Enfurecida por el número de demandas por el pago de pensiones, que está obstruyendo el poder judicial federal, la corte suprema de la Argentina ordenó, el 6 de mayo, al gobierno a que pague el dinero que le adeuda a los demandantes que tuvieron éxito. También anuló la ley de reforma de las pensiones de 1955, que requiere que todas las apelaciones sobre resoluciones de pensiones sean referidas a la corte federal de apelaciones de seguridad social en Buenos Aires. Esta corte fue creada durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999): sus críticos alegan que su principal objetivo es retrasar los procedimientos iniciados por los pensionistas.End of preview - This article contains approximately 844 words.
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