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Oil: As a result of the continuing crisis in North-African and Middle Eastern oil producing countries and the subsequent increase in the price of oil, the Colombian government had authorised an increase of COL$210 (US$0.11) per litre of oil at the pump. The increase went into effect on 1 March and is intended to address (partially) the current deficit of COL$270bn (US$141.41m) in the fund for the stabilisation of oil prices (FEPC), which, amongst others, was caused by the destruction wreaked by the intense winter.

Inflation: According to Colombia's national statistics institute (Dane), the index of consumer price inflation in February was 0.60%, 0.23% lower than in the same period of 2010 (0.83%). Education (4.17%), food (0.66%) and healthcare (0.60%) registered the highest increases. Year-on-year, inflation was 3.17%. The monthly results surprised private consultants who, according to a recent poll by the central bank, on average expected inflation of 0.97% in February (with a base of 0.58% and a ceiling of 1.17%).

BRASIL | Crece la confianza empresarial. Luego de decaer entre enero y julio (de 58,9% a 51,9%), el í­ndice CNI de confianza empresarial subió a 55,7% en octubre. El CNI dice que una lectura superior a 50%, refleja confianza en las condiciones favorables en los próximos seis meses y en una recuperación gradual de la economí­a. El í­ndice de expectativas del CNI, que muestra lo que se espera para más adelante, subió de 59,3% a 61,9%.

El presidente del banco central, Henrique Meirelles dice que la economí­a vive un 'momento extremadamente positivo' en el cual también recuperó la confianza de mercados financieros, como lo ilustró la adquisición de la semana pasada de una emisión de bonos públicos de la deuda por US$1,5bn (planeada para alcanzar sólo US$1bn, pero se incrementó cuando la demanda llegó a US$7bn).

ARGENTINA | Decae la reactivación. La actividad industrial en setiembre fue 1,4% menor que en agosto, un preocupante giro, luego de haber alcanzado un incremento de más de 16% durante el año pasado. Un sondeo del instituto nacional de estadí­sticas, Indec, muestra que 55,1% de los industriales no esperan cambios en el cuarto trimestre, y 42,9% que espera una mejorí­a.

El í­ndice de toda la actividad económica para agosto mostró un insignificante aumento de 0,1% durante julio, que lo dejó 8% por encima de igual periodo del último año. Mirado con optimismo, el í­ndice de agosto virtualmente vuelve a igual nivel que agosto de 2001, cuando se inició la contracción de la economí­a.

PARAGUAY | ¿Futuro en diamantes? La firma belga-canadiense, Rex Diamond Mining Corporation planea comenzar el desarrollo comercial de yacimientos que luego de 18 meses de prospección produjo 10 diamantes de entre 0,7 y 1 milí­metro, y 600 minerales que indican la presencia de diamantes. La firma ha estado realizando prospecciones en los departamentos en el este y el centro, de Caaguazú y Guairá, y Alto Paraná, en la frontera este con Brasil. La autorización ahora depende de la evaluación del impacto sobre el medio ambiente y de una ley del congreso.

URUGUAY | Predicen recuperación para 2004. La economí­a uruguaya registrará virtualmente cero crecimiento este año, pero se expandirá en 5% en 2004, de acuerdo a proyecciones producidas por la escuela de economí­a de la universidad nacional. En realidad, las cifras muestran un alza comenzando en el último trimestre y que seguirá en 2004 cuando, por otro lado, el estudio sugiere que habrá un 'modesto' crecimiento, concentrándose principalmente en la primera mitad del año. Se espera que las exportaciones se expandan en 13% el año próximo, llevadas por la recuperación económica en paí­ses vecinos.

Tomó más de una semana de negociaciones, pero el fin de semana pasado, la gobernante Gran Alianza Nacional (Gana) concretó un pacto de 'gobernabilidad' con Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro-izquierda y con el conservador Partido de Avanzada Nacional (PAN). Junto con esto, Berger se comprometió a apoyar a la comisión internacional que debe investigar a los 'grupos clandestinos' que operan en Guatemala.

El pacto de 'gobernabilidad', pensado para durar dos años, dará a Berger una mayorí­a de trabajo confortable de 96 bancas en la cámara única del congreso de 158 bancas. El acuerdo estipula que las prioridades legislativas serán:

• Promoción de la unidad nacional.
  
•  Transparentar el gasto público y mantenerlo austero.
  
• Ajustar el presupuesto nacional.
  
• Instituir un 'pacto fiscal'.
  
• Reforma polí­tica y electoral.
  
•  Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Estos son lo suficientemente vagos como para asegurar la aquiescencia de dos fuerzas tan disí­miles como UNE y Gana, y su contenido detallado llevará algún tiempo para ser retocado. El pacto de 'gobernabilidad' es frágil: sólo un par de dí­as después de firmado, Alvaro Colom, de UNE, decí­a que su bloque retendrí­a su independencia en el congreso, y que no aceptarí­a una posición de liderazgo en el congreso. La fuerza impulsora detrás del pacto es la determinación compartida de mantener a raya al saliente Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Berger trató de apaciguar los temores que él podí­a rebajar los derechos humanos, designando a Frank La Rue, el conocido activista que dirige el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), para encabezar la comisión presidencial de derechos humanos, y avalando la firma, el 7 de enero, del acuerdo con la ONU de establecer la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs).

Completando el equipo
El 7 de enero, el Presidente electo Oscar Berger completó la designación de su gabinete. Lo que sigue completa (y en un para de casos corrige) la lista que anticipamos la semana pasada [IL-04-01].

•  Defensa: General César Augusto Méndez.
  
