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Poniendo fin a meses de especulación y discusiones internas, Edward Seaga, el antiguo lí­der del opositor Jamaica Labour Party (JLP), anunció la semana pasada su intención de renunciar en noviembre. No lo hizo con gracia ni calladamente: su regalo de partida fue una carta en la cual él atacó ferozmente al presidente del partido Bruce Golding por su 'ineficacia' como lí­der.

La facción 'reformista' del JLP, encabezada por el vice lí­der James Robertson, ha presionado a Seaga para que anuncie la fecha de su renuncia, desde que el primer ministro PJ Patterson ha anunciado públicamente que no liderarí­a al gobernante People's National Party (PNP) en otra elección general. La próxima elección general está fijada constitucionalmente para 2007. Los 'reformistas' arguyen que la movida de Patterson ha dado al PNP una ventaja inicial en las preparaciones para la próxima gran contienda: el JLP está ansioso por poner fin a su largo periodo en la oposición, que ya dura 15 años.

Seaga confió a unos pocos 'leales' que tení­a la intención de poner la fecha en una reunión del comité ejecutivo del JLP el 27 de junio. Sin embargo, suspendió el evento repentinamente, provocando la convocatoria de una reunión del grupo parlamentario del JLP el 28 de junio, donde los legisladores exigieron que Seaga revele su calendario de salida. Los 'reformistas' incluso comenzaron a hablar de una resolución condenando a Seaga por cancelar arbitrariamente la reunión.

Al dí­a siguiente, Seaga anunció a la prensa que él habí­a informado a Golding de su intención de retirarse del liderazgo del JLP en noviembre, cuando la conferencia anual del partido. Golding, que aún no habí­a recibido la carta, fue dejado inicialmente en una posición en la cual no podí­a hacer comentarios.

Tarea de demolición
Pronto se hizo evidente porqué. La carta, filtrada a la prensa el 1 de julio, era devastadora en su ataque sobre Golding. Seaga lo culpó sin ambigüedades por la 'tendencia a la disciplina vulgar y vergonzosa descortesí­a [...] desarrollado en el partido desde inicios de año.' Le dijo a Golding: 'He tenido siempre el mayor respeto por su habilidad como persona considerada con una buena mente analí­tica, pero no debe ser una sorpresa para usted si repito una vez más, como lo hice públicamente en el pasado, que usted carece de la habilidad para liderar efectivamente [...] Mientras usted continúe ofreciendo un liderazgo ineficiente, el Partido continuará desintegrándose, sin ninguna esperanza de recuperación.'

Y agrega: 'La última instancia en la cual lideré el Partido fue en las Elecciones de Gobiernos Locales, en junio de 2003, abrumadoramente victoriosas para el JLP, y un buen punto de partida.' La pregunta en labios de sus rivales internos fue por qué, si ese era el caso, retrasó el anuncio de sus planes de retirarse por todo un año. La respuesta, claro, es que aún deseaba influir sobre su sucesión.

Por su maniobra de último momento, Seaga se ganó un cumplido con doble intención del lí­der 'reformista' Robertson: 'El es un maestro de la oportunidad y lo ha desplegado de igual manera en que maneja sus movimientos,' dijo cuando se fecha de partida se volvió de conocimiento público. 'El sabe qué es lo mejor para el partido y sabe porqué tomó esa decisión esta noche.'

El 21 de setiembre, Antonio Ledezma, se convirtió en el tercer prominente lí­der de la oposición en retirarse de la Coordinadora Democrática (CD) -justo cuando ésta anunciaba la formación de un 'comando unificado' para las elecciones estatales y municipales del 31 de octubre. No fue el último: en cuestión de dí­as fue seguido por el diputado Julio Borges, lí­der de Primero Justicia (PJ), y otra figura lí­der de la oposición, Henrique Salas Romer, y se predice que habrá más deserciones. Los desertores tienen una cosa en común: ellos desean que la oposición realice un boicot a las elecciones.

Toda la oposición considera fraudulenta la victoria del Presidente Hugo Chávez en el referéndum. La mayorí­a también cuestiona la legitimidad de las próximas elecciones (sobre la base del fracaso en cerrar a tiempo los padrones electorales, o la decisión de la autoridad electoral de usar conteo computarizado, no manual). El mayor partido de oposición, Acción Democrática (AD, social-demócrata), lidera el campo de los que sostienen que se debe competir en las elecciones. El lí­der de AD, Henry Ramos, dijo la semana pasada que el llamado a boicotear las elecciones proviene de 'quienes no tienen ni candidatos ni votos [actuando] de manera irresponsable e incluso criminal, porque la frustrar las alternativas electorales, ellos fomentan la esperanza de un resultado basado en la fuerza.'

Exceso de candidatos
Entre los que pretenden participar en las elecciones, la mayorí­a concuerda que la única chance de ganar es si presenta un candidato único para cada cargo. Aunque por ahora, cada partido ha registrado a sus propios candidatos. Ya se registraron 5.000 para competir por 23 gobernaciones estatales, la alcaldí­a de Caracas, y 337 gobiernos municipales [los venezolanos se refieren a las autoridades estatales como 'gobiernos regionales']. La oposición ahora controla nueve estados y 150 municipalidades, comparado con 14 y 187, respectivamente, controlados por el campo pro-gobierno. El cuadro real es más complejo que eso, pues en muchos casos el control fue obtenido por coaliciones que desde entonces se han separado, con sus miembros quedando en ambos lados de la división.

Ramos explica que los partidos de oposición han registrado sus candidatos propios 'con la condición que cuando llegue el momento elegiremos al mejor ubicado para garantizar la victoria, y se convertirá en candidato único.' La selección de esos candidatos únicos se piensa que se hará por consensos entre lí­deres de la oposición; si eso no puede materializarse, ellos dicen que recurrirán a una 'encuesta de opinión confiable'.

Faltando poco menos de cinco semanas, algunos temen que la selección se está dejando para muy tarde. Eduardo Fernández, lí­der de Copei (la otra mitad del duopolio polí­tico de Venezuela, que sobrevive apenas), dijo la semana pasada: 'Es tiempo de poner fin al festival de candidaturas de la oposición, muchos de los cuales no representan absolutamente nada. Mientras estamos distraí­dos por eso, los candidatos del gobierno avanzan con todo en sus campañas.'

Por ahora, todo lo que la oposición pudo hacer es designar un 'comando electoral unificado' liderado por Eduardo Lapi (gobernador de Yaracuy) y que incluye a Enrique Mendoza (gobernador de Miranda), Manuel Rosales (gobernador de Zulia), Alfredo Peña (alcalde de Caracas) y Leopoldo López (alcalde de la municipalidad de Chacao, de Caracas).

Lapi anunció que la primera tarea del comando unificado, no será organizar las candidaturas, sino 'exigir del consejo nacional electoral (CNE) que se adhiera a la ley electoral.' Especí­ficamente, lo que desean es retornar al conteo manual, para prevenir, dicen, el 'fraude' cometido en el referéndum revocatorio.

Los desertores
La organización empresarial Fedecámaras fue la primera en retirarse luego del referéndum [IL-04-33]. A principios de setiembre, un lí­der empresarial que seguí­a en la CD, Rafael Alonzo, siguió el ejemplo. Casi al mismo tiempo, Andrés Velázquez, secretario general de Causa Radical (Causa R), dijo que su partido se retiraba. El 21 de setiembre, Antonio Ledezma, lí­der de Alianza Bravo Pueblo (ABP), anunció: 'He decidido que simplemente no retornaré a la Coordinadora.' Esos tres anunciaron, por separado, que organizarán campañas para boicotear las elecciones de octubre a menos que el CNE revise los padrones electorales y 'obedezca la ley' sobre conteo manual de votos.

