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La ratificación por el congreso de Brasil de la membresí­a de Venezuela en el Mercosur es sólo el más prominente de una larga lista de acuerdos firmados por el ejecutivo con gobiernos extranjeros que aguardan la aprobación del congreso. Con la ronda sobre liberalización comercial de la OMC, que se espera ahora que fracase, esos retrasos pueden resultar en significativas pérdidas para Brasil. En verdad, es más probable que tenga que firmar acuerdos comerciales individuales con otras naciones, muchas de los cuales contienen detalles técnicos y de tarifas que no sobreviven el promedio de cuatro años necesario para ratificar el acuerdo por el congreso.

El problema ya causa bochorno al Presidente Lula da Silva, al que sus pares le recuerdan constantemente los atrasos cuando va al exterior. De acuerdo con Folha de São Paulo, algunos paí­ses rehúsan firmar nuevos acuerdos con Brasil hasta que los previos sean tratados en el congreso. En la actualidad, 143 de esos acuerdos esperan ser votados por el congreso de Brasil, 127 en la cámara baja y 16 en el senado. Van desde acuerdos de turismo con Cuba hasta de extradición con Angola, desde controles veterinarios con Argelia a seguridad social con España. El más antiguo es la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, firmada en 1994.

Para Jorge Nemr, un especialista en ley internacional entrevistado por Folha, "hay un problema institucional en el congreso de Brasil" que causa retraso en el voto de acuerdos internacionales. Uno de esos fracasos es la lentitud habitual del congreso, causada a menudo por mezquindad polí­tica que impide el debate y el voto. Otro, causado por el propio ejecutivo: el exceso de decretos presidenciales, que bajo la ley brasilera tienen prioridad de voto sobre otras leyes, retrasando por tanto el programa de votaciones en el congreso.

A fin de resolver el problema, el ejecutivo está preparando nueva legislación para acelerar la aprobación de acuerdos internacionales. La nueva legislación fue elaborada por el canciller, Celso Amorim, y su principal atributo es que permite que los acuerdos sean aprobados y luego ratificados por comisiones especí­ficas del congreso relacionadas con la naturaleza del acuerdo, poniendo fin a la necesidad de un voto en la cámara baja y luego en el senado. Sin embargo, le espera un largo recorrido en el congreso.

• Junta de Defensa Sudamericana

El canciller de Brasil, Celso Amorim, dijo a periodistas extranjeros esta semana, en São Paulo, que Brasil propondrá la creación de una Junta de Defensa Sudamericana para abordar cuestiones de defensa que conciernen a la región. Amorim dijo que Brasil no estaba paranoico acerca de un ataque "pero la defensa de la región debe coordinarse de la mejor manera posible", como también "incrementar la colaboración y el entrenamiento conjunto" entre militares sudamericanos. Amorim siguió diciendo que la Junta era necesaria debido a que la actual "posición geoestratégica [de la región] aún refleja viejos conceptos continentales emanados de EU".

El Presidente de EU, George Bush ha lanzado dos fuertes ataques contra su par venezolano Hugo Chávez , o mejor, su "régimen", en semanas recientes. Ambos fueron diseñados para persuadir al congreso de EU que Venezuela es una amenaza auténtica a la estabilidad en América Latina, y para ejercer presión sobre los legisladores para aprobar un TLC con Colombia, como materia de seguridad nacional. Eso, arguye Bush, serí­a un justo premio a un aliado que sirve de contrapeso geopolí­tico a Venezuela en la región andina. Aparte del hecho que el TLC debe ser juzgado por sus méritos propios, hay una preocupación real que mezclar cuestiones de seguridad nacional con el comercio, pueda establecer un peligroso precedente.

El 8 de marzo, Bush trató el retraso del congreso en el voto sobre el TLC con Colombia en un astillero en Jacksonville, Florida, en términos de "implicaciones de seguridad nacional". Dijo que el TLC ayudarí­a al gobierno del Presidente Alvaro Uribe a confrontar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un desafí­o que él dijo estaba "compuesto de hostilidad y agresión [...] de vecinos." Clarificó: "El régimen en Caracas [que] se descarrió contra América, ha forjado una alianza con la Cuba comunista, se ha reunido con lí­deres de las Farc en Venezuela, ha desplegado tropas en la frontera colombiana. Y en el proceso, los lí­deres del régimen han despilfarrado su riqueza periodista y dejan que su pueblo sufra de escasez de alimento." (Serí­a extraño, por supuesto, si Chávez no se reuní­a con lí­deres de las Farc, dado que Uribe lo habí­a designado como mediador en ese entonces.)

Bush siguió planteando el tema de las tres computadoras halladas luego que los militares bombardearon el campamento de las Farc en Ecuador el 1 de marzo. Afirmó que los files de la computadora sugerí­an "lazos más estrechos entre el régimen venezolano y terroristas de las Farc de los que previamente sabí­amos." Y agregó: Los funcionarios colombianos están investigando esos lazos pero esto debe quedar claro: los Estados Unidos apoyan con fuerza, y está fuertemente con Colombia en su lucha contra los terroristas y los señores de la droga."

Dí­as antes, en un discurso ante la Cámara de Comercio Hispano-EU en Washington, Bush también abogó por la aprobación del TLC al referirse a la amenaza planteada por Venezuela. "Mientras trata de expandir su influencia en América Latina, el régimen [venezolano] afirma que promueve la justicia social. En verdad, su agenda llega a poco más que promesas vací­as y sed de poder," afirmó Bush en su discurso. Y agregó: "Como muestra el reciente punto muerto en los Andes, la región está afrontando una crecientemente dura opción: aceptar calladamente la visión de los terroristas y los demagogos, o apoyar activamente a lí­deres democráticos como el Presidente Uribe." Como se esperaba, Chávez replicó con sus epí­tetos habituales describiendo a Bush como "terrorista" y "patrocinador del genocidio".

El comandante del Comando Sur de EU, el Almirante James Stavridis, reflejó las palabras de Bush durante un testimonio el 31 de marzo ante el Comité de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EU, como parte de la "declaración de postura" anual del Comando Sur ante el congreso. Luego de ensalzar la "aptitud de la región para resolver problemas" pací­ficamente, en relación a la disputa entre Colombia, Ecuador y Venezuela, Stavridis también dijo que era "muy importante" que el TLC se apruebe desde "una perspectiva de seguridad nacional". Agregando: "Y he oí­do eso no sólo de personas importantes en Colombia, sino de mis interlocutores en la región. Ellos están mirando muy de cerca para ver qué le pasa a una nación que está ubicada con los Estados Unidos por una década o más."

El TLC como cuestión de seguridad nacional

Es un punto discutible cuán grande es la amenaza que representa Chávez para EU. Mientras él es libre para insultar cuando se refiere a Bush y al "imperio" de EU, y quiere claramente reducir la influencia de EU en América Latina, la mayor amenaza que él plantea es que EU tome su retórica combativa muy en serio y adopte polí­ticas erróneas que podrí­an enajenar a paí­ses más moderados en la región. De la misma manera que Chávez tiene poca razón para involucrarse en una disputa que involucra a Colombia y Ecuador, Bush tiene poca causa para arrastrar a Venezuela en una cuestión que involucra a Colombia y EU.

EU, discutiblemente hizo más daño a su influencia en la región con su firme apoyo a Colombia ante la OEA por un ataque, que toda la región ha condenado como una violación de la integridad territorial de lo que puede ganar premiando a un aliado con un TLC. El argumento que al no aprobar el TLC podrí­an debilitar la percepción de EU en la región y por tanto reducir su peso con otros paí­ses es difí­cil de sostener, en especial porque el contra-argumento es convincente. Si el congreso de EU asume una posición de principio sobre el TLC con Colombia, sobre bases de derechos humanos y de trabajo, muchos de los gobiernos de izquierda en la región serí­a bastante probable que apoyen la decisión y no que asuman que EU no acompaña a sus aliados.

Está lejos de ser cierto que un TLC con EU podrí­a incrementar la prosperidad económica en Colombia, fortaleciendo la democracia y por extensión aplicar un golpe a las Farc. Los primeros resultados del tratado comercial Cafta-DR, por ejemplo, no es uniformemente positivo: el aumento de las exportaciones de EU a Centroamérica supera el aumento de las exportaciones en dirección opuesta.

