Informe Latinoamericano – 27 de marzo de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-12)

Honduras deberá mirar nunca más un bloqueo institucional insuperable, que conduzca a una ruptura en el orden democrático. Ese, al menos, es la teoría detrás de la decisión del congreso para implementar la provisión constitucional del juicio político. En la práctica, esto significa que choques institucionales, tal como el que culminó en que el entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009) sea enviado al exilio en pijamas en junio del 2009, no se repitan y queden  fuera de control, pues los diputados estarían facultados para iniciar los procedimientos del juicio político. Sin embargo, hay claras deficiencias.

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