Ledezma abandonó AD hace dos años, para fundar ABP. Causa R existe desde hace más tiempo: en algún momento, sus victorias en elecciones estatales y municipales, basadas en un discurso izquierdista, parecí­an augurarle un futuro como el 'tercer partido', que podrí­a superar el duopolio mantenido por AD y Copei -pero no estuvo a la altura de las expectativas.

El 24 de setiembre un grupo de oposición más substancial, Primero Justicia (PJ), también se retiró de la Coordinadora. Su lí­der, Julio Borges, dijo que su intención era convertirse en 'el primer partido de alternativa de Venezuela [que] borrará la lí­nea divisoria entre chavistas y antichavistas [y construir] la unidad del paí­s, no la de unos pocos polí­ticos.' A su lado estaba el alcalde Chacao, Leopoldo López, que dos dí­as antes habí­a sido designado miembro del 'comando electoral unificado'. PJ fue fundado hace cuatro años y ahora es uno de los pocos partidos de oposición con representación en la asamblea nacional (5 de las 165 bancas). La lí­nea oficial del partido ha sido boicotear las elecciones de octubre.

El ex candidato presidencial Henrique Salas Romer, lí­der de Proyecto Venezuela ha estado diciendo que la ruptura de la Coordinadora era algo bueno 'CD es una experiencia polí­tica que debe desaparecer,' dice. 'Lo que ha estado ocurriendo continuará hasta que hallemos un camino que permita, por un lado, la coordinación de varias fuerzas polí­ticas [de la oposición], y por el otro, la posibilidad que puedan emerger independientemente nuevos liderazgos, más allá de esa coordinación.'

Agrega que la CD comenzó a equivocarse cuando, en vez de concentrarse en ser un efectivo órgano coordinador, trató de imponer una macro-camarilla donde, al lado de algunos buenos elementos, también habí­a otros que han entorpecido la elaboración de una polí­tica nacional, y que trataron de convertirse en el grupo que decidí­a sobre las designaciones para posiciones de liderazgo.'

Salas Romer está realizando una solitaria campaña para persuadir a la 'comunidad internacional' que el aval a los resultados del referéndum revocatorio de mandato, hecho por el Centro Carter fue un error, debido a 'complicidad o ingenuidad'. Hablando en Bogotá la semana pasada, él decí­a: 'Los gobiernos populistas son fáciles de vencer, en Venezuela eso es lo que ha ocurrido [en el referéndum revocatorio], y por un amplio margen. Lo que es difí­cil es vencerlos en una elección, especialmente cuando ellos controlan a la autoridad electoral, utiliza máquinas electrónicas bi-direccionales y son ayudados por intereses internacionales extranjeros que avalan los resultados contrarios a la voluntad del pueblo.'

En poco más de una semana, las fuerzas polí­ticas de la República Dominicana ha cambiado de la perspectiva de otra 'amenaza haitiana', a solicitar la movilización total de la policí­a y el ejército para proteger a los turistas de los delincuentes durante la época navideña. Aunque otra amenaza acecha a la industria turí­stica: un agudo incremento de la incidencia de la malaria.

La alarma sobre una amenaza haitiana a la seguridad, provocó el despliegue de un batallón del ejército en el área fronteriza de la provincia de Dajabón y pedidos de ayuda a la fuerza de 'estabilización' de la ONU, Minustah, como también exigencias que todos los inmigrantes haitianos ilegales sean expulsados del paí­s. Las tensiones cedieron cuando las tropas dominicanas probaron ser capaces de asegurar que el mercado binacional de Dajabón, funcione normalmente.

Aunque surgieron en otra parte, los hoteleros y otros en el negocio turí­stico advirtieron que un nuevo 'recrudecimiento' del crimen violento amenazaba poner en peligro la temporada navideña. En las dos semanas pasadas hubo al menos 30 homicidios, y dos incidentes en los que habí­a turistas involucrados: el secuestro de un bus por enmascarados que robaron dinero y valores de los viajeros, y el robo armado a dos turistas que cambiaban el neumático del auto. Los dos incidentes ocurrieron en Puerto Plata, en la costa norte.

El 7 de diciembre, el gobierno anunció que desplegaba 800 oficiales de policí­a, apoyados por 200 soldados del ejército, para proteger centros turí­sticos y escoltar buses turí­sticos. Para fin de semana, la protesta de legisladores y hoteleros elevó el despliegue: todos los oficiales de policí­a en funciones administrativas fueron sacados a las calles, y se ordenó que 'todos los recursos' de los militares sean movilizados en apoyo de ese esfuerzo.

Canadá y Puerto Rico, advirtieron a sus ciudadanos sobre el riesgo de la malaria, luego de un incremento de 31% en los casos informados (dos de ellos, turistas).

ARGENTINA | ¿Peligro de nuevo default? El ministro de justicia Horacio Rosatti sugirió la semana pasada que Argentina podrí­a entrar en default en una nueva deuda pendiente que puede llegar a US$38bn. Esto se debe a sentencias adversas de la Corte Internacional para Resolución de Disputas de Inversiones (ICSID) en casos presentados por empresas de servicios afectadas por la congelación de sus tasas impuesta en enero de 2002. Los juicios ya fueron iniciados y exigen US$18bn, y Rosatti dice que otros US$20bn están en la fila.
Argentina ha ratificado la firma de la Convención sobre Resolución de Disputas de Inversiones desde 1994, y por tanto está obligado a atenerse a sus decisiones. Sin embargo, Rosatti dice que cada decisión debe ser revisada por las cortes locales, puesto que 'no hay tratado que pueda obligar [al gobierno argentino] a violar la constitución y sus principios, como el derecho a la defensa en juicio y la revisión de las sentencias.'

BRASIL | Declinación industrial reduce pronóstico de crecimiento. En enero, la producción industrial cayó 0,5% sobre diciembre, debido en gran medida a factores estacionales, pero también por la declinación que ya habí­a anticipado por Ipea, el instituto del gobierno del instituto para la investigación de economí­a aplicada. Ipea predijo originalmente un crecimiento industrial de 5,1% para este año, cayendo de 6,2% en 2004. La semana pasada lo habí­a rebajado a 4,7%.

Como resultado de la corrección (y otras declinaciones sectoriales), Ipea también redujo su estimación de crecimiento del PBI, de 3,8% a 3,5%. Los pronósticos para los servicios fueron rebajados (de 3,7% a 2,4%) y la agricultura (de 5,3% a 4,1%). Sin embargo, la predicción para las exportaciones se elevó de 5,2% a 10,2%. Ipea indica en su informe que la economí­a ha estado emitiendo señales 'contradictorias' desde mediados del año pasado.

Lo que comenzó como escándalo de corrupción con ramificaciones polí­ticas se ha convertido en una crisis polí­tica, con otro de los socios en la coalición del Presidente Lula da Silva, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), al borde de retirarse del gobierno. El actor principal en este caso fue el lí­der del PTB, el diputado Roberto Jefferson, que fue acusado en un escándalo previo y que la semana pasada se convirtió en acusador contra el gobernante Partido dos Trabalhadores (PT).

Jefferson fue acusado de dirigir una red que arregló contratos con dos agencias donde el PTB hizo pie en el reparto de la coalición: la oficina de correos y el instituto de reaseguros. Ese es el escándalo de corrupción sobre el cual el gobierno se opuso con fuerza, aunque sin éxito, a la creación de una comisión de investigación del congreso, o CPI. El 6 de junio, Jefferson contraatacó, acusando al PT de sobornar a legisladores para asegurar que votarán con el gobierno. De acuerdo con Jefferson, el tesorero del PT, Delúbio Soares repartí­a un estipendio mensual (mensalão) de US$12.000 para conformar a los diputados. Estaba involucrado en el esquema, dijo, el presidente del PT, José Genoino, el secretario general del PT, Silvio Pereira, el ministro de la presidencia, José Dirceu y al menos cinco ministros, incluido el de finanzas, Antônio Palocci. Jefferson no ofreció pruebas que apoyen sus alegatos.