Vale reiterar, a la luz de la decisión de Bush de investigar las tres computadoras, que los files de las computadoras de las Farc deben tratarse con extrema cautela, pues es probable que reflejen la distorsionada visión de la realidad y nostálgicos pensamientos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, minimizó la utilidad de los contenidos de las computadoras, esta semana. Dijo que ni siquiera la Interpol podrí­a establecer si eran genuinos. Sin embargo, así­ como está mal que Bush (y Colombia) le den mucho significado a los files cuando (aún) no pueden ser considerados evidencia sólida, que Chávez se apresuró a subestimar: "No se sorprendan si esa computadora tiene una foto mí­a con bin Laden y [el lí­der de las Farc, Manuel] Marulanda," dijo esta semana.

Chávez tradicionalmente se aprovecha del tipo de crí­ticas lanzadas por Bush. Le da la oportunidad para expresar, como hace Cuba, que las dificultades del paí­s pueden atribuirse a factores externos. Aunque hay crecientes sugerencias que la escasez de alimentos (aludidos por Bush) y la inseguridad interna están minando su apoyo. Chávez sabe que debe abordar esas cuestiones si quiere evitar un revés en las elecciones municipales de octubre. Dos encuestas difundidas la semana última muestran que su apoyo cayó a su más bajo nivel por cuatro años (34% y 37%). Aunque las encuestas no calibran correctamente la popularidad de Chávez en los barrios -pilares de su apoyo- ellas implican, como el revés sufrido en el referéndum en diciembre, que es probable que Chávez tenga menos tiempo para plantear una amenaza a la seguridad nacional de EU en el futuro.

• El alto comando de las Farc

Las Farc han designado a Mauricio Jaramillo, "el médico", para reemplazar a Iván Rí­os en su alto mando, o secretariado. Jaramillo, de 56 años, es un doctor entrenado, estaba a cargo de los hospitales móviles de las Farc y es el doctor personal del ahora enfermo lí­der de las Farc, Manuel Marulanda. Una declaración de las Farc atribuye el asesinato de Rí­os el 7 de marzo a infiltrados del ejército. Rí­os fue muerto por su guardaespaldas, Pablo Montoya, "Rojas", que cercenó la mano derecha de Rí­o para presentarla a las autoridades. El está exigiendo la recompensa de US$2,5m que el gobierno ofrecí­a por la captura de Rí­os.

COLOMBIA | Crecimiento. La economí­a creció en 4,1% en el primer trimestre de 2008, comparado con el mismo periodo del año pasado, informó el departamento administrativo nacional de estadí­stica, Dane. Es bastante menor del 9,1% exhibido en el primer trimestre de 2007. El crecimiento del PBI también cayó en 0,9%, comparado con el trimestre final de 2007. En el contexto de la declinación del crecimiento regional del PBI, es consistente con otros paí­ses como Argentina y Venezuela, que vieron su alto crecimiento de un solo dí­gito caer a similares niveles en el primer trimestre, aunque no amainó el ritmo de crecimiento del PBI en Perú. El crecimiento más impresionante fue en el sector financiero y servicios (7,5%), transporte (7,4%) y minerí­a (5,2%).
    Es interesante señalar que el comercio en las dos ví­as entre Colombia y Venezuela llegó a US$2,06bn en los primeros cuatro meses del año, subiendo 30,1% sobre el mismo periodo en 2007, de acuerdo con la cámara de comercio bilateral, Cavecol. Esto oculta los temores que las tensas relaciones entre los dos paí­ses y las periódicas amenazas de Chávez de recurrir a Brasil para cubrir las necesidades de Venezuela en vez que Colombia pueda dañar el comercio. En verdad, las exportaciones colombianas a Venezuela crecieron en 45% durante ese periodo, mientras las exportaciones venezolanas a Colombia cayeron en 9%.

BOLIVIA | USAID. Los productores de coca de Chapare, una provincia en Cochabamba, anunció la expulsión de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EU (USAID) del área. Las autoridades municipales dicen que mientras esos proyectos en marcha serí­an completados, hasta el 26 de junio no se habí­an firmado. El gobierno ha acusado en varias ocasiones a la USAID de conspirar contra el Presidente Evo Morales, y de apoyar a grupos de derecha como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). El 30 de junio, el gobierno anunció que EU habí­a congelado US$657m en ayuda de la Cuenta del Desafí­o del Milenio (MCA, en inglés).

Una escisión se abre en el corazón del Uribismo. La causa principal consiste en que el Presidente Alvaro Uribe no ha clarificado de una manera u otra si él pretende buscar la reelección en 2010, 2014 o, en verdad, nunca. El signo más visible de la tensión fue la riña pública esta semana entre el ex senador Germán Vargas Lleras, lí­der de Cambio Radical (CR) y un aspirante a la presidencia, y el actual Vicepresidente, Francisco Santos. Eso podrí­a poner en riesgo la aprobación de la petición popular para reformar la constitución para permitir a Uribe competir por un tercer periodo, e importantes proyectos de reformas polí­tica y judicial, que el gobierno está tratando que sean aprobados por el congreso, para lo cual el apoyo de CR es esencial.

El catalizador de la actual tensión fue que el gobierno no designó a un miembro de CR, Edgar Castellanos, en el cargo de superintendente de salud, como se esperaba. Cuando CR expresó su indignación ante el desaire, Santos acusó al partido de “voracidad burocrática", y de tratar de controlar la cámara de comercio de Bogotá. Vargas Lleras devolvió el golpe. Acusó indirectamente a Santos de apoyar las ambiciones presidenciales de su primo -el ministro de defensa, Juan Manuel Santos- y al mismo Uribe de tratar de perpetuarse en el poder él mismo, ví­a una petición popular, que le permitirí­a competir en 2010, y el proyecto de reforma polí­tica, que le permitirí­a competir en 2014.

Vargas Lleras dejó en claro sus ambiciones presidenciales, pero se resiste a lanzarse al ruedo hasta que sea resuelta la cuestión de la reelección. El dice que pretende vivir en cada Departamento de Colombia por al menos una semana en cada uno, para sondear sus problemas y analizar si su candidatura serí­a viable.

El ministro del interior y justicia, Fabio Valencia, que necesita el apoyo de CR para que se aprueben las reformas polí­tica y judicial en el congreso, está tratando desesperadamente de evitar una seria escisión en el Uribismo. Insistió, nada ingenuamente, que las opiniones de Santos no representaban al gobierno. (Uribe, hay que señalar, ha dejado en claro que él respetaba las opiniones de Santos incluso cuando no coincidí­a con él.) La posición de Valencia ha sido dañada por el arresto de su hermano Guillermo, que hasta recientemente era el fiscal general en el departamento natal de Uribe de Antioquia, el 26 de setiembre, bajo cargos de corrupción. Guillermo también está acusado de lazos con Don Mario, un poderoso jefe de la droga fugitivo, y patrocinador de los grupos paramilitares “emergentes" [IL-08-34].

• ¿Ejecuciones extrajudiciales?
  El espectro de las muertes extrajudiciales acosa al gobierno. Los cuerpos de 45 hombres jóvenes fueron hallados a fines de setiembre en tumba sin señas, 23 de ellos en la provincia del norteño Santander. El ejército afirma que los hombres fueron muertos en combate. La oficina del fiscal general está investigando. “Ellos me han dicho que aún hay elementos en las fuerzas de seguridad que exigen, como un signo de resultados, cuerpos muertos," dijo el ministro de defensa, Juan Manuel Santos. “Me es difí­cil creer que eso sea cierto. Hemos dicho y repetido que preferimos un combatiente desmovilizado a uno capturado, y uno capturado a uno muerto.".

COLOMBIA | Café. El valor de la cosecha de café alcanzó un record de US$1,95bn en 2008, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé). Sin embargo, la producción de café cayó en 9% en 2008, a 11,5m de bolsas de 60 kilos, comparado con 2007, como resultado de la renovación de cultivos y los altos precios de los fertilizantes. La caí­da en los precios de las materias primas y la contracción de la demanda de los mercados clave de Europa y EU, como resultado de la declinación económica, dañarán las exportaciones en 2009.

