Informe Latinoamericano – 30 de enero de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-04)

El Presidente de Perú, Ollanta Humala, probó el amargo sabor de la derrota esta semana, cuando el congreso derogó la ley del empleo joven de su gobierno. En una sesión extraordinaria, el congreso votó de manera abrumadora a favor de la anulación de una ley que había aprobado hace escasamente seis semanas atrás. Cuatro grandes marchas de protesta fueron suficientes para persuadir a gran parte de la oposición política, con el ojo puesto en las elecciones generales del año próximo, a deshacerse de la ley por motivos populistas y no por convicción. La votación también expuso la ruptura en la dispar coalición gobernante, Gana Perú, lo que augura nada bueno para Humala en los restantes 17 meses de su mandato.

La ley del empleo joven (conocida como ‘Ley Pulpín’) apuntaba a crear más empleos mediante una reducción de los costos para los empleadores que contrataran a jóvenes de entre 18 y 24 años, y para así reducir la dimensión del sector laboral informal. La ley aseguraba el salario mínimo y algunos beneficios de seguridad social, pero el derecho a las vacaciones fue reducido a la mitad, de 30 a 15 días, y a los empleadores no se les requería pagar los dos bonos anuales (en junio y diciembre) o indemnizaciones por despido.

La administración Humala insistió en que la ley fue diseñada para mejorar el entrenamiento y las oportunidades de empleo para los jóvenes, pero el principal objetivo era reactivar la economía, y reducir los costos para las empresas, corroborado por el hecho de que la principal federación empresarial, Confiep, fuertemente apoyó la ley. Estudiantes y otras personas jóvenes, impulsados por los sindicalistas, reaccionaron furiosamente ante la ley, que entró en vigencia el 11 de diciembre del 2014, alegando que era explotadora. Y elevaron la presión sobre el gobierno con cuatro marchas de protesta en igual número de semanas, en Lima, y otras ciudades en Perú.

La administración Humala no sólo ha tenido éxito en despertar a la juventud del país, que ahora está exigiendo una reforma del código laboral en general, sino que también ha despertado a lo que quedaba de la crecientemente enajenada Izquierda en la gobernante coalición gobernante, Gana Perú. Ya desilusionada con la cálida relación del gobierno con Confiep; los nuevos alegatos de que el gobierno ha estado espiando a diputados de Gana Perú sospechados ser disidentes;  y las recientes decisiones tales como dejar de lado salvaguardas ambientales para atraer más inversiones, la ley del empleo juvenil, percibida como erosionando los derechos básicos del trabajador, y las protestas que está engendró, fue la última gota. Un influyente diputado, Sergio Tejada, miembro del izquierdista Partido Nacionalista peruano (PNP), el principal sostén de Gana Perú, abandonó la coalición durante el fin de semana. Y luego votó por la anulación de la ley junto con otros seis diputados de Gana Perú, incluyendo, notablemente, la Vicepresidenta Marisol Espinoza, la más prominente víctima del alegado escándalo de espionaje ilegal [IL-15-03].

La división interna en Gana Perú ha agravado el aislamiento político de Humala. Su ‘aliado’ Perú Posible (PP), el partido del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), también votó por la anulación de la ley. “Vamos a continuar apoyando la gobernabilidad, pero el país está muy polarizado, muy dividido, dejemos que la temperatura se reduzca para que así los inversionistas vengan al país a invertir y generar empleo, para distribuir los beneficios del crecimiento”, dijo Toledo. A pesar del abandono de PP del gobierno, Toledo urgió a la oposición a que no lo “socave” aún más.

En total, 91 diputados votaron a favor de anular la ley y sólo 18 para mantenerla; el 11 de diciembre del 2014, había sido aprobada por 68 votos a favor y 12 votos en contra. Que el giro fue puro populismo se ejemplifica con el fujimorista Fuerza Popular (FP), que previamente había apoyado el proyecto de ley. Sintiendo el humor popular, la oposición política usó la ley para comenzar a ejercitar sus músculos antes de las elecciones del próximo año. Aún faltan 17 meses para las elecciones presidenciales y legislativas en Perú, pero la última votación en el congreso sugiere que Humala bien podría convertirse en un presidente sin fuerza real para el tiempo restante de su mandato, pues los partidos políticos buscarán el apoyo del público haciendo difícil la vida pata un presidente impopular.

• Tiempos difíciles por delante

Hace un año, la victoria de Perú en su disputa sobre los límites marítimos con Chile, representó lo más alto en el mandato del Presidente Ollanta Humala, la fuerte derrota en el congreso, posiblemente sea el punto más bajo. Humala, quien admitió su derrota pero acusó al congreso de no proponer una alternativa viable, insistió en que el “ruido político” existente no “distraerá al gobierno”. Palabras valientes, pero sus acciones sugieren algo diferente. Tal fue la naturaleza acalorada del debate en el congreso sobre la ley del empleo juvenil, que Humala retiró su pedido de permiso hecho al congreso para viajar a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) el 28 y el 29 de enero en Costa Rica, ostensiblemente para concentrarse en cuestiones internas, pero realmente debido a que él sabe que podría afrontar la ignominia de un rechazo.