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“El voto no es el fin de la democracia, es el principio."

- El Presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

“La Presidenta se alarma de la inequidad social como si en estos seis años no hubiesen sido ellos quienes gobernaron."

- El lí­der Peronista disidente de Argentina, Francisco de Narváez.

“ ¿Cómo yo voy a confiar más nunca en el presidente de Colombia? ¿Cómo, si utilizan la mentira para tratar de descalificarnos? ¡No puedo!"

- l Presidente de Venezuela, Hugo Chávez .

Seis de los ocho jefes de estado de paí­ses amazónicos no asistieron a la cumbre cuyo anfitrión fue el Presidente de Brasil, Lula da Silva en Manaus la semana pasada. Los crí­ticos del gobierno dijeron que la “inasistencia" fue el resultado de una serie de apreciaciones diplomáticas erróneas por los asesores en polí­tica exterior de Lula, que ha puesto a Brasil enfrentado con EU y ha socavado la posición internacional del paí­s.

Aparte de Lula, sólo el Presidente Bharrat Jagdeo, de Guyana, y el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy -invitado debido a la soberaní­a de Francia sobre el territorio amazónico de la Guayana francesa- estuvieron en Manaus. Los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam y Venezuela, todos cancelaron su participación a último minuto, pese a la invitación personal de Lula a la cumbre, para discutir una posición conjunta sobre el cambio climático- ante la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en Copenhague el 7 de diciembre.

La prensa conservadora de Brasil expresó que la presencia de Sarkozy se debí­a solamente a su deseo de concluir el acuerdo militar para vender a Brasil los jets de combate Rafale hechos en Francia (ver abajo). Argumentan que el desaire de los presidentes vecinos fue un revés para las pretensiones de Lula de convertirse en la voz de los paí­ses amazónicos en Copenhague, y un golpe para las aspiraciones de liderazgo del paí­s.

La prensa de Brasil ha sido bastante más feroz que la prensa extranjera con relación a la polí­tica exterior de Lula, enumerando una serie de derrotas y controversiales posiciones en foros internacionales -como el apoyo a paí­ses no democráticos, la decisión de mantenerse fuera del tratado de la ONU contra el uso de bombas de fragmentación y la pérdida de varias elecciones para encabezar cuerpos internacionales- como resultados de serios errores de juicio diplomáticos. Argumentan que los asesores en polí­tica exterior de Lula han abandonado el tradicional pragmatismo de Brasil por motivaciones ideológicas.

La prensa de Brasil culpa del desaire en Manaus al “equivocado rol" de la administración Lula en la crisis constitucional de Honduras, y la negativa de Lula a aceptar el resultado de las elecciones presidenciales en Honduras del 29 de noviembre. Esta crí­tica pasa por alto el hecho que, con la excepción de los gobiernos de Perú y Colombia, que apoyaron las elecciones como una ví­a para salir de la crisis, el resto de América Latina, igual que Brasil, no está convencido acerca de la legitimidad de las elecciones [ver abajo].

Lenguaje no-diplomático
En una entrevista con Terra Magazine, Ruy Casares, el representante de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó al presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, de “payaso" y desechó la decisión de Colombia y Perú de aceptar los resultados de las elecciones con un lenguaje ofensivo. Dijo que Colombia era “dependiente de EU", mientras que Perú tení­a “un gobierno de centro-derecha que tiene dificultados con algunos de sus vecinos" -“históricos" con Chile, e ideológicos con Venezuela. Reinaldo Azevedo, un columnista de la revista Veja, dijo: Esa es una confesión que el pragmatismo alegado en las relaciones exteriores [de Lula] es claramente falso. Cualquier alineamiento es, antes que nada, ideológico."

El comité de relaciones exteriores del congreso de Brasil pidió explicaciones a la cancillerí­a para “clarificar" las declaraciones de Casares. El presidente del comité, el diputado Raúl Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista, dijo que las predicciones hechas por funcionarios brasileños -que realizar la elección en Honduras antes que Zelaya sea reinstalado llevarí­a a la violencia- eran erróneas. Jungmann, uno de los más de 300 observadores internacionales en las elecciones, dijo a los periodistas brasileños que no hubo incidentes, y que la votación fue llevada adelante en “absoluta paz."

• Gobiernos de izquierda

La prensa conservadora de Brasil arguye que los gobiernos de izquierda aliados al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, como el de Bolivia, Ecuador y, significativamente, Venezuela, ahora ven a Brasil como débil por no ser capaz de restituir a Zelaya en el poder.

• Jets de combate

El ministro de defensa de Brasil, Nelson Jobim, dijo a la fuerza aérea que no señalara al ganador en su evaluación técnica de ofertas en competencia para proveer a Brasil de 36 jets de combate. Preguntado por los periodistas, Jobim emitió un documento que decí­a que “independientemente del resultado, la evaluación del presidente es la que es válida." Los crí­ticos se refirieron a sus comentarios para afirmar que hubo una actitud polí­tica parcial para elegir los jets franceses Rafale, que eran más caros que las ofertas hechas por competidores. Los jets Rafale de Dassault, costarán a Brasil US$140m, mientras que el F/A18s de Boeing están estimados en US$100m y los Gripen de Saab en US$70m.

El embajador de EU en Colombia, William Brownfield, anunció la semana pasada que EU estaba al borde de firmar acuerdos de cooperación militar con dos paí­ses más de América Latina, cuyos gobiernos habí­an requerido expresamente el anonimato para evitar las reacciones adversas provocadas por el acuerdo EU-Colombia alcanzado en octubre de 2009. Brownfield hizo todo lo posible para remarcar que el acuerdo con Colombia -ampliamente considerado que otorga a EU el acceso a siete bases colombianas, pero que de hecho no está limitado solamente a eso- no era inusual. Pero sus comentarios iniciaron la especulación sobre a qué dos paí­ses se estaba refiriendo, y provocó que el Presidente Hugo Chávez proclame de inmediato que los nuevos acuerdos propuestos eran “una clara amenaza".

Brownfield estaba respondiendo a preguntas planteadas a él por el diario con base en Bogotá El Espectador, que publicó la entrevista el 25 de marzo. El se vio en dificultades para aclarar que el acuerdo con Colombia no difiere de los acuerdos militares estándar alcanzados por EU con sus socios. También enfatizó que el acuerdo no producirí­a un incremento en las tropas de EU desplegadas en Colombia, agregando que actualmente sólo habí­a 240 en el territorio colombiano y que la mitad de ellos estaban en la embajada, los otros, realizando ejercicios de entrenamiento.

La afirmación de Brownfield que el acuerdo colombiano era de tipo estándar debe haber elevado las preocupaciones entre ciertos miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el sentido que esos dos nuevos acuerdos mencionados por él podí­an resultar en más bases de EU en la región -una cuestión delicada en el mejor de los casos. Durante una conferencia de prensa conjunta con su par ecuatoriano Rafael Correa en Quito esta semana, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , describió “las siete bases Yanquis en Colombia" como “siete puñaladas en el corazón de América del Sur". Dijo que una mayor presencia militar de EU en la región bajo los nuevos acuerdos, constituirí­a una “amenaza".