ECUADOR | Petroecuador. El Presidente Rafael Correa anunció la semana pasada un agresivo plan de reestructuración para la compañí­a petrolera controlada por el estado, Petroecuador, que incluye reducir su presupuesto en un tercio, a US$3bn y reducir lo que podrí­a llegar a ser el 20% de la fuerza de trabajo de 7.000. Correa, que acusó a gobiernos previos de utilizar Petroecuador como “botí­n privado", dijo que él lamentaba tomar esa decisión pero no tení­a otra opción debido a la aguda caí­da en el precio del crudo. Correa hizo el anuncio dí­as después que Petroecuador informó ingresos por exportación de petróleo de US$6,46bn el año pasado, 61% más que en 2007, mientras que el volumen de las exportaciones de crudo durante igual periodo se elevó 16%, a 77,48m de barriles.

Uno de los últimos sí­mbolos de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), la llamada Lei de Imprensa, que fue impuesta para poner freno a la libertad de la prensa brasileña, llegó a su fin la semana pasada. Siete de los 11 jueces de la corte suprema votaron a favor de su revocación. La Lei de Imprensa fue considerada “incompatible" con la constitución de Brasil y, de ahora en más, los casos contra periodistas deberán estar basados exclusivamente en la constitución y el actual código penal del paí­s.

La constitución brasileña promulgada luego del fin de la dictadura, defiende el derecho a la prensa libre y previene cualquier censura a la libertad de expresión. Desde hace tiempo se desarrolla una permanente campaña para anular la Lei de Imprensa, que permite sentencias de prisión por delitos como “difamación", denigración" e “insultos".También impide cualquier participación extranjera en los medios brasileños. Con la anulación de la ley, los periodistas brasileños y los medios ahora serán procesados bajo las regulaciones del código penal sobre calumnias y difamación.

En febrero de 2008, la corte suprema primero dictaminó la suspensión de 22 de los 77 artí­culos de la ley por seis meses, citando su incompatibilidad con la constitución. Esta decisión fue extendida en setiembre de 2008. En principio, la mayorí­a de los jueces acordaron que la Lei de Imprensa era draconiana, pero hubo acalorados debates con relación al derecho de apelación para aquellos que sienten que han sido ví­ctimas de falsos demandas.

Curiosamente, el presidente de la corte suprema, Gilmar Mendes y su par Joaquim Barbosa, que tuvieron una riña pública el mes pasado, llevando a la corte suprema a una crisis institucional, acordaron que partes de la Lei de Imprensa debí­an quedar en vigencia para frenar los “abusos" de las leyes que regulan el periodismo. Barbosa llegó a afirmar que los medios de Brasil estaban concentrados en las manos de un pequeño número de personas, sugiriendo que la cobertura de la prensa brasileña era sesgada, y que eso “dañaba a la democracia."

Pero, la mayorí­a de los jueces decidieron que la Lei de Imprensa debí­a ser anulada en su totalidad. “La regulación de la prensa no puede llevarse a cabo con una ley que fue impuesta con el claro objetivo de restringirla," afirmó Carlos Alberto Direito. “La vieja legislación fue impuesta en tiempos de excepción democrática, y su objetivo fue exclusivamente dirigido a frenar al máximo la libertad de expresión, con el fin de consolidar el régimen autoritario que controlaba al paí­s en ese entonces," dijo Ricardo Lewandowski.

Como era de esperar, las asociaciones de prensa aplaudieron la decisión de la corte suprema. Pero la Associação Nacional de Jornais (ANJ) emitió una declaración defendiendo la aprobación de la nueva legislación por el congreso para compensar el fin de las garantí­as que estaban incluidas en la Lei de Imprensa y que no están claramente definidas ni en la constitución ni en el código penal. Entre esas garantí­as estaba el derecho a la apelación, que fue una de las causas del desacuerdo en la corte suprema.

Los polí­ticos con una historia en la defensa de la libertad de prensa estaban divididos. El presidente de la cámara baja del congreso, Michel Temer, dijo que no serí­a necesario crear una nueva legislación, pues la constitución garantiza el derecho a la información, el secreto de las fuentes y las penas por eventuales abusos. Gustavo Fruet, diputado por el opositor Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), dijo que eran necesarias “reglas claras con relación al derecho a apelar y cómo exigirlo". El senador Marco Maciel, que sirvió como vicepresidente de Brasil durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, dijo que “se necesita una nueva ley [de medios] que esté en armoní­a con la nueva vigencia de la ley, y que también cubre el advenimiento de nuevas tecnologí­as" para el ejercicio del periodismo.

• Collor

El opositor Partido Popular Socialista (PPS) vinculó al Presidente Lula da Silva con el enjuiciado ex presidente Fernando Collor en una publicidad por la TV, luego de una filtración que sugerí­a que el gobierno estaba planeando cambiar las reglas sobre las cuentas de ahorro. La administración Collor (1990-1992) se volvió famosa no sólo por la corrupción, sino también debido a su decisión de confiscar los ahorros por un año, con la excusa de combatir la hiperinflación. Lula dijo que el PPS tení­a “una actitud insensata" y que actuaba con “total irresponsabilidad" al afirmar que el gobierno “tocarí­a los ahorros".

BRASIL | Bolsa Familia. El número de familias brasileñas pobres que se benefician del programa Bolsa Familia o de subsidios directos llegará a 12m para fines de agosto, de acuerdo con el ministerio de desarrollo social. Espera que 13m de familias estén incorporadas en el esquema para fines de 2009, recibiendo subsidios de entre R$22 y R$220 (US$12 y US$108) por mes. Afirma que el programa ha ayudado a mitigar los efectos de la declinación económica sobre los pobres. La oposición arguye que eso es una iniciativa de compra de votos ante las elecciones del año próximo.

CHILE | Se contrae el PBI. La economí­a se contrajo en 3,4% en la primera mitad de 2009, informó el banco central, después de una declinación de 4,5% en el segundo trimestre. La pesca fue duramente afectada (-27,3%), seguida por la industria (-13,1%); comercio (-7,1%); transporte (-6,0%); construcción (-4,8%); minerí­a (-2,5%) y agricultura (-2,3%).

Dos votaciones cruciales tuvieron lugar en Honduras esta semana. La primera, el 29 de noviembre, otorgó a Pepe Lobo Sosa, el candidato presidencial por el opositor Partido Nacional (PN), una confortable victoria; la segunda, el 2 de diciembre, mostró al congreso votando categóricamente por no reinstalar al depuesto presidente Manuel Zelaya antes de la investidura de Lobo el 27 de enero. La segunda votación ha vuelto muy difí­cil para la mayorí­a de los estados latinoamericanos y para gran parte de la comunidad internacional, aceptar la legitimidad de la primera.

Lobo derrotó a Elvin Santos, del Partido Liberal (PL) por 56% a 38%, con 6% yendo a tres candidatos que representaban a partidos pequeños. La composición del congreso de 128 bancas aún no queda claro pero, dada la amplia victoria de Lobo, hay una buena chance que el PN asegure la mayorí­a. Hubo una gran presencia militar el dí­a de la elección: la única violencia de cierta importancia fue la acción del ejército para dispersar a manifestantes pací­ficos con mangueras de agua a presión, en la segunda ciudad, San Pedro Sula.

La escala de la victoria de Lobo podrí­a atribuirse a la erosión del apoyo del público al PL, al que culpan por la crisis polí­tica: ambos, Zelaya y el presidente de facto, Roberto Micheletti, pertenecen al partido. La participación de los votantes fue más significativa que la dimensión de la victoria para ayudar a legitimar las elecciones. Con 60% de los votos contados, el tribunal supremo electoral (TSE) calculaba que la abstención fue sólo de 40% (cuando Zelaya ganó en 2005, fue de 44%), pero hay cierta duda sobre la precisión de esa cifra, especialmente por la ausencia de observadores internacionales. Naturalmente, los Zelayistas dan una cifra mucho más alta: en 60%. Esto es improbable que pueda clarificarse pronto. El TSE ya ha anunciado que los resultados finales no serán difundidos hasta el 29 de diciembre.

La segunda votación no fue una sorpresa. Después de 10 horas de debate, el congreso votó 111 a 14, con tres abstenciones, por no reinstalar a Zelaya por lo que resta de su término. Los diputados sostuvieron los argumentos presentados en los informes que recibieron de, entre otros, la corte suprema y la oficina del fiscal general. Zelaya que habí­a rehusado aceptar una votación sobre su restitución en el cargo, luego de acusar al gobierno de facto de contravenir los términos del Acuerdo de Tegucigalpa, dijo que el congreso habí­a “condenado a los hondureños a vivir fuera de la vigencia de la ley".

