Informe Latinoamericano – 16 de mayo de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-19)

Hace unos pocos meses atrás todo indicaba que la carrera política de Gustavo Petro estaba acabada. Ahora, no sólo su carrera está de nuevo encaminada, sino que él también podría jugar un rol decisivo en las elecciones presidenciales del 25 de mayo. El Consejo de Estado de Colombia otorgó medidas cautelares esta semana a nombre de Petro, el alcalde de Bogotá, suspendiendo temporalmente la decisión de la oficina del procurador general de destituirlo y prohibirle ejercer cargos públicos por 15 años. La resolución del Consejo de Estado es altamente significativa porque debería satisfacer al Presidente Juan Manuel Santos, y allanar el camino para que Petro lance todo su peso detrás del intento de reelección de Santos como ‘la opción por la paz’. Esto podría ser crucial. Las recientes encuestas de opinión sugieren que el rival de Santos, el derechista Oscar Iván Zuluaga, se acerca rápidamente. Santos está en tercer lugar en Bogotá, y el aval de Petro podría darle un empujón.

Petro retornó a su oficina el 23 de abril, después de que un juez local resolviera que el Presidente Santos debió haber aceptado las medida preventivas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Ciadh) a favor de Petro [IL-14-17]. Pero esta resolución fue de inmediato cuestionada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el propio Santos. Santos no tenía otra opción. Él había ignorado la resolución de la Ciadh porque habría establecido un peligroso precedente, que potencialmente conduciría a una avalancha de casos legales por parte de otros funcionarios destituidos por el procurador general, del pasado y del futuro, ante la Ciadh. Santos no tendrá ningún problema en aceptar la decisión del Consejo de Estado. Por un lado éste es un poderoso cuerpo judicial compuesto de 27 magistrados y no un juez aislado, pero a la vez la decisión también efectivamente trae el caso de vuelta dentro del sistema judicial colombiano, eliminando el riesgo que representaba la resolución de la Ciadh.

El Consejo de Estado dictaminó que el procurador general no había demostrado que Petro actuó  con “la nada ambigua e inequívoca intención de ignorar sus funciones y transgredir el orden jurídico”. Expresó que la decisión del procurador general no sigue “el criterio de la ley de determinar la seriedad del error [y] conspira contra el debido proceso administrativo al no reconocer el principio de la proporcionalidad de la pena”. Ordóñez planea desafiar la resolución del Consejo de Estado, pero Petro parece estar en una posición más fuerte que nunca pues es probable que él aún esté en el poder al menos hasta junio, lo que significaría que la alcaldía permanecerá en las manos de su partido, el Movimiento Progresistas, hasta el final de su mandato en diciembre del 2015.

El mismo día de la resolución del Consejo de Estado, el Movimiento Progresistas firmó un acuerdo con altos representantes del Partido Liberal (PL), parte de la coalición gobernante, en un apartamento en el norte de Bogotá, en apoyo del proceso de paz, lo que es equivalente a avalar la reelección de Santos. Petro logró reunirse con Santos en el palacio presidencial, la Casa de Nariño, poco después de ser restablecido en su cargo para una reunión privada, la cual al parecer formó la base para el acuerdo de nueve puntos sobre la paz, educación, y salud. El acuerdo surge del hecho de que Petro está preocupado de las perspectivas de concretar un acuerdo de paz con las guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en caso de que gane Zuluaga. Santos celebró la conclusión del “60% del proceso de paz” esta semana después de que las Farc informaran que estaban a sólo “tres o cuatro párrafos” de tener un acuerdo sobre el tercero de cinco tópicos en la agenda de paz –la cuestión de las drogas.

El acuerdo con el Movimiento Progresistas podría ganarle a Santos votos cruciales en Bogotá. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría de esta semana muestra que Zuluaga podría ganar en la segunda ronda en junio contra Santos por un 42% a un 34%. Otras encuestas sugieren que Santos aún tiene una (leve) ventaja, pero que en Bogotá está detrás de Zuluaga y Enrique Peñalosa, el candidato de la Alianza Verde, la coalición a la cual el Movimiento Progresistas controversialmente pertenece.

• Los aguantes afuera

El Presidente Juan Manuel Santos lanzó el 13 de mayo su más duro ataque hasta ahora sobre Oscar Iván Zuluaga en la estela dejada por una encuesta que sugiere que él se estaba quedando atrás en la carrera presidencial. Santos acusó al Centro Democrático (CD) de Zuluaga de “prácticas sucias y cuestionables”, de erigir “una cortina de humo” para no dar respuestas a las preguntas acerca del arresto de un hombre que trabajaba para el equipo de campaña de Zuluaga, acusado de grabaciones telefónicas ilegales que tenían como blanco el proceso de paz [IL-14-18]. Santos dijo que ya era tiempo de que Zuluaga enfrente los escándalos y deje de “esconderse bajo la capa el manto de su protector [el ex presidente Álvaro Uribe]”. Santos dijo que él “nunca hubiera creído que usted acudiera a métodos tan bajos para lograr su objetivo de poner fin al proceso de paz”. Santos también acusó a la extrema derecha de lanzar mentiras para envenenar a los colombianos: la semana pasada, Uribe afirmó que en el 2012 Santos recibió US$2m de su ex gerente de campaña, Juan José Rendón, para cubrir problemas de dinero de su victoriosa campaña electoral del 2010.