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En teorí­a, el Presidente Oscar Berger ahora puede pagar la compensación prometida a las ex milicias conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): promulgó la ley del congreso que fija las asignaciones necesarias, y así­ remueve las objeciones hechas a los pagos por la corte constitucional. Varias organizaciones derechos humanos, sin embargo, han anunciado que buscarán otra orden de la corte constitucional para impedir el pago.

Las PAC, constituidas en 1982, actuaron como auxiliares de los militares durante la campaña de contra-insurgencia. Formalmente voluntarios, en realidad fueron presionados para el servicio por los militares. Tienen una larga historia de abusos a los derechos humanos: por cuenta propia, participaron en más de 1.700 hechos con más de 3.400 ví­ctimas; junto con unidades militares, tomaron parte en otros 10.600 incidentes, incluidas 342 masacres. Más recientemente, muchos de ellos actuaron como 'fuerza de choque' en organizaciones organizadas por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), liderado por quien les dio a las PAC un status legal, el retirado General Efraí­n Rí­os Montt.

Cuando fueron desbandadas en 1995, habí­a 375.000 miembros de las PAC, pero la administración Portillo reconoció a 520.000 con derecho a la compensación por sus servicios como auxiliares de los militares. El Presidente Alfonso Portillo emitió un decreto autorizando el pago de US$640 a cada ex PAC, pero retrasó el desembolso, hasta que amenazado por las violentas campañas de protestas lanzadas por los ex PAC, realizó un primer pago de US$215.

El Presidente Oscar Berger prometió cumplir la promesa de Portillo, pero la corte constitucional bloqueó los pagos diciendo que eran inconstitucionales, pues constituí­an desembolsos de fondos públicos que no estaban incluidos en el presupuesto nacional o aprobados por una ley del congreso.

Un proyecto de ley para superar ese obstáculo fue presentado por el General retirado Otto Pérez Molina, lí­der del Partido Patriota (PP), que actuó como 'zar de la seguridad' hasta que renunció en oposición al acuerdo de Berger con el FRG en el congreso [IL-04-28]. El proyecto fue convertido en ley por la cámara única del congreso el 19 de agosto. Entró en vigor el 20 de setiembre luego de ser promulgada por Berger.

Mario Polanco, lí­der del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una importante ONG de defensa de derechos humanos, dijo que uní­a sus fuerzas con organizaciones similares, para un cuestionamiento legal de la ley. Dijo que entre sus probables asociados en esa acción están la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de la Iglesia Católica (ODHA), el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Fundación Rigoberta Menchú (FRMT).

Polanco dice que esperan que la ley sea declarada inconstitucional por la corte constitucional, pero no explicó las bases especí­ficas para ese argumento. En su primera intervención, la corte constitucional evitó hacer juicios sobre el récord de las PAC o incluso su precisa posición legal como auxiliares de los militares, concentrándose sólo en el hecho que el Presidente Portillo habí­a actuado más allá de sus poderes constitucionales.

Algo puede estar cambiando en Haití­. La semana pasada, para disgusto del gobierno interino, la fuerza de estabilización de la ONU, Minustah desplegó sus tropas para asegurar que los seguidores del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide puedan demostrar pací­ficamente en el distrito de Bel Air de Port-au-Prince. Como complemento de esa decisión, el jefe del contingente policial de Minustah urgió al gobierno para que haga algo para desarmar a los ex soldados que ayudaron a derribar a Aristide.

Minustah tomó posiciones en Bel Aire para proteger una demostración que comenzó como un evento por el Dí­a de la Mujer y se convirtió en un mitin por el retorno de Aristide, que reunió a 4.000 personas. La policí­a nacional haitiana fue mantenida al margen. Desde su exilio en Sudáfrica, Aristide celebró que 'por primera vez en un año', sus seguidores pudieron demostrar pací­ficamente.

'Luego de un año,' dijo a una audiencia en la Universidad Witwatersrand el 9 de marzo, 'la ONU finalmente está haciendo algo diferente para proteger los derechos del pueblo.' Es interesante señalar que Aristide enfatizó que bajo la constitución haitiana él no puede aspirar a un nuevo periodo en el poder, y que eso le dará la oportunidad, cuando vuelva, de 'servir como sacerdote'.

El primer ministro Gérard Latortue, en cambio, dijo que era 'inaceptable' que Minustah decida cuándo y dónde los seguidores de Aristide pueden demostrar. Una posición similar adoptó el polí­tico anti-Aristide, Hubert Deronceray, lí­der del Grand Front Centre Droit (GFCD). 'Las fuerzas de la ONU,' dijo, 'no pueden reemplazar a la policí­a nacional; pueden ayudar colaborando en la estabilización del paí­s.' Deronceray agregó que en su opinión Minustah debe ayudar a que la policí­a entre en áreas donde no puede, como Bel Air.

Como contrapunto a eso, se conoció la exigencia de David Beers, jefe del contingente de policí­a civil, que el gobierno 'confronte y contribuya en la cuestión del desarme, reintegración y re-movilización' de los ex militares. Lo que el gobierno parece haber hecho en esa área es permitir que expire su iniciativa de pagar compensación a los ex soldados. Los informes desde Gonaí¯ves en el norte, y Les Cayes, en el sur, dicen que sólo unos pocos soldados recibieron la primera cuota de esa compensación, y que la segunda fue suspendida debido a la carencia de fondos.

Más presión de la ONU
El 9 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU, luego de los informes a puertas cerradas del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU sobre los acontecimiento en Haití­ desde noviembre, emitió una declaración que, en un lenguaje cuidadosamente mesurado, envió el mensaje que el gobierno Latortue está retrasando la cuestión de corregir la arbitraria acción seguida contra partidarios de Aristide, y no está haciendo uso total de los fondos que están a su disposición.

La declaración saluda la liberación de lí­deres pro-Aristide, pero señala que el ex primer ministro, Yvon Neptune (que está realizando una huelga de hambre) permanece en prisión, y 'pide al gobierno de transición que acelere todos los casos pendientes y asegure el debido proceso para todos los ciudadanos.

En el tema del dinero, el Consejo de Seguridad urgió al gobierno de Latortue que desarrolle 'proyectos concretos que puedan utilizar efectivamente' los fondos enviados a Haití­ por los donantes.

El asesinato del jefe de policí­a en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, la semana pasada, provocó una fuerte reacción del embajador de EU, Tony Garza. Esta vez, la defensiva respuesta del gobierno mexicano sonaba más afligida que irritada. Sin embargo, antes de terminar la semana, se convirtió en turbación, cuando las fuerzas federales enviadas a Nuevo Laredo fueron emboscadas por la policí­a local.

El asesinato el 8 de junio, de Alejandro Domí­nguez Coello, director de seguridad pública de Nuevo Laredo, en realidad fue la segunda muerte de un jefe de policí­a la semana pasada. Dos dí­as antes, Edmundo Fernández, jefe de la fuerza local en Chihuahua fue muerto por un pistolero que también hirió a otro oficial de policí­a. El caso de Domí­nguez llamó la atención por dos razones: la inusual naturaleza del evento, y el hecho que tuvo lugar justo en la frontera con EU, en una ciudad donde ya hubo 63 muertes desde inicios del año.

