Informe Latinoamericano – 26 de septiembre de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-38)

VENEZUELA | Nuevas intervenciones en el sector alimenticio del estado. El gobierno venezolano liderado por el Presidente Nicolás Maduro ordenó una intervención de 90 días (extensible) en la estatal Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), de acuerdo con la edición del 23 de septiembre de la gaceta oficial.

Un equipo de cuatro personas encabezadas por José Leonardo Patiño Umbria “revisará los procedimientos administrativos, productivos, e industriales” en las varias compañías que comprenden la Corporación, con el poder de remover funcionarios y reformular presupuestos “para garantizar el correcto desarrollo administrativo y financiero” de CVAL, dice la gaceta. CVAL fue establecida en marzo del 2010 como una ‘empresa de propiedad social’, incluyendo productores primarios y compañías agroindustriales.

También fue intervenida en días recientes la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes, y Depósitos Agrícolas (SADA), por “irregularidades en la distribución de alimentos”.

Por separado, Gustavo José Cabello Canales fue designado presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), la compañía estatal de distribución de alimentos, más conocida por el ‘escándalo de alimentos putrefactos’ en los puertos venezolanos de hace algunos años. Cabello Canales es un primo de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional.

VENEZUELA | La excarcelación de Simonovis deja perplejos a los observadores. La Asociación de Víctimas (Asovic) del golpe de estado del 2002 en Venezuela ha rechazado fuertemente la decisión de otorgar arresto domiciliario temporal al ex jefe de policía de Caracas, Iván Simonovis, y exigió una explicación del gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Simonovis, quien era jefe de policía durante el fallido golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue identificado por el gobierno de Chávez como uno de los líderes principales de la revuelta. El ministro del interior, Miguel Rodríguez, dijo que la decisión  de otorgar a Simonovis arresto domiciliario temporal sería “respetada” por el gobierno, pues estaba basado en consideraciones humanitarias.

La decisión del gobierno de no desafiar la resolución de la corte suprema ha provocado especulación de que podría ser parte de los esfuerzos por remover algunos de los obstáculos que mantienen congelado el diálogo político con la oposición.