El resultado de la votación fue justificado por los diputados sobre bases ideológicas más que constitucionales; fue basada en la asunción que Zelaya tení­a la intención de convertirse en lo que un diputado describió como un “dictador democrático" en el molde del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez . Un diputado que votó por la reinstauración de Zelaya señaló que eso, y por implicancia, no de una lectura minuciosa de la constitución, fue la verdadera motivación del golpe del 28 de junio.

El hecho que todos los 55 diputados del PN (y el grueso del PL) votaron por bloquear el retorno de Zelaya, muestra que Lobo no ejerció su influencia sobre el partido. El ahora necesita lanzar gestos, si no a la comunidad internacional, entonces a EU, para ayudar a conferir legitimidad a su mandato. La presión sobre el congreso para restaurar a Zelaya al poder fue sustancialmente reducida luego que EU acordó reconocer las elecciones de antemano, pero el Secretario de Estado Asistente de EU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, dijo luego que “Honduras debe hacer algo más que sólo su elección" para ser reincorporada al concierto de naciones.

Valenzuela casi ciertamente está exagerando el caso, aunque EU podrí­a usar su poder de voto para asegurar los préstamos multilaterales, fundamentales para estimular la economí­a hondureña, eso podrí­a ser retenido a menos que Lobo haga una serie de gestos. Es difí­cil imaginar que un amplio no-reconocimiento pueda mantenerse por mucho tiempo, igual a lo que ocurre con paí­ses con default sobre la deuda no permanecen como parias internacionales por tiempo indefinido.

En la cumbre Ibero-Americana en Portugal, el 30 y 31 de noviembre, España dijo que no reconocerí­a las elecciones, pero que tampoco podí­a ignorarlas -un oxí­moron diseñado para reducir la brecha entre Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, por un lado, y Brasil y el resto de la región por el otro.

El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, dijo que no podí­a permitirse que Honduras se convierta en “la Myanmar de Centroamérica", agregando que “no fue el error del pueblo hondureño, al que no debe hacerse sufrir". El Presidente de Brasil, Lula da Silva, insistió que reconociendo las elecciones legitimando el golpe establecí­a un precedente negativo. Lula claramente teme que eso pueda alentar a grupos poderosos a conspirar contra presidentes orientados hacia las reformas en el futuro. La reaccionaria elite polí­tica y empresarial en Honduras, ciertamente emerge fortalecida de la crisis y, como lo expresó uno de los más influyentes empresarios del paí­s, Adolfo Facussé: “No nos importa Brasil [...] Nosotros llegamos a Miami en dos horas, a Brasil, en cambio, demoramos ocho".

La próxima movida de Lobo
Son esos grupos, y no Lobo, los principales dueños del poder en Honduras, pero aún hay gestos que Lobo podrí­a hacer para tratar de ganar apoyo regional e internacional para su gobierno. El está tocando la melodí­a apropiada -prometiendo establecer un gobierno de unidad nacional- aunque no está claro si eso se traducirá en posiciones en el gabinete para los Zelayistas. El también podrí­a revivir la cláusula del Acuerdo de Tegucigalpa para establecer una comisión de la verdad en la primera mitad de 2010, para clarificar los eventos de antes y después del 28 de junio.

Lobo necesitará definir el status de Zelaya, que aún está en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Zelaya rehusó una amnistí­a bajo el Acuerdo de Tegucigalpa, pero es improbable que Lobo desee la adversa publicidad de Zelaya enjuiciado por meses al comienzo de su mandato. En la estela inmediata de las elecciones, Zelaya dijo que él estaba dispuesto a conversar con Lobo, con quien él dijo que tení­a “una amistad personal, pero diferencias polí­ticas", pero él condenó a Lobo por asociación después que los diputados del PN votaron para “blanquear el golpe".

¿Reforma constitucional?
Puede parecer la última oportunidad para plantear la cuestión de una asamblea constituyente de nuevo en Honduras, pero Lobo puede hacer una insinuación a Zelaya, EU y a la más amplia comunidad internacional, promoviendo la reforma constitucional. A menudo se olvida que Lobo abogaba por una asamblea constituyente antes del golpe -sólo en sus propios términos. El necesitará trabajar en estrecha consulta con todas las instituciones hondureñas, y con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), si es que quiere evitar el mismo destino de Zelaya, pero una reforma constitucional podrí­a ayudar a cerrar algunas heridas.

La constitución hondureña necesita definir más claramente la separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno. Aunque ya deja en claro que el uso de la policí­a o de los militares para remover un presidente de su cargo está prohibido, podrí­a ser útil crear provisiones para realizar un juicio polí­tico a un Presidente para destituirlo del cargo.

• OEA

La OEA, que rehusó enviar observadores para monitorear las elecciones, convocará a una sesión especial de su consejo permanente el 4 de diciembre, para evaluar las elecciones y el voto en el congreso. La OEA deberí­a también mirarse al espejo a sí­ misma. Una cuestión que deberí­a estar en la agenda es una urgente reforma de la carta democrática de la OEA, para asegurar que la OEA tenga un rol mucho más activo antes que los choques entre diferentes ramas de un gobierno inicie una espiral y quede fuera de control.

El Presidente Lula da Silva y los sindicatos vinculados con su Partido dos Trabalhadores (PT) se esfuerzan para contrarrestar el ascenso en las encuestas del probable candidato presidencial de la oposición, José Serra. Lula ha continuado haciendo campaña por su elegida como heredera polí­tica, Dilma Rousseff, llegando al punto de hacer mofa de la corte suprema electoral luego que lo multó a él por hacer campaña ilegal. Por su lado, los sindicatos vinculados al PT están intentando socavar la candidatura de Serra con huelgas e incluso fomentando la violencia en el estado de São Paulo, donde él permanece como gobernador.

De acuerdo con la última encuesta de opinión de DataFolha, la ventaja de Serra sobre Rousseff se ha ampliado de nuevo desde la aclamación de la última como candidata presidencial del PT el mes pasado [IL-10-08]. El apoyo a Serra ha subido a 36%, de 32% a fines de febrero, mientras que el apoyo por Rousseff ha permanecido estable en 27%, cayendo de 28% un mes antes. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, lo que significa que en un escenario sin el aliado del gobierno, el diputado Ciro Gomes en la carrera, Serra podrí­a potencialmente ganar en la primera ronda.

Significativamente, la encuesta revela que Rousseff permanece fuertemente dependiente de la popularidad de Lula y aún no ha logrado establecerse por sí­ misma independientemente de él. Pese a su aclamación como candidata del PT, ella aún no ha superado el umbral de un tercio de los votantes (el tradicional techo electoral del PT).Y eso ocurre pese al record de popularidad del gobierno de Lula: 76% de los entrevistados en la encuesta de DataFolha dice que fue 'bueno' o 'muy bueno'. De acuerdo con DataFolha, de ese 76%, sólo el 33% apoya a Rousseff, mientras que 32% favorecen a Serra. Ese es un claro signo que Lula no ha logrado traspasar totalmente su popularidad a Rousseff.

Aunque la ventaja de nueve puntos de Serra está bastante lejos de los 20 puntos porcentuales que él disfrutaba hace un año, el incremento en el apoyo para su candidatura en semanas recientes, ha comenzado a preocupar a Lula y al PT. Claramente, si Rousseff no puede atraer a los simpatizantes del gobierno, a pesar del apoyo total de Lula, entonces su candidatura está en problemas.

Campaña ilegal
A fin de vincular la imagen de Rousseff a la suya, Lula ha hecho campaña por ella, sin ningún reparo, llamándola “mi candidata" y “la madre del PAC" -el programa de aceleración del crecimiento del gobierno, con inversiones en infraestructura- en la inauguración de obras públicas convertidas en actos polí­ticos. Eso es ilegal bajo la ley electoral brasileña, lo que llevó a la oposición a apelar contra Lula y Rousseff ante la corte suprema electoral.

Hasta muy recientemente, Lula habí­a logrado de aludir eso, pero la semana pasada la corte suprema electoral lo multó a él en R$15.000 (US$8.350) en dos resoluciones separadas por hacer campaña ilegal. Los abogados de Lula apelaron contra las resoluciones. El presidente de la corte, Ayres Britto, fue claro en su crí­tica a Lula: “Nadie fue electo para hacer un sucesor. Cualquiera que intenta hacer un sucesor, desea convertirse en sucesor él mismo," dijo. Este fue el más alto nivel de crí­tica expresado hasta ahora contra el deseo de Lula de continuar influyendo en la polí­tica brasileña luego que su mandato termine a comienzos del año próximo.