El gobierno y el PT tomaron su tiempo para responder, pero cuando lo hicieron parecí­an haber obtenido la ventaja. Se presentaron cargos contra Jefferson ante el comité de ética de la cámara baja (ante la que deberá testificar el 14 de junio) y la dirigencia del PTB le pidió que renuncie a la presidencia del PTB. Algunos de los acusados por él insinuaron que podrí­an llevarlo ante la corte por calumnia.

Luego el propio Lula entró en acción, ordenando la destitución de dos altos funcionarios de la oficina de correos y el instituto de reaseguros, y anunciando que los cargos de corrupción serí­an investigados 'hasta el último grado'. Hay una doble ironí­a en la situación: el 8 de junio, Lula tuvo que dar el discurso inaugural en el IV Foro Global sobre Lucha a la Corrupción, del que él era anfitrión en Brasí­lia. La reunión de este año tení­a el tí­tulo 'De las Palabras a los Hechos'. Los diarios del dí­a recordaban que hace sólo pocos meses atrás Lula habí­a dicho de Jefferson que 'le podí­a dar un cheque en blanco sin dudarlo'.

La situación tomó un nuevo giro el 9 de junio, cuando el lí­der del bloque del PTB en la cámara baja, José Múcio Monteiro, anunció que el bloque decidió apoyar a Jefferson; y pidieron a todos los miembros del PTB que se retiren de los cargos del gobierno. En el reparto de posiciones en el gobierno, el PTB recibió el ministerio de turismo (ocupado por Walfrido Mares Guia) y posiciones de alto rango en seis agencias del gobierno (aunque dos fueron perdidas en la purga de Lula del 7 de junio).

¿Evidencias próximas?
Aunque Jefferson insinuó en una entrevista que él no tení­a evidencia concreta que apoye sus alegatos (lo que alentó a los que esperaban que el comité de ética apoye su expulsión del congreso), una figura prominente del PT, el senador Eduardo Suplicy, advirtió que 'es difí­cil descreerlo completamente [pues] en las cortes, los testigos pueden ser muy importantes'.

Uno de esos testigos ya parece haber emergido. El 10 de junio, una legisladora opositora, Raquel Teixeira, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), dijo a un periodista de la TV que hací­a dos años le habí­an ofrecido US$12.000 por mes, más un bono de US$410.000 para apoyar al gobernante PT. Ella no identificó a la persona que hizo la oferta, pero dijo que era un legislador del PT. Agregó que sólo hablarí­a de nuevo luego de su retorno de un viaje a Parí­s (que estaba programado para el 17 de junio).

Teixeira está actualmente con permiso del congreso, actuando como secretaria para ciencia y tecnologí­a en el estado de Goiás. Los analistas señalaron con rapidez que la suma que ella mencionó, US$12.000 por mes, coincide con la cifra citada por Jefferson.

Reacciones dentro y fuera del PT
Suplicy no fue la única figura prominente del PT que defendió la posición del PT con menos que tibio entusiasmo. El ministro de ciudades, Olí­vio Dutra, resumió la situación actual diciendo: 'El gobierno está pagando el precio de mantener las malas compañí­as.'

Otros recomiendan medidas bastante drásticas para contener el daño. Marí­a del Rosario Nunes, que intenta competir por la presidencia del PT en las elecciones internas programadas para octubre, ha dicho que, lo menos que pueden hacer los que fueron implicados por Jefferson era retirarse hasta que todo se aclare. El senador del PT Tião Viana desea que todos los miembros del PT en posiciones de gobierno (con la única excepción del ministro de finanzas Palocci) que sometan sus renuncias para que Lula pueda realizar una reorganización radical de su gabinete.

Otras voces han estado sembrando dudas sobre cómo un acorralado PT pueda reaccionar. El senador Jorge Bornhausen, presidente del opositor Partido da Frente Liberal (PFL), pidió protección policial para Jefferson, diciendo que 'es un caso muy grave y son necesarias todas las precauciones'.

Tomando un llamado de la dirigencia del PT para que sus seguidores salgan a las calles a mostrar su apoyo al gobierno, el diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS), dijo que el paí­s estaba frente a 'una incipiente crisis de gobernabilidad' y que habí­a un 'riesgo que el gobierno pueda caer en la "venezolanización"', llamando al movimiento de campesinos sin tierra y otros movimientos sociales para 'defenderlo en las calles'.

Las investigaciones
El 9 de junio, el congreso creó una comisión especial de investigación, formado por 16 senadores y 16 diputados, para investigar los escándalos de corrupción en la oficina de correos y el instituto de reaseguros -no los alegatos de Jefferson contra el PT. Mientras, la policí­a federal continuó su propia investigación de esos asuntos. Poco antes de instalarse el comité del congreso, la policí­a anunció el arresto de cuatro sospechosos, uno de ellos -el capitán retirado de la policí­a militar, Mario Fortuna Neves- tiene un hijo que trabaja para el presidente de la cámara baja, Severino Cavalcanti.

También se informó el 9 de junio que una corte que investiga las irregularidades en la oficina de correos, ha puesto la mirada sobre un consorcio encabezado por un banco de EU, que el año pasado ganó, como único oferente, un contrato de US$1,7bn para desarrollar un sistema de computación para el correo.

Hubo pedidos para que la CPI investigue los alegatos de Jefferson, ya sea como investigación completamente separada o como una que sea incorporada en la que ya está investigando los dos escándalos de corrupción en los que Jefferson está acusado.

NICARAGUA | Propone petrolera conjunta con Venezuela. Daniel Ortega, lí­der Sandinista (y actual candidato presidencial) propuso la semana pasada la creación de una firma Nicaragüense-Venezolana para importar y distribuir petróleo bajo términos preferenciales, similar a los que Venezuela ya aplica con Cuba y Uruguay. Dijo que discutió el tema con el Presidente Hugo Chávez , de Venezuela, durante una visita reciente a Caracas, y que Chávez ha expresado su disposición de entrar en esa clase de acuerdo, como también invertir en depósitos e infraestructura de distribución en Nicaragua. Ortega dijo que estaba dispuesto a discutir la iniciativa con el Presidente Enrique Bolaños y que él no veí­a ninguna razón para que el gobierno lo obstruya.

JAMAICA | Acuerdo petrolero con Venezuela. El 23 de agosto, el Presidente venezolano Hugo Chávez y el primer ministro jamaiquino Percival Patterson, firmaron un acuerdo para establecer una compañí­a conjunta entre Petrojam (una subsidiaria de la petrolera estatal Petroleum Corporation of Jamaica) y PDVSA, para modernizar la vieja refinerí­a de Petrojam, de 40 años, elevando su capacidad de 35.000 a 50.000 barriles por dí­a. El costo de la modernización del proyecto Petrojam, ha sido calculado en US$200m.

REPUBLICA DOMINICANA | Distribuidores de energí­a piden más subsidio. El 23 de agosto, los tres mayores distribuidores de energí­a pidieron al gobierno que incremente en 33%, a US$466m, el subsidio a la electricidad acordado antes en el año, debido a que el costo se ha elevado debido a la suba en los precios del petróleo. Eso ocurre con el telón de fondo de varios apagones nacionales durante la semana pasada, en algunas partes de mayor duración. Las protestas contra los apagones en el norte del paí­s han causado un muerto.

El gobierno ha acordado en enero, con el FMI y el Banco Mundial, un plan diseñado para reducir el déficit de electricidad de US$650m a US$350m, pero la misión del FMI, actualmente en el paí­s, predijo que el sector seguirá afrontando pérdidas por algún tiempo.

El Presidente Fidel Castro ha lanzado una versión tropical de la célebre Revolución Cultural china, convocando a los jóvenes para erradicar la corrupción, el fraude y errores del 'periodo especial' -consecuencia de la retirada de subsidios soviéticos. Los blancos, como en ejercicios previos de 'limpieza', serán los 'parásitos sociales'. El esfuerzo incluye una amplia reducción en la limitada apertura a empresas privadas que habí­a alentado como respuesta a las dificultades del periodo especial.

