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  • COLOMBIA: Petro vuelve con todo

    LatinNews 16 May 2014 Hits: 852

    Hace unos pocos meses atrás todo indicaba que la carrera política de Gustavo Petro estaba acabada. Ahora, no sólo su carrera está de nuevo encaminada, sino que él también podría jugar un rol decisivo en las elecciones presidenciales del 25 de mayo. El Consejo de Estado de Colombia otorgó medidas cautelares esta semana a nombre de Petro, el alcalde de Bogotá, suspendiendo temporalmente la decisión de la oficina del procurador general de destituirlo y prohibirle ejercer cargos públicos por 15 años. La resolución del Consejo de Estado es altamente significativa porque debería satisfacer al Presidente Juan Manuel Santos, y allanar el camino para que Petro lance todo su peso detrás del intento de reelección de Santos como ‘la opción por la paz’. Esto podría ser crucial. Las recientes encuestas de opinión sugieren que el rival de Santos, el derechista Oscar Iván Zuluaga, se acerca rápidamente. Santos está en tercer lugar en Bogotá, y el aval de Petro podría darle un empujón.

    Petro retornó a su oficina el 23 de abril, después de que un juez local resolviera que el Presidente Santos debió haber aceptado las medida preventivas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Ciadh) a favor de Petro [IL-14-17]. Pero esta resolución fue de inmediato cuestionada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el propio Santos. Santos no tenía otra opción. Él había ignorado la resolución de la Ciadh porque habría establecido un peligroso precedente, que potencialmente conduciría a una avalancha de casos legales por parte de otros funcionarios destituidos por el procurador general, del pasado y del futuro, ante la Ciadh. Santos no tendrá ningún problema en aceptar la decisión del Consejo de Estado. Por un lado éste es un poderoso cuerpo judicial compuesto de 27 magistrados y no un juez aislado, pero a la vez la decisión también efectivamente trae el caso de vuelta dentro del sistema judicial colombiano, eliminando el riesgo que representaba la resolución de la Ciadh.

    El Consejo de Estado dictaminó que el procurador general no había demostrado que Petro actuó  con “la nada ambigua e inequívoca intención de ignorar sus funciones y transgredir el orden jurídico”. Expresó que la decisión del procurador general no sigue “el criterio de la ley de determinar la seriedad del error [y] conspira contra el debido proceso administrativo al no reconocer el principio de la proporcionalidad de la pena”. Ordóñez planea desafiar la resolución del Consejo de Estado, pero Petro parece estar en una posición más fuerte que nunca pues es probable que él aún esté en el poder al menos hasta junio, lo que significaría que la alcaldía permanecerá en las manos de su partido, el Movimiento Progresistas, hasta el final de su mandato en diciembre del 2015.

    El mismo día de la resolución del Consejo de Estado, el Movimiento Progresistas firmó un acuerdo con altos representantes del Partido Liberal (PL), parte de la coalición gobernante, en un apartamento en el norte de Bogotá, en apoyo del proceso de paz, lo que es equivalente a avalar la reelección de Santos. Petro logró reunirse con Santos en el palacio presidencial, la Casa de Nariño, poco después de ser restablecido en su cargo para una reunión privada, la cual al parecer formó la base para el acuerdo de nueve puntos sobre la paz, educación, y salud. El acuerdo surge del hecho de que Petro está preocupado de las perspectivas de concretar un acuerdo de paz con las guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en caso de que gane Zuluaga. Santos celebró la conclusión del “60% del proceso de paz” esta semana después de que las Farc informaran que estaban a sólo “tres o cuatro párrafos” de tener un acuerdo sobre el tercero de cinco tópicos en la agenda de paz –la cuestión de las drogas.

    El acuerdo con el Movimiento Progresistas podría ganarle a Santos votos cruciales en Bogotá. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría de esta semana muestra que Zuluaga podría ganar en la segunda ronda en junio contra Santos por un 42% a un 34%. Otras encuestas sugieren que Santos aún tiene una (leve) ventaja, pero que en Bogotá está detrás de Zuluaga y Enrique Peñalosa, el candidato de la Alianza Verde, la coalición a la cual el Movimiento Progresistas controversialmente pertenece.