Lula no escarmentó. Poco antes de hacerse público el segundo veredicto, él se burló del primer veredicto, declarando a partidarios cercanos a Rousseff durante la inauguración de otro proyecto no finalizado incluido en el PAC (esta vez apartamentos en la región metropolitana de São Paulo) que: “Ustedes saben que no me permiten decir el nombre [de Rousseff] o yo será multado," lo que provocó que la multitud coree el nombre de Rousseff. Con una sonrisa, Lula bromeó: “Si me aplican una multa, yo les enviaré la cuenta a ustedes."

Huelgas
Por su lado, los sindicatos vinculados al PT han montado huelgas en São Paulo y Minas Gerais, donde Rousseff necesita ganar terreno para tener alguna chance en la carrera presidencial. Aunque las huelgas no han sido apoyadas por muchos trabajadores, han llegado a los titulares. En São Paulo, la semana pasada, la lí­der sindical Maria Izabel Noronha ordenó a los huelguistas que se manifiesten frente al palacio gubernamental, lo que está prohibido por ley, en el conocimiento que eso conducirí­a a confrontaciones con la policí­a. Como era de esperar, eso fue lo que ocurrió, con 22 policí­as heridos en los choques, mientras Serra daba estrictas órdenes de no tomar represalias contra los manifestantes.

Los huelguistas afirman que sus acciones no están motivadas polí­ticamente. Pero, sólo dí­as antes de los choques, Noronha, la lí­der del sindicato de maestros de São Paulo, y Rousseff, se elogiaron una a otra públicamente cuando ambas participaban en un evento para celebrar a las mujeres metalúrgicas. En declaraciones a los huelguistas, Noronha no ocultó su intención real: “Estamos aquí­ para romper el espinazo de este gobernador [...] no, Serra, usted no será el próximo presidente," dijo ella.

El 8 de julio, el Presidente Mauricio Funes envió al congreso un proyecto de ley que, entre otras cosas, harí­a ilegal la sola pertenencia a una banda mara. El proyecto es altamente controversial, pero ha provocado menos debate que una propuesta aprobada por los partidos de derecha en el congreso instituyendo la lectura compulsiva de la Biblia en todas las escuelas a lo largo de El Salvador, con el objetivo de inculcar moral y valores éticos para desalentar la violencia desde temprana edad. Lejos de apoyar la medida, La Iglesia Católica Romana de El Salvador fue ferozmente crí­tica. Arguye que el Estado debe ser secular -y pidió a Funes que vete la ley.

Los dos proyectos lucen como una reacción desesperada de polí­ticos de todo el espectro ante el aparentemente insoluble problema de la violencia en El Salvador. Ambas leyes surgen en respuesta al incendio de un autobús en San Salvador que produjo la muerte por quemaduras de 14 personas, y que las autoridades creen que fue el trágico resultado del enfrentamiento de dos bandas mara rivales compitiendo por el control y la red de extorsión en las rutas de los autobuses [IL-10-25].

Un cristiano evangélico, José Almendáriz, del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), propuso la lectura de la Biblia por siete minutos (siendo siete un número bí­blico) antes de comenzar el dí­a escolar, para enseñar valores desde temprana edad. La propuesta contó con el apoyo de todos los 45 diputados de la Derecha en el congreso de 84 bancas el 1 de julio. Nelson Guardado, un diputado de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), dijo que aunque la medida no resolverí­a la violencia en El Salvador, ayudarí­a a reducirla formando valores.

Hay algunos problemas obvios con ese razonamiento. De acuerdo con Iudop, la encuestadora perteneciente a la Universidad José Simeón Cañas (UCA), más del 90% de los salvadoreños creen en Dios, y las Iglesias siguen proliferando en el paí­s, por tanto, la carencia de fe es improbable que sea la causa subyacente de la violencia. La selección de extractos de la Biblia deberí­a también ser cuidadosamente estudiada, para evitar los numerosos pasajes del Viejo Testamento donde hay citas donde el “castigo" y “golpes" para los enemigos parecen ser alentados activamente.

La Iglesia rechaza propuesta de lectura de la Biblia
Notablemente, los partidos de derecha no recibieron el apoyo que ellos habrán anticipado de la Iglesia. En una carta abierta a Funes, el 11 de julio, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó el apoyo de la Iglesia a la ley anti-mara del gobierno como “una buena respuesta" a la creciente marea de violencia, pero descartó las lecturas bí­blicas como contraproducentes. Y arguyó que la práctica religiosa no debe ser impuesta ni prohibida por el Estado, y pidió a Funes que vete la ley “por el bien de la sociedad salvadoreña".

Escobar tení­a algunas preocupaciones entendibles. Dijo que los pasajes de siete minutos no serí­an acompañados por ningún comentario clarificador, lo que provocarí­a posibles confusiones. Comparó la Biblia con la medicina que, dijo, “es buena en sí­ misma, pero se vuelve seriamente dañina si no fatal, si se administra de manera incorrecta." Quizá más pertinentemente, dijo que la propuesta sembrarí­a la división entre diferentes denominaciones Cristianas sobre qué versión de la Biblia usar y sobre quién establecerí­a qué pasajes leer, como también crear conflictos entre distintas fe, que él describe como “otra forma de la violencia".

Escobar parecí­a mostrar una familiaridad más cercana con la constitución que los diputados que aprobaron la ley, dando detalles de la constitución en la cual la libertad de religión está consagrada. “La Palabra de Dios no debe ser manipulada por los partidos polí­ticos," aseveró. Detrás de esta ostensiblemente elogiable defensa de la secularidad, por supuesto, descansa un motivo ulterior. La Iglesia no desea perder el control de la religión. Aunque El Salvador es una de las tres sociedades religiosas más conservadores en América Latina, junto con Chile y Nicaragua (ahora que el Presidente Daniel Ortega ha abrazado sin reservas la Iglesia), la Iglesia aún se preocupa acerca de la erosión de su razón de ser, y la concomitante reducción en el financiamiento del estado. Escobar, por tanto, argumenta que enseñar la Biblia requiere una “atmósfera de fe" que se encuentra sólo en la Iglesia, aunque él afirma que las familias, como también los lí­deres religiosos, tienen un rol en la enseñanza de la religión.

Escobar también estaba claramente resentido que la Iglesia Católica Romana “no haya sido tenida en cuenta ni consultada sobre la propuesta". Medardo González, el coordinador general del gobernante de izquierda Frente Farabundo Martí­ para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que el partido coincidí­a con la Iglesia en que la ley era inconstitucional. Y pidió a Funes “que reflexione profundamente" sobre la cuestión. Sin embargo, el FMLN no hablaba con una sola voz, pues el Vicepresidente y ministro de educación, Salvador Sánchez Cerén, que seleccionarí­a los pasajes que deberán leerse luego de consulta con las iglesias, expresó su apoyo por la medida.

El mismo Funes fue inicialmente partidario de la propuesta, pero decidió lavarse las manos y pedir a la corte suprema que juzgue si era inconstitucional o no. Entre tanto, él dijo que consultarí­a con lí­deres religiosos de todas las iglesias del paí­s: unas pocas iglesias evangélicas aprobaron la propuesta, pero la mayorí­a también se opusieron a la misma.

• ¿Isla prisión?

Como parte de sus propuestas anti-maras, Arena sugirió que deberí­a establecer una colonia penal en la isla de Martí­n Pérez, en el Golfo de Fonseca, para lí­deres de bandas mara y delincuentes reincidentes, evocando memorias de la prisión en la isla Coiba de Panamá, donde acababan los disidentes bajo las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Noriega. Del lado positivo, los lí­deres de las bandas no podrí­an usar sus teléfonos móviles para coordinar operaciones desde adentro, pues no habrí­a cobertura de red: el Presidente Funes destacó recientemente eso como un grave problema de seguridad y desplegó a militares en las prisiones para acabar con eso.