•  Comisión nacional de seguridad: General Otto Pérez.
  
•  Interior: Arturo Soto, abogado, ex juez de la corte suprema de justicia.
  
•  Secretario de paz: Ví­ctor Montejo, antropólogo, especializado en culturas indí­genas.
  
•  Finanzas: Antonieta Bonilla, economista, anteriormente en el FMI y el BID.
  
•  Planeamiento económico: Hugo Beteta, economista, ex ejecutivo de varias firmas transnacionales.
  
• Energí­a y minas: Roberto González, industrial.
  
•  Cultura y deportes: Manuel Salazar Tetzagüic, lí­der indí­gena.
  
•  Secretario ejecutivo de la presidencia: Eduardo González, banquero, gerente de la campaña.
  
•  Secretarí­a de comunicaciones: Rosa Marí­a de Frade, empresaria.
  
•  Comisionado presidencial para la reforma del estado: Mario Fuentes, abogado y editorialista.
  
•  Comisión presidencial de derechos humanos: Frank La Rue, activista.
  

TRINIDAD Y TOBAGO | Observando el préstamo regional. El banco central controla a los bancos comerciales locales para asegurar que no ponen en riesgo el sistema por hacer préstamos de alto riesgo a gobiernos caribeños. Lo confirmó la semana pasado el vice-ministro de finanzas Conrad Enill, cuando el economista Dhanyshar Mahabir advirtió sobre una práctica que ha estado creciendo en los últimos tres años. Desde fin del año pasado, por ejemplo, el gobierno de Jamaica ha obtenido unos US$110m a través de bancos de Trinidad.

GUATEMALA | Crecen giros de dinero. En los primeros dos meses del año, las remesas de guatemaltecos residentes en EU llegaron a US$378,4m, o 22,3% más que en igual periodo del año pasado. A ese tasa, el total del año puede llegar a unos US$2,3bn, comparado con US$2,1bn del año último.

Se estima que viven unos 1,2m de guatemaltecos en EU, de los cuales cerca del 60% se calcula que son inmigrantes ilegales.

JAMAICA | Expatriados como inversionistas potenciales. El gobierno apunta a jamaiquinos residentes en el exterior como fuente de fondos de inversión, de acuerdo con el senador Delano Franklyn, ministro de estado en la cancillerí­a. La diáspora jamaiquina se calcula que cuenta con alrededor de US$40bn.

Las remesas de dinero de jamaiquinos expatriados se ha incrementado en más de diez veces desde mediados de los '90, a US$1,3bn el año pasado.

CUBA | Crece el sector no-estatal. Los datos del ministerio de trabajo y seguridad social muestran que unos 900.000, o casi 20% de la población, en la actualidad trabajan en cooperativas o son trabajadores autónomos. La tasa oficial de desempleo es de 2,3%.

PANORAMA DE CRECIMIENTO | Elevan las expectativas. El Presidente Vicente Fox predijo la semana pasada que la economí­a se expandirí­a en 4,5% a 5% en el segundo trimestre de este año. El crecimiento del primer trimestre, que superó las expectativas, fue 3,7% y, fortalecido por ese hecho, el gobierno elevó su pronóstico para el año, de 3,1% a 4%.
Aunque Fox claramente trata de elevar la situación económica en un año electoral, otros concuerdan con él en elevar las expectativas. La visión de consenso de los 30 y tantos economistas privados sondeados regularmente por el banco central, es que la economí­a se expandirí­a este año en 3,9% (su pronóstico previo fe 3,75%) Y esperan que el crecimiento del segundo trimestre sea 3,9%.
También elevaron su pronóstico de crecimiento para el año próximo, de 3,7% a 3,8%. Ellos calculan que el flujo de inversión extranjera directa puede llegar a US$15,1bn este año y US$13,6bn en 2005.

PEMEX | Deuda e impuesto 'asfixian la capacidad de inversión'. La gerencia de la petrolera estatal Pemex, ha venido urgiendo al congreso para que apruebe el nuevo régimen financiero, subrayando que el actual hizo que se doblara su deuda, al equivalente a US$61bn, durante los tres años pasados. Un poco menos de ese monto surge de las obligaciones de pensión de la compañí­a. Con el actual régimen, dice el jefe financiero de la empresa Juan José Suárez, el estado se lleva 94% de las ganancias operacionales de Pemex, por tanto, queda con escasa capacidad para invertir en exploración y desarrollo. Pemex ha advertido que sus reservas se han ido limitando rápidamente y que necesita invertir con urgencia para reabastecerlas.

Pais	Fuente	Junio	Julio	Agosto	Ult 12m	Ene-Dic 2003
Argentina	Indec	0.60	0.50	0.3	4.90	3.70
Bolivia	INE	0.74	0.53	0.35	4.84	3.94
Brazil	FGV	1.29	0.91	0.69	7.18	12.53
Chile	INE	0.40	0.20	0.4	1.40	1.10
Colombia	Dane	0.60	-0.03	0.03	6.19	6.49
Costa Rica	DGEC	1.07	1.30	0.97	13.05	9.87
Ecuador	Inec	-0.31	-0.61	0.02	2.17	6.07
El Salvador	Min.Ec.	0.17	0.31	0.2	5.30	2.50
Guatemala	BCG	0.40	0.48	0.29	7.66	5.85
Honduras	BCH	0.60	0.60	0.3	8.60	8.10
Mexico	Bco.Mx.	0.16	0.26	0.62	4.49	3.98
Nicaragua		0.31	0.62	0.23	8.37	6.48
Paraguay	BCP	0.90	0.20	1.5	6.40	9.30
Peru	INE	0.56	0.19	-0.01	4.61	2.48
Uruguay	DGEC	0.33	1.01	1.2	10.15	10.19
Venezuela	BCV	1.90	1.40	1.3	21.80	27.10
US	DOL	0.30	_	0.1	3.30	1.60
Previous: WR-04-36

Los jefes de dos agencias de la ley que se culpan uno a otro por no evitar el reciente linchamiento de dos agentes federales -el secretario de seguridad pública de ciudad México, Marcelo Ebrard y el jefe de la Policí­a Federal Preventiva (PFP), Almirante José Luis Figueroa- fueron destituidos por el Presidente Vicente Fox la semana pasada. Fox también ordenó una revisión del ministerio de seguridad federal y todas las fuerzas policiales.

