La oposición de Izquierda de Paraguay, Frente Guasú (FG) está acusando al gobierno liderado por el Presidente Horacio Cartes de autoritarismo, alertando a las instituciones regionales de que él está tratando de suprimir al partido. La acusación se produce después de una supuesta diatriba de Cartes dirigida al diputado del FG, Ramón Duarte, en una fiesta privada la semana pasada. Duarte derramó lágrimas mientras dirigía unas palabras ante la cámara baja del congreso el 14 de septiembre, alegando que Cartes lo había acusado de ser “un asesino y secuestrador”, y que ayuda a “encubrir al [grupo de guerrilla] Ejército del Pueblo Paraguayo [EPP]”.
Duarte fue invitado a una fiesta de cumpleaños privada del presidente de la cámara baja, Hugo Velázquez, de la gobernante Asociación Nacional Republicana- Partido Colorado (ANR-PC) junto con otros miembros de la oposición, que se celebró en la casa del Diputado Julio Javier Ríos (ANR-PC). En medio del festejo, un bilioso Cartes supuestamente ordenó que se apagara la música y se lanzó a una diatriba contra el ala disidente de su propio partido, señalando a varios senadores. Supuestamente, también acusó al FG de intentar desestabilizar a su gobierno, agregando que tenía que ‘desaparecer’ –una palabra muy emotiva en América Latina.
El FG subsecuentemente emitió una declaración enumerando los repetidos ataques del gobierno, afirmando que Cartes había hablado de la necesidad de “eliminar” a miembros del partido, incluido el miembro fundador, el ex presidente Fernando Lugo (2008-2012). Algunos diputados de la ANR-PC han salido en defensa de Cartes, aunque sus críticas contra el ala disidente del partido de gobierno habrán servido para acrecentar la tensión interna.
“La expresión lanzada por Horacio Cartes y su camarilla es una amenaza directa a la democracia, el pluralismo, la diversidad de la expresión política, los demócratas, un insulto para el público, y el más explícito signo de una profunda crisis de legitimidad”, Dice la declaración del FG. También alega que está siendo preparado “un fraude masivo” en las elecciones municipales de noviembre, con el FG “excluido sistemáticamente del proceso electoral, y la co-opción de todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia Electoral [TSJE] por el sistema bipartidista [la ANR-PC y el Partido Liberal Radical Auténtico], y de esa manera despojar de las garantías para una elección democrática y transparente”.
Ejército del Pueblo Paraguayo
No es la primera vez que el FG ha sido vinculado con el EPP, el cual Cartes ha prometido derrotar cuando asumió el poder en el 2013. El mismo Velázquez afirmó el 11 de septiembre que el FG tiene vínculos con el EPP. El EPP permanece activo, aunque la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) militar y policial la semana pasada propinó algunos golpes a la Agrupación Campesina Armada (ACA), un pequeño grupo escindido del EPP, de acuerdo con el ministerio del interior.
El 6 de septiembre la FTC arrestó a dos adolescentes, quienes se cree que son miembros de la ACA, mientras estaban circulando sobre una motocicleta en el distrito de Yby Yaú en el departamento de Concepción, en el nordeste. Aparentemente, ellos habían aparecido en videos y fotografías de supuestos miembros de la ACA.
El día siguiente, la FTC halló uniformes de la ACA y del EPP en una camioneta Toyota en Horqueta, departamento de Concepción, lo que llevo a que las autoridades concluyeran que los dos grupos se habían reunificado después de que la ACA se escindiera en septiembre del 2014 (ver abajo). El supuesto jefe de logística de la ACA y presunto propietario de la camioneta, Daniel Rivarola Areco, fue arrestado un día más tarde.
La ACA, formada por los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea, ha sido progresivamente debilitada; el primero fue muerto por la FTC el pasado enero. Se cree que ambos, la ACA y el EPP han estado reclutando nuevos miembros, aunque entre ambos se piensa que cuentan con solo 30 a 40 miembros dedicados. Varias organizaciones de derechos humanos en Paraguay han acusado a la administración Cartes de no hacer lo suficiente para evitar el reclutamiento de menores en áreas pobres del país para integrarse a la ACA. Ellos insisten en que estos menores deben ser reconocidos como víctimas, y que se deben poner en práctica programas especiales para protegerlos.