Proyecto de ley anti-mara para combatir la violencia
El proyecto de ley anti-mara enviado al congreso por la administración Funes tiene un amplio apoyo entre partidos, pero es probable que haya un largo debate sobre la redacción exacta de la ley en los meses siguientes. Propone sentencias de prisión de entre cinco a 20 años por ser miembro de bandas mara o de escuadrones de la muerte, y para aquellos que reclutan financian o apoyan a las bandas.
     El FMLN ha estado intentando defender este súbito cambio de idea. Cuando estaba en la oposición, el partido fue un crí­tico feroz de las iniciativas de mano dura aprobadas por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pero ahora se encuentra respaldando una ley que sale de ese mismo molde. La rehabilitación social es el énfasis preferido del Presidente Funes y el FMLN para los sectores marginales de la sociedad -la primera dama, Vanda Pignato fue designada para conducir una secretarí­a de inclusión social- pero parecen haber aceptado con reluctancia que ese es un proyecto a largo plazo, mientras que la creciente intensidad de la violencia en El Salvador exige acción más firme y más rápida.
     Aparte de la dificultad en probar la identidad de los miembros de las bandas, el defecto más obvio en la ley anti-mara es que conducirá a más superpoblación en las prisiones, que ya están abarrotadas. También pondrá una enorme presión  sobre el servicio de procesamientos, que carece de suficiente personal competente para atender todos los casos extras. También es un punto discutible si con perseguir a las bandas mara se llegará al fondo del problema de la seguridad. Las bandas mara son a menudo explotadas por varios de los tentáculos del crimen organizado; por carteles internacionales de tráfico de drogas y armas; y por delincuentes de cuello blanco que disfrutan de una extendida impunidad.
     La ley anti-mara ha alentado a la Derecha para abogar por propuestas incluso más radicales. Arena ha sugerido la creación de un comando militar anti-banda -una unidad de elite en el ejército para combatir a las bandas. También desea que los militares jueguen un rol clave en la rehabilitación de delincuentes que cometen delitos menos graves, quienes, dicen, deberí­an ser enviados a escuelas militares por dos años para enseñarles “disciplina estricta y valores morales y humanos". Finalmente, propone crear una agencia de inteligencia que responda ante el congreso y no al ejecutivo -una sugerencia sobre la cual Funes es improbable que Funes tenga una visión favorable.

Es difí­cil imaginar al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , optando por recibir al ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe en el panteón nacional en Caracas, el lugar en el que descansan los restos del Libertador Simón Bolí­var, en una ceremonia transmitida en vivo por radio y televisión. Pero ahí­ es donde Chávez eligió reunirse con el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, el 2 de noviembre. En los tres meses desde su investidura, Santos ha logrado no solamente reducir la tensión con Caracas, sino también restablecer tentativamente una productiva sociedad. El ha tenido éxito, en parte, porque restaurar las relaciones era también de interés para Chávez , pero él lo hizo mucho más fácil alejando sutilmente a Colombia de su percibida como incondicional alianza con EU.

La reunión fue resultado de acuerdos concretados por los dos presidentes cuando Chávez visitó Colombia poco después de la asunción de Santos. Ellos revisaron las cinco comisiones bilaterales sobre comercio, desarrollo social, infraestructura, seguridad, y cuestiones fronterizas, establecidas en agosto. Acordaron, entre otras cosas, establecer un comité inter-ministerial para desarrollar el turismo, un objetivo declarado de Santos, cuando asumió el poder; para construir el Puente Tienditas, uniendo el estado venezolano de Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander; para transformar el Puente José Antonio Páez en un cruce de frontera internacional entre el estado de Apure en Venezuela y el departamento de Arauca de Colombia; y para discutir la posibilidad que Ecopetrol, la compañí­a estatal de petróleo de Colombia, participe en una empresa conjunta para explotar los depósitos en la faja del Orinoco. Venezuela también se comprometió a pagar US$600m en deuda con compañí­as exportadoras colombiana para finales de año.

“Hemos avanzado de las declaraciones de buenas intenciones a acuerdos concretos," dijo Santos, mientras subrayaba un compromiso de reunirse con Chávez cada tres meses. El señaló que su tí­o abuelo, Eduardo Santos, presidente de Colombia desde 1938 hasta 1942, habí­a firmado un pacto de no-agresión con Venezuela, y que él tení­a la intención de hacer hincapié en eso ahora. Chávez dijo que habí­a un mutuo reconocimiento de las diferencias y la necesidad de respetarlas. El agregó que esperaba que ninguna fuerza extranjera dañase de nuevo las relaciones bilaterales.

Chávez estaba haciendo una clara referencia a EU -y la renovación de las relaciones bilaterales debe ser vista en el contexto de las relaciones de Colombia con EU. Hay creciente evidencia que Santos se está alejando levemente de EU, en parte para facilitar las relaciones con Venezuela. La vicepresidenta del senado, Alexandra Moreno, dijo el 21 de octubre que Santos le habí­a informado a ella y a otros legisladores que él no enviarí­a al congreso el Acuerdo de Cooperación de Defensa con EU. Ese acuerdo ha sido una de las principales causas de tensión entre Colombia y Venezuela, desde su aprobación en octubre de 2009 y ha profundizado el aislamiento de Colombia en la región. La Corte Constitucional (CC) de Colombia dictaminó en agosto que era inconstitucional debido a que, como un tratado internacional con nuevas obligaciones para el estado colombiano, debí­a haber sido enviado al congreso para su ratificación.

Chávez recogió los comentarios de Moreno mientras él estaba en Libia. Dijo que la región lanzaba un suspiro de alivio porque el sentido común habí­a prevalecido. Por supuesto, el acuerdo hace poco más que regular lo que el personal militar de EU ya está haciendo informalmente en Colombia. Ellos han estado usando bases militares y compartiendo inteligencia desde la firma del Plan Colombia hace 10 años, y eso no hay dudas que continuará aun sin el acuerdo. Pero el énfasis sobre antinarcóticos y contrainsurgencia en las relaciones entre Colombia y EU está cambiando. Una numerosa delegación de EU encabezada por el número dos del Departamento de Estado de EU, James Steinberg, visitó Colombia el 25 y 26 de octubre para establecer tres grupos de trabajo -derechos humanos y buen gobierno; energí­a; y ciencia y tecnologí­a- como parte de un nuevo “Diálogo de Asociación". Las drogas fueron una llamativa omisión.

• Vivienda

El Presidente Chávez anunció la nacionalización de seis proyectos de construcción de viviendas, cuatro de ellos cerca de Caracas, durante el fin de semana. El gobierno acusa a las compañí­as constructoras de especular, al cobrar por adelantado y exigir intereses muy altos. “Estamos obligados a proteger a la clase media. La clase media debe sentirse protegida por la revolución Bolivariana y su gobierno," dijo Chávez . Esta es un abandono real de su tradicional retórica. Apoyar a la clase media de esta manera luce como un esfuerzo por extender su base de apoyo, para mejorar sus chances de reelección en 2012.

¿Qué ha ido mal? Un año después de asumir el poder, el 11 de marzo, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera está en dificultades para detener un declinante rating de aprobación. Contender con la estela de un enorme terremoto fue un duro inicio para cualquier jefe de estado, pero desde entonces ha disfrutado del impulso del “milagro minero" y beneficiado del largo periodo de duelo de la izquierdista Concertación que, después de 20 años en el poder, aún debe ejercer una oposición coherente. Piñera parece haber concluido que su incesante enfoque sobre temas de largo plazo, ha cegado a su gobierno sobre el significado de acontecimientos repentinos, como las recientes protestas por el gas en Magallanes, y que él debe responder en el corto plazo. Luego de una gira por el Oriente Medio, el Vaticano y España, él planea remediar eso a su regreso a Chile, y mostrar en el proceso que la Derecha tiene conciencia social.

Piñera ha estado representando a su gobierno como tolerante e inclusivo desde que llegó al poder hace un año, esbozando polí­ticas social-demócratas como la erradicación de la pobreza para 2020, terminar con la desigualdad de género, y eliminar la deducción de 7% para el cuidado de salud de las pensiones de los jubilados -todas promesas de los gobiernos de la Concertación que no fueron cumplidas. El repitió eso durante una extensa entrevista con el diario español El Paí­s el fin de semana antes de la visita de tres dí­as a España, pero con su rating de aprobación planeando alrededor del 40%, él sabe que hablar de un buen juego no es suficientemente bueno. Desde el 1 de abril, dijo, unas 100.000 familias indigentes comenzarán a beneficiarse de un subsidio condicionado, como la Bolsa Famí­lia en Brasil, de Ch$250.000 (US$470) por mes. Y también dijo que estaba enviando al congreso una ley para terminar gradualmente con el 7% que golpea a los pensionistas para el cuidado de la salud.