Fox hizo uso de su poder, nunca invocado antes, para designar y despedir al más alto funcionario de aplicación de la ley y al fiscal general; un poder retenido explí­citamente por el ejecutivo federal cuando se otorgó la autonomí­a a la ciudad México y gobierno electo directamente, en 1997. Fox no explicó las razones de los despidos, aunque Ebrard y otro funcionario de la ciudad lo acusaron de culpar oblicuamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador de no haber evitado los linchamientos.

El hecho que Fox también destituyó a Figueroa, sugiere algo diferente: que Fox intenta vincular la revisión de la seguridad a los linchamientos, cuando la razón real fue la vulnerabilidad de todas las agencias de aplicación de la ley, puesta a la luz por los incidentes en Cancún [IL-04-48] en el cual varios agentes federales e informantes perdieron sus vidas. Fox instruyó al ministro de seguridad pública, Ramón Martí­n Huerta para 'realizar lo más pronto posible una reestructuración profunda' de la PFP. También ordenó una revisión de la procuradurí­a general (PGR) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) e incluso las unidades del ejército que operan junto con las agencias de la ley.

Eso ha exacerbado las crí­ticas entre agencias. Un ejemplo fue la difusión de los datos de la investigación supuestamente para mostrar que el PFP ha fracasado miserablemente en su tarea. Su desempeño es comparado con el de la AFI, que tiene un tercio de los fondos y personal de la PFP. Se muestra que durante los tres años pasados la AFI desbarató 56 bandas de secuestradores, liberó a 540 ví­ctimas y logró arrestar a 352 sospechosos secuestradores -mientras que se informa que la AFP quebró sólo ocho bandas de secuestradores.

Mientras, pese a la abundancia de evidencias grabadas en video, la PGR sigue en las sombras sobre el alcance del incidente de los linchamientos. Un número de sospechosos arrestados fue liberado luego de ser interrogados. Los funcionarios dicen que el incidente fue provocado, pero no están seguros por quién.

La única evidencia que refuerza la hipótesis inicial de la conexión de las drogas fue la incautación de unas pocas dosis de cocaí­na en una casa allanada. Eso hizo que los investigadores presten más atención a la teorí­a que el Ejército Popular Revolucionario (EPR), o algún otro grupo 'subversivo', estaba involucrado. Por supuesto, la PFP sabe lo que estaban haciendo los agentes linchados, pero sus explicaciones, hasta ahora, no convencen a muchos.

La lí­nea oficial es que la PGR no descarta ninguna lí­nea de investigación -pero el fiscal regional adjunto, Gilberto Higuera, dijo la semana pasada: 'No hay duda que hubo una autorí­a intelectual [..] Probaremos que hubo personas que convocaron a la participación en este [incidente].'

Al escribir estas lí­neas, el congreso habrá comenzado a votar en detalle el proyecto de ley de 'justicia y paz' estableciendo penas 'alternativas' para los miembros de grupos armados que acuerdan desmovilizarse. Dos nubarrones penden sobre el evento: la afirmación de un prominente legislador que la ley incluye un subterfugio que permitirá a los traficantes de drogas eludir el castigo y la extradición, y un informe que los lí­deres paramilitares ya decidieron rechazarla si es aprobada en su forma presente.

Tres senadores Liberales -Rodrigo Rivera, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo- hicieron sonar la alarma sobre el subterfugio percibido durante el debate que terminó a medianoche el 9 de marzo. Afirman que una provisión en la ley permite a los combatientes ser acusados de sedición, una ofensa con una clara connotación polí­tica, lo que causa preclusión con otras ofensas como el tráfico de drogas. Según Rivera, la ley no distingue entre 'actores polí­tico-militares en el conflicto armado y traficantes de drogas disfrazados de comandantes de fuerzas irregulares, o que compran bloques de grupos ilegales para obtener el status de interlocutores polí­ticos del estado.' Si eso deja sin ser corregido, dijo que, 'podrí­amos estar en el umbral de una gigantesca operación de lavado de dinero en la historia.'

El senador Pardo también acusó al gobierno de haber abandonado la exigencia que los paramilitares liberan a los '509 rehenes sobre los cuales no sabemos nada' antes de tener derecho a cualquier beneficio.

El Presidente Alvaro Uribe y el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo han gastado gran parte del resto de la semana argumentando que la ley claramente excluye de sus beneficios a tres categorí­as u ofensas: traficantes de drogas y los culpables de enriquecimiento ilí­cito o crí­menes atroces.

Sus argumentos no convencieron al fiscal general Edgardo Maya, que dice que el aún tiene 'persistentes dudas' sobre si el gobierno no ha concluido algún acuerdo secreto con los paramilitares. El piensa que la equí­voca cláusula sobre el cargo de sedición debe ser removida del texto.