El cargo de director de seguridad pública en Nuevo Laredo estuvo vacante desde el 1 de mayo, y fue difí­cil a las autoridades de la ciudad hallar a alguien decidido a asumirlo. Finalmente, fue Domí­nguez, ex presidente de la cámara local de comercio que sirvió en la oficina del fiscal general federal, PGR. Afirmando que no temí­a a nada, Domí­nguez asumió el 8 de junio. Esa misma noche, fue muerto a tiros en una granizada de balas. Cuarenta casquillos de proyectiles de alto poder fueron recobradas de la escena -claramente, un mensaje de alguno de los barones locales de la droga.

Las muertes en Nuevo Laredo son resultado de una invasión de territorio. El jefe de la banda Sinaloa, Joaquí­n (el Chapo) Guzmán, intenta arrancar el control de la ciudad, un centro del comercio de drogas hacia EU, del 'cartel' del Golfo.

El dí­a después del asesinato de Domí­nguez, el embajador de EU, Tony Garza emitió un comunicado en el que lo describí­a como muestra de la 'situación en rápida degeneración a lo largo de la frontera' que 'abruma a la ley en algunas partes.' Garza reiteró un tema que él ha mencionado públicamente antes: 'Esa violencia, junto con los asesinatos previos y secuestros de ciudadanos de EU, continúa como preocupación prioritaria para lí­deres estatales y municipales, como también de ciudadanos de EU, a lo largo de la frontera.'

El embajador dijo que la seguridad a lo largo de la frontera es responsabilidad compartida, que ambos paí­ses deben asumir, y advirtió: 'Simplemente, lo que nadie puede permitir es que los traficantes de drogas amenacen la vida de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestras comunidades.'

Cautelosa respuesta del gobierno
Lo último fue tomado de inmediato por funcionarios mexicanos. La cancillerí­a replicó a Garza con otro comunicado, afirmando que México comparte las preocupaciones de EU y aceptó que ambos paí­ses deben actuar juntos para consolidar la seguridad en la frontera -con un agregado: 'cada uno en su propio territorio [...] usando los elementos disponibles contra el crimen organizado y privilegiando la creación de confianza en una cooperación bilateral respetuosa y respetuosa de la ley.' Existe, en ese lenguaje, el visible recelo que EU puede estar buscando un rol más activo 'al sur de la frontera'.

El ministro del interior Carlos Abascal, se sintió compelido a insistir que 'el estado no ha sido rebasado como forma de organización polí­tica y social,' pero reconoció que 'es necesario comprometerse en esfuerzos renovados para eliminar ese fenómeno [del crimen organizado].' Eduardo Sojo, jefe de la oficina de policí­a pública en la presidencia, también difundió una admisión similar, pero buscó subrayar que el gobierno habí­a realizado una fuerte campaña contra los delincuentes violentos. Señaló que 44.500 delincuentes fueron arrestados desde comienzos del año.

Eludiendo a Abascal y Sojo, está el hecho que en Nuevo Laredo, los esfuerzos del gobierno federal fracasaron en producir una diferencia. En marzo pasado, la administración Fox envió fuerzas federales a la ciudad para 'acabar' con la violencia. Las muertes continuaron, y quedó claro que esas fuerzas federales fueron retiradas, puesto que después del asesinato de Domí­nguez se ordenó un nuevo despliegue. En todo el paí­s, el éxito reivindicado por el gobierno es contrarrestado por el hecho que desde principios de año las muertes asociadas con el crimen organizado se han elevado a más de 550.

El 11 de junio, el gobierno federal envió a Nuevo Laredo contingentes de oficiales de operaciones especiales de AFI ('el FBI de México') para reforzar las fuerzas de seguridad estatal y local en un nuevo esfuerzo contra las bandas de drogas. La operación pronto se fue a pique, el convoy de cinco vehí­culos que llevaba a 27 agentes de AFI a la ciudad, fue emboscado por más de 40 miembros de la policí­a local, que no hizo caso a la identificación desplegada por el grupo que ingresaba. En el tiroteo que se produjo, un agente federal fue herido.

La llegada de tropas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe), persuadió a la policí­a local a rendirse; 41 de ellos fueron prontamente enviados a ciudad México para ser interrogados.

Aunque las autoridades de la ciudad afirman que la policí­a local temí­a que el convoy estuviera compuesto de pistoleros del 'cartel' disfrazados de oficiales federales -lo que ha ocurrido con frecuencia- los oficiales federales no están seguros de eso. El vocero presidencial, Rubén Aguilar, dijo: 'Hay indicaciones claras de una relación entre elementos de la policí­a de Nuevo Laredo y el comercio de drogas.

El 13 de junio, Nuevo Laredo parecí­a una ciudad sitiada, con tropas patrullando las calles, unidades de Gafe ubicados en cruces de caminos estratégicos, y fuerte guardia policial en edificios públicos. La presidencia anunció que se desplegaron fuerzas federales durante el fin de semana en varias localidades del estado de Sinaloa (territorio de el Chapo) y en Baja California.

Ambas partes en el conflicto de poderes en Nicaragua han escalado su confrontación la semana pasada. La corte suprema de Nicaragua ratificó las reformas constitucionales aprobadas por el congreso controlado por la oposición. El Presidente Enrique Bolaños ha replicado apelando al apoyo externo, buscando la aprobación del resto de Centroamérica para su argumento que la oposición desafí­a una norma predominante de la Corte de Justicia Centroamericana. Bolaños recibió apoyo verbal, pero la respuesta ha sido dejada en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 30 de agosto la corte suprema nicaragüense (CSJ) ratificó la validez de las reformas constitucionales aprobadas por la asamblea nacional que restringen los previos amplios poderes del presidente. Las reformas, dijo el presidente de la CSJ, Manuel Martí­nez, 'son, de este modo, la ley'. Y continuó diciendo que consecuentemente, las designaciones hechas por la superintendencia de servicios públicos, Sisep, 'son firmes, y las personas designadas por el parlamento deben ocupar sus puestos'.

El Sisep es un cuerpo creado bajo las reformas para controlar los servicios públicos cuyos directores eran previamente designados por el presidente. Esto es donde es más probable que tenga lugar la primera confrontación: Bolaños ya ha ordenado a la policí­a que evite que los designados por el congreso asuman sus cargos. 

La policí­a y los militares serán puestos ante un dilema: han reiterado su subordinación a las autoridades legí­timas y la constitución -pero la CSJ es la que determina lo que es o no constitucional.

La embajada de EU en Managua atacó de inmediato la decisión de la CSJ (y otra que levanta el confinamiento del ex Presidente Arnoldo Alemán) como 'otro ejemplo de la manipulación polí­tica y completa partidarización [neologismo que se puede interpretar por control polí­tico partidario] del sistema judicial nicaragüense, afectando la tarea del Presidente Enrique Bolaños, que fue electo democráticamente'. Faltó decir que la oposición también fue democráticamente electa. La embajada agregó que las decisiones de la CSJ están 'basadas en dudosos precedentes legales'.