“La pobreza es un verdadero cáncer en nuestra sociedad," dijo Piñera a El Paí­s, “no sólo porque condena a casi 3m de personas en nuestro paí­s a vivir por debajo de la 'lí­nea de dignidad' [...] sino también porque causa problemas fundamentales en el desarrollo, la calidad de la democracia y la paz social en la sociedad." El dijo que por eso su principal prioridad era poner fin a la pobreza extrema durante sus cuatro años de gobierno y establecer los fundamentos para que Chile logre el status de paí­s desarrollado antes del fin de la década. Dijo que la reforma de la educación aprobada antes este año [IL-11-04] serí­a esencial pues el pobre nivel de la educación en Chile ayudó a perpetuar la pobreza y la desigualdad: Chile figura en la lamentable posición 100ma entre 139 paí­ses en el í­ndice anual global de competitividad del Foro Económico Mundial el año pasado y 121ro por la calidad de la educación primaria.

En un intento por disociarse él mismo definitivamente de la vieja Derecha, Piñera alegó que “el Estado es el mejor instrumento para combatir la pobreza debido a que mientras la economí­a de mercado y el crecimiento son los grandes generadores de riqueza y oportunidades, ellos no son mecanismos que permitan la distribución de tales riquezas y esas oportunidades justamente." El dijo que si el 1,5% del PIB de Chile fuese transferido directamente a cada familia pobre, eso terminarí­a con la pobreza en el paí­s. Piñera habló con cierta extensión sobre la importancia de los valores de la familia, lo que apelará a la Derecha tradicional, pero también anunció una tangible iniciativa más allá de su magnánima retórica: dijo que enviarí­a al congreso este mes un proyecto de ley para doblar el permiso por maternidad, de tres meses a seis meses. Y prometió un subsidio de maternidad de unos Ch$650.000 (US$1.387). A los padres también se les ofrecerá   seis semanas de ausencia postnatal. Aunque esta fue una promesa de campaña, cumplirla ahora está claramente diseñado para estimular su popularidad.

Polí­tica exterior de principios

Durante su gira extranjera, el Presidente Piñera enfatizó que los principios, como el respeto por los derechos humanos, eran la piedra fundamental de su polí­tica exterior y no las consideraciones ideológicas. Esto podrí­a haber sido un golpe a su par venezolano Hugo Chávez sobre Libia. Preguntado acerca de Chávez por El Paí­s, Piñera dijo que él no pensaba que Venezuela estaba “yendo en la dirección correcta". Su enfoque sobre el Oriente Medio es ciertamente diferente. Piñera visitó Jerusalén y Ramallah. “Ahora Palestina tiene su embajada en Chile y nosotros creemos que un estado palestino independiente es una obligación," dijo Piñera en una conferencia de prensa conjunta con el titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
        Piñera fue el primer jefe de estado chileno que visita Palestina, poco menos de dos meses después que Chile reconoció a Palestina como “un estado libre independiente y soberano". Chile es la principal “patria" para los palestinos fuera del mundo árabe, con unos 350.000 ciudadanos de origen palestino. También tiene una comunidad judí­a de unos 25.000. Piñera dijo que las dos viven en armoní­a y que él estarí­a “muy interesado en 'exportar' eso como una contribución chilena a la paz en el Oriente Medio". Piñera fue luego a Israel donde se reunió con el Primer Ministro Benjamí­n Netanyahu y el Presidente Shimon Peres. El elevó elogios a Peres por “dedicar su vida a la paz y la libertad". Peres a su vez dijo que Piñera era “un héroe de nuestros tiempos" que ha restaurado la humanidad para el mundo a través de su resolución y coraje para rescatar a los 33 mineros atrapados en un subterráneo minero el año pasado. Sin embargo, Piñera fue también categórico en Israel, en que “los palestinos tienen el derecho de tener su propio estado, un estado libre."
        Chile es uno de los 10 paí­ses sudamericanos que reconocieron al estado palestino en meses recientes. Pero, mientras Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela, todos reconocieron como las fronteras de este estado aquellas anteriores a la Guerra de los Seis Dí­as en 1967 (para desagrado de Israel y EU), Chile y Perú dijeron que las fronteras necesitaban ser negociadas. Chávez fue el primero en reconocer al estado palestino luego de reunirse con Abbas en caracas, en noviembre de 2009. Chávez podrí­a hacer un fuerte caso en que su polí­tica exterior con relación a Palestina es de principios: él cortó lazos con Israel en enero de 2009 después del devastador ataque de Israel sobre Gaza, y se unió a Cuba en el Comité de la ONU sobre el Ejercicio de los Inalienables Derechos del Pueblo palestino en setiembre pasado. El tendrá una tarea mucho más difí­cil con relación a Libia.
        La propuesta de Chávez para la mediación para evitar una guerra civil en Libia no obtuvo ningún apoyo [IL-11-09]. Si es cierto o no, como informó Al Jazeera, que el Coronel Muammar Gaddafi privadamente parecí­a favorable, la única respuesta pública, de su hijo mayor Saif al-Islam, adoptó la forma de un firme rechazo: “Es un gesto amable, pero nosotros podemos resolver nuestros problemas. No hay necesidad para una intervención extranjera," dijo, agregando que Venezuela no tení­a idea sobre la polí­tica interna de Libia. Aunque es más predecible que los rebeldes rechacen cualquier mediación de ese tipo.
        El desaire, junto con la cada vez más clara evidencia que Gaddafi se prepara para bombardear ciudades, cobrando ví­ctimas civiles, a fin de mantenerse en el poder, probablemente explica porqué ni Chávez ni su canciller, Nicolás Maduro, han hablado de Libia acerca de Libia durante la semana pasada. En cambio, el foco de la polí­tica exterior ha cambiado volviendo a Palestina. La cancillerí­a difundió esta semana una declaración informando que el delegado de Venezuela ante la ONU en Viena habí­a denunciado el “bloqueo criminal" de Gaza por Israel. “[Venezuela] exige que Israel se retire sin más demora de los territorios árabes ocupados y cese de violas la ley humanitaria internacional," agrega.

Brasil
Brasil es indisputablemente el lí­der regional. Ese fue el mensaje que dejó el Presidente Piñera durante su entrevista con El Paí­s. “Nosotros reconocemos eso como un hecho, y esperamos que Brasil pueda representar más y más no solamente su propia voz sino también que nosotros pedimos que todos representen juntos la voz de América Latina en este nuevo mundo que está emergiendo," dijo Piñera. Y agregó que “las dificultades que Venezuela está experimentando internamente han disminuido notablemente la intención que en una etapa aparecí­a, de exportar [su] modelo e intervenir en otros paí­ses."

De acuerdo con el programa establecido, el electorado boliviano debe votar el 6 de agosto, en un referéndum sobre la nueva constitución que emerja de las tareas de la asamblea constituyente. Ahora es altamente probable que la fecha lí­mite de la asamblea sea extendida, y aún debe decidirse cómo aplicar el acuerdo entre todos los partidos, bajo el cual cualquiera de las enmiendas propuestas que no logren la aprobación de dos tercios debe ser sometida al referéndum.

La asamblea recién inició sus tareas sobre la nueva constitución el 26 de febrero, seis meses y 23 dí­as después de ser instalada. El retraso se debió casi por entero al intento del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de cambiar las reglas de la asamblea para que se permita aprobar las enmiendas por simple mayorí­a y no por los dos tercios estipulados legalmente. Esa estipulación, normal para la legislación de importancia constitucional en toda América Latina, tiene el sentido de asegurar que la carta básica disfrute de amplio consenso.

El MAS atrajo 50,7% de los votos para miembros de la asamblea, que se tradujo en 137 de las 255 bancas. Junto con partidos aliados, logró elevar su fuerza a 152 bancas -aún con 18 bancas menos para los dos tercios. La oposición rehusó abandonar esa exigencia que sea respetado el umbral de dos tercios, incluso cuando el campo pro-gobierno intentó intimidarla a través de movilizaciones de masas. No fue sino hasta el 14 de febrero que se alcanzó un compromiso. Consistió en un tratamiento de dos ví­as para las enmiendas. Las que logran los dos tercios irí­an directamente a la comisión encargada de reconciliar el texto final. Los que sólo logran mayorí­a simple, sin llegar a los dos tercios, serí­an sometidas al electorado en un referéndum.