Chávez agregó que EU estaba perfectamente en su derecho de firmar acuerdos militares con otros paí­ses, toda vez que no contravenga la soberaní­a nacional. Eso, por supuesto, está abierto por entero a la interpretación: para Chávez , el acuerdo colombiano viola la soberaní­a de Venezuela; para Colombia, es en primer lugar un medio para profundizar la cooperación antinarcóticos y de contrainsurgencia.

MEXICO | Inmigración. La canciller de México, Patricia Espinosa, dijo el 13 de julio que otros gobiernos latinoamericanos han seguido a México en tomar acción de la corte contra la controversial ley de Arizona, SB1070, diseñada para frenar la migración ilegal. El gobierno de EU también ha acudido a la corte para tratar de revocar la ley SB1070, que debe entrar en vigencia el 29 de julio. Esa medida ha sido fuertemente criticada por gobernadores del Partido Demócrata en EU, que afirman que eso podrí­a costar a los Demócratas el control del congreso en las próximas elecciones de mitad de periodo que deben celebrarse en noviembre.
     Espinosa dijo que Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Paraguay se han unido a la acción legal que está siendo liderada por México. En junio, México presentó una solicitud de Amicus Curiae en la corte federal para el distrito de Arizona, lo que significa que México está preparado para proveer evidencias ante la corte cuando el caso llegue a juicio. La acción legal contra la ley SB1070 fue lanzada por organizaciones de derechos humanos en EU.
    Por separado, una lista de 1.300 nombres y direcciones de supuestos inmigrantes ilegales (hispanos) ha sido enviada a la policí­a y los medios en Utah. Si la lista ha sido enviada en Arizona una vez que la SB1070 se convirtió en ley, la policí­a estarí­a obligada a actuar en base a la información. La lista de Utah aparentemente contiene incluso el número de seguridad social de las personas e información que algunas de las supuestas inmigrantes ilegales estaban embarazadas y por tanto deberí­an ser “prioridades" para la deportación.

MEXICO | Exportaciones a EU. En mayo, las exportaciones de México a EU se elevaron en 45% año en año, de acuerdo con cifras de la oficina de censos de EU. Ese fue el más alto incremento anual desde enero de 1988, cuando las exportaciones mexicanas a EU se incrementaron en 51%. En mayo de 2010, México exportó bienes por un valor de US$19,3bn a EU e importó US$13,2bn. El superávit comercial de US$6,15bn fue de 56% más alto que el superávit de mayo de 2009. De acuerdo con la oficina de censos de EU, las exportaciones de México a EU en los primeros cinco meses de 2010 fueron 62% más elevadas que en igual periodo de 2009, en US$90,6bn. Las importaciones de EU subieron en 32% a US$63,5bn.

El número de colombianos refugiados y de personas desplazadas internamente (PDI) es el más alto en el mundo, sobrepasando incluso a paí­ses en guerra o con una larga historia de conflictos internos como Irak, Afganistán y la República Democrática del Congo. Esa fue la aseveración hecha por Jorge Rojas, vocero de la ONG colombiana, Consultorí­a para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), durante una convención en Quito esta semana. De acuerdo con Rojas, Codhes llegó a esa conclusión después de analizar las cifras de un reciente informe producido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (UNHCR, siglas en inglés).

De acuerdo con las cifras de Codhes, el conflicto colombiano ha forzado el desplazamiento de 3,7m de personas en las cinco décadas pasadas, con unas 380.000 a las que les fue otorgado el estatus de refugiado en 36 naciones de todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “No existe ningún informe de la [UNHCR] que establezca que Colombia tiene la más alta tasa de desplazamiento en el mundo. Por tanto, la información desde Ecuador atribuida a un vocero de [Codhes] no es verdad." Acción Social alega que su registro muestra solamente 3,5m DPI desde 1950 y que en años recientes la tasa de desplazamiento ha decrecido significativamente (de 327.740 en 2007, a 161.222 en 2009); desde 2003, han sido desplazadas internamente en Irak 2,2m de personas, mientras que otras 2,2m han buscado asilo en otras partes.

Establecer el número de DPI en Colombia es crucial para la administración del Presidente Juan Manuel Santos, que ha enarbolado la bandera de compensación y restitución de tierras a las ví­ctimas, como polí­ticas clave que deben ser implementadas en los próximos cuatro años. El 2 de noviembre, el Partido de la U aceptó el proyecto de ley propuesto de la llamada 'ley de ví­ctimas', abriendo el camino para que el contenido de la ley sea debatido en el congreso. Las ví­ctimas serí­an primero compensadas con fondos incautados de los narcotraficantes y sólo cuando estos fondos estén exhaustos el estado serí­a responsable por el pago de hasta Col$20,6m (US$11.160) a cada ví­ctima, asegurando de ese modo la viabilidad fiscal de la propuesta. Además, el proyecto estipula una sentencia de prisión de hasta 12 años por cualquiera que pretenda hacerse pasar por ví­ctima del conflicto.

• La agenda bilateral

La situación de los refugiados colombianos en Ecuador es parte de la agenda bilateral de los dos paí­ses, que está avanzando hacia la restauración total de las relaciones, luego del ataque colombiano con bombas contra un campamento de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en suelo ecuatoriano, en marzo de 2008. De acuerdo con la UNHCR, hay 136.000 colombianos con el estatus oficial de refugiados en todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con Rojas, hay unos 600.000 colombianos en Ecuador -la mayorí­a como inmigrantes ilegales- para los cuales el estado ecuatoriano ha destinado unos US$40m en los tres años pasados.

Estadí­sticas oficiales de narcóticos difieren de la realidad
El gobierno colombiano ha puesto la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), bajo administración pendiente de una investigación sobre “corrupción administrativa". Bajo las funciones de la DNE estaban la administración de unos 75.000 activos incautados por el gobierno a los narcotraficantes. Se suponí­a que serí­a usada esa información, en conjunción con otros datos primarios, para compilar informes oficiales sobre la producción, distribución y consumo de drogas en el paí­s.
     Con la DNE bajo escrutinio, la precisión de los datos sobre droga de Colombia también ha quedado cuestionada y se ha vuelto crecientemente claro que las cifras citadas en las estadí­sticas oficiales raras veces coinciden con la realidad en el terreno. Por ejemplo, Colombia desde hace tiempo sostiene que solamente unas 250 hectáreas en el paí­s se dedican al cultivo de marihuana. Sin embargo, en una sola incautación el 9 de noviembre, el gobierno ha confiscado cuatro toneladas de esa droga, en tránsito desde el departamento de Cauca hacia el centro del paí­s.
     Una incongruencia similar entre la lí­nea oficial y los hechos en el terreno también fue revelada en Ecuador, el mismo dí­a. Ecuador nunca ha admitido que la coca podrí­a cultivarse dentro de su territorio, incluso aunque hay largas porciones del paí­s donde esa empresa podrí­a ser encarada y a pesar del hecho que dos de sus vecinos son los lí­deres mundiales en el cultivo de coca y la producción de cocaí­na. Sin embargo, la incautación de 9.600 plantas de coca en San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, puso esa afirmación en duda, aunque el director de la oficina antinarcóticos de Ecuador, el Coronel Patricio Pazmiño, insistió en que Ecuador aún “está muy lejos de ser un productor de droga".

