Ortega hasta ahora ha preservado los lazos con los grandes empresarios como resultado de las exportaciones en auge y los ingresos en inversiones extranjeras, y su negativa en tocar la reforma fiscal. El 12 de julio, el lobby del sector privado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y la asociación nacional de micro-finanzas (Asomif) emitió una declaración conjunta exigiendo una “firme respuesta” del gobierno en relación a la reactivación del malestar social montado por el movimiento ‘No Pago’ a lo largo del país durante el mes pasado.
Inicialmente desencadenado por el mismo Ortega en junio de 2008, cuando él apoyo las protestas de los deudores contra las instituciones de micro-finanzas (MFIs) –aunque él se ha distanciado desde entonces de esa posición– la principal queja del movimiento ‘No Pago’ es que las MFIs, cuya cartera bruta de préstamos es de unos US$538m, incluidos fondos de cooperativas de ahorro y créditos, de acuerdo con un informe de 2011 del think tank Funides, las tasas de interés aplicadas son tan altas, que dejan a los usuarios de préstamos agobiados por deudas inmanejables.
De acuerdo con un líder de ‘No Pago’, Omar Vílchez, 13.758 deudores tienen deudas vencidas por un total de US$43,9m con el sistema bancario nicaragüense. Una de sus propuestas es que todos aquellos que deben más de US$10.000 (1.788 personas, cuya deuda total llega a US$24,5m) deberían tener sus deudas reestructuradas a una “tasa de interés simbólica” durante un periodo de 10 años.
Sin embargo, Asomif-Cosep, se queja que desde 2008 la incertidumbre causada por las acciones de ‘No Pago’, junto con la crisis económica, resultó en pérdidas de US$80m de donantes extranjeros. Ellos alegan que otros US$300m más, destinados para el actual ciclo agrícola están actualmente en riesgo.
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