Bolaños respondió a las decisiones de la CSJ convocando una urgente cumbre de emergencia centroamericana, que se realizó el 5 de setiembre en el aeropuerto de Managua. La asistencia fue impresionante: estuvieron presentes los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, el segundo vice-presidente de Panamá, el canciller de República Dominicana y el embajador de Belice en Centroamérica.

Advertencia contra la remoción de Bolaños
La cumbre decidió: 'Los últimos hechos, presentados por el Presidente Bolaños, fueron en detrimento del Protocolo de Tegucigalpa y la Carta Democrática Inter-Americana, pues hasta las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) fueron ignoradas.' Esa última alusión se refiere a un dictamen de la CCJ (una corte de la cual sólo son miembros Nicaragua, El Salvador y Honduras), buscado por Bolaños, que las reformas aprobadas por la asamblea eran 'jurí­dicamente inaplicables'.

También dijeron que no reconocerí­an ningún gobierno que surja de la remoción del Presidente Bolaños luego de levantar su inmunidad por la asamblea para hacer frente a acusaciones de violar la legislación electoral. Advirtieron que ellos retirarí­an de inmediato sus embajadores si eso ocurrí­a.

La cumbre también solicitó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza que presente, tan pronto sea posible, un informe sobre la situación en Nicaragua, incluyendo un recuento de sus propios esfuerzos para facilitar una solución a la crisis. Además, la cumbre dijo que se reservaba el derecho de convocar a una reunión de emergencia del consejo permanente de la OEA.

Envalentonado por eso, Bolaños ordenó al servicio de prisión que mantenga a Alemán, confinado en su granja y reiteró la orden a la policí­a de impedir que los nombrados por el congreso asuman sus puestos en los servicios públicos. El ha dado aviso que considerará inválida cualquier orden de la corte en contrario. La policí­a anunció que acatará las órdenes del presidente.

Lo que lograron esos eventos, es trazar una lí­nea sobre cuán lejos se permitirí­a que vaya la confrontación: sea cual sea los méritos del caso llevado contra Bolaños por el contralor general, Centroamérica no aceptará que se le despoje de su inmunidad y, por tanto, su reemplazo. Bolaños (y EU) esperan que la OEA en conjunto avale esa posición: eso agregarí­a la amenaza de total ostracismo a cualquier gobierno que surja de la destitución de Bolaños. Vale señalar que esa es la única sanción prevista en la Carta Democrática Interamericana.

Incertidumbre
Lo que permanece incierto es lo que podrí­a pasar si la disputa no llega a remover a Bolaños, pero avanza hacia una confrontación más dura, en la cual los funcionarios del ejecutivo que obedecen órdenes de Bolaños pueden considerarse en rebelión contra órdenes de la corte, cargando una terrible exigencia sobre las lealtades de las instituciones de seguridad y militares.

El 2 de setiembre, poco antes de la cumbre, Bolaños habí­a elegido una ceremonia en conmemoración del 26to aniversario del ejército, para atacar el control de la entente Liberal-Sandinista sobre la magistratura.

El jefe del ejército, General Omar Halleslevens eligió no responder directamente, en cambio, urgió a todas las autoridades y lí­deres polí­ticos que busquen una base común y encuentren una 'solución nacional' a los problemas nacionales. Antes habí­a reiterado la subordinación de los militares a la constitución.

Previsiblemente, la asamblea nacional, controlada por la oposición ha condenado que Bolaños recurra a fuerzas externas para solucionar un problema polí­tico interno. Igual condena provino de la autoridad electoral (también controlada por la oposición). Desde más cerca, la cumbre de Bolaños recibió duras crí­ticas de su vice-presidente José Rizo. Para recordar: el lí­der Sandinista Daniel Ortega ha estado repitiendo que él no tení­a ningún interés, con las elecciones tan cerca, en ver removido a Bolaños.

La clase polí­tica peruana finalmente comenzó a advertir la subida del lí­der nacionalista Ollanta Humala en la carrera presidencial, cuando tres sondeos sucesivos la semana pasada mostraban el incremento de sus seguidores, al punto de estar en segundo lugar, detrás de Lourdes Flores. Las respuestas fueron ambiguas, van de la alarma hasta cautelosos intentos de explicar el fenómeno sin enajenar a los votantes que cambian hacia él.

La semana comenzó con una encuesta de Datum, mostrando el apoyo a Humala en 13%, que lo ubicaba cuarto (detrás de Flores, del ex presidente Alan Garcí­a del Partido Aprista Peruano, y Valentí­n Paniagua de Acción Popular). El 26 de noviembre, el Barómetro periódico, producido por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, mostraba a Humala en el tercer lugar, al contraerse el apoyo a Paniagua. Dos dí­as más tarde, un sondeo de CPI mostraba el apoyo a Humala creciendo a 15%, elevándolo a segundo lugar. Que también sugerí­a que Humala puede ser con quien Flores deberá competir en una segunda ronda.

El Vice-Presidente David Waisman lanzó la más explí­cita nota de alarma: una victoria de Humala en las elecciones de abril 2006, representará una amenaza a la democracia, dijo. Al describir su ideologí­a como racista y extremista, hizo un gesto hacia los que lo apoyan admitiendo que Humala puede tener buenas intenciones. Hugo Garavito, secretario de ideologí­a del gobernante Perú Posible (PP), aventuró que era la 'debilidad' del sistema polí­tico de Perú la que ha permitido el crecimiento de Humala; y agregó que Humala no tení­a un plan real de gobierno.

Ví­ctor Andrés Garcí­a Belaúnde, presidente de Acción Popular (AP), dijo que el fenómeno Humala reflejaba el 'hartazgo y la decepción' del público con el sistema polí­tico -de lo que culpó al gobierno y el congreso.

Mercedes Cabanillas, presidenta del comité polí­tico del Partido Aprista Peruano (PAP), coincidió en que Humala representa a 'los ciudadanos desilusionados por el sistema democrático'. Ella dijo que esto exige grandes reformas para cambiar el sistema polí­tico de representación e incluso 'refundar la República'. Acecha en el trasfondo, el espectro de Fujimori, como lo prueba el sondeo de Datum, que muestra un escenario en el cual el fugitivo ex presidente podí­a competir. Lo muestra a Fujimori atrayendo 17% de las preferencias, lo que lo ubica en segundo lugar, delante de Garcí­a. Ese mismo sondeo ofrece cierto alivio a los que se preocupan por el crecimiento rápido de Humala: al preguntar sobre a qué partidos votarí­an para el congreso, sólo 2% eligió al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Humala. El partido que encabeza las preferencias es Unidad Nacional (UN), de Flores, que atrae sólo 17% de las preferencias.

El intento del lí­der opositor Basdeo Panday de reincorporar al partido a un expulsado ex fiscal general, provocó una nueva crisis en el United National Congress (UNC), que ya le ha costado dos senadores. Las recriminaciones sobre la cuestión continuaron el fin de semana, y predicen que puede haber más partidas, entre ellos, el jefe del bloque Ganga Shing.

