Fue casi inevitable que las noticias de la semana pasada sobre Venezuela estuvieran dominadas por la sugerencia del tele-evangelista de EU, Pat Robertson, que el Presidente Hugo Chávez sea asesinado. Eso proveyó la oportunidad para la indignación retórica oficial venezolana, y desvió la atención de dos hechos molestos en Venezuela: un violento ataque a una demostración opositora y la aprobación de una ley que asigna funciones de seguridad interna a la expandida reserva
militar.
Robertson, veterano practicante de ocurrencias extravagantes, ya había aludido a Chávez , a menudo repitiendo comentarios que EU planeaba asesinarlo. Dijo: 'Si él piensa que tratamos de asesinarlo, yo pienso que realmente debemos seguir adelante y hacerlo. Es mucho más barato que comenzar una guerra. Y no pienso que se vaya a frenar los embarques de petróleo [...] Tenemos la capacidad de sacarlo, y pienso que llegó el tiempo de ejercer esa capacidad. No necesitamos otra guerra de 200 billones de dólares para librarnos de un, usted sabe, dictador fuertemente armado.' Robertson también dijo que Chávez 'destruyó la economía venezolana' y transformó a Venezuela en una 'plataforma de lanzamiento para la infiltración comunista y el extremismo musulmán.'
El Vice-Presidente venezolano, José Vicente Rangel, calificó esas palabras, de 'declaraciones terroristas'. Bernardo Alvarez, el embajador venezolano en EU, dijo en la televisión que no creía que Robertson hablaba como ciudadano privado -implicando que sus declaraciones reflejan la política oficial. El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack insistió en que Robertson habló en su condición privada, pero describió sus palabras como
'inapropiadas'.
En cuestión de días, eso avanzó hacia una discusión sobre la clase de seguridad que EU proveería a Chávez durante su próximo viaje a Nueva York, para asistir a la Asamblea General de la ONU, asumiendo que alguien trataría de 'poner en práctica el dictamen de Pat Robertson.' Algunos canales mediáticos buscaron poner las cosas en perspectiva catalogando previas declaraciones de Robertson, pero poco de eso fue reproducido en Venezuela.
Tareas para la reserva
Robertson habló el 24 de agosto. El alboroto sobre sus palabras casi obscureció por completo la aprobación por la asamblea nacional venezolana, dos días más tarde, de dos artículos en la ley de las fuerzas armadas que establece la reserva militar bajo un 'comando' separado ('Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional') y definió sus
funciones.
El Artículo 30 dice: 'La reserva militar es responsable de complementar a las fuerzas armadas activas en el cumplimiento de sus funciones y en la provisión de reemplazos en las unidades, y otras tareas asignadas en respaldo de la defensa integral de la nación. Las unidades de reserva movilizadas tomarán parte en el desarrollo nacional y cooperar en el mantenimiento del orden
interno.'
Esa última frase fue tomada por la oposición. Algunos lo interpretaron como la confirmación de sus previas advertencias que Chávez realmente intenta elevar la reserva como un instrumento de control político, imitando el modelo cubano. Otros, que ven la reserva como un paso hacia la 'militarización' de la sociedad venezolana, señalando que una de sus funciones estipuladas es 'contribuir a la formulación, estudio y diseminación del pensamiento militar venezolano.' Otros ven el establecimiento de la reserva bajo un 'comando' separado, como equivalente a crear una nueva rama de las fuerzas armadas, mayor que los servicios existentes y más allá de la asamblea
nacional.
Quizá con más precisión, Gerardo Blyde, representante de Primero Justicia (PJ, único partido de oposición con algunas ganancias en las recientes elecciones municipales), dijo que eso contradice la explicación previa del gobierno que la reserva se expandía para afrontar la amenaza de una invasión
externa.
Represión por una multitud
La mayoría de las objeciones a la legislación sobre la reserva militar, igual a las hechas a la ampliación de la corte suprema y la reciente legislación sobre la 'responsabilidad' de los medios, se refiere a amenazas potenciales; la posibilidad que pueda usarse para sofocar la oposición al gobierno. Hasta ahora, eso no se ha materializado: pese a todo el ruido hecho en el exterior, la mayoría de los medios venezolanos son propiedad de opositores y son más críticos en sus ataques al gobierno; la justicia, incluso después de la ampliación de la corte suprema, ha desechado repetidamente las acusaciones presentadas contra miembros de la oposición, incluso los que tomaron parte del golpe de 2002 contra Chávez .
Sin embargo, nada potencial sobre los eventos que tuvieron lugar en el centro de Caracas el 27 de agosto. Unas 1.000 personas se reunieron para una marcha organizada por el opositor Frente Nacional por la Liberación de los Presos y Perseguidos Políticos (una organización que apoya a miembros de la oposición presos por motivos políticos o perseguidos por las autoridades). Su propósito era entregar a la asamblea nacional una petición para reemplazar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se destacaba entre los participantes en la marcha, Patricia Poleo, editora del diario El Nuevo País, que fue condenada a principios de año acusada de difamación.
Al acercarse a su destino, fueron enfrentados por una multitud que les arrojó botellas, palos, gases lacrimógenos y poderosos petardos. Los atacantes se identificaron como partidarios del gobierno. La policía, que escoltaba la demostración en motocicletas y la guardia nacional estacionada sobre la ruta de la marcha, observaban pero no intervinieron. En una plaza cercana otro grupo de simpatizantes del gobierno realizaban, sin incidentes, una demostración para repudiar 'las permanentes agresiones del gobierno de EU contra Venezuela'.
Quedó en manos del jefe de operaciones de los bomberos metropolitanos informar más tarde que al menos seis de los manifestantes fueron heridos, dos de ellos bastante seriamente (uno por una gran piedra, el otro por un petardo al que le pusieron el nombre de 'Bin Laden').
El presidente de la asamblea nacional, Nicolás Maduro, culpó del choque a los manifestantes. Los describió como 'opositores radicales que buscan provocar violencia'. Su objetivo, dijo, era crear una atmósfera desfavorable para la reunión ministerial sobre la Carta Social de las Américas que debía comenzar el día siguiente con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Maduro agregó más tarde que la asamblea estaba dispuesta a recibir la petición de los manifestantes, pero señaló que el CNE sólo se renovaría luego que asuma la nueva asamblea que debe ser electa en diciembre. Los manifestantes, igual que gran parte de la oposición, afirman que el CNE favorece al gobierno. En verdad, culpan de ello al pobre desempeño de la oposición en las recientes elecciones municipales. Los observadores internacionales no han podido corroborar ninguna de las acusaciones hechas contra el
CNE.