Hablando en la Universidad de La Habana el 18 de noviembre, Castro dijo: 'El periodo especial creó muchas desigualdades e hizo posible que mucha gente obtenga mucho dinero [...] Vamos a poner fin a muchas de las fuentes de finanzas de los nuevos ricos.' Dejó en claro que esa reducción será extensiva, afectando incluso a los pequeños restaurantes privados llamados paladares. 'Podrí­a ser,' dijo, 'que ninguno de ellos sobreviva, porque ninguno de nosotros se ha vuelto un neoliberal.' Hay que recordar que un paso previo en esa dirección incluyó la prohibición del uso de dólares de EU en el mercado interno.

El objetivo, dijo Castro, es crear 'una sociedad enteramente nueva -no una sociedad consumista, sino una sociedad de conocimiento, de cultura.' Enfatizó que la campaña fue crucial para la supervivencia de la revolución cubana. Esta vez, señaló, la amenaza no viene de EU. 'Esta revolución podrí­a ser destruida [...] Nosotros la podemos destruir, y será nuestra culpa. O superamos el problema o moriremos. Esto es en serio, e incluye a todo el pueblo.'

MEXICO | Menor crecimiento en 2005. El ministerio de finanzas confirmó que el PBI de 2,7% en el último trimestre de 2005 llevó la tasa de crecimiento para todo el año a 3%, cayendo de 4,4% en 2004 y 0,8 puntos porcentuales debajo de la proyección del gobierno a inicios del año. El mayor impulso provino de los servicios, que se expandieron en 4,4%, las manufacturas, industrias extractivas y construcción lo hicieron en 1,6%, y la producción agrí­cola declinó en 1,5%.

El crecimiento del cuarto trimestre fue también impulsado principalmente por los servicios (subieron 3,9%), aunque la industria hizo una mayor contribución (subió 2,6%, ayudado por el 5,1% de expansión en la construcción). La agricultura en el cuarto trimestre decayó en 6,9%, en parte debido a la menor área cultivada, luego del impacto de los huracanes Stan y Wilma.

MEXICO | En 2005 decayó el desempleo. La tasa de desempleo abierto en el último trimestre de 2005 fue 3,1%; o 0,2 puntos menor que en el trimestre previo y 0,6 puntos menor que en igual periodo de 2004. La tasa del cuarto trimestre se traduce en 1,4m personas sin empleo. Otras 2,7m (6,1% de la población económicamente activa, PEA) fueron clasificadas como subempleadas por el instituto nacional de estadí­stica, Inegi.

Completando el cuadro de Inegi, otras 12,2m de personas (28,7% de la PEA) trabajaban en el sector informal, con ingresos irregulares y sin cobertura de seguridad social. Los servicios, el sector de mayor crecimiento de la economí­a, emplean a 25m de personas, comparado con 10,8m en la industria y 6,4m en la agricultura.

ARGENTINA | Leve desaceleración. La actividad económica en junio, como la mide el í­ndice EAE, que anticipa el PBI, subió 0,4% sobre mayo, llevando el nivel de la primera mitad del año a 8% por encima de igual periodo de 2005. El PBI creció 9,2% el último año, y 8,6% en el primer trimestre de 2006.

Las ganancias de exportación en el primer semestre totalizaron US$21,5bn, o 13% más que igual periodo del año pasado. La Cámara de Exportadores predijo la semana pasada que este ritmo se mantendrá en el segundo semestre, elevando las ganancias de exportación para todo 2006 a más de US$45bn, comparado con US$40bn en 2005 -el cuarto record consecutivo. El banco central ha intervenido casi diariamente para mantener la tasa de cambio cerca de Arg$3 por dólar, que ha sido el estándar desde el fin de la crisis de 2003.

La producción industrial estimada en los primeros siete meses del año fue 7,6% más alta que en enero-julio del año pasado. El sector más dinámico fue el del vehí­culo automotor, subiendo 25,9%. La producción petrolera subió 9%. La única contracción fue registrada en papel y cartón, cayendo 0,4%. En 2005, la industria se expandió 7,7% -la tercera alza consecutiva desde la crisis de 2002.

La única rama de la industria que tuvo una declinación significativa entre junio y julio fue la del hierro y acero: la producción de hierro primario cayó 10,9% y el acero en crudo en 1,8%. Esto aún deja la producción acumulada en ambos casos por encima del nivel del año pasado (10% y 5,9%, respectivamente).

Desde 2003, la economí­a argentina ha estado creciendo a tasas anuales cercanas a 9%, el más alto en América Latina. Para este año, el gobierno cautamente asume 4& de crecimiento en el presupuesto nacional, pero el consenso entre los economistas privados es que estará cerca de 8%.

BRASIL | El costo del dinero. El ministro de finanzas, Guido Mantega, anunció la semana pasada que el mes próximo se introducirá una serie de medidas para mejorar los í­ndices de solvencia y hacer que los bancos reduzcan sus márgenes. Esto incluirá un registro de buenos pagadores y un régimen de crédito para la vivienda bajo el cual la devolución será extraí­da directamente del salario del comprador. Febraban, la federación bancaria, saludó las medidas, pero advirtió que no serí­a suficiente. La federación desea que se reduzcan los requerimientos de encaje de 45% de los depósitos que deben ser retenidos por el banco central, y reducir los impuestos a la banca. Mantega se opone a ambas propuestas.

Luego de una lenta reducción, en años, del interés de referencia, ahora está en 14,75%, una de las más altas del mundo. Los márgenes agregados por los bancos promedian 28,8% para compañí­as y más de 50% para individuos. El consumidor final paga tasas de más de 100%.

BRASIL | Reacción ante amenaza al GSP. El 19 de agosto, el canciller Celso Amorim reacción ante el informe de una posibilidad que EU pueda remover de su sistema generalizado de preferencias (GSP) a un número de paí­ses en desarrollo, que incluye a Brasil, Argentina y Venezuela [IL-06-32]. Dijo que ese paso será 'ineficiente, injusto y contraproducente'.

Aunque el gobierno de EU lo ha negado, muchos creen que la revisión del GSP, que comenzó en noviembre el año pasado, se orienta a penalizar a paí­ses a los que se considera responsables del fracaso de la Ronda Doha de negociaciones de comercio multilateral. Brasil, dijo Amorim, 'no bloquea ninguna negociación en la OCM; Brasil es parte de la solución, no el problema.' Vale señalar que el año pasado las exportaciones de Brasil a EU totalizaron US$24,4bn, de los cuales sólo cerca del 15% (US$3,6bn) fueron hechas bajo el GSP.

Previo: IL-06-45

MEXICO: Desempleo. El desempleo subió en enero a 3,96%, sobre el nivel de enero de 2006, de 3,53%. Enero es siempre un mal mes para el desempleo, pues el personal de Navidad se retira. Las cifras provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), compiladas por Inegi, el instituto oficial de estadí­sticas.

Lo que es notable es que personas con mayor educación es menos probable que consigan empleos. La ENOE halló que casi 70% de las personas sin trabajo, en realidad, completaron su educación secundaria. Economistas de derecha han argumentado por años que uno de los caminos más seguros para reducir la pobreza es asegurar que la gente complete su educación superior.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) difundieron una desdeñosa respuesta, el 3 de junio, a la apertura hecha por el Presidente Alvaro Uribe, que esta semana organizó la transferencia de docenas de guerrilleros prisioneros a instalaciones de contención. Las Farc rechazaron la liberación unilateral de prisioneros, diciendo que no puede considerarse parte de un intercambio humanitario, pues no hay negociaciones de paz en marcha con el gobierno, no hizo comentarios sobre la liberación de Rodrigo Granda, el "canciller" de las Farc. El gambito Granda es una movida riesgosa calculada para ganar el apoyo internacional para la polí­tica de seguridad democrática de Uribe. El gobierno desea que Granda actúe como mediador de paz, pero él declinó el ofrecimiento.