Ramesh Lawrence Maharaj, ex fiscal general, fue expulsado del UNC en 2001 por haber iniciado una investigación sobre un escándalo de corrupción que se considera como el factor principal de la derrota del partido en las elecciones de ese año. Luego de su partida, Maharaj formó su propio partido, el National Team Unity, que no logró ninguna banca; no compitió en las elecciones de 2002, que consolidó al primer ministro Patrick Manning en el poder.

La decisión de Panday de traer de nuevo al redil a Maharaj provocó un disenso interno considerable. El 10 de febrero, Panday despidió a Robin Montano como senador de UNC, por violar los estatutos del partido al discutir asuntos internos en público. Tres dí­as más tarde, Roy Augustus renunció a su banca de senador en protesta contra lo que describió como el estilo crecientemente dictatorial de Panday. Los senadores, hay que recordar, son designados por el presidente ante la recomendación del lí­der del partido, que también puede solicitar la revocación de sus mandatos.

Los planes para anunciar el regreso de Maharaj, llevándolo a compartir el escenario en un mitin fueron resistidos, según se informó, por Winston Dookeran, lí­der polí­tico del partido. El fin de semana pasado, se dijo que prominentes miembros del partido casi llegan a los golpes por la manera en la que todo el asunto fue manejado por Panday. Hay que destacar que las encuestas de opinión muestran que Maharaj disfruta de un alto nivel de aprobación del público.

Fue una clara y confortable victoria en la primera ronda para Alvaro Uribe, que atrajo poco menos de dos tercios de los votos en las elecciones del 28 de mayo. Los comentaristas la describí­an como 'histórica', por la naturaleza de la victoria de Uribe, como porque la contienda produjo el surgimiento de una fuerte y democrática fuerza de centro-izquierda.

Uribe atrajo 62,2% de los votos. Junto con la mayorí­a conjunta lograda por los partidos pro-Uribe en ambas cámaras del congreso, eso deberí­a asegurar que él al menos comenzará su segundo mandato con la legitimidad y el poder del voto para proseguir con su agenda, comenzando con la ratificación del tratado de libre comercio que Uribe firmó con EU. Poco menos de la mitad del electorado se preocupó en votar, un hecho fácilmente atribuible a la percepción que la victoria de Uribe era una conclusión inevitable.

El segundo lugar fue ocupado por Carlos Gaviria, candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que atrajo 22% de los votos. Horacio Serpa, abanderado del partido Liberal -la mitad del 'duopolio' tradicional de poder de Colombia- llegó tercero con apenas 12%. La otra mitad de ese 'duopolio', el partido Conservador, decidió no presentar candidato propio, montándose en la popularidad e Uribe para retener alguna representación en el congreso.

La victoria pudo haber sido 'histórica', pero no es la primera. Independientes que toman distancia de sus partidos, como hizo Uribe de los Liberales no son una novedad (no es necesario mirar más atrás de Andrés Pastrana, predecesor de Uribe y Conservador 'independiente'). No es la primera vez que una 'tercera fuerza' llena el espacio dejado por los dos debilitados partidos tradicionales.

El segundo mandato de Uribe podrí­a, por supuesto, ganarse el sello de 'histórico' en su sentido completo si él logra poner fin a la guerra interna de Colombia, y si evita que los paramilitares 'desmovilizados' establezcan una especie de 'narco-estado' que Uribe trató de impedir en el campo de batalla.

MEXICO | Crecimiento supera expectativas. El crecimiento del PBI en el segundo trimestre del año llegó a 4,7%, bastante más del 3,86% pronosticado por economistas privados y por encima del promedio0 pronosticado por el gobierno para todo el año. Lidera el crecimiento la agricultura, con 7,6%, seguida por los servicios, con 5,1%. La industria se expandió en sólo 3,9% (la construcción subió 5,1%, electricidad, gas y agua, 4,1%, y las manufacturas, 3,9%).

El desempeño del segundo trimestre alienta expectativas de un crecimiento modesto del PBI para todo el año -una rareza en el quinquenio pasado. El PBI de México se contrajo 0,3% en 2001, creció apenas 0,9% en 2002 y 1,3% en 2003, se expandió en 4,4% en 2004, sólo para declinar de nuevo en 2005, a 3%.

MEXICO | Se anima el flujo de IED. En la primera mitad del año, el flujo de la inversión extranjera directa (IED) alcanzó US$8,69bn, o 16,5% más que en 2005. El ministerio de economí­a señaló que aún hay proyectos de IED por otros US$10bn que están en proceso. Del flujo real de este año, más de la mitad fue reinversión de ganancias y transferencias entre firmas; las nuevas inversiones sumaron 29,1%, e importaciones de activos fijos por las maquiladoras, 17,3%. El grueso de la inversión (72,5%) fue a las manufacturas; 63,2% del total provino de EU.

Fuente: Daily market reports

“Nosotros somos radicalmente democráticos, ese es el socialismo del siglo 21."
Gustavo Larrea, ministro del interior de Ecuador explicando el significado del término acuñado por el Presidente Hugo Chávez , de Venezuela, y adoptado por Ecuador.

“Son asesinatos premeditados, con alevosí­a, con saña y con un odio tremendo [...] el mensaje es intimidar al gobierno en su lucha por las libertades."
El Presidente Tony Saca, de El Salvador, sobre el asesinato de tres diputados de Arena, en Guatemala.

“Venezuela es un caso aparte porque es un populismo militar [...] Está comprando armas que no son una amenaza para Estados Unidos sino que desequilibran fuerzas dentro del continente. No podemos dejar que Venezuela se convierta en una potencia militar."
José Sarney, senador y ex presidente de Brasil.

El Presidente Lula da Silva se vio forzado a defender a su hermano, Genival "Vavá" da Silva, esta semana, por su supuesta participación en una red de apuestas ilegales. No es la primera vez que el juego ilegal causa problemas a Lula. Pero, pese a la popularidad del juego en Brasil, Lula, igual que la mayorí­a de la elite polí­tica del paí­s, permanecen firmemente opuestos a legalizar ese pasatiempo.

Lula fue forzado a restar tiempo a sus compromisos en India donde estaba en visita de estado, para defender a su hermano. Lula comenzó su declaración elogiando la policí­a federal "por hacer un trabajo extraordinario" al desmantelar otra red de apuesta ilegal. Sin embargo, Lula pidió "serenidad" a la policí­a en sus investigaciones, y defendió a su hermano diciendo: "No creo que Vavá está involucrado de ninguna manera". Y lo repitió en tres ocasiones.

Los ayudantes de Lula trataron de dar un giro a la historia diciendo que el presidente estaba "irritado" por no ser informado de las sospechas de la policí­a sobre su hermano antes de allanar la casa de Vavá el 4 de junio. En realidad, Lula fue informado el 31 de mayo que su hermano estaba siendo investigado. Este hecho llevó a que algunos comentaristas especulen si Lula sabí­a que la casa de Vavá serí­a allanada y que la presidencia decidió usar eso para mostrar que el gobierno estaba decidido a luchar contra el delito. En verdad, Lula se apresuró a decir a los periodistas que la policí­a tení­a derecho a investigar la casa de su hermano "porque la orden de una corte se aplica a todos los brasileños".