MEXICO | Presunto culpable. Una corte en Ciudad México ha invalidado el 8 de marzo la prohibición de un controversial documental: “Presunto culpable" que ha cautivado audiencias en la ciudad. El documental ilustra defectos en el sistema judicial mexicano, analizando la condena (y la sentencia a 20 años en prisión) de José Antonio Zúñiga por un asesinato que él casi con certeza no ha cometido. No hubo evidencia forense, o motivo, para vincularlo con el crimen y la evidencia de los testigos fue superficial en extremo.

MEXICO | Inflación. En febrero, el í­ndice de precios al consumidor se elevó en 0,38% mes en mes llevando la inflación a 12 meses a 3,57%, cayendo de 3,78% en enero.

Neoliberalismo significó diferentes cosas a diferentes personas. Los que la pusieron en práctica prefieren no usar el término y hablan de 'reformas'. Los que lo criticaron desde el inicio, a menudo le dan significados que no tení­a originalmente, y no se dieron cuenta de sus ajustes en el tiempo; algunos incluso adoptaron los ajustes en nombre del neoliberalismo, aunque calladamente retení­an los elementos del paquete original.

Neoliberalismo es un término muy general que abarca el paquete de polí­ticas económicas que rodea las 'recomendaciones' del FMI desde los '80, la década cuando gran parte de América Latina era golpeada por lo que se dio en llamar la crisis de la deuda. Ese paquete fue visto ampliamente como encarnado en el Consenso Washington de 1990, que no era una receta, sino una compilación de John Williamson del "más bajo denominador común de asesorí­a polí­tica que era abordado por instituciones con base en Washington para los paí­ses de América Latina en 1989."

Además, como Williamson se quejaba más tarde, el Consenso Washington se usó como sinónimo del "fundamentalismo de mercado", pese a que -como dijo una década más tarde- el fundamentalismo de mercado del primer mandato de Reagan ya habí­a sido suplantado por el retorno de una polí­tica económica racional, y uno podí­a discernir qué ideas sobrevivirí­an y cuáles no: disciplina monetaria pero no monetarismo; reforma fiscal, pero no recorte fiscal; liberalización comercial pero quizá no completa libertad de movimientos de capital; desregulación de las barreras de entrada y salida pero no la supresión de regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente.

• El Consenso Washington como fue presentado originalmente por Williamson, contení­a las siguientes polí­ticas:
• Disciplina fiscal.
• Reorientación de las prioridades de gasto público hacia campos que ofrecen altos retornos económicos y potencial de mejorar la distribución del ingreso, como servicio primario de salud, educación primaria, e infraestructura.
• Reforma fiscal (reducir las tasas marginales y ampliar la base impositiva).
• Liberalización de las tasas de interés.
• Tasa de cambio competitiva.
• Liberalización del comercio.
• Liberalización del flujo de la inversión extranjera directa.
• Privatización.
• Desregulación (para abolir barreras de entrada y salida).
• Asegurar los derechos de propiedad.

Más tarde Williamson dijo que el consenso se habí­a equivocado en un punto: la tasa de cambio competitiva. La mayorí­a de los economistas de entonces estaban a favor de una tasa fija o de la libre flotación. Agregó que muchos economistas, incluido él mismo, tení­an reservas sobre la liberalización de tasas de interés.

Si el Consenso Washington no era una receta, las recomendaciones emitidas por el FMI sí­ lo eran. Y el Fondo, como expresó con acierto Mark Weisbrot, del Centro de Investigación Económica y Polí­tica con base en Washington, actuó como la cabeza o el guardián del cartel de acreedores: "Si un gobierno no llegaba a un acuerdo con el FMI, no podrí­a obtener préstamos del Banco Mundial, de bancos regionales como el importante Banco Interamericano de Desarrollo en su hemisferio, préstamos y ayudas de gobiernos del G-7, y a veces aun del sector privado." Además, la influencia dominante en el FMI era el gobierno de EU. Eso "permitió a EU [y a otros paí­ses ricos] a operar a través de una aparentemente multilateral, neutral, tecnocrática institución, cuando presionaban a gobiernos de paí­ses en desarrollo para que privaticen sus recursos naturales o para obtener enormes superávits primarios para el pago de la deuda."

Neoliberalismo, por tanto, no significa lo mismo que el Consenso Washington. Jeffrey Chwieroth, de la London School of Economics, da una escueta definición del neoliberalismo como "una serie de creencias asociadas con gobiernos minimalistas y el libre mercado", que propone principalmente la nueva Economí­a Clásica, que une varias recetas basadas en la noción que los problemas económicos son causados por la intervención del gobierno y se resuelven mejor reduciendo el estado y liberando las fuerzas del mercado. Muchas de esas recetas podrí­an fácilmente encajar en la descripción de fundamentalismo de mercado, que Williamson dice que el Consenso Washington no encarna.

Decidiendo cómo adoptar
Es muy importante señalar que la adopción del neoliberalismo por los gobiernos latinoamericanos no fue nada homogéneo, tampoco simultáneo. Por ejemplo, Chile, citado frecuentemente como ejemplo por los beneficios de la reforma, comenzó a adoptar partes de lo que más tarde serí­a llamado neoliberalismo, con los 'Chicago Boys', a quienes el dictador Augusto Pinochet confió el manejo de la economí­a en los '70.

Argentina, bajo Carlos Menem condujo el más radical programa privatizador en el hemisferio, otros paí­ses fueron mucho más selectivos. México, Venezuela, Colombia, Brasil y Chile mantuvieron sus compañí­as petroleras en manos del estado; los primeros tres, para preservar una fuente crucial de ingresos fiscales, los dos últimos para controlar un área de extrema dependencia externa. Chile retuvo el control de la corporación estatal del cobre, por la misma razón que los exportadores de petróleo retuvieron sus compañí­as petroleras estatales.

Chile y Colombia fueron cautelosos acerca del libre movimiento de capital, con frenos destinados a detener el flujo especulativo del dinero caliente de corto plazo. Eso los protegió de la crisis financiera regional de 1998. Argentina dolarizó su economí­a imponiendo al estado la obligación legal de cambiar pesos a la par del dólar. Ecuador y El Salvador totalmente dolarizados, Guatemala aceptó el dólar como moneda de curso legal. Nadie más siguió el ejemplo.

El compromiso con la liberalización comercial también fue desigual. México (dentro de Nafta) y Chile llegaron lejos, seguidos por Perú. Mercosur retuvo una medida sustancial de protección externa, y sus socios lí­deres, Brasil y Argentina, se comprometieron entusiastamente en el comercio dirigido -particularmente, pero no exclusivamente, en vehí­culos automotor.