Con el tí­tulo "La decepción", en un artí­culo publicado por la agencia colombiana de noticias Anncol, que simpatiza con las Farc, el grupo guerrillero acusa a Uribe de levantar una cortina de humo para ocultar su intención real de impedir que la justicia avance en sus investigaciones sobre los legisladores uribistas mezclados en el escándalo parapolí­tico. Expresa que la liberación de los prisioneros era pura propaganda, mientras las fuerzas armadas continúan tratando de realizar un rescate militar de los rehenes de las Farc.

El comunicado de las Farc termina con un llamado al gobierno para que muestre su compromiso con un proceso de paz desmilitarizando las municipalidades de Florida y Pradera, en la provincia de Valle del Cauca, en el sudoeste; es una antigua exigencia. Aunque es discutible si el cumplir con esa exigencia serí­a capitular ante las Farc, más que serí­a con la liberación de prisioneros, el gobierno permanece firme en que una zona de "despeje" al estilo de Pastrana está fuera de toda discusión.

En caso que las Farc no hayan dejado suficientemente claro su rechazo a la liberación de prisioneros, el 4 de junio, mientras Uribe anunciaba la liberación de Granda, las Farc secuestraron a un capitán de la policí­a de Florida, Julio Javier Solórzano. Anncol describió el secuestro de Solórzano como un reemplazo directo por John Frank Pinchao, el oficial de policí­a que recientemente escapó de las Farc, luego de ocho años en cautiverio [IL-07-20].

El gambito Granda

La decisión de liberar a Granda, el más alto miembro de las Farc en prisión, responde a un pedido personal del Presidente de Francia Nicolás Sarkozy, que parece intentar un rápido éxito de polí­tica exterior al inicio de su mandato. Al hablar Uribe con cierta vaguedad que la decisión se debí­a "razones de estado", un periódico local, notablemente El Tiempo, respondió cáusticamente que "las razones de estado" se referí­an a las del estado francés. Hablando en las oficinas de la conferencia de obispos colombianos en Bogotá, el 5 de junio, Granda se refirió a "la loable intervención del presidente francés".

Grandas es un embajador itinerante y vocero de las Farc. Fue "secuestrado" dentro de Venezuela en 2004. El gobierno desea que él desempeñe el rol que en la actualidad cumple Francisco Galán, un ex vocero y miembro del comando central (Coce) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno en La Habana. Granda rehusó aceptar la etiqueta de "mediador" confiada a él por Uribe. "Cualquier rol, por modesto que pueda ser, debe ser definido por el secretariado de las Farc," dijo.

En una declaración de nueve puntos, Granda dejó en claro que no habla por el secretariado de las Farc, y acusó a Uribe de tratar de dividir a las Farc a través de libraciones unilaterales. No está seguro si las Farc confiarí­an en Granda incluso si hubiera aceptado la posición de mediador, dada la vehemencia con la que el secretariado rechazó las liberaciones unilaterales.

El mismo Granda, mantiene pocas esperanzas de un intercambio humanitario. En cambio, reiteró la lí­nea de las Farc que debí­an desmilitarizarse Florida y Pradera. "Con eso, se podrí­a generar una dinámica que no sólo permitirá el retorno de los rehenes de las Farc a sus familiares, sino también incrementar la confianza entre los dos lados, y sentar las bases de posibles conversaciones que podrí­an conducir a un acuerdo polí­tico negociado," expresó Granda.

Respaldo internacional

Uribe obtuvo la respuesta que deseaba de Francia. El Presidente Sarkozy elogió su decisión de liberar a los prisioneros como "muy importante y valiente", en particular el de Granda. Uribe ahora espera que Sarkozy pueda obtener una declaración de apoyo a su polí­tica de seguridad democrática (PSD) de la cumbre del G8, que tiene lugar en Alemania.

Quizá Uribe espera que el apoyo internacional a su gesto conferirá credibilidad a su PSD y elevar la presión sobre las Farc para que libere a sus rehenes. Es difí­cil, sin embargo, pensar que pueda obtener más que una pequeña mención en la declaración final del G8, haciendo que la liberación de varios cientos de prisioneros luzca como un precio muy alto que pagar.

Sarkozy está en lo correcto al describir como valiente la decisión de Uribe, pero es también arriesgada y luce como improvisada. Puede impresionar a Francia pero puede que no ayude a Uribe a persuadir al congreso de EU a que apoye un TLC con Colombia o que apruebe los fondos para la segunda etapa del Plan Colombia. El gobierno colombiano ha justificado en parte su argumento para una substancial ayuda militar bajo el Plan Colombia, por la necesidad de fortalecer las fuerzas armadas para combatir a las Farc. La repentina liberación de los prisioneros de las Farc, por tanto, enví­a mensajes mezclados.

Scott McCormack, vocero del Departamento de Estado, indicó que EU, en el mejor de los casos, estaba desconcertado por el acuerdo, en una conferencia de prensa el 6 de junio. Al responder una pregunta sobre la liberación de prisioneros afirmó extrañamente: "No he oí­do es clase de conversaciones".

Reacción interna

La liberación de prisioneros permitió al gobierno alejar la agenda del escándalo parapolí­tico pero éste puede estallar de nuevo en cualquier momento, en especial si el gobierno trata de impulsar una reforma a la ley de justicia y paz antes del 20 de junio, para liberar a polí­ticos que han cooperado con los paramilitares. Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación, señaló que, al contrario de los propósitos de Uribe, la liberación de prisioneros de las Farc, y quizá de los parapolí­ticos en fecha futura, podrí­a poner en riesgo el apoyo de la comunidad internacional, que podrí­a recibir el mensaje que "existe un manto de impunidad en Colombia".

La liberación de prisioneros no ha resultado muy bien entre los partidos polí­ticos del paí­s, causando confusión y, en algunos casos, consternación. Los principales opositores, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo (PDA), al igual que Bernal, objetan la liberación sobre la base que luce más como un pacto de impunidad que como una fórmula mágica para la paz. Más preocupante para el gobierno, varios miembros de partidos uribistas, incluidas figuras importantes, como los senadores Germán Vargas Lleras y Gina Parody, expresaron su preocupación.

• ¿Es inconsistente Uribe?

Antes de la liberación de prisioneros de las Farc, el Presidente Alvaro Uribe mantení­a que un intercambio humanitario sólo serí­a posible dentro del contexto de un proceso de paz. Eso provocó en los medios acusaciones de inconsistencia. También es verdad que Uribe ha vacilado entre el rescate militar de los rehenes de las Farc y el canje de prisioneros. Aunque con frecuencia se refiere a la importante parte que la liberación de cientos de prisioneros paramilitares del IRA jugó en el proceso de paz en Irlanda del Norte, y ha liberado a miembros del ELN para tratar de hacer avanzar el proceso de paz con ese grupo de guerrillas.

El Presidente Felipe Calderón, eventualmente optó por dos escenarios para difundir su primer Informe (sobre el Estado de la Nación) el 1 y 2 de setiembre. El 1 de setiembre, él visitó el congreso por ocho minutos para entregar el Informe, que incluye datos sobre todos los aspectos de la vida mexicana. El 2 de setiembre, lanzó el tradicional discurso sobre el Informe (duró una hora y 20 minutos) ante una audiencia invitada en el palacio nacional, en el corazón de Ciudad México.

El Presidente Calderón trató de dorar el pacto que condujo al acuerdo, diciendo que reflejaba un nuevo diálogo entre el ejecutivo y la legislatura. Sin embargo, en el Informe de 2007, pese a lo que afirmó Calderón no hubo diálogo: él y sus oponentes negociaron un acuerdo en el cual ninguno se reunirí­a con el otro. Calderón parecí­a considerar el discurso, el 2 de setiembre, como el evento más importante de los dos. En su discurso, abordó la cuestión de la manera en que tuvo que entregar el Informe al congreso. Calderón argumentó que él compartí­a gran parte de las preocupaciones en el congreso sobre la manera en que los presidentes previos rehusaron el debate con la legislatura (ver al lado).