Rechazo paramilitar
Una persona que piensa que eso ya no importa, es la senadora Leonor Serrano, que pasó el fin de semana pasada consultando con lí­deres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar. Ella dice que varios de ellos ya no quieren ningún trato con el comisionado de paz Restrepo y no están dispuestos a rendirse bajo los términos de la ley ahora ante el congreso.

La principal objeción a la ley de 'paz y justicia' es que exige una inaceptable 'sumisión' con beneficios inciertos. Ellos se quejan que no pudieron aclarar sus preocupaciones con Restrepo porque él no ha visitado su zona de concentración 'por varias semanas'. Algunos también están preocupados porque, incluso si las más objetables provisiones de la ley son removidas, una vez aprobada la ley puede ser invalidada por la corte constitucional por un número de razones -comenzando con el procedimiento, que ha sido apurado mediante sesiones extraordinarias del congreso.

El senador Serrano ha estado tratando, sin éxito, de persuadir al gobierno y a las autoridades del congreso de posponer la votación, a fin de resolver los aspectos conflictivos. Como ella expresó en la red de radio Caracol: 'Es tonto comenzar a cocinar la sopa si la gente a la que le ofrecemos no la van a tomar.'

“Esta tasa [de desempleo] de 3,7% es la más baja de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia (...) y es la más baja de toda Europa, de todos los paí­ses de la Unión Europea."
Vicente Fox, presidente de EU, sobre una tasa que no toma en consideración que medio millón de mexicanos emigran anualmente a EU en búsqueda de trabajo.

“No pienso que el resultado del producto interior bruto ponga en tela de juicio la polí­tica monetaria. Al contrario, muestra lo acertada que es esa polí­tica."
Antônio Palocci, ministro de finanzas de Brasil, luego de la publicación de datos que mostraban que el crecimiento económico está por debajo de las expectativas oficiales.

“Sí­, tenemos un paí­s seguro. Totalmente."
Elí­as Antonio Saca, presidente de El Salvador, hablando luego que las cifras policiales muestran un incremento de 33,5% en los asesinatos.

ECUADOR | Producción petrolera normal. Hacia el fin de la semana pasada, la producción petrolera, que habí­a sido reducida por las acciones de protesta en dos provincias amazónicas, volvió a casi 400.000 barriles diarios, o 73% de lo normal. Las acciones de protesta redujeron la producción de la petrolera estatal Petroecuador, a virtualmente nada, y la de los 14 operadores privados a 150.000 bpd. A fines de la semana pasada, los operadores privados estaban bombeando 250.000bpd y Petroecuador, unos 150.000bpd. Normalmente, el primero bombea unos 350.000bpd y Petroecuador, 200.000bpd.

El retorno a los niveles de producción no es suficiente para que Ecuador pueda reasumir sus exportaciones de petróleo. Pero logró el compromiso de Venezuela de cubrir sus obligaciones de exportación, que pagará con futuras exportaciones.

ECUADOR | La otra crisis de energí­a. El 25 de agosto, el Presidente Alfredo Palacio decretó la emergencia nacional de electricidad, bajo la cual el ministerio de economí­a está autorizado a tomar medidas para que Petroecuador provea petróleo extra a crédito a las plantas termales de energí­a, para compensar el déficit en generación energética, un problema recurrente en Ecuador.

BOLIVIA | El gas eleva ganancias de exportación. En los primeros siete meses del año, las ganancias por exportación totalizaron US$1,44bn, o 18,3% más que en igual periodo del año pasado. El total de siete meses de este año es mayor que las ganancias de todo un año antes de 2003. El principal motor es la suba del gas, en 45,7% a US$640m (las exportaciones a Argentina subieron 119%, a Brasil, 29%). Papel importante cumplieron las exportaciones agrí­colas, subieron 43%, pese a que las ventas de soja y derivados -un pilar hasta hace poco- cayeron en 16,4%. Los productos mineros subieron 10%, las manufacturas cayeron 4%.

Confirmado como candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo lanzó una purga de miembros del partido que se le oponen abiertamente, ha comenzado con la ex secretaria general Elba Esther Gordillo, ya suspendida y que afronta la expulsión. Eso es probable que acelere la división en filas del PRI, aunque muchos miembros han recibido el mensaje y firmaron un 'pacto de unidad' el fin de semana pasado.

Gordillo fue suspendida como militante del PRI el 16 de noviembre, luego que confrontó a Madrazo en un debate radial, llamándolo mentiroso y anunciando que no apoyarí­a su candidatura. Dos dí­as después, el SNTE, el sindicato de maestros de 1m de miembros, liderado por Gordillo, también anunció que no apoyarí­a a Madrazo para presidente.

Un lí­der del PRI se burló que en la reunión del SNTE que emitió esa declaración hubo más miembros del Partido Nueva Alianza (PNA) que del PRI. De qué se burlaba no está claro: el PNA fue creado por lí­deres del SNTE como vehí­culo para Gordillo, y en esa reunión, Gordillo dijo que si el PRI la expulsaba, ella estaba dispuesta a aceptar la nominación como la candidata presidencial del PNA. Aunque no parece probable que ella pueda ganar, puede hacer mella en el apoyo a Madrazo, en momentos en que su posición en las encuestas es débil.

El 17 de noviembre, poco después de la suspensión de Gordillo, Arturo Montiel (ex abanderado de la facción anti-Madrazo, Tucom) anunció que apoyarí­a la candidatura de Madrazo. Esto parecí­a abrir la senda para algo que Madrazo y la dirección del PRI trataban de lograr sin éxito desde principios de noviembre: un 'pacto de unidad' formal entre las facciones del PRI, organizaciones afiliadas y funcionarios electos en todos los niveles del gobierno. El 20 de noviembre. El consejo polí­tico del partido presidió formalmente la firma, en León, del Acuerdo Nacional para la Unidad y el Fortalecimiento.

