Desde las discusiones sobre regalías petroleras hasta una importante demostración de fuerza de los obstinados evangélicos conservadores decididos a mantener a su pastor al frente de la comisión de derechos humanos, el congreso de Brasil ha tenido un inusualmente vívido par de meses bajo su nuevo presidente para el periodo 2013-2014, Enrique Eduardo Alves, quien hizo una ardua campaña el año pasado para ocupar el codiciado cargo, y que ahora tiene que probar su temple. En sus sesiones ordinarias, la cámara federal de diputados es un lugar somnoliento (y con escasa asistencia); sólo tiende a sacudir su ritmo adormilado frente a algún hecho dramático. Esta semana, los diputados lucían por turnos perplejos y encantados ante la irrupción en la cámara de unos 700 indígenas adornados con ropas coloridas y plumas quienes, danzando y cantando, protestaban contra los cambios propuestos sobre cómo están demarcadas sus ancestrales tierras territoriales.
Lo indígenas llegaron el 16 de abril, cuando inmediatamente ocuparon las oficinas de la comisión legislativa sobre constitución y justicia. Ahí ellos dijeron que se quedarían hasta que Alves acepte suspender la propuesta creación de un grupo de trabajo para examinar los méritos de la enmienda constitucional (PEC) nº 215, que entre otras cosas transferiría del ejecutivo nacional y de la Fundação Nacional do Índio (Funai) al propio congreso la competencia final para demarcar los territorios indígenas. La PEC 215 fue primero puesta ante la cámara baja en el 2000, pero habiendo sido archivada por 12 años, fue resucitada el año pasado –con el apoyo de la poderosa bancada agrícola– y aprobada rápidamente por varias comisiones.
Alrededor de 300 miembros de tribus irrumpieron más tarde en el plenario de la cámara, forzando la suspensión de sus tareas, mientras algunos de ellos danzaban alrededor de la cámara y otros miraban hacia arriba asombrados ante las gigantescas pantallas electrónicas. Un jefe tribal indígena, Neguinho Truká de la tribu Truká proveniente del estado de Pernambuco en el nordeste de Brasil, dijo a los periodistas que sus compañeros estaban preparados para permanecer en la cámara “por el tiempo que fuera necesario” para asegurar que la enmienda sea devuelta a su caja y archivada de nuevo. Sonia Guajajara, otra bien conocida líder indígena (ella ocupa un sitio en el directorio nacional de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Apib), dijo que la ocupación era en nombre de aquellos Indios ancestrales que continúan guiando “la lucha por reparaciones y [por] los derechos de los pueblos indígenas”. El mismo Funai, que previamente se ha quejado de que estaba siendo socavado y negado de los recursos suficientes por el gobierno actual, dijo en una declaración que la propuesta enmineda, “en vez de contribuir a reducir los conflictos causados por la demarcación de las tierras indígenas, causará mayores tensiones en las relaciones entre individuos y los pueblos indígenas, a causa de la inseguridad judicial y la indefinición territorial a la que también dará lugar”.
El Conselho Indígenista Misionario (CIMI), vinculado con la Iglesia Católica Romana, fue más allá, diciendo que repudiaba la enmienda y advirtiendo que la misma “ataca de una forma vil y cobarde los derechos que los pueblos indígenas ganaron al costo de mucha sangre”. La propuesta “sirve a los intereses privados de una minoría históricamente privilegiada de terratenientes”, agrega.
Alves cedió, y acordó suspender el grupo de trabajo y en cambio establecer un grupo de diálogo, compuesto de igual número de representantes indígenas, diputados actuando en su nombre, y de diputados que están a favor de la PEC 215. El diputado Padre Tom del gobernante Partido dos Trabalhadores (PT), quien fue el enlace entre Alves y los líderes indígenas, dijo que el grupo discutiría “todas las cuestiones” de relevancia para las tribus indígenas.
Las tensiones entre los indígenas y el gran sector agrícola de Brasil no siempre producen titulares en tal colorido estilo, pero en el fondo, ellas continúan bullendo. Tal como informamos a inicios de abril [IL-13-13], el juicio ahora en marcha de tres hombres acusados del asesinato de dos activistas rurales en Pará destaca el hecho de que la violencia en áreas rurales se ha estado incrementando, y que la reacción del gobierno y la justicia, han sido ambas dolorosamente lentas y, de acuerdo con activistas de derechos humanos, inadecuada, orillando en la indiferencia.
A principios de abril las autoridades del estado en Goiania (en el estado agrícola de Goias, a unos 200kms al sur de Brasília) admitieron que ellos estaban investigando la posibilidad de la existencia de un “grupo de exterminación” después del asesinato de 27 indígenas sin techo, incluyendo un niño, en el estado, en los ocho meses previos. Los brasileros quedaron consternados con las imágenes en la TV de algunos de estos incidentes, tal como fueron grabados por cámaras de seguridad. En uno de ellos, dos indígenas, incluyendo un niño de 11 años, fueron golpeados hasta la muerte en Goiania; en otro, un indígena que dormía en la calle fue muerto de dos disparos al pasar realizados por un motociclista. La ministra federal de derechos humanos, María do Rosário Nunes, dijo que los crímenes no terminarán impunes. Ella designó a Biel Rocha, el secretario nacional para la promoción y defensa de los derechos humanos, para que encabece los esfuerzos para atrapar a los asesinos. “Hay un movimiento de exterminación contra la gente en las calles”, declaró Rocha.