    • Los aguantes afuera

    El Presidente Juan Manuel Santos lanzó el 13 de mayo su más duro ataque hasta ahora sobre Oscar Iván Zuluaga en la estela dejada por una encuesta que sugiere que él se estaba quedando atrás en la carrera presidencial. Santos acusó al Centro Democrático (CD) de Zuluaga de “prácticas sucias y cuestionables”, de erigir “una cortina de humo” para no dar respuestas a las preguntas acerca del arresto de un hombre que trabajaba para el equipo de campaña de Zuluaga, acusado de grabaciones telefónicas ilegales que tenían como blanco el proceso de paz [IL-14-18]. Santos dijo que ya era tiempo de que Zuluaga enfrente los escándalos y deje de “esconderse bajo la capa el manto de su protector [el ex presidente Álvaro Uribe]”. Santos dijo que él “nunca hubiera creído que usted acudiera a métodos tan bajos para lograr su objetivo de poner fin al proceso de paz”. Santos también acusó a la extrema derecha de lanzar mentiras para envenenar a los colombianos: la semana pasada, Uribe afirmó que en el 2012 Santos recibió US$2m de su ex gerente de campaña, Juan José Rendón, para cubrir problemas de dinero de su victoriosa campaña electoral del 2010.

  • VENEZUELA: Los radicales tratan de llenar el vacío al estancarse las conversaciones

    LatinNews 16 May 2014 Hits: 879

    Horas antes de que la troika de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tenía fijado arribar a Caracas, en un esfuerzo por reavivar el estancado diálogo gobierno-oposición, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a más de 100 personas el 14 de mayo, después de otra noche de violencia durantes las protestas lideradas por los estudiantes. Diego Scharifker, un concejal de la municipalidad de Chacao, en Caracas, y miembro del ejecutivo nacional del partido radical de oposición Un Nuevo Tiempo, dijo que fue “una noche de terror” y “otro negro capítulo” en la historia del país.

    Los choques y las detenciones masivas de la última semana complicarán seriamente las cosas para los tres cancilleres que representan a la Unasur, la cuál está mediando en las conversaciones junto con un testigo de buena fe del Vaticano.

    La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sea echado atrás en las conversaciones, citando la reciente violencia y alegando que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro no es realmente serio acerca del diálogo. Sin embargo, varios observadores sugirieron que los moderados de la MUD comprometidos en el diálogo, liderados por el secretario ejecutivo de la coalición, Ramón Guillermo Aveledo, se había retirado temporalmente para “lanzar un hueso” a aquellos opositores radicales tan enfurecidos la semana pasada, cuando la Secretaria de Estado Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental de EU, Roberta Jacobson, dijo en su testimonio ante el senado de EU, que al Departamento de Estado de EU le habían solicitado que no considere la aplicación de sanciones a funcionarios del gobierno venezolano para no dañar las frágiles conversaciones. Inmediatamente, los radicales culparon a Aveledo, quien negó haber hecho tal pedido, pero el incidente exacerbó la profunda fisura en la MUD. En Uruguay, el 14 de mayo, Jacobson dijo que ella se había equivocado en su testimonio y aclaró que aunque algunas personas habían sugerido a EU que evite las sanciones, estas sugerencias enfáticamente no provinieron de quienes toman parte en el proceso de diálogo.

