El arresto bajo cargos de corrupción del gobernador del distrito
federal de Brasília, José Roberto Arruda, el 11 de febrero, y la subsiguiente
decisión del supremo tribunal federal (STF) de negar su liberación bajo un
mandato judicial de habeas corpus, fueron hechos sin precedentes y podría
indicar un giro en la forma en que la justicia trata los casos de corrupción que
involucran a funcionarios públicos. El caso también tiene resonancias
electorales este año, pues dificultará a la posición asumir una base moral alta
sobre el propio record de corrupción del gobierno.End of preview - This article contains approximately 684 words.
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