Este incluye una clara advertencia que los disidentes serí­an purgados. El PRI, dice el documento, siempre respetará 'la libre determinación de los ciudadanos para unirse o dejar nuestra organización.' Madrazo lo expresó de manera más explí­cita: 'Queremos lealtad total, no pequeñas dosis.' Emilio Chuayffet, lí­der del PRI en la cámara baja del congreso, proclamó: 'El PRI de hoy es el PRI de Madrazo, porque él es nuestro candidato, y cualquiera que no esté con Madrazo, evidentemente está fuera del PRI.'

El pacto y la amenaza subyacente de expulsión pueden haber calmado la disidencia, pero no la sofocó por completo. El senador Manuel Bartlett, aludiendo a los procedimientos contra Gordillo, dijo: 'Esta clase de purga no fortalecerá al PRI ni permitirá que gane la elección presidencial de 2006 [...] Nosotros incluso no hemos expulsado [al ex Presidente Carlos] Salinas.'

Enrique Jackson, lí­der del bloque del PRI en el senado, y la ex presidenta del partido, Dulce Marí­a Sauri, públicamente coincidieron en criticarla posición de 'apertura de las puertas para que se vayan los prií­stas.' Dijeron que cualquier acción contra Gordillo debe estar 'sólidamente fundada'.

A propósito: el ex Presidente Salinas (1988-94), retornó como figura pública luego de años de exilio, emitió el 19 de noviembre un llamado para poner la eficacia económica por encima de la ideologí­a, 'como ha hecho China', a fin de evitar un lúgubre futuro económico. Madrazo lo ignoró. López Obrador lo criticó por 'buscar influir en las elecciones', en colusión con aliados del PAN y el PRI.

Funcionarios del poder judicial de Perú plantean la perspectiva que quizá una docena de altos lí­deres de Sendero Luminoso (SL) pueden quedar libres el mes próximo, en tanto se acaba el tiempo dado a la corte para nuevos juicios y retenerlos en custodia. Culpan de eso a la exitosa táctica dilatoria y 'politizada' de parte de los equipos de defensa de los guerrilleros en prisión, pero otros hablan de dilación judicial.

Los nuevos juicios fueron ordenados por el tribunal constitucional, sobre la base que los senderistas no recibieron el debido proceso cuando fueron juzgados por primera vez durante el periodo de Fujimori. En 2003, el tribunal dictaminó que los acusados podí­an ser retenidos por 36 meses sin sentencias a fin de realizar los nuevos juicios. El 'mega-juicio' del 'alto comando' del SL no estuvo en marcha hasta setiembre del año pasado, y ahora el periodo de 36 meses está por expirar.

La fiscalí­a tiene dos opciones. La primera es ubicar a los acusados bajo arresto domiciliario por el tiempo que dure el juicio. La otra, buscar una extensión del periodo bajo custodia por 36 meses más. Se expresaron temores que esta última solución puede rechazada por los equipos de defensa, y dejar a Perú afrontando una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El máximo lí­der de SL, Abimael Guzmán y su pareja y lugarteniente, Elena Iparraguirre, no están entre los que podrí­an aprovechar la opción de arresto domiciliario, debido a que el año pasado fueron acusados de nuevos cargos que incluyen la masacre de 69 campesinos en los '80. Un funcionario dijo que 'al menos 10' senderistas de alto rango están entre los posibles beneficiarios.

Las noticias eran alarmantes: un respetado sondeo de opinión difundido la semana pasada mostraba que el ex presidente Daniel Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobrepasaba a Eduardo Montealegre y se convertí­a en favorito para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Un examen más detenido muestra que era una conclusión provisoria -aunque indicaba el hecho, revelado en otros sondeos recientes, que Ortega crecí­a para ubicarse muy cerca del favorito.

La encuesta, de Borge y Asociados, fue difundida el 18 de mayo. Muestra a Ortega atrayendo 28,4% de las preferencias, contra 26,5% de Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC). Luego viene el ex vicepresidente José Rizo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con 17,1%, y el ex alcalde de Managua, Herty Lewites, con 14,8%.

Incluso en un sondeo bastante estándar, esas lecturas pueden interpretarse como casi empate entre Ortega y Montealegre. Aunque ésta, se basada en sólo 304 entrevistados y tiene un margen de error declarado de 6%; no es tan sólida como el sondeo de CID-Gallup de abril, basado en 1.238 entrevistas y con un margen de error de 3%, que poní­a a Montealegre delante de Lewites, 22% a 18%, con Ortega detrás con 16%, o la encuesta de marzo de M&R (1.622 entrevistas, con un margen de error de 2,4%), que mostraba a Montealegre delante de Ortega con 27% a 23%.

'EU no avala a ninguno'
Casi tan notable como los titulares que recibieron las encuestas fue la declaración el 17 de mayo del embajador de EU, Paul Trivelli, en el sentido que EU no apoya a ningún candidato en particular. 'Nunca hemos avalado a nadie y no lo haremos,' dijo. 'Los únicos que pueden decidir quién será el presidente de este paí­s, son los propios nicaragüenses.'

