Informe Latinoamericano – 16 de mayo de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-19)

El nuevo fiscal general del Perú, Carlos Ramos Heredia, asumió el cargo el 12 de mayo en medio de una ola de sospechas del público, avivadas por los medios de comunicación. Las sospechas surgen en parte por sus lazos familiares (él es primo de la Primera Dama Nadine Heredia) pero en mayor parte por el hecho de que él es el sujeto de una queja constitucional en el Congreso por la manera en la cual él manejó los alegatos de corrupción, soborno, e incluso orquestación de asesinato contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar [IL-14-14]. Ramos asumió sus funciones en medio de un choque de poderes entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que ha dañado la credibilidad judicial de Perú.

Ramos fue electo el mes pasado para el puesto de fiscal general por tres años, por cuatro votos a uno de sus colegas en la junta suprema de fiscales. Su nombramiento es controversial debido a que los recientes acontecimientos en Áncash han expuesto su toma de decisiones con relación a Áncash durante los dos últimos años como, que en el mejor de los casos lucen erróneas. Ezequiel Nolasco, un candidato para presidente regional en Áncash en las elecciones de octubre próximo, predijo su propio asesinato a mediados de marzo, después de esforzarse por exponer el régimen corrupto que, él alegaba, estaba siendo conducido por Álvarez. Ramos no solamente está siendo investigado por el Congreso, sino también por el CNM por su decisión de remover a cuatro fiscales regionales en el 2012 que estaban investigando ‘La Centralita’, un comercio en Chimbote, la capital de la provincia de Santa en el departamento de Áncash, del que se cree que era una pantalla para operaciones de grabaciones ilegales contra políticos, fiscales, y periodistas críticos de Álvarez. Ramos también se rehusó a investigar a Hugo Dante Farro Murillo, el presidente de la junta de fiscales públicos de Santa, por colusión con Álvarez.

Ramos hizo una serie de apariciones en los medios esta semana, para tratar de limpiar su nombre. En una entrevista publicada por el diario nacional, La República, el 12 de mayo, Ramos prometió “transparencia, imparcialidad, y objetividad”, y que luchara contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, y el crimen organizado. Durante su ceremonia de juramento para asumir el cargo, él dijo que trabajaría con la oficina del contralor general y el defensor del pueblo para frenar la corrupción, y fortalecer los lazos con otras instituciones, pues “la oficina del fiscal general no puede ser una isla”. Ramos negó cualquier vínculo con el gobierno del Presidente Ollanta Humala (ver más abajo) o Álvarez. Él también agregó, de manera extraña, que “Lo que está ocurriendo en Áncash está siendo repetido en Tumbes, Trujillo, y Chiclayo. El norte del país es una bomba de tiempo muy perturbadora y necesitamos trabajar duro antes de que explote”.

Choque de poderes inter-judiciales

Ramos también expresó su esperanza de que el choque de poder entre el CNM y el TC será resuelto rápidamente para restaurar la “estabilidad jurídica” en Perú. Los dos cuerpos han estado en un curso de colisión por varios años, desde que el TC comenzó a considerar un caso traído en el 2011 por Mateo Castañeda Segovia, quien afirmó que él había sido injustamente obviado por el CNM en la elección de nuevos fiscales supremos. El 30 de abril tres magistrados del TC firmaron una resolución anulando las designaciones del CNM de Nora Miraval y Zoraida Ávalos como fiscales supremas y designó a Castañeda en esa posición. El CNM denunció a los magistrados del TC ante el Congreso por usurpar sus poderes y pidió que ellos fueran suspendidos.

El 8 de mayo, el TC anuló su resolución, confirmando a Miraval y Ávalos en sus posiciones y removiendo a Castañeda “en interés de la paz”, según dijo el magistrado del TC, Gerardo Eto Cruz, uno de los tres que emitieron la resolución. Pero uno de sus colegas, Carlos Mesía, está llevando el conflicto más allá. El 11 de mayo, Mesía denunció al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el cargo constitucional presentado contra él; Eto y Ernesto Álvarez por el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, por emitir la resolución. Mesía dijo que no estaba dentro de la competencia del Congreso objetar las resoluciones judiciales pues esto interfiere con la “independencia y autonomía” del TC.

• Ramos Heredia y la Primera Dama

El nuevo fiscal general, Carlos Ramos Heredia, dijo que su familia nunca ha tenido nada que ver con la familia de Nadine Heredia, y que él ni siquiera sabía que eran primos lejanos hasta que el Presidente Ollanta Humala asumió el poder. Hubo especulaciones en la prensa local de que Humala concretó un acuerdo con el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011 para allanar el camino para que Ramos sea designado como fiscal supremo, y eventualmente como fiscal general. Aunque la decisión del CNM de no tener en cuenta a ciertos candidatos para supremo fiscal luce como interferencia política, Ramos fue designado fiscal supremo en enero del 2011 –seis meses antes que Humala llegue al poder.