Informe Latinoamericano – 29 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-13)

El Presidente Daniel Ortega recientemente ha enfrentado el descontento de ex y actuales miembros de su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aunque es improbable que el presidente pierda mucho sueño dado el férreo control que ejerce sobre el FSLN, cualquier sugerencia de disenso del que es uno de los más disciplinados partidos políticos en la región, es digno de mención: cualquier amenaza política al Presidente es probable que provenga desde dentro, más que de la ineficaz oposición, que permanece en desorden.

A inicios de este mes, miles de ex soldados del ahora difunto ejército Sandinista, el Ejército Popular Sandinista (EPS), bloquearon rutas que permiten el acceso a Managua por cerca de dos semanas, pidiendo que Ortega cumpla con antiguas demandas sociales y económicas. La reciente decisión de Ortega de premiar al ex guerrillero Sandinista, Edén Pastora, con una considerable porción de tierra [IL-12-09] sirvió como el último catalizador para el descontento: pese a la legislación como la ley de 1991 de atención a las víctimas de la guerra y la creación de Ortega de la comisión de verdad, justicia, reconciliación y paz en el 2007, bajo la administración del Cardenal Miguel Obando y Bravo [IL-07-19], los ex combatientes se quejan de que ellos han sido abandonados por el Estado. En su pico en 1986, el EPS se componía de unos 134.000 soldados, aunque esto fue reducido a 87.000 en 1990. Después de la reforma, que despolitizó el ejército y lo convirtió en una institución nacional, el ejército ha sido reducido desde entonces a unos 12.000 miembros.

El 15 de marzo, Carlos Ramírez, presidente del Consejo Nacional de Defensores de la Patria (CNDP), que afirma representar a unos 12.000 ex combatientes, anunció un pacto con el gobierno de Ortega. Los acuerdos alcanzados incluyen: la compra de tierra por el gobierno para ser redistribuidas entre los oficiales retirados (entre cinco y 15 manzanas [entre 3,4 y 10,2 hectáreas] cada uno); atención médica especializada en línea con la ley de 1991 de atención a las víctimas de la guerra; y una ley de pensiones para oficiales retirados; entre otros beneficios. Lo último es una demanda clave dado que el ejército nicaragüense no empezó su plan formal de pensión para sus oficiales hasta 1994, con la aprobación del Código Militar y la creación del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), aunque como no es retroactivo, aquellos que se retiraron antes de 1994 no estaban cubiertos.

¿Indicativos de tensiones sociales?

Algunos comentaristas locales asignaron más significados a las protestas, discerniendo en ellas la mano del ex coronel Lenín Cerna, el jefe del aparato de seguridad del estado (DGSE) bajo el primer gobierno de Ortega (1979-1990). Un representante de la vieja guardia histórica y compañero de celda de Ortega por años bajo la dictadura de Somoza, Cerna ha ocupado el puesto clave de secretario organizacional del FSLN hasta mayo del año pasado cuando fue destituido. La movida fue ampliamente atribuida a un choque con la poderosa Primera Dama y vocera oficial del gobierno, Rosario Murillo, quien también es tenida como responsable de otra expulsión del círculo íntimo de otros prominentes Sandinistas, como el popular ex alcalde de Managua, Dionisio Marenco (2005-2009).

Antes de sus maniobras en torno a la prohibición constitucional sobre la reelección presidencial, Ortega había en cierto punto, dado señales de que Murillo podría ser su posible sucesora bajo planes de establecer un sistema de gobierno parlamentario [IL-07-40], y ella ha acumulado tal poder a través de encabezar los controversiales consejos del poder ciudadano (CPC) , los cuales inicialmente estaban destinados a estimular la participación ciudadana,  que fueron transformados en una extensión del poder ejecutivo por un decreto presidencial en noviembre del 2007 [IL-07-48] y desde entonces ha dado crecimiento a otras entidades estado/partido como los gabinetes del poder ciudadano (GPC) y los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) – así como también otras noveles estructuras que coexisten con las viejas y debilitadas del FSLN.

Otros señales de disenso

La demostración de malestar este mes de los ex combatientes, que han dado al gobierno hasta el 17 de abril para comenzar a poner en acción sus palabras, llegó apenas semanas después de que partidarios del FSLN salieran a las calles para protestar por la imposición de la pareja presidencial de candidatos para las elecciones municipales del 4 de noviembre del 2012. La demostración el 7 de febrero, que tuvo lugar fuera de las oficinas centrales del FSLN y culminó con la entrega de una carta de los manifestantes firmada por unas 7.000 personas, siguió a las protestas que comenzaron en enero. Estas fueron provocadas por las visitas de Nelson Artola, el presidente ejecutivo del fondo de inversión social de emergencia del gobierno (Fise) y cercano aliado de Ortega y Murillo, a municipalidades para ‘ungir’ a candidatos para las elecciones locales.

Aunque en Nicaragua no es obligatorio que los partidos celebren primarias internas para seleccionar candidatos, y en la práctica los liderazgos del partido imponen candidatos desde arriba, sin ninguna consulta con las bases, algunos Sandinistas ahora demandan “sondeos o primarias” para elegir candidatos.

De acuerdo con informes de la prensa local, miembros del FSLN (que controla 105 de las 153 municipalidades del país) celebraron demostraciones en unas 20 municipalidades a lo largo de siete provincias: Masaya, Estelí, Jinotega, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo y Boaco. El gobierno de Ortega no hizo comentarios sobre el malestar.

• Continúa la crisis en el PLC

En el último signo de crisis que aflige al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), el coordinador del partido, Francisco Aguirre Sacas, tiró la toalla a comienzos de mes. La renuncia de Aguirre, compañero de fórmula de Alemán en las elecciones generales de noviembre del 2011, vino después de tres meses de intentos por coordinar el proceso de “regeneración” del partido después de su severa derrota en la elección que dejó al partido con solamente seis bancas en la legislatura unicameral de 92 miembros, cayendo de las 25 que obtuvo en el 2006. María Haydee Osuna, una ex jefa de aduanas y peso pesado del PLC ha sido nominada como sucesora de Aguirre. La designación está fijada para ser hecha el próximo mes en la elección de la dirección del partido.

• ¿El Pacto 2012?

La prominente figura de la oposición y diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre ocupó los titulares con el anuncio de su interés en forjar un acuerdo con el Presidente Daniel Ortega por el “bien nacional”. Montealegre fue rápido en disipar las preocupaciones de que su propuesta –que aún debe obtener una respuesta de Ortega– no sirva como una nueva versión de ‘el Pacto’– el acuerdo para compartir el poder entre Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán, ahora efectivamente extinto dada la debilidad del Partido Liberal Constitucionalista de Alemán. En cambio Montealegre insistió en que esta clase de acuerdo era necesario para reconstruir las malamente desacreditadas instituciones de Nicaragua, empezando con la remoción y el reemplazo de todos los funcionarios públicos cuyos mandatos han expirado pero que han continuado en sus puestos como resultado del polémico decreto de Ortega de enero del 2010 [IL-10-02].