El Consenso de Santiago
Poco antes de una década después de aparecer el Consenso Washington, se hizo claro que el paquete neoliberal no proveí­a lo que prometí­a, en particular en el área social. Una serie de reformas de segunda generación fueron ideadas y presentadas como perfeccionando, no reemplazando el paquete previo.

Los economistas del Banco Mundial, Javed Burki y Guillermo Perry dijeron en 1998 que "la experiencia ha demostrado convincentemente que las polí­ticas prescriptas por el Consenso Washington valieron la pena [...] y la reasunción del crecimiento económico en los '90, ha estado estrechamente asociado con la implementación de muchas de las polí­ticas recomendadas por Washington".

Pero luego reconocieron los defectos:

*Las reformas han producido una declinación en las tasas de pobreza, pero eso parece más una consecuencia de la declinación en las tasas de inflación y el modesto crecimiento, que de las consecuencias distributivas del comercio y la liberalización financiera.

*La reasunción del crecimiento no ha sido acompañada por una fuerte demanda laboral en el sector formal, en muchos paí­ses, ya sea el desempleo formal o el empleo informal se han incrementado.

*El crecimiento de la exportación se ha concentrado en industrias intensivas de recursos naturales.

*Las diferencias salariales entre el trabajo calificado y el no calificado parecen haberse ensanchado. En consecuencia, los problemas de distribución del ingreso no se solucionaron en muchos paí­ses, y se han deteriorado en otros, lo que ha producido tasas de pobreza que permanecen inaceptablemente altas.

*La inseguridad económica para los pobres y las clases medias, vinculada a la inseguridad del empleo y la volatilidad del ingreso, ha tendido a elevarse.

La conclusión de los economistas del BM fue que una polí­tica macroeconómica buena no era suficiente, y que las buenas instituciones eran crí­ticas para la estabilidad macroeconómica en un contexto de integración financiera global.

De eso emergió el Consenso de Santiago, que no existió como tal de la misma manera que el Consenso Washington, pero los economistas del BM dijeron que estaba implí­cito en la Declaración de Santiago, que surgió de la Cumbre de las Américas de 1998, celebrada en la capital chilena.

Las polí­ticas y recomendaciones, incluidas en realidad en la Declaración de Santiago fueron:

*Atención especial a los paí­ses y grupos sociales más vulnerables del hemisferio, para contrarrestar el hecho que la globalización podrí­a agudizar las diferencias entre paí­ses y dentro de las sociedades.

*Alta prioridad a la educación como factor determinante del desarrollo polí­tico, social, cultural, y económico, facilitando el acceso de todos los habitantes de las Américas a la educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria, y poniendo la ciencia y la tecnologí­a al servicio de la educación.

*Negociación dentro de los cinco años siguientes del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tomando en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y de tamaño de las economí­as en las Américas.

*Fortalecimiento de la supervisión bancaria e introducción de regulaciones para revelar y difundir información bancaria, a fin de contrarrestar la volatilidad de los mercados de capital.

*Fortalecimiento de la educación para la democracia y promoción de acciones necesarias para que las instituciones del gobierno se conviertan en estructuras más participativas; fortalecimiento de las capacidades de gobiernos regionales y locales promoviendo mayor participación activa en la sociedad civil.

*Alentar las reformas necesarias para promover la cooperación legal y judicial, fortalecer las entidades nacionales involucradas en estudiar la administración de justicia y acelerar el establecimiento de un centro hemisférico de estudios sobre ese tema.

*A fin de superar la pobreza, mayor apoyo a las micro y pequeñas empresas, promoción de estándares esenciales de trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el uso de nuevas tecnologí­as para mejorar las condiciones de salud de cada familia en las Américas.

Como en el caso del Consenso Washington, éste también se prestó a varias interpretaciones. El director del BM, James Wolfensohn, que adoptó el término Consenso de Santiago con entusiasmo, lo redefinió como proponiendo:

*Alta prioridad a la educación, seguida por servicios de salud y luego por la infraestructura.

*Mejorar los trabajos del sistema de justicia.

*Eliminar las distorsiones causadas en la economí­a por el delito y las drogas.

*Consolidar la seguridad civil, no como elemento esencial de teorí­a económica, sino como una barrera práctica para su implementación.

*Un sistema financiero funcional.

"Esa," dijo, "no es una lista exhaustiva, pero da un sentido mucho más completo e integrado al enfoque del desarrollo. Y, por supuesto, debe incluirse una buena polí­tica macroeconómica y de apertura comercial."

El Consenso Buenos Aires, emitido en octubre de 2003, fue fuerte en retórica, pero incluyó un número de posiciones en polí­ticas:

*Elaborar una agenda de integración regional abordando las necesidades y los desafí­os creados por el proceso de globalización que ha generado modos sin precedentes de concentración económica. Eso involucra buscar mayor autonomí­a en la toma de decisiones para poder enfrentar movimientos desestabilizadores del capital especulativo y los intereses adversos de bloque más desarrollados.

*Adoptar como principios guí­as de la integración Sudamericana la búsqueda de intereses comunes y la introducción de un modelo de desarrollo que una el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los ciudadanos.

*Adoptar polí­ticas públicas dirigidas al crecimiento sostenido y la equitativa distribución de sus beneficios, adoptando sistemas fiscales e impositivos más justos.

*Aplicar todas las acciones necesarias para reducir las altas tasas existentes de desempleo, creando condiciones favorables para el desarrollo de empresas y la inversión productiva.

*Otorgar absoluta prioridad a la educación, como un instrumento de la inclusión social.

*Construir una sociedad con información, guiada por los objetivos de inclusión social, erradicación del hambre y la pobreza, mejoramiento de la salud y la educación, y el logro del equilibrio económico y el desarrollo social.

*Adoptar polí­ticas de desarrollo regional que tome en cuenta los fuertes desequilibrios y desigualdades regionales existentes.

*Establecer como directrices para la administración de la deuda pública, la creación de empleos y riqueza, protección de los ahorros, reducción de la pobreza, promoción de la educación y la salud, y el mantenimiento de polí­ticas de desarrollo sostenido.

*Fortalecimiento de las instituciones del estado, profesionalización de la administración pública, perfeccionando la eficacia de su rol estratégico.

Aparece Alba
Un par de meses antes que Lula y Kirchner emitieran el Consenso Buenos Aires, Hugo Chávez , aprovechó la visita que hizo a las oficinas de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), para lanzar una propuesta que en su opinión podrí­a servir como una alternativa al neoliberalismo, la globalización, el ALCA y la OCM: la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

"La integración," declaró Chávez , "no es posible bajo el neoliberalismo; el neoliberalismo es desintegración. América del Sur no puede integrarse como está esbozado en ALCA. Firmar el ALCA es como firmar un certificado de muerte; enviarí­a a nuestros paí­ses al Quinto Infierno de Dante." Dijo que proponí­a "la unidad en el plano polí­tico (también en el plano económico, pero no se reduce sólo a eso, además, la [unidad] económica será un proceso más lento) […] Lo que proponemos es una zona libre de analfabetismo, libre de desnutrición infantil, libre de desempleo, libre de personas sin un techo."