El tema primordial de Calderón, en su discurso sobre el Informe, fue la lúgubre herencia recibida, en especial la situación de la ley y el orden. Casi apocalí­ptico al argumentar que su gobierno habí­a heredado una situación casi desesperanzada. Es otra indirecta a su predecesor, Vicente Fox. "Los criminales desean, no lo debemos olvidar, secuestrar el futuro de México," Calderón dijo: "Si las leyes no salen del congreso, las bandas [de drogas] impondrán sus propias leyes [...] En esencia, ellos han desafiado al gobierno y se proponen suplantarlo."

• Trabajando con el congreso

El punto del Presidente Felipe Calderón sobre la aprobación de leyes por el congreso es una clara indicación que él siente que su predecesor, Vicente Fox, perdió seis años sin lograr que se aprobaran grandes reformas. Calderón admitió que tendrí­a que recurrir a alianzas para mejorar la democracia, reducir el delito y reducir la pobreza. "Una democracia efectiva necesita voluntad polí­tica para avanzar hacia adelante," dijo. "La democracia es un diálogo respetuoso, y concentrado sobre las diferencias [pero con] honestidad polí­tica que reconoce los objetivos compartidos."

La asamblea constituyente aprobó el 9 de diciembre la nueva constitución, en la ciudad de Oruro, un bastión tradicional de apoyo al Presidente Evo Morales. Esta vez no se desató la violencia que oscureció la aprobación del borrador preliminar el 24 de noviembre. Sin embargo, la ausencia de la oposición y sortear las normas de procedimientos, hizo que la oposición rechazara una vez más la nueva constitución, sobre la base que era "ilegal". La aprobación de la carta ocurre en medio de un creciente malestar y polarización en el paí­s, con cinco gobernadores planeando declarar autónomas sus regiones. Aún así­, Morales tiene una fuerte posición, con el ejército detrás de él y apoyado por sus pares latinoamericanos.

En lí­nea con la versión propuesta por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, la constitución aprobada por primera vez reconoce los 36 pueblos indí­genas de Bolivia. También establece la autonomí­a departamental, regional, municipal e indí­gena; una serie de derechos individuales y comunitarios; y un mayor control del estado de la economí­a. Los ejemplos de intentos por elevar la participación incluyen la provisión que los jueces de la corte suprema sean electos por el voto popular (ahora, los designa el congreso), también acordar a los sistemas indí­genas de justicia el mismo status del que disfruta actualmente el sistema de justicia no-indí­gena.

La carta ha sido criticada por la oposición que sostiene que da más poderes a Morales al permitir dos periodos consecutivos en la presidencia (no incluirí­a el actual mandato de Morales). También establece una segunda ronda en la votación presidencial en caso que ningún candidato obtenga 50% de los votos (actualmente, si eso ocurre, el presidente es elegido por el congreso).

La oposición también se queja que la nueva carta beneficiarí­a al gobernante MAS eliminando la necesidad de una mayorí­a de dos tercios en el congreso para designar en puestos clave del gobierno, como al defensor de derechos humanos, la dirección de la comisión nacional electoral (CNE) y el contralor general. La mayorí­a simple es ahora suficiente.

Manteniendo la legislatura bicameral y reduciendo el número de diputados de 130 a 121, la nueva constitución eleva el número de senadores de 27 a 36, en un intento por poner fin a la mayorí­a opositora en la cámara alta.

La oposición censura un artí­culo que expresa que aprobada la constitución en el referéndum, sólo requerirá el apoyo de dos tercios de los presentes para ser aprobada por la asamblea. Eso está diseñado para impedir que la oposición use la norma de dos tercios como un veto efectivo; su negativa a proveer quórum, que boicotea efectivamente las sesiones de la asamblea ha sido una espina constante para el partido gobernante durante el proceso para elaborar la constitución. En un claro intento para evitar futuras dificultades, la nueva constitución también permite al gobierno enjuiciar como "traidores" a cualquier individuo o grupo acusado de abogar por la división de la nación.

Un tema que permanece poco claro es el de la capital. Reconoce a Sucre como capital oficial de Bolivia y el sitio del recién establecido cuarto poder "electoral", la nueva constitución no especifica el sitio de de las otras ramas del gobierno. La omisión parece calculada para tratar de evitar el antagonismo de Sucre, puesto que el ejecutivo y la legislatura permanecerán en La Paz.

Respuesta de la oposición

Como con la aprobación del borrador preliminar, el principal partido opositor, Podemos, se ausentó de la sesión, sosteniendo que no recibió el adecuado aviso como requiere la ley. Luego rechazó la nueva constitución como "ilegal" porque fue aprobada por dos tercios de los miembros presentes y no de la asamblea en pleno como requiere la ley.

Cinco prefectos opositores, de las ricas regiones del este, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, como también Cochabamba, anunciaron que ellos declararán la autonomí­a ante el gobierno el 15 de diciembre, aunque no queda enteramente claro que involucrará eso.

Notablemente, miembros de Podemos han buscado distanciarse de su posición radical, criticando a los prefectos por no actuar constitucionalmente. El diputado de Podemos, Fernando Messmer, dijo que aunque la conducta del gobierno [al aprobar la nueva constitución] era "ilegal" y "abusiva", no estaba de acuerdo con que los prefectos operen fuera de la ley lo que, dijo, podrí­a finalmente servir para socavar su posición aún más.

La prensa dominante se ha vuelto crecientemente crí­tica de la oposición en general, por boicotear la asamblea. Un diario de centro-derecha, La Razón, acusa a los delegados de la oposición de conducirse como "niños malcriados" y de no cumplir con la tarea que el electorado les habí­a confiado.

En este creciente clima de opinión favorable, Morales recibió un estí­mulo en una reunión informal para discutir la crisis de Bolivia al margen de la asunción de la Presidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, el 10 de diciembre, donde varios presidentes latinoamericanos le ofrecieron apoyo. Es también probable que con la visita del Presidente Lula da Silva, de Brasil, el 16 de diciembre, y en la cumbre del Mercosur que seguirá a esa visita, él reciba otro estí­mulo. Incluso el Departamento de Estado de EU, que ha criticado la manera en que la nueva constitución fue elaborada, pidió que haya negociaciones.

Mientras tanto, el ejército y la policí­a permanecen firmes detrás de Morales. El 11 de diciembre, el comandante de la policí­a nacional, Miguel Vázquez, al ser preguntado directamente qué harí­a si los departamentos seguí­an adelante y afirmaban ser autónomos, replicó sin rodeos que él no permitirí­a que la ley se quiebre, "incluso si a mucha gente no le gusta".

El siguiente paso

La ausencia de la oposición en la sesión de aprobación y la consecuente ausencia de debate, significa que no tuvo una chance para exponer sus alternativas ante los votantes, en el primer referéndum sobre la nueva constitución para el cual no se ha fijado fecha. La única cuestión sobre la cual esto pasará es la reforma agraria. Un segundo referéndum nacional decidirá si aprueba la constitución final. Si es aprobada, se convocará a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

• El proyecto revocatorio de Morales

La propuesta de un referéndum revocatorio de mandatos, presentado por el Presidente Morales la semana pasada está siendo estudiado en el congreso. La cuestión central es el umbral del voto. La propuesta del gobernante Movimiento al Socialismo, es que Morales y los prefectos (cuyos cargos también serí­an puestos a votación) deben recibir la misma cantidad de votos que en 2005. Sin embargo, Podemos argumenta que deberí­a requerirse sólo más del 50% de los votos -una apuesta temeraria, dado que todos los prefectos fueron electos con menos del 50%.