Mientras que tan preciso como la ausencia de aval explí­cito, la declaración de alguna manera carecí­a de candor. Tanto Trivelli como su predecesor trabajaron duro y bastante públicamente para mostrar a los nicaragüenses cuales candidatos no disfrutan del favor de EU: antes que nadie, Daniel Ortega; luego, cualquiera que sea designado por Arnoldo Alemán. Hubo también gestos nada sutiles para indicar que dos favoritos sucesivos, Lewites y Montealegre, serí­an aceptables. En verdad, algunos analistas locales creen que los gestos pro-Lewites pueden haber sido el 'beso de la muerte' para la candidatura del ex alcalde, pues daba credibilidad a la lí­nea Sandinista que Lewites, antes uno de los suyos, se habí­a 'vendido' a EU.

El PLC trata con fuerza de desacreditar a Montealegre, acusándolo de haberse beneficiado de la cuestión de los bonos 'ilegales' emitidos para rescatar a bancos fracasados, que gira en torno a los Certificados Negociables de Inversión (Ceni), y que está siendo investigada por la oficina del contralor general, la fiscalí­a pública y la asamblea nacional.

Hay una fuerte posibilidad que la cuestión sea un bumerán para el PLC, pues los más comprometidos en el affaire Ceni aún son prominentes figuras del PLC.

En su í­ndice anual sobre corrupción, Transparencia Internacional ubica a Chile orgullosamente en la cima en América Latina, pero ahora aparecen dos escándalos de corrupción que dañan a la gobernante Concertación. La Presidenta Michelle Bachelet se acercó a la oposición proponiendo un pacto anticorrupción entre los partidos. La oposición rehusó colaborar y amenaza no aprobar el presupuesto cuando se presente al congreso esta semana.

Desde el retorno de la democracia, en 1990, todos los presupuestos en Chile han sido aprobados con apoyo interpartidario, pero hay preocupación real en el gobierno que la oposición buscará anotarse puntos polí­ticos boicoteando el presupuesto 2007 cuando vaya a la cámara baja y el senado el 14 y 15 de noviembre. NO hay riesgo que no sea aprobado, pues la Concertación disfruta de mayorí­a en ambas cámaras del congreso, pero si la oposición se abstiene, eso socavarí­a la credibilidad del gobierno.

Como anticipo del voto de esta semana, la oposición decidió abstenerse en la mayorí­a de los puntos en una reunión el 10 de noviembre del comité conjunto del presupuesto para preparar el proyecto para el congreso, y sólo fue aprobado por los representantes de la Concertación. La oposición forzó cambios para mejorar la transparencia en los gastos de programas ministeriales: el gobierno ahora deberá informar trimestralmente a los comités de finanzas del congreso sobre los recursos asignados a diferentes programas, y a ese efecto será creada una oficina legislativa del presupuesto para monitorear los gastos.

Escándalo en Chiledeportes

El principal escándalo que acosa al gobierno involucra a la agencia estatal que financia el deporte, Chiledeportes. El contralor general descubrió anomalí­as en 80% de los 77 proyectos financiados por Chiledeportes, que tuvo un presupuesto combinado de Ch$417m (US$787.000) en 2005, en una auditorí­a de mediados de octubre. Los fondos asignados a esos proyectos no se destinaron a cultivar los deportes en Chile, sino a personas ya muertas o inexistentes. Muchas de las irregularidades ocurrieron en el trimestre final de 2005, bajo la administración Lagos. La oposición acusó al gobierno de malversar fondos públicos para financiar las campañas para las elecciones en diciembre de 2005.

El Partido por la Democracia (PPD), uno de los cuatro en la Concertación, afronta otro escándalo: la financiación ilegal de la campaña en diciembre de 2005 del senador Guido Girardi, vicepresidente del PPD. Girardi emitió facturas a una compañí­a fantasma llamada Publicam para, en sus propias palabras, "hacer que los números coincidan".

Pese a este auto-confesado "error", Girardi, que ha sido suspendido del partido, afirma que las acusaciones en su contra son "una cortina de humo para tapar el problema real de corrupción en Chiledeportes [...] quizá el mayor y más serio problema de corrupción que se han visto en este paí­s." Girardi alegó que, "no es un problema especí­fico, sino una red de corrupción que está operando en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas."

Sebastián Piñera, lí­der de la opositora Renovación Nacional (RN), fue también inequí­voco. "Estoy totalmente convencido que la última elección presidencial fue un brutal y sistemático abuso de intervención gubernamental," dijo. El pide que Bachelet y Ricardo Lagos se presenten en el congreso para responder preguntas, aunque bajo la constitución, sólo los ministros pueden ser citados por el congreso.

PERU: Crecimiento. El instituto nacional de estadí­sticas, INEI, difundió la cifra oficial de crecimiento para 2006 esta semana: 8,03%. Fue aun más alta que las proyecciones oficiales y la más alta en 11 años. El crecimiento sectorial fue fuerte, el de mejor desempeño fue la construcción, creció 14,7%; la venta minorista se elevó 12,1%; los servicios, 8,3%. El ministro de economí­a y finanzas, Luis Carranza, aprovechó para hacer algo de reestructuración de la deuda, comprando de vuelta por US$3,6bn y extendiendo el vencimiento de la deuda. Carranza dijo el 17 de febrero que esperaba que Perú llegue en 2007 a 7% de crecimiento del PBI. El pronóstico del sector privado es similar. El banco central revisó su meta de inflación para 2007 en 2% cayendo de 2,5%. La inflación fue de 1,1% en 2006.