    Si esto luce como un esfuerzo para rescatar a Aveledo, la reciente violencia, en opinión de algunos, fue otro intento de la supuesta ala militar del gobierno de envenenar aún más la atmósfera antes de la llegada de la troika de Unasur. El subsecretario de la MUD, Ramón José Medina, afirma que “un ala radical y militar” encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ‘cuco’ favorito de la oposición, apoyado por el ministro del interior, el General Miguel Rodríguez Torres, está buscando deliberadamente socavar el diálogo. Quejándose de las confusas señales provenientes del gobierno, Aveledo ha pedido al Presidente Maduro que decida “entre ganar la guerra o ganar la paz”. Por su lado, el mismo Maduro ha repetido que los extremistas de Derecha, respaldados por sus contrapartes en EU, están actuando para sabotear el diálogo, señalando que él personalmente había invitado a la MUD y a otros actores políticos a dialogar en el palacio presidencial en enero –sólo para que la línea dura de la oposición iniciase las violentas protestas en febrero, en un esfuerzo por quebrar ese diálogo. Los observadores coinciden en que los extremistas en ambos lados están tratando de conducir el espectáculo, dirigiéndolo hacia un potencialmente peligroso impasse.

    La opinión de Correa

    El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, identificó las aflicciones económicas de Venezuela como el disparador clave de la crisis social y política. “Ellos han cometido, con el mayor de los respetos, desde mi punto de vista, errores económicos, por eso ahí existen problemas económicos y que han exacerbado las contradicciones”, Correa dijo en Chile, en comentarios que han circulado ampliamente como si fueran críticas dirigidas directamente a la administración de Maduro. Sin embargo, Correa de hecho hizo una firme defensa del gobierno  Bolivariano y culpó de gran parte de la actual situación a los “oligarcas” reluctantes a perder el poder.

    • Crisis por la escasez de divisas

    La crisis debida a la escasez de moneda extranjera en Venezuela –una de las causas profundas de sus aflicciones– sigue siendo seria. Alitalia cancelará su vuelo Roma-Caracas desde el 1 de junio, debido a las deudas pendientes, incluso en momentos en que la compañía estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció una nueva emisión de bonos por US$5mm “para financiar proyectos de inversión, incluyendo la inversión en el desarrollo social de la nación”. Pdvsa emitió bonos por US$4,5mm en noviembre, de los cuales US$3,0mm fueron usados para pagar deudas a proveedores de servicios petroleros, con el resto vendido al banco central. La nueva emisión de bonos elevará la deuda total de Pdvsa a US$48,3mm. Las importaciones pueden haber caído un 38% año en año en los primeros cuatro meses del 2014, calculan los economistas locales, basados en el número de pedidos de divisas publicado por el nuevo Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

  • PERÚ: Nuevo fiscal general suscita controversia

    LatinNews 16 May 2014 Hits: 888

    El nuevo fiscal general del Perú, Carlos Ramos Heredia, asumió el cargo el 12 de mayo en medio de una ola de sospechas del público, avivadas por los medios de comunicación. Las sospechas surgen en parte por sus lazos familiares (él es primo de la Primera Dama Nadine Heredia) pero en mayor parte por el hecho de que él es el sujeto de una queja constitucional en el Congreso por la manera en la cual él manejó los alegatos de corrupción, soborno, e incluso orquestación de asesinato contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar [IL-14-14]. Ramos asumió sus funciones en medio de un choque de poderes entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que ha dañado la credibilidad judicial de Perú.

    Ramos fue electo el mes pasado para el puesto de fiscal general por tres años, por cuatro votos a uno de sus colegas en la junta suprema de fiscales. Su nombramiento es controversial debido a que los recientes acontecimientos en Áncash han expuesto su toma de decisiones con relación a Áncash durante los dos últimos años como, que en el mejor de los casos lucen erróneas. Ezequiel Nolasco, un candidato para presidente regional en Áncash en las elecciones de octubre próximo, predijo su propio asesinato a mediados de marzo, después de esforzarse por exponer el régimen corrupto que, él alegaba, estaba siendo conducido por Álvarez. Ramos no solamente está siendo investigado por el Congreso, sino también por el CNM por su decisión de remover a cuatro fiscales regionales en el 2012 que estaban investigando ‘La Centralita’, un comercio en Chimbote, la capital de la provincia de Santa en el departamento de Áncash, del que se cree que era una pantalla para operaciones de grabaciones ilegales contra políticos, fiscales, y periodistas críticos de Álvarez. Ramos también se rehusó a investigar a Hugo Dante Farro Murillo, el presidente de la junta de fiscales públicos de Santa, por colusión con Álvarez.

