Informe Latinoamericano –29 de agosto de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-34)

El reciente asesinato de una mujer de 26 años en Santa Cruz, la capital de la región este del mismo nombre, ha conmocionado al país, una vez más concentrando la atención antes de las elecciones del 12 de octubre sobre lo que ha sido un punto débil del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el Presidente Evo Morales: la seguridad.

Sophia Leticia Calvo, una ex modelo y bioquímica, fue atacada en un estacionamiento de autos el 15 de agosto por uno de los empleados del sitio, Ronald Fernández Chambi, quien se cree que la había violado antes de apuñalarle y estrangularla. Tres días más tarde, Fernández recibió una sentencia de 30 años de prisión (la pena por femicidio de acuerdo con una ley del 2013 –ver más abajo). El asesinato provocó indignación, con unas 4.000 personas reunidas en Santa Cruz el 19 de agosto, exigiendo mejor seguridad al gobierno de Morales. Claudio Providas, el representante local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también emitió una declaración expresando preocupación.

Además de concentrar la atención sobre la continuada necesidad de abordar la violencia de género, el asesinato de Calvo ha conducido a pedidos más generalizados para que el gobierno de Morales mejore la seguridad. En junio del 2014 el ex ministro del interior, Carlos Romero (quien desde entonces ha renunciado al cargo a fin de competir en las elecciones por una banca en el senado), ubicó la tasa nacional de homicidios en 12,1 por 100.000 habitantes en el 2013. Elevándose de 8,9 por 100.000 habitantes en el 2010, según cifras de la Oficina de la ONU sobre drogas y delitos (Unodc). El asesinato de Calvo también ha compelido a los diferentes partidos que compiten en las elecciones de octubre a proveer más información acerca de cómo ellos pretenden frenar el femicidio y el delito en general.

Con relación al femicidio, la Unidad Demócrata (UD), de centro-derecha, liderada por el magnate del cemento, Samuel Doria Medina, quien actualmente está en segundo lugar en las encuestas detrás de Morales (con un 17% contra un 59% según el último sondeo de Ipsos difundido el 19 de agosto), está proponiendo cadena perpetua, y el ex presidente, Jorge Quiroga (2001-2002), del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien está en tercer lugar con 4%, está pidiendo  sanciones más estrictas. Mientras que la ministra de justicia, Sandra Gutiérrez, pidió la pena de muerte, el opositor de izquierda, Movimiento Sin Miedo (MSM), cuyo candidato, el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado está en cuarto lugar, con 3%, está planteando la instalación de oficiales de policía comunitarios para frenar el delito en general.

Aún así, los manifiestos de los partidos permanecen vagos en lo referente a seguridad. El MAS propone fortalecer aún más la policía y proveerla de mejor equipamiento –ubicando cámaras de seguridad en las ciudades capitales regionales, taxis seguros, así como también programas de educación preventiva. La UD está ofreciendo una exhaustiva política de seguridad que prevé el fortalecimiento de la policía y el servicio de prisiones. El MSM está pidiendo una policía comunitaria, y comités de seguridad ciudadana, mientras que el PDC propone fortalecer la policía y crear brigadas vecinales de vigilancia que recibirían apoyo del Estado a través de entrenamiento, equipamiento y ayuda logística.

Derechos de género

A pesar de la promulgación en marzo del 2013 de una ley que sanciona el delito de feminicidio con una sentencia de prisión de 30 años sin derecho a perdón, la organización, Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), advierte que el feminicidio está creciendo. Cidem reportó de 59 feminicidios en los primeros seis meses del 2014, mientras que el total para el 2013 fue de 110.

Un informe de marzo del 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), titulado ‘La violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe’, señala que el 53% de las mujeres bolivianas sondeadas afirmó haber sufrido abuso físico o sexual de manos de su pareja, la tasa más alta entre los 12 países estudiados. Los otros países incluidos en el estudio fueron Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, y Perú.

• Progreso

Vale señalar que el gobierno del Presidente Evo Morales ha hecho algunas mejoras con relación a los derechos de género. En el índice de la brecha global de género (GGGI, siglas en inglés) del Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés), difundido en octubre del 2013, que ubica los esfuerzos de los países para cerrar la brecha de género basándose en criterios económicos, políticos, de educación, y de salud, Bolivia registró el segundo porcentaje de cambio más alto de los 110 países incluidos, relativo a su resultado del 2006, mejorando un 15,9% –detrás solamente de Nicaragua (17,4%). Con relación a la representación política, las cifras más recientes del observatorio de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) ubica a Bolivia en segundo lugar en la subregión Andina, detrás de Ecuador, con relación a la proporción de mujeres ministras y legisladoras (30,0% y 25,4% respectivamente), aunque estos porcentajes caen al 7,0% con relación a alcaldes.