Dicho eso, Chávez produjo algunas propuestas concretas en el plano económico:

*Unión de todas las industrias petroleras estatales de la región bajo un paraguas que se llamará Petrosur o Petroamérica; "una especie de Opep Sudamericana."

*Conversión del Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar) en un fondo financiero sudamericano, y la creación de un banco sudamericano, el Banco del Sur, a través de la fusión de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el Fondo de la Cuenca del Plata (Fonplata) -ambos como medio de liberar a la región de los dictados del FMI.

*Un debate sudamericano para coordinar el no pago de la deuda externa.

Chávez no encontró interesados de inmediato. La primera adhesión formal a Alba fue la de Cuba, en 2004. Siguió Bolivia en 2006, y Nicaragua el año siguiente. Una definición más formal de los objetivos de Alba tomó algo de tiempo. El acuerdo con Cuba hablaba de cooperación basada en la "solidaridad [y] el intercambio de bienes y servicios que sean más beneficiosos para las necesidades económicas y sociales de ambos paí­ses", tomando en cuenta "las asimetrí­as polí­ticas, sociales, económicas y legales de ambos paí­ses" y previendo "la posibilidad de comercio compensado".

En la práctica, la relación consistí­a principalmente en que Venezuela aseguraba a Cuba el suministro de petróleo en términos preferenciales, y Cuba pagando eso parcialmente con la provisión de servicios en educación y cuidado de la salud. Los dos paí­ses también identificaron una serie de áreas donde podrí­an establecer empresas conjuntas.

El estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex) de Venezuela, definió Alba, a principios de 2005, como una extensión de comercio internacional de los principios bolivarianos prevalecientes en Venezuela.

Destacaba la oposición de Venezuela a "los procesos de liberalización, desregulación y privatización que limitaban la capacidad del estado y del gobierno para diseñar y ejecutar polí­ticas en defensa del derecho de nuestro pueblo de acceder a servicios esenciales de buena calidad y a buenos precios", el principio que "los servicios públicos son para satisfacer las necesidades del pueblo, no para el comercio y ganancia económica [y] por tanto no pueden ser gobernados por el criterio de ganancias sino por el interés social", y el compromiso de corregir las llamadas asimetrí­as entre los socios de Alba, para lo cual propuso la creación de fondos de compensación de convergencia estructural.

Venezuela presentó algunas de sus iniciativas "petrodiplomáticas" como el esquema Petrocaribe, para proveer combustible bajo términos preferenciales a los paí­ses caribeños, la alianza propuesta, Petrosur, de empresas petroleras estatales, y el Gasoducto del Sur (un esquema de gasoductos desde Venezuela a través de Brasil hasta Argentina, con ramales a Paraguay y Uruguay), como parte de las iniciativas Alba, aunque sus socios en ellas, reales o potenciales, no firmaron como miembros de Alba. Pero como veremos, Chávez ha ayudado a montar la escena para que otros se deshagan de elementos del paquete neoliberal.

Latin America's richest man, Carlos Slim Helú, is the unlikely source for a swingeing attack on the IMF and its policies in Latin America. Slim argued, in an article commissioned by the international news magazine Newsweek, that the IMF's policies had failed.  

Slim argued that new policies, aimed at supporting economic growth should be tried. He pointed out that the policies imposed by the IMF over the past 20 years had failed to produce any growth in per capita incomes. He said that there was no evidence that the policies had done any good, and that the crucial thing was to implement policies geared towards growth and employment.  

Slim has been raising his public profile in recent years. He denies that he has presidential ambitions, and claims not to belong to any political party. He was supposed to have been close to President Carlos Salinas de Gortari (1988 to 1994), under whom his Grupo Carso gained control of the former state monopoly Teléfonos de México. He is now close to the hugely popular mayor of Mexico City, Andrés Manuel López Obrador. Slim claims that he will give money to any politician who asks for it.  

Slim denies that he has lobbied and used the government to prevent US telecoms companies from making inroads into Mexico. He says that the US companies led by AT&T and MCI/WorldCom simply made strategic errors.

President Carlos Mesa, in his final broadcast to the nation before the referendum on what to do with the country's gas reserves on 18 July, advised people to vote either 'yes' or 'no' to all five questions. He said in his TV broadcast on 11 July that voting 'yes' to some questions and 'no' to others would complicate the government's response to the referendum result. In the event Bolivia's voters backed all five of the government's proposals regarding reforms to the oil and gas sectors. As this issue went to press the Corte Nacional Electoral (CNE) had only just begun the count, but President Carlos Mesa has already claimed victory, hailing it as 'a triumph for the people'

The only question on which there was a likelihood of a considerable (32%) 'no' was on question four. Interestingly, this is the question that asks whether the government should use gas as a strategic lever to achieve viable and sovereign access to the Pacific. This means trying to get Chile to swap a corridor to the coast for gas. Bolivian radicals are particularly keen on this issue, which they used to bring down President Gonzalo Sánchez de Lozada last October. President Mesa said that if there was a 'no' to the first question, this meant that even if there was a majority 'yes' to all the subsequent questions, the overall result would be a 'no'. This would be because the government would not have the power to repeal the current hydrocarbons law: all it could do would be to modify it. 

According to an opinion poll which took the form of a trial referendum involving 1,035 people on 10 July in seven of the country's main cities, by Apoyo, Opinión y Mercado Bolivia, there was a clear majority saying 'yes' to each of the five questions. The strongest 'yes' majority (91%) is for the second question.

President Mesa used his broadcast to call for a massive turnout in the referendum. 'We have to show the toughs, the radicals and the hardliners,' Mesa told his fellow citizens in the broadcast, 'that you and I believe in democracy, peace and dialogue. And that we believe that battles should be fought with ideas, not with clubs, nor with pistols, nor with threats and warnings.'

The main groups opposed to the referendum were the principal but weak trade union, the COB; Felipe Quispe's Aymara separatist (and supremacist) movement on the Altiplano, the CSUTCB; the COR trade union movement in El Alto, the shantytown around La Paz and the Nueva Fuerza Republicana. These groups all campaigned, unsuccessfully, for abstention. 

Oil companies
The oil companies are fearful about the result of the referendum. They fear that now the government has won, their tax bills will rocket. The tax office reckons that oil companies have evaded US$200m in tax payments over the past five years thanks to the Sánchez de Lozada reforms. 

The oil companies say that this is nonsense and that the tax rates in Bolivia are comparatively high: they say that they are already paying over 35% of their revenues to the government. Currently there is a 18% royalty and a 19% corporate tax rate. The oil companies claim that this is higher than Argentina where they face taxes of 12%. Oddly, the companies claim that Alaska, with a tax rate of 12.5% is the highest taxing location in the Americas. The government disputes some of these figures, though it does agree on the Argentine figure. 

