-03], EU ha salido fuertemente al paso en contra la propuesta y la cumbre del Sica coincidió con visitas a Centroamérica de dos funcionarios de EU de alto nivel –William Brownfield, Secretario de Estado Asistente para Narcóticos y Aplicación de la Ley, que viajó a Honduras y Guatemala, y María Otero, la Subsecretaria de Estado de EU para Seguridad Civil, Democracia, y Derechos Humanos, quien visitó El Salvador y Belice.

    ¿Motivos ulteriores?

    La escasa participación no detuvo a Pérez Molina quien adelantó cuatro propuestas: la despenalización del consumo y el transporte de drogas; compensación de EU por cada incautación de drogas, y que estos fondos sean invertidos de nuevo en el esfuerzo antinarcóticos locales; y la creación de una corte penal regional para juzgar los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero como un medio de aliviar la presión sobre las cortes locales.

    Su énfasis sobre la necesidad de enfoques alternativos a la guerra a las drogas puede ser genuino –hablando en la 30ma Feria Expocomer de Comercio Internacional en Panamá el 21 de marzo, por ejemplo, pidió al sector comercial  que se una al debate acerca de alternativas a la estrategia militar contra la narco-industria. Pero la poderosa demostración de oposición de EU desde el comienzo a la iniciativa de despenalización/legalización, una posición que desde entones recibió el eco en variados grados de sus pares centroamericanos, ha planteado preguntas en torno a si Pérez Molina pretendía que la iniciativa prosperara o la estaba usando simplemente como un ardid para atraer la atención de Washington: él mencionó la remoción de una prohibición de ayuda militar de EU a Guatemala de 1978 como una prioridad después de asumir el poder [IL-12-03]. De hecho, su ministro de defensa, Ulises Noé Anzueto pasó cinco días en Washington la semana pasada para reunirse con altos funcionarios de EU, incluyendo a Frank Mora, el Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, y recientemente dijo a los periodistas que Guatemala había hecho “todo lo necesario” para que el congreso de EU levante la prohibición, lo que dijo, esperaba que tuviera lugar este año.

    Si, como otros sugieren, la reavivación del debate por parte de Pérez Molina tenian la intención de poner presión sobre EU para que contribuya más en los esfuerzos antinarcóticos, esto también parecería haber fracasado. La visita de dos días a Guatemala de Brownfield y su reunión con el presidente vio al funcionario de EU reiterar el compromiso de Washington de ayudar a Guatemala en la lucha contra las drogas y la promesa de helicópteros y asistencia para fortalecer el sistema penitenciario y el control de frontera. Aún así, las promesas permanecieron vagas, sin ofrecer detalles específicos. Esto estuvo en marcado contraste con las promesas hechas a Honduras y El Salvador en la misma semana. En Honduras, Brownfield ofreció una donación de US$2m para financiar programas anti-bandas a través de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi, siglas en inglés); el lanzamiento de un Programa Modelo de Comisarías (PMC) en el vecindario de San Miguel en Tegucigalpa; y la donación de 30 nuevas motocicletas, valuadas en más de US$229.000. En San Salvador, Otero entregó 47 vehículos y equipos de computación  para la policía por un valor de US$1,8m en total. Con la ayuda antinarcóticos de EU a Guatemala prevista a declinar (ver abajo), esto sugiere que la estrategia de Pérez Molina bien pudo haber sido contraproducente.

    • Ayuda de EU

    Bajo la propuesta de presupuesto del Departamento de Estado de EU para el año fiscal 2013, la ayuda para el control internacional de narcóticos y aplicación de la ley (INCLE, siglas en inglés) en Guatemala se prevé que caiga a US$2m en el 2013, de US$5m en el 2012.

  • NICARAGUA: Indicios de disenso

    LatinNews 03 April 2012 Hits: 800

    El Presidente Daniel Ortega recientemente ha enfrentado el descontento de ex y actuales miembros de su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aunque es improbable que el presidente pierda mucho sueño dado el férreo control que ejerce sobre el FSLN, cualquier sugerencia de disenso del que es uno de los más disciplinados partidos políticos en la región, es digno de mención: cualquier amenaza política al Presidente es probable que provenga desde dentro, más que de la ineficaz oposición, que permanece en desorden.