La relación de Vavá con Lula no fue bastante para evitar que fuera acusado por la policí­a federal, que llevó carpetas y una computadora para revisar, pero no lo arrestó. Para mayor complicación, el abogado de Vavá confirmó que su cliente es un amigo de Nilton César Servo, un ex diputado, acusado por la policí­a de ser "el jefe" que controla la red de juego ilegal. Aunque el abogado dijo que los dos eran sólo "conocidos" y no tení­an relación de negocios de ningún tipo. Se suma al hecho que Vavá habí­a usado sus relaciones con Lula para conducir una oficina que hací­a lobby (que fue cerrada luego que se hicieron públicas sus actividades en 2005) y que llevó a la policí­a a acusarlo de tráfico de influencia.

La supuesta participación de Vavá en el juego ilegal es muy embarazosa para Lula, dado los eventos en 2004, cuando el ayudante de José Dirceu, entonces ministro de la presidencia fue grabado en un video negociando donaciones de un banquero del juego ilegal para candidatos del Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula. Dirceu fue destituido debido a otro escándalo el año siguiente, pero aún debe responder a un caso en la corte sobre los lazos de su ayudante con el juego ilegal. Una de las 77 personas arrestadas el 4 de junio en conexión con las últimas revelaciones es Dario Morelli Filho, con lazos con Vavá y el PT.

La última operación de la policí­a está vinculada con otra investigación sobre el juego ilegal, que llevó a la policí­a federal a arrestar a varias personas en abril, incluidos jueces, acusados de "facilitar las actividades ilegales a cambio de sobornos". Sin embargo, ha habido poca cobertura sobre la popularidad del juego en Brasil, puesto fuera de la ley en 1946, sobre bases morales. En verdad, la policí­a federal calcula que la ahora expuesta red de juego ilegal manejaba R$250.000 (US$130.000) diarios. Los polí­ticos brasileños, sin embargo, son firmes contra el juego, pese a los ingresos potenciales que puede producir si se legaliza la actividad. Eso podrí­a ser porque los banqueros del juego proveí­an financiamiento clandestino a las campañas electorales en el pasado, algo que no podrí­an hacer si el juego fuera una actividad legal.

• Frenando la corrupción

El gobierno federal estableció una nueva agencia para coordinar el escrutinio de las licitaciones públicas, en un esfuerzo para frenar la corrupción. De acuerdo con la ONG Transparência Brasil, "la corrupción es intencional, y los corruptores aprovechan el desorden de la burocracia del estado para hacer ganancias". Las cifras oficiales sugieren que la corrupción cuesta unos R$40bn (US$21bn) por año debido a contratos inflados otorgados a través de ofertas irregulares y de los lobby.

El electorado jamaiquino votó por el cambio el 3 de setiembre y el opositor Jamaica Labour Party (JLP) puso fin a 18 años en el poder del People's Nacional Party (PNP) en una de las más reñidas elecciones generales en la historia de Jamaica. El conteo preliminar otorgó 31 bancas al JLP, de las 60 bancas del parlamento, pero la escasa diferencia en tres de los distritos hizo que la Primera Ministra, Portia Simpson Miller cuestione los resultados y exija un recuento. Dijo que en ciertos distritos se impidió votar a algunas personas y que los candidatos del PNP podrí­an iniciar acciones legales.

Bajo fuerte presión, Simpson Miller decidió admitir su derrota luego que la Oficina Electoral de Jamaica (EOJ) reveló que el JLP habí­a ganado en el distrito South St. James y retení­a una ventaja de 32 a 28 sobre el PNP. Aunque no fue una concesión total. Ella insistió que el PNP aún podrí­a cuestionar los resultados de algunas bancas, cuando se difunda el conteo final el 6 de setiembre, y que eso podrí­a influir sobre el resultado de la elección.

El lí­der del JLP, Bruce Golding, fue magnánimo en la victoria. Lo estrecho del resultado, dijo, "plantea desafí­os significativos no sólo para mí­ y no sólo para el equipo que lidero, sino en verdad para el paí­s." Urgió a sus partidarios que no se "regodeen" sobre la victoria y prometió liderar un gobierno que trabajarí­a de cerca con el PNP. "No podemos conducir el bote de la nación con sólo un grupo de personas remando," dijo. "Necesitamos a todos e abordo."

• Huracanes

La desconcertante decisión de la Primera Ministra, Portia Simpson Miller, de convocar a elecciones generales en medio de la temporada de huracanes, fue cuestionada una vez más luego que la lluvia torrencial del Huracán Félix, a 400km al sur de Jamaica, sacudió gran parte de la isla y el fuerte oleaje del mar inundó la carretera al aeropuerto de Kingston. Las elecciones fueron originalmente programadas para el 27 de agosto, pero fueron pospuestas debido a los dañados producidos por el Huracán Dean.

BOLIVIA | Gas. El gigante petrolero español, Repsol-YPF, ha hecho el primer descubrimiento de gas natural desde que el Presidente Evo Morales nacionalizó el sector del gas en mayo de 2006. Las pruebas de producción en el yacimiento Huacaya X-1, ubicado sobre la frontera entre Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, registró volúmenes cercanos a los 800.000 mcpd. El yacimiento Margarita en Tarija -el mayor de Bolivia- tiene una producción de 1,64m mcpd. Repsol dijo que esto ayudarí­a a Bolivia cumplir su compromiso de proveer a Argentina con 27,7m mcpd para 2010. Bolivia tiene dificultades para cumplir el contrato con Argentina, de 7,7m mcpd y anunció en octubre que no podrí­a llegar a la nueva meta hasta 2011. El descubrimiento ocurre la misma semana que Marco Aurélio Garcí­a, asesor especial de Brasil en relaciones exteriores, dijo al diario La Razón, de Bolivia, que la compañí­a estatal Petrobrás planea realizar US$750m en nuevas inversiones en Bolivia. Garcí­a se reunió con altas figuras del gobierno boliviano, para allanar el camino para la visita del Presidente Lula da Silva a La Paz, el 16 de diciembre.

COLOMBIA | Déficit. El déficit comercial de setiembre fue de US$42m, una caí­da de US$65m en igual mes del año pasado, informó el instituto nacional de estadí­sticas, Dane. Las exportaciones crecieron 20%, a US$2,51bn, conducidas por la exportación no tradicional y productos petroleros, que crecieron 68% a US$730m. La exportación de café trepó 4,4% a US$132m. La exportación de carbón cayó 41%, a US$160m; la de ní­quel, 26% a US$68m. Colombia informó de un déficit de US$1,13bn en los primeros nueve meses, con exportaciones de US$21,12bn e importaciones de US$22,25bn. El superávit mayor de Colombia en los nueve primeros meses fue con Venezuela: US$2,21bn -184% más que el superávit de US$777m en igual periodo de 2006. Esto podrí­a estar en riesgo en el futuro. El Presidente Hugo Chávez dijo esta semana que la confianza habí­a sido "pulverizada" luego de haber sido destituido de su rol de mediador. Dijo que comprarí­a a Brasil y Centroamérica más que a Colombia. Las exportaciones a Venezuela fueron cruciales para compensar parcialmente los grandes déficits comerciales con México, US$1,77bn; China, US$1,5bn; y Brasil, US$1,38bn.