The government points out that operating costs are much lower in Bolivia than anywhere else in the Americas and that the country had one of the world's most attractive ratios of commercial discoveries-to-exploration-wells drilled. Amerada Hess reckons it costs less than US$4 a barrel to find oil in Bolivia compared with the world average of US$20 a barrel.

The five referendum questions

(1)Do you agree with the cancellation of the Hydrocarbons Law 1689, promulgated by Gonzalo Sánchez de Lozada? (2)Do you agree that the Bolivian government should retake ownership, at the well-head, of all hydrocarbons? (3)Do you agree that Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos should be re-established by the retaking of state control of the shares held by Bolivian men and women in the 'capitalised' oil companies so that YPFB can play a role right across the production chain? (4)Do you think that the government should use gas as a strategic lever to achieve viable and sovereign access to the Pacific? (5)Do you agree that Bolivia should export gas under a national framework through which gas is used to meet the national need and to support the industrialisation of the gas inside the country; that oil and gas taxes or royalties should be equivalent to 50% of the value of the gas or oil produced and that the revenues from gas exports and industrialisation should be used, principally for education, health, roads and job creation?

President Hugo Chávez is backtracking on some of his more extreme comments about the US. He said, at the end of March, that the country wanted to go on sending 1.5m bpd of crude oil to the US. Over the past 18 months Chávez has frightened US politicians with his threats to cut oil supplies to the US. Venezuela is the US fourth-biggest source of oil after Canada, Mexico and Saudi Arabia. 

What Chávez does want to change is the management of Citgo, the US refining and fuel retailing company owned by the state-owned oil company Petróleos de Venezuela (PDVSA). Chávez claims that PDVSA feels that Citgo does not provide any benefits to PDVSA and Venezuela. 

Chávez has a point: although Citgo paid PDVSA a dividend of US$400m it paid a similar amount to Uncle Sam in tax. Citgo is the biggest independent refining and retailing company in the US: it has eight refineries (with a capacity of 865,000bpd) and 14,000 petrol stations. 

The government bought a 50% share in Citgo in 1986 and bought out the remaining shareholders in 1990. Citgo is the biggest single buyer of Venezuelan crude: 60% of the oil Venezuela exports goes to the US.

Gas: PDVSA has attracted bids from 37 energy companies for the Rafael Urdaneta gas project. There are 18 offshore blocs and 11 onshore blocs in the state of Falcón. The project contains 26bn cubic feet of gas. The concessions for the first six blocs will be awarded in September 2005.

Inflation: The rate in March hit 1.2%, up from 0.2% in February according to the Banco Central de Venezuela. This brought the rate for the first quarter to 3.3% and the lagging 12-month rate to 15.8%. In the first quarter of 2004, inflation had been 6.4%. And the lagging-12 month rate to March 2004 was 23.6%. The central bank said that the pick-up in inflation in March was due to a 1.4% rise in the prices of goods and services which were not controlled by the government and a 1% rise in controlled prices. The bank said that both categories were affected by the 10.7% devaluation in the official exchange rate (from 1920 bolí­vares to the dollar to 2,150 on 3 March). The official inflation rate in 2004 was 19.7%.

The Instituto Nacional de Estadí­stica reported that industrial output grew by 11% (13.3%, excluding the volatile performance of the oil refinery) in the first 11 months of 2005 compared with the same period of 2004.

There is some evidence that industrial output is accelerating: in November non-oil refining output was up by 25% in November 2005 compared with Novenber 2004. The recovery is having an effect on unemployment; the number of people in employment is up by 6.5% in the first 11 months of 2005.

The big question is whether the recovery will stall in the face of the recovery of the peso against the dollar. Local economists argue that, probably, the recovery will continue because compared with rivals (apart from Argentina), Uruguay is still pretty competitive. There are clear signs that import substitution is taking place. This shows that domestic demand is decent and domestic industry's prices are competitive.

The three fastest-growing industrial sectors are: the food industry; the agro-chemicals industry and the motorcycle and bicycle industries. Even with these star turns, accounting for four percentage points (or almost half) of the 11% growth in industry in the first 11 months of 2005, almost three-quarters of the country's industrial sectors are expanding.

Local economists reckon that industry will continue to grow in 2006, probably by about 7% compared with 2005's 10% rate.

FTA: The statement by Uruguay's economy minister, Danilo Astori, that the country should apply for a free-trade deal with the US, outside the ambit of the Mercosur, has alarmed Mercosur officials. Carlos Alvarez, the president of the permanent commission of the Mercosur, said that the move was a wake-up call for the bloc. He refused to condemn the decision and pointed out that President Tabaré Vázquez himself had said that the best way to solve the Mercosur's problems was with a bigger and better Mercosur. Both the Uruguayan government and the US government said that no negotiations about a bilateral deal had taken place. Argentina and Brazil both said that Uruguay would have to resign from the Mercosur if it started bilateral negotiations with the US. Both Argentina and Brazil conceded that the Mercosur had yet to provide benefits to the smaller members of the bloc.

Inflation: The rate for 2005 was 4.9%. In 2004 the rate had been 10.2%

The Sandinista president-elect, Daniel Ortega, tried to reassure the business sector that there would not be an abrupt change of economic policy when he takes office. He said that he had already been in touch with the IMF, and an IMF team was due in the country in mid-November. Ortega said that he would be happy to agree a new letter of intention with the Fund.

Humberto Arburú, the IMF's representative in Managua, gave the thumbs up to Ortega's economic strategy on 20 November. He said that the Fund would be ready to meet Ortega in December to discuss his economic plans for 2007 to 2009. Ortega stressed that his main economic priority is to lower poverty. Aburú was speaking after a face-to face meeting with Ortega that was also attended by representatives from the World Bank; the IDB and the Tegucigalpa-based Banco Centroamericano de Integración Económica. The current IMF agreement with Nicaragua expires on 10 December. 

Ortega has made it clear that his vice president, Jaime Morales Carazo, a former banker, will run economic policymaking in the new government. Morales said that the only reason why some governments blamed the IMF for imposing conditions was that they themselves were too idle, or too divided, to come up with proposals of their own. He implied that the Ortega government would bring its ideas to the IMF but he accepted that these ideas would probably be modified by the IMF in discussions. 

Another key economic policymaker is likely to be Bayardo Arce, a Sandinista congressman, who said that any proposals the government made would respect democracy, human and property rights and governability.

Ortega is on record as saying that he was interested in setting a foreign investment board to which foreign investors could get proposals approved quickly or complain when they believed that the bureaucracy was trying to thwart them. Ortega admitted that without foreign investment the next government would not be able to make inroads into poverty. He said that aid was not enough. 

Businessmen in the tourism sector say that one of the first tests of the new administration will be over a law on beaches, currently before congress, that will eliminate private beaches and thus hamper beachfront developments. 