El reciente secuestro de cuatro turistas belgas por un grupo de campesinos indí­genas en el este de Guatemala ha concentrado la atención en otra área exigiendo la urgente atención del Presidente Alvaro Colom: las disputas por la tierra. Aunque el gobierno ofreció dialogar con las organizaciones campesinas, las esperanzas de progreso son leves, no sólo por las inherentes contradicciones en el manejo del gobierno de la situación de los rehenes.

El 14 de marzo, cuatro belgas, el guí­a guatemalteco y un operador local fueron secuestrados por miembros de Encuentro Campesino, un grupo de campesinos indí­genas que exigí­an derechos a la tierra en la comunidad Maya Qeqchí­ de Livingston, en la provincia de Izabal, en el este.

Aunque los rehenes fueron liberados ilesos el dí­a siguiente, los secuestros han destacado la creciente tensión sobre los derechos indí­genas a la tierra, algo que ya habí­a surgido el mes pasado luego que el lí­der de Encuentro Campesino, Ramiro Choc, fue arrestado el 14 de febrero en conexión con las ocupaciones de tierra. En represalia, la comunidad Qeqchí­ tomó de rehenes a 29 agentes de la policí­a por dos dí­as, exigiendo la libertad de Choc. Al final los policí­as fueron liberados, pero bajo la condición que el gobierno negociarí­a con la comunidad y abordarí­a su demanda de tierra, aunque esas conversaciones fueron frenadas en menos de dos dí­as.

En particular en la región de Izabal, la erupción de disputas fue resultado de los intentos de compañí­as mineras y agrí­colas, y también del sector turismo para desplazar a comunidades indí­genas de tierras ricas en recursos.

En general, los conflictos sobre propiedad de la tierra han crecido marcadamente en años recientes; de acuerdo al semanario local, Inforpress Centroamericana, el número de disputas agrarias bajo el predecesor de Colom, Oscar Berger, se elevaron de 911 en 2004, a 1.052 en 2005.

Escepticismo ante promesas del gobierno

El 18 de marzo, el gobierno anunció planea para celebrar conversaciones con las organizaciones campesinas el 4 de abril para discutir las disputas de tierra. Es difí­cil ver que hubo mucho progreso, en parte porque tendrí­a que desafiar a la elite que posee la tierra, que ha gobernado Guatemala por siglos.

En verdad, Juan Tiney, del comité de coordinación nacional indí­gena y campesino (Conic), dijo al diario Prensa Libre, que el 20 de febrero Conic habí­a presentado al ejecutivo un requerimiento para abordar unos 101 conflictos, pero hasta la fecha aún no ha recibido respuesta.

Las preocupaciones sobre el manejo del gobierno de la situación surgen por los contradictorios informes sobre el proceso de negociación con los secuestradores, en el más reciente incidente que involucraba a turistas belgas. Inicialmente, el gobierno dijo que la liberación de los rehenes fue a cambio de la liberación de tres miembros de Encuentro Campesino, pero más tarde, el ministro del interior Vinicio Gómez negó eso.

El gobierno también está expuesto por la muerte de un trabajador agrí­cola local, Mario Caal, en la operación para liberar a los rehenes. Encuentro Campesino afirma que Caal pudo haber muerto como resultado del lanzamiento de una granada tirada por las fuerzas de seguridad, un cargo que el gobierno niega.

• Colom veta la pena de muerte

El Presidente Alvaro Colom ha vetado un proyecto que podrí­a haber reinstalado la pena capital y otorgado al presidente el poder de conmutar las sentencias de pena de muerte. Colom justificó su decisión sobre la base que la pena de muerte no actúa como disuasivo. Agregó que la medida contiene contradicciones constitucionales y legales. Colom podrí­a afrontar consecuencias polí­ticas. La mayorí­a de los guatemaltecos están a favor de la pena de muerte y la medida vetada habí­a sido aprobada por 140 de los 158 diputados - incluido el propio partido de Colom, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La semana pasada, Fidel Castro ha pronunciado un notable elogio de su hermano Raúl y de las reformas que él puso en marcha desde que asumió la presidencia de Cuba. Fue notable porque Fidel ha sido reticente acerca del desempeño de Raúl y, a veces, abierto crí­tico de algunas de las reformas que él ha implementado. Fidel también negó que haya un cisma en el Partido Comunista, o que él encabece una facción dentro del mismo. El hecho que él se sintió compelido a emitir esa negativa sugiere que, al menos, existe una tensión real dentro del partido.

Los elogios de Fidel fueron transmitidos por la televisión del estado el 24 de junio. “Fidel valora altamente los esfuerzos del liderazgo de la Revolución, y en particular al camarada Raúl en las áreas de la unidad, trabajo productivo, el incremento de la producción agrí­cola y el ahorro, que son muy importantes," dijo. Esto fue significativo, porque las “reflexiones" de Fidel publicadas en el diario Granma a menudo parecí­an no concordar con la agenda que poní­a en práctica Raúl para mejorar la eficiencia -la última iniciativa es impulsar la producción proveyendo mayores incentivos a los trabajadores y removiendo el tope salarial- socavando algunos de los principios centrales del Socialismo.

También es llamativa la oportunidad de los elogios de Fidel hacia Raúl. Ocurrió 24 horas después que él publicó un artí­culo en el sitio web Cubadebate, atacando la decisión de la Unión Europea (UE) para promover a Cuba, al mismo tiempo que el parlamento europeo aprobaba una “medida brutal" sobre los inmigrantes ilegales, la llamada “directiva de retorno" [IL-08-25]. El abierto ataque de Fidel no tuvo eco en el gobierno, que prefirió mantener un estudiado silencio. El canciller Felipe Pérez Roque, dijo que la decisión de la UE serí­a examinada cuidadosamente.

La negación de Fidel de que no existe ninguna lucha interna en el Partido Comunista no tiene precedentes. Nunca hubo ningún reconocimiento oficial de facciones internas mientras él estaba en el poder, pero sus comentarios implican que ellas en verdad, existen. Los rumores persistirán, particularmente si las actividades de Fidel continúan creciendo. El ha recibido al lí­der del Partido Comunista Chino, He Guoqiang, al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , y al Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en el espacio de las dos últimas semanas.

El gabinete de Perú, como tal, no sobrevivió al escándalo “Petrogate" [IL-08-40]. Las renuncias fueron presentadas en masa el 9 de octubre, y un par de dí­as después el Presidente Alan Garcí­a confió la formación de un nuevo gabinete a Yehude Simon, presidente del gobierno regional de Lambayeque. Con altí­sima auto-confianza (puesto que él espera ser electo como sucesor de Garcí­a en 2011), Simon aceptó retener a diez de los miembros del gabinete previo, limitándose a  reemplazar a los ministros que fueron salpicados por el escándalo de corrupción.

Simon designó nuevos rostros en los ministerios del interior (Remigio Hernani, ex jefe de investigación criminal de la policí­a nacional), de energí­a y minas (Pedro Sánchez Gamarra, un ex funcionario del Banco Mundial), de salud (Oscar Ugarte, hasta ahora secretario general del Partido Humanista, de Simon), de agricultura (Carlos Leyton, un sociólogo que habí­a servido como vicepresidente del gobierno regional de Arequipa), de asuntos de la mujer (Carmen Vildoso, ex viceministra de promoción del empleo en la administración Toledo), y de producción (Elena Conterno, una economista entrenada en Harvard).

Fueron retenidos los ministros de relaciones exteriores (José Antonio Garcí­a Belaúnde), de economí­a (Luis Valdivieso), de comercio exterior (Mercedes Aráoz), de defensa (Antero Flores Aráoz), de trabajo (Jorge Villasante), del medioambiente (Antonio Brack), de educación (José Antonio Chang), de justicia (Rosario Fernández), de vivienda y construcción (Enrique Cornejo), y de transporte y comunicaciones (Verónica Zavala). El Partido Aprista del Presidente Alan Garcí­a permanece en minorí­a  en el nuevo gabinete, representado por Villasante y Cornejo.