No fue el final más auspicioso de los primeros 100 dí­as de la Presidenta Cristina Fernández en el poder: el retorno del cacerolazo, protesta haciendo sonar ollas y cacerolas, que se volvió común cuando la crisis financiera llegó a su punto más alto. Se produjo luego que Fernández lanzó un discurso transmitido por TV el 25 de marzo, en el cual ella rehusó categóricamente ceder ante la "extorsión" del campo, antes de criticar a las cuatro organizaciones de productores agrí­colas por extender por tiempo indefinido la protesta contra el aumento en las retenciones a la soja y al girasol [IL-08-11]. En cuestión de horas varios miles, en su mayorí­a manifestantes de clase media, convergieron sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en solidaridad con los productores.

El cacerolazo se escuchó por primera vez en respuesta al discurso presidencial de Fernando de la Rúa en 2001, durante la crisis financiera. Fernández hizo una desafortunada comparación con esa época en su discurso, afirmando que las protestas ahora eran "piquetes de la abundancia" organizados por los "sectores más ricos" del paí­s, en contraste con "la miseria y la tragedia" de las protestas de los piqueteros de 2001-2002. Ella dijo que los productores eran los que más se beneficiaron del crecimiento económico de años recientes. El gobierno culpa a la lí­der de la opositora Coalición Cí­vica, Elisa Carrió, de fomentar las protestas. Carrió llamó a protestar en las calles para complementar a las provincias. Ella tiene influencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió más apoyo que Fernández en las elecciones presidenciales.

El lí­der piquetero pro-gobierno Luis d'Elí­a, organizó una contramarcha sobre la Plaza de Mayo para desalojar a los que protestaban a favor de los productores en las primeras horas del 26 de marzo. Hubo escaramuzas. Sin embargo la irrupción de la violencia era más preocupante en las provincias, donde comenzó la protesta el 13 de marzo. Miembros del sindicato de camioneros, liderado por Hugo Moyano, trataron de quebrar los bloqueos de rutas establecidos por productores a lo largo del paí­s. Mientras la carne, productos lácteos y pan en las ciudades se volvieron más y más escasos (y los precios subieron) crecí­a la presión sobre el gobierno para que ceda terreno y negocie con los productores del campo que sacaron más fuerza del cacerolazo bloqueando incluso más rutas el 26 de marzo.

PERY-CHILE | TLC ratificado. “Las relaciones bilaterales van mucho más allá de una disputa de lí­mites marí­timos." Esa fue la respuesta de la ministra de comercio exterior de Perú, Mercedes Aráoz, ante la ratificación unánime del senado chileno del tratado de libre comercio (TLC) bilateral la semana pasada. El senado pospuso la aprobación del TLC en enero, dí­as después que Perú haya presentado un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, para definir sus lí­mites marí­timos compartidos con Chile. El TLC se expande sobre un Acuerdo de Complementación Económica, que fue firmado hace 10 años. Este debe dar como resultado una incrementada inversión como también en comercio y servicios, y la activación de un mecanismo de resolución de disputas. La aprobación del TLC se produce poco antes que Perú fuera anfitrión de una importante cumbre de Cooperación Económica Asia-Pací­fico (Apec) en la cual ambos paí­ses tratarán de profundizar la iniciativa de integración del Arco del Pací­fico, propuesta por el Presidente de Perú Alan Garcí­a, y su par de Chile  Michelle Bachelet en la cumbre de la Apec en Sidney, en setiembre [IL-07-37].

VENEZUELA | Opep. El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , propuso la semana pasada que la Opep cubra las facturas de importación de combustible de los 50 paí­ses más pobres en el mundo. Chávez hizo la sugerencia durante su discurso inaugural de una reunión del Movimiento de No Alineados en Isla Margarita, el 3 de julio. Mientras los precios del crudo llegaban al récord de  US$145 el barril, Chávez , que afirma que US$100 por barril serí­a más que suficiente, dijo que los precios continuarí­an subiendo a niveles insostenibles para los paí­ses más pobres. El culpó a la beligerancia de EU por la escalada en los costos. “Paren las amenazas contra Irán y Venezuela, paí­ses productores de petróleo, y verán que los precios tienden a declinar," dijo.

Elvio Bení­tez, el agitador activista rural, puede estar llevando las cosas a extremos al exigir la expulsión de colonos brasileños de las áreas de frontera del Paraguay, aunque ha logrado algo: los polí­ticos y los medios comenzaron a seguir el mismo juego, fomentando el crecimiento del sentimiento anti-brasileño. Los medios han hallado una excusa conveniente sobre la cual apoyar eso: un decreto de Brasil que reglamenta la movilización nacional frente a amenazas al paí­s; y el inicio de ejercicios de gran escala de los militares brasileños a lo largo de la frontera paraguaya.

Bení­tez, que renuentemente acordó suspender las invasiones de tierra para dar tiempo a la administración Lugo para comenzar a actuar sobre la redistribución, lo que desea es nada menos que la expulsión de todos los brasileños establecidos a lo largo y cerca de la frontera; unos 300.000 a 600.000, de acuerdo con las estimaciones más citadas, dedicados en su mayor parte al cultivo de soja.

Los polí­ticos, que desean aparecer más moderados, y también desean capitalizar el sentimiento anti-brasileño que Bení­tez ha estado agitando, han comenzado a hablar sobre legislar para impedir cualquier colonización más en las áreas de frontera. Los medios han exacerbado los ánimos exagerando la percepción que Brasil podrí­a intervenir militarmente para proteger a sus ciudadanos dentro de Paraguay.

El diario Ultima Hora planteó la cuestión el 14 de octubre, refiriéndose a un decreto firmado por el Presidente Lula da Silva diez dí­as antes, que establece un “Sistema Nacional de Movilización (Sinamob)" y prevé la adopción de medidas defensivas en caso que los intereses brasileños están bajo amenaza de factores externos. La agresión externa, dice el decreto, incluye “amenazas o actos lesivos a la soberaní­a nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o las instituciones nacionales, aun cuando no signifiquen invasión al territorio nacional".  El diario vincula esto con el conflicto rural y con la demanda de Paraguay de una revisión de los términos de la co-propiedad del complejo hidroeléctrico binacional de Itaipú, y dice que el decreto refleja “la importación de la filosofí­a de defensa nacional de EU" y está diseñado para hacer frente a situaciones como la nacionalización de compañí­as brasileñas.

El diario ABC Color, de Paraguay, incluye la edición 2008 de la “Operación frontera Sur", un ejercicio militar de Brasil en el cual una fuerza de unos 10.000 soldados, policí­as y fiscales montarán puntos de control a lo largo de los 2.500 kilómetros  de fronteras con Paraguay, Argentina y Uruguay, para detectar y detener contrabandistas, traficantes de droga, de armas y otros delincuentes. Unos 3.000 serán desplegados a lo largo de la frontera paraguaya. El diario dice que esos ejercicios eran realizados regularmente “con el objetivo de asfixiar a Ciudad del Este y ahuyentar a los visitantes", y que este año, esos ejercicios “coinciden con la tensión entre campesinos paraguayos y terratenientes brasileños."