So far the financial markets have not trembled at Ortega's victory. The opinion polls had shown that it was more than likely. Luciano Astorga, the president of the Asociación de Bancos Privados, said that there had been no unusual outflows. He added that Ortgea had already had several meetings with senior financial figures and that there had been general agreement between the bankers and the Sandinista leader. Bankers were not concerned by Ortega's commitment to setting up a development bank, Astorga said.

Inflation: In October inflation was 0.45%, considerably up on September's minus 0.4%. This brought the rate for the first 10 months of the year to 6.9% and the rate for the past 12 months to 6.98%. In 2005, inflation was 9.6%.

Growth: Growth in 2006 is likely to be 3.7%, the government told the IMF at the end of November.

The central bank raised interest rates for the third time in three months in mid-September. Each time the bank has increased rates by 0.25%. Overnight lending rates now stand at 5.75%.

The central bank has become alarmed by rising inflation, especially of food prices. The inflation rate for the past 12 months hit 4.7% in August. The central bank's target is for an inflation rate of 3% in 2007. Most local economists expect the bank to raise rates to 6% before the end of the year to deal with inflation. Interest rates last hit 6% in January 2002.

The problem with using interest rates to squash inflation is that the exchange rate strengthens. Chilean exporters are howling about their margins, now that the dollar has fallen below Ch$515 to the dollar. The dollar started 2007 at Ch$540. If the US economy continues to labour, the dollar could easily dip under Ch$500 by the end of the year.

A stronger currency may be bad news for exporters but it is good for importers and domestic consumers. The strength of the peso has helped to take the edge off the increase in international oil prices. Chile imports virtually all its oil.

The central bank believes that the economy is functioning well. It argues that higher inflation is a product of easy credit conditions which are partly the result of the boom in copper prices. It noted that imports were continuing to rise strongly showing the domestic demand was strong, which would otherwise feed through into higher inflation. The central bank fears that the inflation rate may hit 5.5% by the end of the year. Independent forecasters claim that the rate could get closer to 6% before it starts to subside.

Fiscal surplus: The Cámara de Comercio de Santiago warned at the beginning of September that the government's decision to halve the fiscal surplus target to 0.5% of GDP, coupled with the government's bullish forecast for copper prices meant that public spending would increase by 11% in 2008. The government is wildly exceeding its fiscal surplus targets: this year it is likely to run a surplus of around 9% of GDP. In cash terms this is around US$15bn. The country's trade surplus is around US$25bn, thanks to the surge in copper prices which account for almost 40% of the country's export revenues.

Trade: In the first half of 2007 export revenues, at US$34.4bn, were 20% up on the same period of 2006. Imports, at US$19.8bn in the first half of 2007 were 16% up on the same period of 2006. The trade surplus jumped from US$11.5bn to US$14.5bn or 26%. Imports of capital goods rose by slightly more than the rate of increase in the overall import bill: capital goods imports were up by 17%, year-on-year, at US$4.52bn at the end of August.

Copper exports: In the year to 7 September, copper exports were up by 14% at US$25.31bn. The country's total exports in this period came to US$47.8bn.

Foreign direct investment: This jumped from US$2.4bn in the first half of 2006 to US$4.9bn.

Inflation: In August consumer prices rose by 1.1% in the month bringing the annual rate to 4.7%. The accumulated rate for the first eight months of the year is 5%, twice the 2.4% rate recorded in 2006.

President Leonel Fernández announced a package of emergency economic measures on 17 July. The economy is reeling from the effects of the rises in food and energy prices.

The heart of the plan is a 20% reduction in public spending in the second half of this year. This is a cut of about RD$20bn (US$590m). The government also said that it will increase its borrowing from Venezuela. The government also intends to shake up the electricity and agricultural sectors.

The country is already getting 50,000bpd a day of oil from Venezuela under the Petrocaribe scheme. As the oil price is well over US$100 a barrel, the country is now getting credit for 60% of its oil bill (up from 50%). In cash terms this credit is worth US$281m for the financial year. The country's oil bill, according to the government, has gone up by about US$2bn this year to around US$5bn.

The country uses about 250,000bpd of oil. It had been getting 33,000bpd from Venezuela.

Fernández said that the government will try to hold the fiscal deficit to 2% of GDP. Since Fernández took office in 2003, following a devastating banking scandal, the country's GDP has almost doubled from US$1.9bn to US$3.8bn. In the same period underemployment has fallen, from 19.3% of the workforce to 15.9%.

Inflation in the first half of the year was 7.6%, according the central bank. The monthly rate in June was 2.38%. 

The government said that it will cut back on investment by US$100m, and will also cancel 25% of its publicity budget and freeze spending on office equipment and vehicles. It also expects to spend 25% less on fuel for government cars.

The pay of senior civil servants is also being cut. People earning between RD$151,000 (US$4,422) and RD$200,000 (US$5,885) a month will receive a 5% pay cut. People earning over RD$200,000 a month face a 10% pay cut.

The lower paid civil servants (ie those getting less than RD$30,000) will get a 15% pay rise. Over 97.6% of the public sector is in this category.

Fernández was re-elected on 16 May for his second consecutive term (and third overall). He starts his third term, officially, in August.

The prospect of electricity power cuts on the island is looming again. On 16 May, ministers admitted that the government had overspent on energy. On 18 May, the party newspaper Granma warned the public to brace itself to deal with looming energy problems. Power cuts last hit the island in 2004.

That the government is even discussing the prospect of power cuts is striking. It shows that President Raúl Castro believes that there is no threat to him and his regime. It also indicates, perhaps, that the economic relationship with Venezuela on which Cuba depends may have run into problems. The Cuban government stresses that it is having to spend a lot more money on energy imports. As international oil prices are considerably lower than this time last year, the complaint suggests that Venezuela has curtailed its cheap supplies, forcing Cuba to use the spot market.

Granma's editor, Lázaro Barredo, who is also a congressional deputy, wrote on 18 May that the country was still living beyond its means and in the first four months of the year had spent beween US$12m and US$15m more than had been budgeted on electricity supplies. Most of the money has gone on an extra 40,000t of fuel oil for generators. Baredo argued that more people must make more of an effort to cut back on their energy consumption.

Barredo warned readers that the country's main trading partners, Venezuela, China and Russia, were suffering because of the world economic slowdown.
Julio Vázquez, the deputy economy and planning minister, has announced that the government will start to monitor electricity demand, province by province. He did not say what would happen to places that refused to cut back their usage. He said that demand would be analysed every day.

The prospect of power cuts also puts a questionmark against the results of the supposed “revolución energética"launched by President Fidel Castro in 2006 in which millions of lightbulbs and Soviet-era white goods were replaced by more modern and energy-efficient products. In 2007 the government announced that there was no prospect of renewed power cuts.

Wage reforms: President Raúl Castro's wage reform which is designed to link wages to efficiency and quality has still not been implemented nine months after it was announced. The weekly newspaper from the Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reported on 11 May that workers at the Unidad Básica 904 in Guáimaro, in the province of Camagüey, were unhappy to find that the government would still not confirm when the new arrangements would start. Under the previous arrangement wages were flat rate.