Se acelera la deforestación
Las últimas cifras de la deforestación, difundidas durante la Semana Santa, pasaron sin ser notadas. Sin embargo, de acuerdo con los datos mensuales tomados del sistema satelital de respuesta rápida (Deter), la tasa de deforestación se incrementó un 26,8% en el periodo entre agosto del 2012 y febrero del 2013. Greenpeace Internacional señaló que desapareció un área de la Amazonía más grande que la superficie de la ciudad de Londres, o el equivalente a 237.000 canchas de fútbol. En números absolutos el área es de 1.695km2. Los mayores incrementos fueron en el estado de Maranhão (subiendo un 121%), seguido de Tocantins (110%), sin embargo, Mato Grosso permanece en general como el peor infractor, perdiendo 734km2 en el periodo.
Una declaración oficial de Greenpeace expresa que “La aprobación por la Presidenta Dilma Rousseff de un nuevo Código Forestal [en el 2012], una ley que provee la amnistía por delitos cometidos después del 2008 en la Amazonía y reduce grandes áreas de tierras protegidas, allanó el camino para el incremento de la deforestación. La presidenta también debilitó estructuralmente las agencias del gobierno como Ibama, la agencia medioambiental federal”. Greenpeace está pidiendo a Rousseff que apoye una ley de Deforestación Cero en Brasil. Una iniciativa ciudadana para tal ley ya ha sido firmada por 800.000 brasileros, de acuerdo con Greenpeace.
El BCB cede ante lo inevitable y eleva el Selic
El 18 de abril, el comité de política monetaria (Copom) del banco central de Brasil (BCB) votó 6 a 2 para incrementar la tasa de interés de referencia Selic unos 25 puntos básicos, a 7,5%, citando la necesidad de abordar el “alto nivel de la inflación” y la “resistencia” de la inflación. Sin embargo, el banco moderó esto diciendo que las internas y “principalmente las incertidumbres externas” requerían que la “política monetaria sean administradas con cautela”.
Considerando los aún frágiles escenarios interno y externo, la mayor parte de los analistas esperaban que el Copom levante el Selic unos 150 puntos básicos a lo sumo, en etapas incrementales durante los próximos meses. En la última (15 de abril) encuesta de economistas privados del BCB, el consenso para la tasa Selic de fin de año se mantuvo constante en 8,5% para este año y el siguiente, con un crecimiento real del PIB del 3,0% y una inflación del 5,7% en el 2013, y un crecimiento del 3,5%, y la misma inflación en el 2014.
Políticamente, el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff preferiría ver crecer el Selic ahora, más que cuando se acerque la elección general del 2014, permitiendo que la inflación se estabilice y el sentimiento del consumidor permanezca constante. El gobierno parece comprometido a conducir una política fiscal floja, en apoyo del crecimiento (y la reelección de Rousseff), que en el largo plazo mantiene arriba la inflación. Alexandre Tombini, el presidente del BCB, estaba entre los seis miembros del comité que votaron por el incremento.
- Inundación de inmigrantes
El gobierno del estado de Acre con fronteras con Perú y Bolivia en la remota región norte de la Amazonía, declaró el estado de emergencia social el 9 de abril, en dos pueblos en la frontera con Bolivia –Brasiléia y Epitaciolândia– debido a la ola de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera hacia Brasil, y pidió asistencia federal para hacer frente al flujo, así como también una “clara política de inmigración”. Según el secretario de estado para derechos humanos, Nilson Mourão, unos 1.600 inmigrantes ya han llegado al área este año. La mayoría son haitianos, pero también hay dominicanos, senegaleses, nigerianos, y de Bangladesh. Mourão dijo que el flujo había causado “una seria situación humanitaria y sanitaria” en los dos pequeños pueblos. Se estima que unos 5.000 haitianos han llegado a Acre desde el 2010, muchos de ellos traficados por ‘coyotes’ a través de Ecuador, Perú, y Bolivia.
- Reforma del Consejo de Seguridad
El canciller de Brasil, Antonio Patriota, insistió el 17 de abril en Nueva York ante Susan Rice, la representante permanente de EU ante la ONU, que la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC) era “urgente” y no podría esperar. “Nosotros creemos que la discusión […] debería ser tratada con urgencia”, insistió Patriota, agregando que la misma “no era una cuestión académica” sino “una materia vital para la gobernanza internacional”. Rice, a su vez, dijo que el gobierno de EU está de acuerdo en que el UNSC debía adaptarse a “la realidad del Siglo 21” y de que el gobierno apoyaría “una modesta expansión” del número de miembros permanentes y no permanentes. Sin embargo, ella dijo que a cualquier nuevo miembro no se le concedería el poder de veto. La alta prioridad en política exterior de Brasil es por un sitio permanente en un reformado UNSC, que actualmente está compuesto de cinco miembros permanentes y 10 miembros rotativos.
