Los cambios clarifican los términos bajo los cuales el ejército puede ser desplegado como una fuerza auxiliar de la policía y exige que los gobernadores de estado y congresos estatales, como también el senado, apruebe el despliegue. Crucialmente, los cambios también hacen que el personal militar en esos despliegues, esté sujeto a las cortes civiles.
Varios oficiales del ejército, dice Reforma, se preguntaron qué podría pasar si los gangsters controlan la gobernación del estado o el congreso del estado. Los militares advierten que los gangsters podrían simplemente intimidar a los políticos para que cumplan sus deseos. En esas circunstancias, preguntan los oficiales, la gente corriente sufriría debido a que el ejército no podría cumplir con su deber constitucional.
Varios oficiales también se preguntan si los políticos han pensado que a través de esos cambios los militares estarán sujetos a las cortes civiles y no al código militar. Ellos alegan que los cambios podrían conducir a casos en los que los soldados pueden ser procesados por violar la constitución (por ejemplo por abusos a los derechos humanos).
En la conmemoración de la Batalla de Puebla (5 de mayo), el Presidente Felipe Calderón dijo que el ejército permanecería en las calles en los estados mexicanos hasta que la policía esté lista para asumir la carga del ejército.
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