    Ramos hizo una serie de apariciones en los medios esta semana, para tratar de limpiar su nombre. En una entrevista publicada por el diario nacional, La República, el 12 de mayo, Ramos prometió “transparencia, imparcialidad, y objetividad”, y que luchara contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, y el crimen organizado. Durante su ceremonia de juramento para asumir el cargo, él dijo que trabajaría con la oficina del contralor general y el defensor del pueblo para frenar la corrupción, y fortalecer los lazos con otras instituciones, pues “la oficina del fiscal general no puede ser una isla”. Ramos negó cualquier vínculo con el gobierno del Presidente Ollanta Humala (ver más abajo) o Álvarez. Él también agregó, de manera extraña, que “Lo que está ocurriendo en Áncash está siendo repetido en Tumbes, Trujillo, y Chiclayo. El norte del país es una bomba de tiempo muy perturbadora y necesitamos trabajar duro antes de que explote”.

    Choque de poderes inter-judiciales

    Ramos también expresó su esperanza de que el choque de poder entre el CNM y el TC será resuelto rápidamente para restaurar la “estabilidad jurídica” en Perú. Los dos cuerpos han estado en un curso de colisión por varios años, desde que el TC comenzó a considerar un caso traído en el 2011 por Mateo Castañeda Segovia, quien afirmó que él había sido injustamente obviado por el CNM en la elección de nuevos fiscales supremos. El 30 de abril tres magistrados del TC firmaron una resolución anulando las designaciones del CNM de Nora Miraval y Zoraida Ávalos como fiscales supremas y designó a Castañeda en esa posición. El CNM denunció a los magistrados del TC ante el Congreso por usurpar sus poderes y pidió que ellos fueran suspendidos.

    El 8 de mayo, el TC anuló su resolución, confirmando a Miraval y Ávalos en sus posiciones y removiendo a Castañeda “en interés de la paz”, según dijo el magistrado del TC, Gerardo Eto Cruz, uno de los tres que emitieron la resolución. Pero uno de sus colegas, Carlos Mesía, está llevando el conflicto más allá. El 11 de mayo, Mesía denunció al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el cargo constitucional presentado contra él; Eto y Ernesto Álvarez por el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, por emitir la resolución. Mesía dijo que no estaba dentro de la competencia del Congreso objetar las resoluciones judiciales pues esto interfiere con la “independencia y autonomía” del TC.

    • Ramos Heredia y la Primera Dama

    El nuevo fiscal general, Carlos Ramos Heredia, dijo que su familia nunca ha tenido nada que ver con la familia de Nadine Heredia, y que él ni siquiera sabía que eran primos lejanos hasta que el Presidente Ollanta Humala asumió el poder. Hubo especulaciones en la prensa local de que Humala concretó un acuerdo con el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011 para allanar el camino para que Ramos sea designado como fiscal supremo, y eventualmente como fiscal general. Aunque la decisión del CNM de no tener en cuenta a ciertos candidatos para supremo fiscal luce como interferencia política, Ramos fue designado fiscal supremo en enero del 2011 –seis meses antes que Humala llegue al poder.

  • BOLIVIA: Hay probabilidad de acuerdo con los oficiales militares

    LatinNews 16 May 2014 Hits: 1340

    Al parecer, el Presidente Evo Morales ha evitado una amenaza clave antes de las elecciones generales de octubre del 2014, en las cuales Morales es considerado como el favorito para ganar. La semana pasada, la Asociación de Sargentos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASCINLASS), que recientemente protagonizó protestas sin precedentes pidiendo la reforma de las fuerzas armadas (FFAA), lo que desembocó en la destitución de más de 700 oficiales [IL-14-16], anunció que ponía fin a las protestas después de que el alto mando de las FFAA acordara dialogar.