El gobierno paraguayo reaccionó inicialmente a través de un comunicado de la cancillerí­a diciendo que habí­a sido notificado por adelantado acerca de los ejercicios. Como la conmoción continuaba, con las asociaciones empresariales y polí­ticos contribuyendo a esparcir alarma sobre las intenciones de Brasil, el ministerio de defensa emitió un comunicado el 15 de octubre, diciendo que “se han emitido órdenes para que las unidades militares paraguayas, sin descuidar sus tareas habituales, monitoreen atentamente esos ejercicios en la frontera.

La victoria celebrada por el Presidente Evo Morales la semana pasada por la aprobación de la nueva constitución, ha sido ensombrecida por alegatos de corrupción que involucran a la compañí­a estatal de petróleo de Bolivia, Yacimientos Petrolí­feros Fiscales Bolivianos (YPFB). El escándalo, uno de los peores en afligir al gobierno desde que Morales asumió el poder hace tres años, ya ha visto la partida del presidente de YPFB, Santos Ramí­rez, un cercano aliado del Presidente. El proceso de nacionalización, una provisión clave de la nueva constitución, ahora estará sujeta a un mayor escrutinio.

El escándalo irrumpió el 27 de enero, cuando el gerente de una compañí­a Argentina-Boliviana, Catler Uniservice SRL, Jorge O'Connor D'Arlach fue asesinado, supuestamente al intentar entrar en la casa de parientes polí­ticos de Ramí­rez con un soborno de US$450.000. La compañí­a habí­a firmado un acuerdo con YPFB por un valor de US$86m para construir una planta procesadora de gas natural en julio del año pasado. De acuerdo con la prensa local, Luis Fernando Córdova Santibáñez, que está acusado de planear el asesinato de O'Connor, está emparentado con la esposa de Ramí­rez.

El senado controlado por la oposición no perdió tiempo en anunciar que estaba abriendo una investigación sobre Ramí­rez, uno de los fundadores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ex presidente del senado. Habiendo aparecido inicialmente escéptico, desechando los alegatos como parte de una campaña difamatoria, Morales anunció el 31 de enero que él habí­a reemplazado al jefe de YPFB con el ministro de planeamiento, Carlos Villegas.

La rápida acción de Morales muestra un marcado contraste con su negativa a remover a otro aliado cercano, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, después de otro “escándalo" a fines del año pasado [IL-08-50] y sugiere que en esta ocasión puede haber fundamentos en las acusaciones contra Ramí­rez.

En una conferencia de prensa, Morales declaró que los eventos que han tenido lugar en YPFB fueron “desafortunados", pero enfatizó que el gobierno “liderará la batalla contra la corrupción". Villegas, que se convirtió en el sexto titular de la compañí­a estatal de energí­a en tres años, ya ha destituido a cuatro altos funcionarios, designando a nuevos jefes de operaciones, ventas, finanzas y departamentos legales.

Con los fiscales del estado y una comisión especial del senado investigando el rol de Ramí­rez en el caso, tanto el ex presidente de YPFB y Villegas (que era ministro de energí­a cuando tuvo lugar el acuerdo en julio) han sido convocados para aparecer ante el fiscal local el 9 de febrero, para proveer más información relacionada con el caso.

Nada nuevo
El problema de corrupción en la compañí­a estatal no es un fenómeno reciente, con tres de los predecesores de Ramí­rez siendo despedidos por dudosos tratos. Los expertos también han destacado como causa de preocupación el hecho que muchos de aquellos a cargo de administrar polí­ticas energéticas carecen de capacidad técnica.

La inoportuna atención de los medios llega en un momento desafortunado para Morales, dado que el proceso de nacionalización es un principio clave de la nueva constitución, habiendo anunciado Morales la nacionalización de la industria energética de Bolivia en 2006. En verdad, el desarrollo de YPFB es clave para los planes del gobierno para el crecimiento económico: las ventas de gas contribuyeron con US$3,4bn a los cofres del estado, equivalente a un tercio del PBI y a la mitad de las exportaciones totales, en 2008.

El ministro de energí­a, Saúl Avalos, dijo a la prensa a mediados de enero que Bolivia apunta a impulsar la producción de gas natural en 6m de metros cúbicos por dí­a en 2009, con una inversión de US$1bn de YPFB y US$500m de compañí­as extranjeras de energí­a. Esto equivale, a grandes rasgos, a un incremento de 15% en la producción durante el año próximo, con el objetivo final de llevar al doble la producción de gas natural para 2014 de su actual producción de 40m de metros cúbicos por dí­a.

Problemas iniciales
La necesidad de restaurar la imagen y la credibilidad de la compañí­a petrolera estatal -y con eso el proceso de nacionalización- no es el único desafí­o que enfrenta el gobierno. Los medios locales, que en general son hostiles a Morales, también han destacado los problemas y discrepancias en el proceso de transición ante la implementación práctica de la nueva constitución, que está fijado ser promulgada el 7 de febrero. El diario La Razón informa de la confusión dentro del MAS sobre cuándo entrará en vigencia de hecho la nueva constitución, y también sobre el status de instituciones como la corte suprema y el tribunal constitucional, que no son reconocidos en la nueva constitución.

Por ejemplo, el presidente del comité constitucional de la cámara baja, René Ramí­rez, del MAS, afirma que la única institución que actualmente tiene status legal es el propio congreso, pues está autorizado bajo la nueva carta magna para aprobar el marco electoral para las elecciones generales de diciembre. El sugiere que se apruebe la legislación necesaria para extender los mandatos de otras instituciones para que permanezcan vigentes hasta que las organizaciones sucesoras tomen forma después de las elecciones. Sin embargo, otro diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo al diario que las leyes actuales deben permanecer en vigencia hasta que la estructura necesaria esté funcionando para que se hagan los cambios.

Reestructuración del gobierno
Entretanto las decisiones pronto serán anunciadas con relación a la futura estructura del ejecutivo, en lí­nea con los objetivos de la nueva constitución, como establecer un “estado plurinacional", garantizar los derechos indí­genas y proveer un mayor control del estado sobre la economí­a. El ministro de desarrollo rural, Carlos Romero, explicó que los ajustes no sólo incluirí­an un cambio de personal sino también una reestructuración de las mismas carteras.

De acuerdo con la prensa local, esos cambios podrí­an incluir reducir el número de carteras ministeriales de los actuales 16 a 13 y creando tres nuevos ministerios: autonomí­a; medioambiente y cultura.

• Ceremonia de promulgación
  El Presidente Evo Morales planea realizar una ceremonia para promulgar la nueva constitución en El Alto, la ciudad satélite encima de La Paz, el 7 de febrero. Los huéspedes que se esperan incluyen al Presidente de Brasil, Lula da Silva, de Ecuador, Rafael Correa, y el de Venezuela, Hugo Chávez , como también a la lí­der indí­gena guatemalteca y ganadora del premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchú.
  

