Bajísimos índices de aprobación, una economía en recesión y un crecientemente hostil congreso no son por sí solas razones suficientes para iniciar los procedimientos de un juicio político contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sin embargo, hacen que las condiciones para que un proceso de este tipo sea más probable. En otra mala semana para Rousseff, su mentor y predecesor, Lula da Silva (2003-2011), ahora afronta una investigación penal; una encuesta de opinión halló que solamente el 7,7% de los brasileros aprueban de su administración; el gobierno fue forzado a revisar hacia abajo su meta del superávit fiscal (con la predicción ahora de que la economía se contraerá un 1,49% este año), y el presidente de la cámara baja federal, Eduardo Cunha, declarando su abierta oposición al ejecutivo.End of preview - This article contains approximately 1385 words.
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