CHILE: Políticos envueltos en escándalo de financiamiento de campaña
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha enfáticamente rechazado cualquier financiamiento ilegal de su campaña de reelección en el 2013. Los comentarios públicos de Bachelet, la semana pasada, siguieron a varios días de acusaciones de políticos, sobre todo de la Derecha, avergonzados por los escandalosos alegatos de contribuciones de campaña ilegales realizadas por el banco de inversión, Penta. La administración de Bachelet está prometiendo una nueva ley para volver más transparentes los financiamientos de las campañas electorales. Mientras el congreso y el poder judicial lanzaron investigaciones paralelas y superpuestas, el episodio sólo ha reforzado la percepción del público de que los políticos son poco fiables, mentirosos y que actúan en su propio interés.
El ‘Pentagate’, como ha sido rápidamente bautizado, se materializó a fines de septiembre, cuando la recientemente creada Fiscalía de Alta Complejidad [IL-14-39] comenzó a investigar a Penta por evasión fiscal. Un ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, quien está peleando un caso por despido ilegal, reveló que el grupo bancario había financiado campañas electorales, especialmente de políticos de la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI), pero también del ex ministro de finanzas de Bachelet, Andrés Velasco (2006-2010), quien compitió como independiente en las últimas elecciones. Supuestamente, Penta financió estas campañas con dinero de transacciones de empresas fantasmas para lo cual presentó facturas falsas a fin de reducir sus ingresos imponibles y así evadir la ley electoral sobre financiación de campañas.
La agencia fiscal de Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII), presentó un pedido legal para investigar el supuesto financiamiento irregular de campañas electorales por parte de Penta, el 8 de octubre. La cámara baja del congreso acordó formar un comité investigador para el caso Penta, y otro para estudiar el sistema de financiamiento de campañas políticas por completo. Entonces, el 31 de octubre, el Partido Socialista (PS), parte de la coalición gobernante Nueva Mayoría, presentó cargos de soborno agravado y falta de probidad administrativa ante una corte en Santiago contra funcionarios públicos implicados en el ‘Pentagate’ (ver abajo).
La UDI inmediatamente acusó al gobierno de buscar influir, a través del PS de Bachelet, los procedimientos legales; políticos de otros partidos de la Nueva Mayoría también expresaron su malestar, alegando que la investigación judicial debía seguir su curso sin ninguna participación política. La UDI, bajo presión después de los comentarios de Bravo, exigió que varios ministros del gabinete, quienes participaron en la campaña de Bachelet aparezcan ante el comité investigador del congreso para enfrentar preguntas acerca de las fuentes de financiamiento, incluyendo al jefe del gabinete, Rodrigo Peñailillo; la ministra del trabajo, Javiera Blanco; el vocero del gobierno, Álvaro Elizalde; y el ministro de finanzas, Alberto Arenas.
Bachelet rechazó la ofensiva de la UDI, afirmando que su gobierno “no interviene de ninguna manera [en la investigación judicial] por cualquier objetivo político”, y que la oficina del fiscal público tendría autonomía total. Ella también insistió que “Todas las contribuciones a mi campaña fueron aprobadas por Servel [las autoridad electoral]”, agregando que “no les puedo decir quien me dio contribuciones anónimas porque no lo sé, pero en mi campaña no hubo ni un solo peso ilegal”.
El mismo hecho de que las compañías privadas pueden hacer contribuciones anónimas en Chile, sin embargo, plantea preocupaciones acerca de la transparencia y es probable que sea abordado. Elizalde ha prometido enviar al congreso en los próximos días una ley “que regule más estrictamente no sólo las campañas, sino también toda la actividad política”. La secretaria general de la presidencia, Ximena Rincón, dijo el 18 de octubre en una entrevista con el diario nacional, El Mercurio, que volver ilegal las contribuciones anónimas sería uno de los principales aspectos del proyecto de ley enviado al congreso. De una manera nada ingenua, Rincón negó que el planeado proyecto de ley tuviera alguna relación con el caso Penta.
- Opinión dividida
El presidente del Partido Socialista (PS), el diputado Osvaldo Andrade, justificó la presentación de una querella en el caso Penta, sobre la base de que “instituciones serias” (léase congreso) deben involucrarse en el proceso legal en vez de quedar “mirando desde lejos”. Pero el líder del bloque del senado del más centrista miembro de la Nueva Mayoría, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Pizarro, cuestionó el sentido de la querella, alegando que manteniendo las investigaciones judicial y política separadas por entero confería una mayor credibilidad a todo el proceso. El hecho de que la Nueva Mayoría no se ha unido para explotar el desconcierto de la UDI, sugiere que podría haber alguna inquietud acerca del financiamiento de campaña dentro de la coalición gobernante, especialmente sabiendo que Andrés Velasco, el ex ministro de finanzas de la Presidenta Bachelet (quien en realidad compitió como independiente) también ha sido involucrado en el escándalo.