Con su propia tasa de desaprobación llegando a un record de 71%, Garcí­a ha optado como su primer ministro por el hombre que lidera las encuestas como el altamente considerado lí­der de gobierno regional, renombrado por su ejemplar manejo fiscal en una región que carece de los royalties mineros que sostienen a otras regiones.

Simon ingresó a la polí­tica con un intento sin éxito por la alcaldí­a de Chiclayo en 1983. Dos años después, él fue electo al congreso por la Izquierda Unida (IU), de la que se separó en 1991 para fundar el Movimiento Patria Libre (MPL), al que el gobierno de Fujimori  consideró un frente para las guerrillas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En 1992, él fue enjuiciado bajo el cargo de “apologí­a del terrorismo", y sentenciado a 20 años de prisión. En 2000, el gobierno interino de Valentí­n Paniagua le otorgó el perdón y lo dejó en libertad, y el año siguiente, Simon fundó el Partido Humanista, siguiendo en lí­neas generales el modelo del PT de Lula da Silva. En 2002, el gobierno de Alejandro Toledo le pidió disculpas públicamente por su injusto encarcelamiento.

Ese mismo año, Simon ganó la contienda por la presidencia de Lambayeque, derrotando al candidato Aprista. En 2006 fue reelecto, derrotando de nuevo a su rival Aprista. Desde entonces él ha estado preparando abiertamente el terreno para un intento presidencial en 2011. Esto sugiere una suprema confianza en su capacidad para superar, no sólo la difundida impresión que la corrupción se ha vuelto tan extendida como en la era Fujimori, sino también la creciente oposición al gobierno central en las regiones, y la impresión generalizada que el gobierno no ha sido capaz de hacer frente al delito violento y el terrorismo.

Luego de semanas de especulación en los medios locales, el favorito ante las elecciones presidenciales de mayo, Ricardo Martinelli, del opositor Cambio Democrático (CD), concretó una alianza con Juan Carlos Varela, que habí­a estado antes en la fórmula del principal opositor, el Partido Panameñista, PP (anteriormente Arnulfista).

El anuncio, el 27 de enero, que Varela reemplazarí­a a Leopoldo Benedetti como compañero de fórmula de Martinelli, siguió a una reunión celebrada dos dí­as antes, en la cual el comité ejecutivo del PP dio luz verde para una alianza con CD. Esto siguió a meses de calumnias entre los dos candidatos presidenciales.

Varela, que estaba tercero en las encuestas, detrás de la candidata del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, no podí­a ignorar la perspectiva real que Martinelli bien podrí­a tomar la presidencia. Esa es una visión compartida por el partido más pequeño de la oposición, Molirena, que recientemente abandonó su acuerdo electoral con el PP para lanzar su peso detrás de CD [IL-09-02].

Lí­deres de izquierda, como Saúl Méndez, vocero del sindicato Frenadeso, y el economista Juan Jované, han acusado a EU de erigir la alianza. Jované, cuyos intentos de presentarse como candidato independiente fueron frustrados por la corte electoral, señaló las reuniones entre Martinelli, Varela y la embajadora de Panamá, Barbara Stephenson, como razones para preocuparse.

La drástica caí­da en meses recientes en la tasa base de interés, el Selic,  podrí­a forzar al gobierno a tomar una medida impopular y cambiar las regulaciones para las cuentas de ahorro. Con el fin de proteger a los ahorristas cuando Brasil sufrió por la hiperinflación a través de los años '80 y principios de los '90, forzó la adopción de varias medidas económicas heterodoxas, la tasa mí­nima de interés pagada sobre las cuentas de ahorro fue establecida por ley. Pero debido a la reciente caí­da en el Selic, esa regulación ha hecho que las cuentas de ahorro sean tan atractivas, si no más, que los bonos del gobierno y de los bancos.

Las cuentas de ahorros ahora compiten con el tesoro por los ahorros de los brasileños. Eso se debe a que las ganancias ofrecidas por el tesoro para que los inversionistas compren bonos del gobierno, están basadas en el Selic, que ha caí­do a una baja histórica de 11,25% anualmente, en meses recientes, mientras las tasas ofrecidas por las cuentas de ahorro permanecen establecidas en un mí­nimo de 6% por ley. Aparte de eso, las cuentas de ahorro están libres de impuestos. Las ganancias en inversiones financieras, como en los bonos del gobierno y bancos, están sujetas a impuestos de hasta 20% anuales, como también los cargos de administración de entre 2% y 3,5%. Eso significa que mientras la ganancia mí­nima en una cuenta de ahorro ordinaria permanece en 0,58% mensual, con la reciente caí­da del Selic las ganancias sobre ciertos bonos han caí­do a 0,58% y en algunos casos tan bajas como 0,48%.

Con la perspectiva que el Selic caiga aún más para estimular la actividad económica, el gobierno teme una masiva migración de inversionistas fuera de los bonos del gobierno y bancos, hacia las cuentas de ahorros. Eso ha creado un obvio problema para el gobierno: la perspectiva de un enorme desequilibrio en el sistema financiero nacional. Los bonos de inversión son la principal fuente de crédito de los bancos. Si los inversionistas migran a las cuentas de ahorro, el crédito disponible para toda la economí­a se reducirá. Y si las cuentas de ahorro se vuelven más atractivas para los inversionistas que los bonos del gobierno, el gobierno deberá imprimir más dinero para financiar su deuda, lo que generará inflación.

El gobierno cree que tendrá que reducir el interés mí­nimo para las cuentas de ahorro, para evitar distorsiones en el sistema financiero y también permitir más recortes en el Selic. El problema es que cambiar esa regulación puede resultar una pesadilla para el gobierno. La oposición es bastante conciente de eso y recientemente ha vinculado al Presidente Lula da Silva con el enjuiciado -y altamente impopular- ex presidente Fernando Collor (1990-1992), que se hizo notorio no sólo por la corrupción, sino también debido a su decisión de confiscar los ahorros por un año, con la excusa de combatir la hiperinflación.

Lula dijo que esas afirmaciones eran “insensatas" e “irresponsables," pero también fue forzado a negar públicamente que el gobierno “tocarí­a los ahorros." Su ministro de finanzas, Guido Mantega, dijo “Puedo asegurar a todos los que tengan dinero en cuentas de ahorro, que el gobierno no tomará ninguna medida perjudicial, ustedes pueden estar seguros que las ganancias se mantendrán, no habrá problema, y no habrá pérdidas, ni amenazas a cualquiera que tenga dinero en cuentas de ahorro."

Sin embargo, esa promesa es insostenible, y el gobierno tendrá que cambiar las regulaciones tarde o temprano. Una de las ideas que se están debatiendo es vincular las ganancias de las cuentas de ahorro con el Selic. Otra opción serí­a dar al Consejo Monetario Nacional la tarea de revisar periódicamente el interés mí­nimo pagado en cuentas de ahorro. El gobierno también tratará de transformar las cuentas de ahorro en un instrumento solamente para pequeños ahorristas, estableciendo un máximo para los ahorros que son libres de impuestos. Cualquiera sea la decisión, el gobierno sabe que cualquiera de esas opciones serí­a altamente impopular entre los ahorristas brasileños, que dentro de poco tiempo votarán en las elecciones generales de 2010.

• Decretos

La cámara baja del congreso ha votado sobre proyectos de ley ante las llamadas “medidas provisórias" (decretos presidenciales) por primera vez desde que la actual constitución fue promulgada, en 1988. Bajo la constitución, los decretos presidenciales deben tener prioridad de voto sobre otra legislación. Sin embargo, la norma ha socavado al congreso dando al ejecutivo el poder de controlar la agenda legislativa de Brasil. El presidente de la cámara baja, Michel Temer, decidió seguir adelante con la votación de proyectos de ley ordinarios, luego de lograr una orden judicial temporal de la corte suprema. Antes de la votación de la semana última, el congreso logró votar sobre un solo proyecto de ley desde que fue reconvocado después de las vacaciones de verano en febrero.