BOLIVIA: Suben las remesas, caen las IED. Un gráfico del banco central esta semana muestra que las remesas y el flujo neto de IED como porcentajes del PBI durante los últimos diez años provee una interesante visión de su importancia relativa en la economí­a boliviana. Las remesas fluctúan entre 0,5% y 0,9% del PBI entre 1997 y 2002, antes de llegar a 2,6% en 2005 y 4,7% en 2006. Las IED, por otro lado, fluctúan entre 8,5% y 12,1% entre 1997 y 2002, antes de caer abruptamente a -3% en 2005 y 2,2%, más de la mitad de ellas en el sector de la minerí­a, en 2006. Los datos de 2006 son sólo provisionales, pero es posible extrapolar de ellos que las remesas ahora son mayores que las IED (unos US$600m, comparado con US$345m), pues más bolivianos salen al exterior en busca de trabajo y menos inversionistas son atraí­dos a Bolivia desde la "nacionalización" del Presidente Evo Morales.

La controversial aprobación de Ciudad México del aborto a solicitud, hasta las 12 semanas luego de la concepción fue aceptada por la corte suprema. Lo sorprendente es que uno de los demandantes es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los comentaristas dicen que el interés de la CNDH se debe simplemente a que su presidente, José Luis Soberanes, es un acérrimo Católico. Los comentaristas liberales afirman irónicamente que sus objeciones se orientan a obtener el favor del gobierno federal. Calderón ha dicho que él está contra el aborto, aunque enfatizó que sus opiniones personales no afectarán sus acciones como presidente. Varios comentaristas se preguntan porqué Soberanes no objetó primero la liberalización del aborto en la región de Yucatán en 2000 y luego en Ciudad México en 2003 (la llamada Ley Robles) si él cree que el aborto era ilegal bajo la constitución. La última liberalización en Ciudad México fue aprobada en la asamblea de la ciudad a fines de abril de 2007.

La CNDH ha tomado la cuestión del aborto porque el Partido Acción Nacional, de Calderón, que se opone a leyes de aborto más liberales, no tiene suficiente representación en la asamblea de Ciudad México para llevar más lejos su protesta. Bajo una enmienda constitucional, en vigor desde el 14 de setiembre de 2006, las "minorí­as" que buscan defender sus derechos tienen que utilizar agencias federales para que lleven la cuestión a la corte suprema.

Lo que hace controversial el rol de Soberanes es que la comisión de derechos humanos de Ciudad México ha rehusado unánimemente apoyar la solicitud del PAN. Soberanes, como presidente de la CNDH ignoró eso y tomó el caso. Sus crí­ticos dicen que él está invirtiendo la legislación de derechos humanos, que está diseñada para apoyar los derechos de la mujer que desean el aborto. La Procuradurí­a General de la República (PGR) también arguye que el cambio de Ciudad México de la ley de aborto es inconstitucional. La PGR ha hecho 139 alegatos de inconstitucionalidad desde que asumió Calderón; el equivalente a uno cada dí­a laboral. Aún así­, la izquierda dice que ha ignorado la verdadera legislación controversial como la reforma del sistema de pensión del estado (la llamada Ley ISSSTE). La corte suprema ha aceptado los desafí­os a la reforma del aborto en Ciudad México presentados por la CNDH y la PGR.

En 2002, a la corte suprema le faltó sólo un voto para declarar inconstitucional la reforma en Yucatán. Se necesitaban ocho votos para anular la legislación pero sólo siete jueves votaron por hacerlo. Desde entonces, han cambiado a cuatro jueces de la corte. Es probable que esta vez los anti-aborto tengan suficientes votos para volcar la liberalización de Ciudad México. La cuestión será luego si los anti-aborto tratarán de frenar los abortos legales en Yucatán y bajo la Ley Robles que permiten los abortos por razones especí­ficas.

Cientos de ciudadanos argentinos cruzaron a Uruguay el 2 de setiembre para protestar contra la planta de celulosa construida cerca de la frontera. Ellos afirman que la planta contaminará el Rí­o Uruguay, que irriga las granjas argentinas y uruguayas y también a un importante sitio turí­stico. La protesta, sin embargo, favorece el caso de Uruguay con Argentina ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.

La protesta siguió a una demostración el 29 de agosto, cuando el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, inauguró las instalaciones de la planta y el mejorado puerto que utilizará la controvertida planta. Vázquez estuvo presente en la ceremonia de inauguración, pese al pedido del gobierno argentino para que no asistiera. El requerimiento fue rechazado de plano, lo que hizo que el canciller argentino diga que la posición de Vázquez "empeora las relaciones bilaterales".

Cuando Vázquez cortó la cinta inaugurando las nuevas instalaciones, un grupo de manifestantes argentinos demostraron a 200m de la costa. Habí­an cruzado el rí­o en botes, desde la ciudad argentina de Gualeguaychú. El gobierno uruguayo calificó la acción como una "provocación", pero decidió no quejarse ante el gobierno argentino para evitar una escalada en la disputa.

Las dos protestas favorecen el caso de Uruguay ante la CIJ. El gobierno de Argentina ha presentado una queja ante la CIJ afirmando que la planta viola un tratado bilateral de protección del rí­o. Los manifestantes argentinos ahora son culpables de "violar aguas territoriales de Uruguay". Previamente, Uruguay llevó un caso ante la CIJ quejándose que los manifestantes argentinos bloqueaban esporádicamente los puentes de acceso a Uruguay, en protesta contra la planta, causando severas pérdidas financieras a Uruguay, y que el gobierno argentina no hizo nada para impedir esta violación de los acuerdos de libre tránsito de los dos paí­ses. La CIJ no dio curso a la protesta de Uruguay.