    A inicios de este mes, miles de ex soldados del ahora difunto ejército Sandinista, el Ejército Popular Sandinista (EPS), bloquearon rutas que permiten el acceso a Managua por cerca de dos semanas, pidiendo que Ortega cumpla con antiguas demandas sociales y económicas. La reciente decisión de Ortega de premiar al ex guerrillero Sandinista, Edén Pastora, con una considerable porción de tierra [IL-12-09] sirvió como el último catalizador para el descontento: pese a la legislación como la ley de 1991 de atención a las víctimas de la guerra y la creación de Ortega de la comisión de verdad, justicia, reconciliación y paz en el 2007, bajo la administración del Cardenal Miguel Obando y Bravo [IL-07-19], los ex combatientes se quejan de que ellos han sido abandonados por el Estado. En su pico en 1986, el EPS se componía de unos 134.000 soldados, aunque esto fue reducido a 87.000 en 1990. Después de la reforma, que despolitizó el ejército y lo convirtió en una institución nacional, el ejército ha sido reducido desde entonces a unos 12.000 miembros.

    El 15 de marzo, Carlos Ramírez, presidente del Consejo Nacional de Defensores de la Patria (CNDP), que afirma representar a unos 12.000 ex combatientes, anunció un pacto con el gobierno de Ortega. Los acuerdos alcanzados incluyen: la compra de tierra por el gobierno para ser redistribuidas entre los oficiales retirados (entre cinco y 15 manzanas [entre 3,4 y 10,2 hectáreas] cada uno); atención médica especializada en línea con la ley de 1991 de atención a las víctimas de la guerra; y una ley de pensiones para oficiales retirados; entre otros beneficios. Lo último es una demanda clave dado que el ejército nicaragüense no empezó su plan formal de pensión para sus oficiales hasta 1994, con la aprobación del Código Militar y la creación del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), aunque como no es retroactivo, aquellos que se retiraron antes de 1994 no estaban cubiertos.

    ¿Indicativos de tensiones sociales?

    Algunos comentaristas locales asignaron más significados a las protestas, discerniendo en ellas la mano del ex coronel Lenín Cerna, el jefe del aparato de seguridad del estado (DGSE) bajo el primer gobierno de Ortega (1979-1990). Un representante de la vieja guardia histórica y compañero de celda de Ortega por años bajo la dictadura de Somoza, Cerna ha ocupado el puesto clave de secretario organizacional del FSLN hasta mayo del año pasado cuando fue destituido. La movida fue ampliamente atribuida a un choque con la poderosa Primera Dama y vocera oficial del gobierno, Rosario Murillo, quien también es tenida como responsable de otra expulsión del círculo íntimo de otros prominentes Sandinistas, como el popular ex alcalde de Managua, Dionisio Marenco (2005-2009).

    Antes de sus maniobras en torno a la prohibición constitucional sobre la reelección presidencial, Ortega había en cierto punto, dado señales de que Murillo podría ser su posible sucesora bajo planes de establecer un sistema de gobierno parlamentario [IL-07-40], y ella ha acumulado tal poder a través de encabezar los controversiales consejos del poder ciudadano (CPC) , los cuales inicialmente estaban destinados a estimular la participación ciudadana,  que fueron transformados en una extensión del poder ejecutivo por un decreto presidencial en noviembre del 2007 [IL-07-48] y desde entonces ha dado crecimiento a otras entidades estado/partido como los gabinetes del poder ciudadano (GPC) y los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) – así como también otras noveles estructuras que coexisten con las viejas y debilitadas del FSLN.

    Otros señales de disenso

    La demostración de malestar este mes de los ex combatientes, que han dado al gobierno hasta el 17 de abril para comenzar a poner en acción sus palabras, llegó apenas semanas después de que partidarios del FSLN salieran a las calles para protestar por la imposición de la pareja presidencial de candidatos para las elecciones municipales del 4 de noviembre del 2012. La demostración el 7 de febrero, que tuvo lugar fuera de las oficinas centrales del FSLN y culminó con la entrega de una carta de los manifestantes firmada por unas 7.000 personas, siguió a las protestas que comenzaron en enero. Estas fueron provocadas por las visitas de Nelson Artola, el presidente ejecutivo del fondo de inversión social de emergencia del gobierno (Fise) y cercano aliado de Ortega y Murillo, a municipalidades para ‘ungir’ a candidatos para las elecciones locales.