    El jefe de estado mayor de las FFAA, el General Fernando Aramayo, dijo a los periodistas que “casi el 100%” de los oficiales destituidos habían sido restituidos, Su anuncio se produjo justo una semana después de que el comandante en jefe de las FFAA, el Almirante Víctor Valdivieso, le dijera a los periodistas que el alto mando militar había acordado dialogar con ASCINLASS y que se había establecido una mesa de diálogo para discutir una agenda de 18 puntos.

    Esto representa un ablandamiento de la posición de la cúpula militar que, previamente, había sostenido que las demandas de ASCINLASS –que se habían centrado en la necesidad de abordar “la discriminación dentro de las FFAA” contra los principalmente indígenas suboficiales– no eran negociables. Entre otras cosas, estas demandas pedían que se permita a los suboficiales las mismas oportunidades de recibir educación que las que tienen sus superiores; que los grados de suboficial y sargento sean reemplazados con la posición de “oficial técnico”; y beneficios de salud y otros.

    Con acuerdos parciales ya alcanzados en 16 de los 18 puntos (incluyendo los pedidos para que los oficiales destituidos recuperen sus puestos), Baldivieso dijo que los dos puntos pendientes se relacionan con los pagos, que él señaló que está en manos del ministerio de defensa, y la propuesta de reforma de la ‘ley orgánica de las fuerzas armadas’ –la principal demanda de las protestas. Mientras que se puede decir que hay poco riesgo en que la revuelta se extienda  a través de las filas del ejército, considerando que el alto mando en el pasado se ha revelado que está firmemente alineado con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) (ver más abajo), el fructífero proceso de diálogo será un alivio para el Presidente Morales teniendo en cuenta el riesgo de que el descontento pudiera extenderse a otros sectores.

    Reexaminando la dictadura militar

    Un potencial punto de tensión con los militares podría surgir del anuncio hecho por la administración Morales a comienzos de este año acerca de sus planes de reparar las injusticias del pasado cometidas durante las varias dictaduras militares (1964-1982).

    El 14 de febrero, el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (Ciedef, que está presidido por el ministerio de justicia), junto con la oficina del fiscal general y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con base en La Paz, firmaron un acuerdo para coordinar acciones conjuntas para investigar las desapariciones forzadas durante el periodo de 18 años.

    En esa ocasión, la viceministra de justicia, Ericka Chávez, dijo a los periodistas que el objetivo del acuerdo es identificar a las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura y promover la desclasificación de los archivos militares.

    De acuerdo con cifras de la asociación de familiares de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura (ASOFAMD), hay unos 156 casos de personas registradas como ‘desaparecidas’ en los ’60, ’70, y ’80.

    Mientras que los grupos de derechos humanos desde hace tiempo están pidiendo al gobierno de Morales que pase una legislación que permitiría desclasificar los archivos militares que abarcan la era de la dictadura, los militares han demostrado estar menos que dispuestos, sosteniendo que no poseen ningún documento relevante que podría ayudar a esclarecer las desapariciones.

    • Militares alineados con Morales

    Mientras que el actual comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia, el Almirante Víctor Baldivieso, ha sido menos explícito, todos sus antecesores han causado sorpresa después de hacer comentarios que parecieran alinear a los militares con el proyecto político del Presidente Evo Morales, planteando preguntas acerca de su independencia como institución. El predecesor inmediato de Baldivieso, el General Edwin de la Fuente, describió a las FFAA como “socialistas”, “anti-capitalistas”, y “anti-imperialistas”, haciéndose eco de los comentarios hechos en noviembre del 2010 por el entonces comandante de las FFAA, General Antonio Cueto, y que fueron repetidos por su sucesor, el General Tito Gandarillas, al asumir sus funciones en enero del 2012. Esta cooptación  de los militares por parte del gobierno es típica en el bloque de Izquierda de integración regional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), establecida por el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).