Algunos miembros de la oposición uruguaya han presionado por una respuesta más firme del gobierno frente a las últimas protestas argentinas. Sin embargo, el canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, dijo que la respuesta del gobierno demuestra "su sobriedad, su respeto por la seguridad fí­sica de las personas y su derecho de expresar lo que ellos desean".

Pese al voto del congreso de cortar los lazos entre el ejecutivo los consejos de poder ciudadano (CPC), el Presidente Daniel Ortega siguió adelante con su plan original, haciendo caso omiso de las estructuras institucionales del paí­s. Una vez más, la oposición fue incapaz de unir fuerzas, enfrentar a Ortega o resistirse a su maniobra. Los grupos de la sociedad civil condenan sus acciones y advierten que si continúa abusando de los instrumentos de poder, invocarán su "derecho civil de revocar su mandato".

El 30 de noviembre, Ortega inauguró los CPC, que fueron creados por decreto el dí­a previo. Así­ como los consejos, el decreto también establece un gabinete nacional, compuesto de 272 representantes de los 15 departamentos del paí­s y dos regiones autónomas. Ortega actuará como presidente del gabinete y su esposa, Rosario Murillo, como coordinadora general. Ortega también emitió un decreto reformando el consejo nacional de planeamiento económico y social (Conpes) para "lograr mayor grado de participación en la formulación, evaluación y seguimiento de la polí­tica social en el paí­s", nombrando a Murillo secretaria ejecutiva.

Igual que la extendida crí­tica de los medios nacionales, la sociedad civil expresó inquietud por la violación de Ortega del procedimiento institucional. En un comunicado de prensa, la Coordinadora Civil (CC, formada por unos 300 grupos de la sociedad civil) advirtió que si Ortega sigue con sus polí­ticas "excluyentes" de importantes sectores sociales del paí­s, la CC invocará "su derecho civil de revocar su mandato". Aunque es una amenaza vací­a, demuestra la extensión de la oposición de los mismos sectores a los que se supone que Ortega busca darles poder con su énfasis en la "participación ciudadana". La CC dice que Conpes, junto con los consejos municipales, ya proveen un sistema de "participación ciudadana". En las crí­ticas de la CC está implí­cita su preocupación que los nuevos consejos servirán de instituciones partidarias para consolidar el poder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La acción de Ortega también sirvió para exponer las divisiones en la oposición. El diario La Prensa informa que el primer secretario y el primer vicepresidente del comité de dirección del legislativo (Wilfredo Navarro del Partido Liberal Constitucionalista y Luis Callejas de la Alianza Liberal Nicaragüense) llegaron a las manos, acusándose uno a otro de cobardí­a al rehusarse a publicar la ley aprobada por el congreso, que cortaba los lazos entre el ejecutivo y los CPC. También informó de una larga reunión entre Eduardo Montealegre, lí­der de ALN y Ortega, aparentemente sobre el presupuesto 2008. Especula que Montealegre acordó abandonar los esfuerzos por publicar la nueva ley, a cambio que Ortega use su influencia sobre el consejo supremo electoral (CSE) para que éste no lo remueva a él como lí­der legal de la ALN.

Luis Castiglioni, que perdió las elecciones primarias del gobernante Partido Colorado (PC) ante la candidata oficial, Blanca Ovelar, rehúsa poner al partido por encima de intereses personales. Al retornar de dos semanas de vacaciones en Miami afirmaba la semana pasada que no estarí­a detrás en las encuestas como Ovelar si su Movimiento Vanguardia Colorada (MVC) conducí­a al partido en la contienda. Y se ha negado a apoyar a Ovelar.

Ovelar minimiza la importancia de la decisión de Castiglioni, pero el gobierno está sacudido por la falta de unidad en el PC. El Presidente Nicanor Duarte ha hecho un abierto llamado a la unidad a fin de preservar el dominio del partido en el poder [IL-08-11]. Criticó a Castiglioni por no tener en cuenta su advertencia. El MVC incluso podrí­a unirse a la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que apoya al favorito en la carrera electoral, Fernando Lugo, que elogió la decisión de Castiglioni de no apoyar a Ovelar como "coherente". Miembros del MVC han tenido conversaciones con Lugo la semana pasada, y se especula que Castiglioni podrí­a tener lugar en un futuro gobierno de Lugo, pero un alto miembro del MVC, Tomás Bittar, se reunió con Duarte el 25 de marzo para asegurarle que aunque Castiglioni no apoya a Ovelar no harí­a campaña contra el PC.

El MVC no serí­a la primera facción disidente en unirse a la APC - una coalición de nueve partidos polí­ticos y 31 movimientos sociales. Unos 600 lí­deres locales del Partido Patria Querida, liderados por el diputado disidente Juan Manuel del Puerto, acordaron unirse a la APC esta semana. El Grupo Acción Etica de Max Narváez, disidente de Unace, de Lino Oviedo, acordó unirse a la APC a inicios de mes. Todo eso son buenas nuevas para Lugo ahora, luego, si llega al poder, tendrá problemas para satisfacer los intereses opuestos dentro de la APC.

• Lugo sigue al frente

Fernando Lugo retiene su posición en la carrera presidencial de Paraguay. De acuerdo con una encuesta difundida esta semana por una firma encuestadora de EU, North American Opinion Research, Lugo disfruta de un apoyo de 39%, bastante alejado de su adversario más cercano, Lino Oviedo, con 21,5%, y la candidata oficial, Blanca Ovelar, con 21,1%. Hubo 1.500 entrevistados para la encuesta, y los resultados, si bien muestran una marcada diferencia con otras encuestas, sobre el porcentaje de Lugo, coincide en general que está a la cabeza.