The government originally scheduled the change for 1 August 2008 but then postponed it to December 2008, but has yet to be implemented. The trade union newspaper, Bohemia, claims that the reason for the delay is that companies do not have systems capable of distinguishing between different groups' productivity. Despite this, some companies, the trade union says, have illegally introduced performance-linked pay.

Tourism: The government fears that the number of tourists visiting the island will fall this year. The tourism minister, Miguel Alejandro Figueras, wants the island to market itself in a new way. He implied that the industry will have done well if it maintains the number of visitors at last year's level of 2.3m. This was 9.7% up on 2007.

Venezuela oil reserves: The government announced on 18 March that its proven reserves of oil stood at 211.173bn barrels at the end of 2009. This means that Venezuela's reserves are still the second biggest in the world after Saudi Arabia. The Venezuelan government said that 39.949bn barrels were moved to the 'proven' column in December 2009. On 22 January 2010, the US Geological Survey claimed that Venezuela's Orinoco tar belt could alone hold 513bn barrels of recoverable oil. Venezuela's state oil company, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) puts Orinoco tarbet reserves at 288bn barrels. President Hugo Chávez pointed out that both surveys ignore the gas that is found with the heavy oil in the Orinoco tar belt. He claimed that there were 130 trillion cubic feet in the belt.

Venezuela and Opec: Venezuela has met 75% of the production cut imposed by the Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) at the beginning of 2009. The oil ministry claimed that the country was pumping 2.8m bpd. Independent analysts doubt that the country is producing much more than 2.4m bpd. Venezuela points out that its compliance is better than other Opec members: Venezuela claims that the average rate of compliance is 53%.

Bolivia & zinc: On 17 March the Bolivian government announced that it planned to invite tenders to build two new zinc refineries in Oruro and Potosí­. Each refinery should cost at least US$500m and take about two years to build. They should have a combined refining capacity of 100,000t a year.

The central bank raised interest rates in December by 0.25 of a percentage point, against our expectations. The bank signalled in December that it would take pre-emptive action. In was significant, therefore, that the bank chose not to raise rates any further in January.

What is clear is that economy is growing strongly. In November year-on-year economic activity (charted by the Imacec) was up 6.2%. The finance minister, Felipe Larraí­n, now expects real GDP growth to be over 6% in 2011.  The consensus for growth in 2010 is 5.2%.

Month-on-month activity was even stronger in November, up 1.3% on October. This was twice the rate of growth between October and September. In October, the year-on-year growth in the Imacec was up 4.8%. The central bank cited the retail, transport and telecom sectors as key growth drivers.

The bank's decision on interest rates was the first time since June that it had not raised rates. Most local analysts had expected another 0.25 of a percentage point increase. The bank argued that despite the surge in international commodity prices, particularly copper, which accounts for 40% of Chile's export revenues, there was little sign from domestic economic indicators such as inflation and unemployment that the economy was being blown off course. The bank signalled that it would only move on interest rates if its 2% inflation target, on a two year horizon, was threatened.

Trade: The country ran a trade surplus of US$15.1bn in 2010, on exports of US$69.6bn. Exports were up 30% on 2009, while imports were up 37%. The overall trade balance was up 8% compared with 2009. Copper exports came to US$39.3bn (47% of total exports) and were up 43% on 2009. Cellulose exports were up 21%; wine exports were up 12% and fresh fruit exports rose 9% year-on-year.

Inflation: The consensus for inflation in 2011 is 3.6%. In 2010 the rate was 3%, after consumer prices rose by just 0.1% in December. The consensus of 42 experts polled by the central bank is for a rate of 3.2% in 2012.

The jostling over the government's fiscal reform proposals has already started, even though congress does not convene until next Monday. Luis Pazos, the former deputy who is now the finance ministry's spokesman, is taking a tough line. He issued a warning that if the reform failed the government would have to resort to raising taxes by decree which could be overturned by the courts. What Pazos wants is for Vat rates to be lowered from 15% to 10%, and for Vat to be extended to food and medicine.

The interior minister, Santiago Creel, who handles the government's relations with congress, hopes that a package (covering tax, labour reforms and energy reforms) can be agreed this year, but this seems wildly optimistic. Manlio Fabio Beltrones, who leads a chunk of the biggest party in the lower chamber, the Partido Revolucionario Institucional, signalled that he would block any deal stitched together by Elba Esther Gordillo, the PRI's nominal leader in the lower chamber. He said that Gordillo could not assume that the PRI would back any deal she had made with President Fox. Gordillo is chummy with both Fox and his wife, Marta Sahagún. Beltrones said, in particular, he would not go back on the party's campaign promise that it would not impose Vat on either food or medicine. Gordillo said after her meeting with President Fox last week that some of the compromises she had made would have electoral costs.

Where the PRI is more united is on the need for the government to do something to boost employment. The party is launching its ideas, the Programa Público de Acción Inmediata para la Recuperación del Empleo, today. It is marshalling the party's top brass behind the proposal.

The head of Argentina's federal police, Roberto Giacomino, was sacked yesterday on the orders of the government. He has been accused of arranging a deal whereby the police bought goods and services at a hugely inflated price from private companies linked to his relatives.

Giacomino was applying to join Interpol when the justice minister, Gustavo Beliz, informed him of his dismissal, which had been ordered by President Néstor Kirchner himself. In May this year he is thought to have paid at least Arg$400,000 above value for IT equipment and assistance in deals with two separate companies worth Arg$2bn (US$690m). Giacomino is the first Argentine chief of police to be removed from his post for corruption. 'This decision, which should set an example, forms part of the government's total commitment to transparency of management, and its struggle against impunity and corruption,' Kirchner said yesterday.

Meanwhile, four former police chiefs were also arrested yesterday for crimes against humanity committed during Argentina's military dictatorship of 1976 to 1983. The charges relate to the so-called 'mega-trial' of the infamous Army Unit One, which was accused of carrying out many of the atrocities that took place in and around Buenos Aires under the junta.

Francisco Gil Dí­az, the finance minister, underlined how vital the budget, which has just been presented to congress, is for the country's economic development. He said that if the tax changes the government has proposed are approved, the economy will grow at more than 3.5% next year. The tax changes are, principally, harmonising Vat at 10% but extending the tax to food and medicine.

Gil claimed that leaders of the biggest party in congress, the Partido Revolucionario Institucional, had shown that they wanted to help with the government's reform. This looks to be wishful thinking. A significant element in the PRI has rejected the idea of extending Vat to food and medicine.

These Prií­stas say that they will not be bullied by the government and Gil Dí­az into nodding through the fiscal reforms. Gil Dí­az claims that if the reforms do not go through the country will be tipped back into economic chaos, with high interest rates, debt and devaluations. The Prií­stas say that this is alarmist.

Gil admitted that the country was too dependent, economically, on the US. He said that it would do its best to diversify its sources of foreign investment. Gil admitted that 75% of it came from the US and that 90% of the country's trade was with the US. He said that the government would now try to court Asian and European investors.