    Aunque en Nicaragua no es obligatorio que los partidos celebren primarias internas para seleccionar candidatos, y en la práctica los liderazgos del partido imponen candidatos desde arriba, sin ninguna consulta con las bases, algunos Sandinistas ahora demandan “sondeos o primarias” para elegir candidatos.

    De acuerdo con informes de la prensa local, miembros del FSLN (que controla 105 de las 153 municipalidades del país) celebraron demostraciones en unas 20 municipalidades a lo largo de siete provincias: Masaya, Estelí, Jinotega, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo y Boaco. El gobierno de Ortega no hizo comentarios sobre el malestar.

    • Continúa la crisis en el PLC

    En el último signo de crisis que aflige al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), el coordinador del partido, Francisco Aguirre Sacas, tiró la toalla a comienzos de mes. La renuncia de Aguirre, compañero de fórmula de Alemán en las elecciones generales de noviembre del 2011, vino después de tres meses de intentos por coordinar el proceso de “regeneración” del partido después de su severa derrota en la elección que dejó al partido con solamente seis bancas en la legislatura unicameral de 92 miembros, cayendo de las 25 que obtuvo en el 2006. María Haydee Osuna, una ex jefa de aduanas y peso pesado del PLC ha sido nominada como sucesora de Aguirre. La designación está fijada para ser hecha el próximo mes en la elección de la dirección del partido.

    • ¿El Pacto 2012?

    La prominente figura de la oposición y diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre ocupó los titulares con el anuncio de su interés en forjar un acuerdo con el Presidente Daniel Ortega por el “bien nacional”. Montealegre fue rápido en disipar las preocupaciones de que su propuesta –que aún debe obtener una respuesta de Ortega– no sirva como una nueva versión de ‘el Pacto’– el acuerdo para compartir el poder entre Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán, ahora efectivamente extinto dada la debilidad del Partido Liberal Constitucionalista de Alemán. En cambio Montealegre insistió en que esta clase de acuerdo era necesario para reconstruir las malamente desacreditadas instituciones de Nicaragua, empezando con la remoción y el reemplazo de todos los funcionarios públicos cuyos mandatos han expirado pero que han continuado en sus puestos como resultado del polémico decreto de Ortega de enero del 2010 [IL-10-02].

  • RASTREANDO TENDENCIAS

    LatinNews 03 April 2012 Hits: 785

    HAITI-REPUBLICA DOMINICANA | Reafirmando lazos. El Presidente de Haití, Michel Martelly, viajó recientemente a Santo Domingo, donde se reunió con el Presidente Leonel Fernández, esta es su primera visita oficial a la República Dominicana desde que asumió el poder en mayo del 2011. Los dos líderes participaron en una reunión de la comisión bilateral conjunta que fue establecida en 1996 como el único foro oficial para promover las relaciones a través de varios subcomités  que cubren salud, el medioambiente, seguridad, turismo, y agricultura entre otras áreas. El acuerdo firmado durante la visita de Martelly, que atrajo la mayor atención fue el establecimiento del llamado “Fondo Bolivariano de Solidaridad con Haití”, que será financiado indirectamente por Venezuela, a través del esquema de petróleo subsidiado Petrocaribe. De acuerdo con informes de prensa, el fondo, que será financiado por los intereses generados de la deuda de la República Dominicana con Venezuela a través de Petrocaribe (establecidos en 1%), serán usados para promover el uso del gas natural en Haití a través de la provisión de unos dos millones de tanques de gas y cocinas para la población.

    Además de apuntar a fortalecer los lazos con la República Dominicana, el fondo propuesto, que será establecido en una cuenta en el Banco Central Dominicano, es la última demostración de cooperación de Venezuela, que permanece como el mayor donante individual para Haití: Venezuela prometió US$2,4mm en reconstrucción y ayuda para las víctimas del terremoto (de un total de US$9,3mm) de acuerdo con cifras de fin de diciembre del 2011 de la Oficina del Enviado Especial de la ONU para Haití.