Comparación de los resultados finales del voto revocatorio de agosto de 2008 y el referéndum del 25 de enero de 2009

                                                                     10 Agosto 2008                               25 Enero 2009
                                                                     (% de votos válidos)                          (% de votos válidos)

                                                                        SI                 NO                               SI             NO
Chuquisaca                                                     53,88             46,12                            51,54        48,46
La Paz                                                            83,27             16,73                           78,12         21,88
Cochabamba                                                  70,90              29,10                           64,91         35,09
Oruro                                                             82,99              17,01                           73,68         26,32
Potosí­                                                             84,87              15,13                           80,07         19,93
Tarija                                                             49,83               50,17                           43,34         56,66
Santa Cruz                                                     40,74               59,26                           34,75         65,25
Beni                                                               43,72               56,28                           32,67          67,33
Pando                                                            52,50               47,50                           40,96          59,04

Fuente: Corte Nacional Electoral (CNE)

MEXICO | Rating de Crédito. Standard & Poor's (S&P) redujo el panorama del rating de crédito de México el 12 de mayo, de estable a negativo. La decisión de S&P tiene más que ver con fundamentos económicos que con los efectos del brote de gripe porcina. De todos modos, puede tener implicancias para las elecciones legislativas del 5 de julio, y socavar la afirmación del gobierno que ha conducido al paí­s a través de lo peor de la crisis económica global.
        La medida de S&P siguió a algunos abiertos comentarios de Claudio Loser, un ex director del Hemisferio Occidental en el FMI, el 11 de mayo. Loser, un argentino, señala que México debe pagar más altos márgenes en los mercados que Brasil, aunque las agencias de rating de crédito ubican a México en mejor grado de riesgo que Brasil. S&P califica a México BBB+, tres puntos en grado de inversión. Moody's, la otra gran agencia de rating, también ubica a México con grado de inversión, aunque también advierte que México afronta una degradación. Ninguna agencia espera despojar a México de su grado de inversión, incluso aunque S&P espera que la economí­a se contraiga en 5,5% en 2009.
        El gran problema económico que enfrenta México es la dependencia de México de los ingresos por el petróleo, que ahora están declinando, en parte debido a la caí­da de los precios internacionales, pero en gran parte porque la producción se reduce. Sucesivos gobiernos mexicanos han fracasado en hallar ví­as alrededor de la constitución, que mantiene la industria petrolera como monopolio del estado. Esa provisión constitucional, unida con la debilidad financiera de la petrolera estatal, Pemex, ha frustrado el desarrollo de yacimientos petroleros potencialmente enormes en aguas profundas del Golfo de México.

Un grupo de 12 gerentes de alto nivel en la Receita Federal (RF, la agencia fiscal federal), ha renunciado en protesta por la nueva gerencia puesta en funciones luego del despido de la ex jefa de la RF/, Lina Vieira, en julio. Las renuncias son el último en una serie de acontecimientos que sugieren que la RF está bajo presión polí­tica de la administración Lula. Mientras tanto, la oposición acusó al Gabinete Social Institucional (GSI) de “destruir evidencia" que podrí­a incriminar al gobierno, luego que el GSI afirmó que no mantiene registros de los visitantes en el Palacio Planalto. Eso vuelve imposible saber quién está diciendo la verdad, luego que Vieira alegó que la jefa de gabinete, Dilma Rousseff, le pidió a ella que “acelere" el caso de evasión fiscal contra el presidente del senado, José Sarney. Rousseff negó haberse reunido con Vieira.

“Somos empleados civiles que conducen nuestras vidas profesionales basados en principios éticos, en la impersonalidad, la legalidad y la moral. Lo que nos ha llevado a la administración de la Receita Federal fue la creencia en la posibilidad de construir una institución más republicana, con autonomí­a técnica e inmune a la interferencia y las presiones polí­ticas y económicas," el grupo dice en la carta de renuncia. Luego avanza diciendo que “hubo una clara ruptura de las directivas establecidas por la administración previa" encabezada por Vieira y que la nueva gerencia impone “un contexto polí­tico e institucional diferente" del que les habí­a motivado para asumir sus cargos.

Ni el nuevo jefe de la Receita Federal, Otací­lio Cartaxo, ni el ministro de finanzas, Guido Mantega comentaron sobre las renuncias, o sobre el despido de dos de los más cercanos ayudantes de Vieira, Iraneth Weiler y Alberto Amadei, antes en esta semana.

Las renuncias se han convertido en el último de la serie de acontecimientos recientes que sugieren que la administración Lula puede estar interfiriendo polí­ticamente en la gerencia de la RF. La misma Vieira fue designada para el puesto el año pasado, por sus cercanos lazos con el Partido de los Trabalhadores (PT), para reemplazar a Jorge Rachid, que trabajó bajo la ex administración opositora. Pero Vieira fue despedida justo a los 11 meses de estar en el cargo, luego de su testimonio ante un comité del congreso en abril que llevó a que la oposición exigiera una investigación senatorial en la compañí­a de energí­a controlada por el estado, Petrobrás, por supuestas irregularidades en las cuentas fiscales [IL-09-32).

Sin registro de visitantes en el Palacio Planalto
La semana pasada, Vieira confirmó ante un comité del senado que Rousseff le habí­a pedido que “acelere" la investigación sobre evasión fiscal que involucraba a negocios de la familia Sarney en diciembre del año pasado en una reunión en la oficina de Rousseff en el Palacio Planalto. Vieira dijo que a ella se le acercó la ayudante de Rousseff, Erenice Guerra, que le dijo que la reunión debí­a ser secreta. Esto fue respaldado por Weiler en entrevistas con los periodistas. Sin embargo, Rousseff negó que la reunión haya tenido lugar.

A fin de despejar cualquier duda, la oposición requirió, a través de una petición formal de la cámara baja del congreso, que se pongan a disposición los registros de visitantes al Palacio Planalto para un control cruzado. Pero el GSI, que es responsable de la seguridad del palacio, afirmó que no tiene registros escritos o en videos de Vieira, debido a que no retiene registros por más de un mes. Eso ha sorprendido a muchos comentaristas, que exigieron una revisión en los arreglos de de seguridad de lo que deberí­a ser uno de los edificios más seguros en Brasil. Los opositores de derecha, los Demócratas, alegan que el GSI habí­a “destruido evidencia" para proteger al gobierno y exigió una investigación.

• Ley petrolera

El opositor gobernador del estado de São Paulo y actual candidato lí­der para las elecciones presidenciales de 2010, José Serra, dice que el nuevo marco regulador propuesto por el gobierno para el sector del petróleo offshore es “precipitado". El está pidiendo un amplio debate público acerca del futuro del sector. Sérgio Cabral, el gobernador aliado del estado de Rí­o de Janeiro, productor de petróleo, también criticó los planes filtrados para alterar la manera en que los royalties petroleros son distribuidos para que todos los estados y las municipalidades, incluidas en regiones no productoras de petróleo, reciban una proporción del ingreso producido por el petróleo. Se espera que el gobierno devele dentro de poco tiempo sus largamente esperadas nuevas propuestas para la exploración y el desarrollo de las reservas offshore de petróleo y gas.