El compromiso del Presidente Otto Pérez Molina sobre la defensa de los derechos humanos ha caído bajo escrutinio –por varias razones. Aunque él ha sido forzado a echarse atrás sobre su controversial decisión del 1 de mayo de declarar el estado de sitio en la municipalidad indígena de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango [IL-12-19], las dudas con relación a su voluntad de abordar la raíz del conflicto; el anunciado cierre de Archivos de la Paz, una agencia clave con la tarea de preservar e investigar registros militares y policiales de la guerra civil del país de 1960-1996; y las preocupaciones sobre la elección de un nuevo defensor de los derechos humanos, todo esto ha dejado a la sociedad civil en estado de alerta.End of preview - This article contains approximately 1467 words.
Subscribers: Log in now to read the full article
Not a Subscriber?
Choose from one of the following options