Los mecanismos de ese referéndum no fueron explicados en detalle. No se has establecido si el "segundo escalón" de enmiendas serí­a sometido al voto popular antes del referéndum programado para aprobar el paquete completo de reformas, o si el electorado podrá elegir cuáles de las enmiendas del "segundo escalón" acepta y cuáles rechaza. En todo caso, los partidos principales han acordado privadamente que el tiempo disponible para tratar las enmiendas propuestas (aún no sometidas formalmente) no será suficiente. Se ha dicho que se llegó a un consenso sobre una extensión de unos pocos meses, lo que podrí­a significar llevar la aprobación final por un referéndum en 2008.

El gobierno y la oposición lograron ponerse de acuerdo sobre la composición de los 21 comités en los que se tratarán los varios capí­tulos de la constitución. Sin embargo, aún no se alcanzó un acuerdo explí­cito sobre una cuestión clave: la autonomí­a departamental exigida por los departamentos de la Media Luna, y aprobada en un referéndum por sus electorados, pero rechazada por el gobierno y sus seguidores.

Por qué cedió Morales

Que el gobierno ha cedido respecto al requerimiento de los dos tercios es atribuible en gran medida a que es conciente que su estrategia de confiar en las movilizaciones de masas para intimidar a la oposición no sólo fracasó en lograr su objetivo, sino que, en realidad, creaba el riesgo que el gobierno pueda ser sobrepasado por sus más radicales seguidores, y que eso puede coincidir con la extrema izquierda que ha decidido retratar las reformas de Morales como "muy suaves sobre la oligarquí­a" y los intereses de las empresas extranjeras.

Cuando se convocó a movilizaciones contra el campo pro-autonomí­a, Morales se encontró teniendo que revertir un golpe departamental montado por sus propios seguidores para destituir al gobernador pro-autonomí­a de Cochabamba. Sólo la emergencia creada por las inundaciones desatadas por El Niño evitó una situación similar en La Paz.

En Camiri, en el departamento petrolero de Tarija, en el sur, tuvo que enviar tropas para frenar las acciones de protesta de organizaciones cí­vicas locales exigiendo "una verdadera nacionalización" del sector hidrocarburos (antes de acceder a algunas de sus otras demandas). Casi al mismo tiempo, fue forzado a hacer concesiones a Fencomin, la federación de cooperativas mineras que fue una importante fuente de apoyo en la campaña de Morales, luego de paralizar La Paz en una protesta contra los incrementados impuestos a la minerí­a.

Llegando a las clases medias

Que esos eventos han forzado al gobierno de Morales a reevaluar su posición, lo dejó en claro el Vicepresidente Alvaro Garcí­a Linera a fines de febrero. Admitió que el gobierno, a través de algunos de sus ministerios, habí­a estado "enviando mensajes que quizá eran equí­vocos, que actuaron en detrimento de nuestras relaciones con ciertos sectores de la clase media" de la sociedad. Dijo que el gobierno, de ahora en adelante "suspenderí­a esa innecesaria retórica, debido, en particular, a que no refleja lo que estamos haciendo en la práctica" y enfatizarí­a "una y mil veces [que Morales] respeta la religión y un sana actividad empresarial, y garantizará la actividad privada en educación y servicios de salud." Este cambio, él sugirió, tendrí­a por resultado detener "la erosión de la credibilidad [del gobierno] entre los sectores medios."

Garcí­a Linera también ofreció un interpretación conciliadora de la disputa sobre el tema de los dos ciertos en la asamblea constituyente. "Nuestro temor," dijo, "era que las fuerzas que no deseaban la asamblea y deseaban que fracase podrí­a prevalecer. Ese aún es nuestro temor. Por su parte, la oposición democrática temí­a que el MAS pondrí­a bajo sus pies la asamblea y no tuvo en cuenta a las minorí­as. Ambos eran temores legí­timos." Oblicuamente, el vicepresidente insinuó que no fue una tarea fácil hacer que el partido de gobierno se ajuste a la lí­nea del gobierno. Describió al MAS como una "confederación de movimientos sociales" que carece de una estructura monolí­tica o vertical.

Controversial anteproyecto del MAS

El gobernante MAS aún debe producir el borrador formal de enmiendas a la constitución existente, a mediados de 2006 antes de la elección de representantes para la asamblea constituyente, esbozó sus principales propuestas en un documento titulado Refundar Bolivia. Ese documento comienza redefiniendo la historia de Bolivia como la de "la resistencia indí­gena-popular contra la discriminación y la pobreza" y afirmando que los pueblos indí­genas tienen el derecho a la "autodeterminación y territorialidad"; el reconocimiento de sus sistemas polí­ticos y de selección de autoridades; la administración de sus recursos colectivos, de acuerdo con sus propias tradiciones y costumbres; la práctica de sus medicinas tradicionales; y el ejercicio de "diferenciados derechos polí­ticos y ciudadaní­a, de acuerdo con sus usos y costumbres".

Otras propuestas clave:

• Bolivia será una "democracia plural, participativa, comunitaria y representativa, basada en la diversidad del pueblo, por la eliminación de todas las formas de colonialismo, segregación y discriminación". Promoverá "los mecanismos de democracia consensuada practicada en las comunidades [indí­genas]".
• El Quechua y Aymara se unirán al Español como lenguas oficiales. La bandera multicolor del movimiento indí­gena, conocida como wiphala (o huipala), tendrá el mismo reconocimiento como la actual bandera roja, amarilla y verde.
  
• Las ramas del gobierno -ejecutiva, legislativa y judicial- serán seleccionadas "a través del sufragio universal y a través de sistemas comunitarios tradicionales de toma de decisión y formas de elección."
• Los jueces y magistrados "serán electos por el voto universal y directo" pero "las estructuras jurí­dicas nacionales incorporarán las formas de administrar justicia de los pueblos indí­genas [...] Las decisiones impuestas por la autoridad [indí­gena] será efectiva y válida ante las cortes ordinarias, la policí­a y todas las otras instancias del estado."
• Económicamente, Bolivia es definida como "una economí­a social comunitaria con propiedad privada"; los recursos naturales son "propiedad social" cuya administración bajo un régimen de desarrollo sustentable se delega al estado, y todos los recursos naturales y energéticos están "bajo el inalienable e inextinguible dominio del estado".

Posiciones en la asamblea constituyente
Julio de 2006
Partido	Bancas
Movimiento al Socialismo (MAS)	137
Poder Democratico Social (Pudemos)	60
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)	18
Movimiento Bolivia Libre (MBL)	8
Unidad Nacional (UN)	8
Alianza Social (AS)	6
Concertacion Nacional (CN)	5
Autonomias para Bolivia (APB)	3
Movimiento Originario Popular (MOP)	3
Alianza Social Patriotica (ASP)	2
Movimiento Ayra (Ayra)	2
Alianza Andres Ibanez (AAI)	1
Movimiento Civico San Felipe de Austria (MCSFA)	1
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	1
Total	255

Congress voted to delegate to the government powers to make tax reforms. This means that President Alejandro Toledo's administration has 90 days in which to pass the new tax laws. Congress voted by 69 in favour to 26 against, with 13 abstentions.

The vote was a major victory for the beleaguered administration and Beatriz Merino, the technocrat prime minister. The scale of the victory was much greater than even the government had dared to hope. Although the opposition Partido Aprista Peruano (PAP) voted almost as a bloc against granting the powers requested by Toledo, and there were a number of abstentions from Unidad Nacional (UN) legislators, almost everyone else rallied behind Toledo.

To be fair, the proposal was not quite the carte blanche for which Toledo originally asked congress. Earlier in September, congress's economic committee voted against granting him powers to pass tax laws at his own discretion. Now, his government will be confined to 26 individual tax reform proposals. What the deal does represent is a triumph for Merino. She appealed to businessmen and individual members of congress to rally around the proposal. Merino told congress that the government's aim was to broaden the tax base and stamp out tax evasion to raise the tax take from its current level of 12% of GDP to 14% in 2004 and 16% by 2006.

The economy minister, Jaime Quijandrí­a, said that increasing the tax take was crucial. Peru's debt is equivalent to 46% of GDP. He said that the powers would enable government to implement its promise to raise teachers' salaries (as agreed in June after a lengthy strike) and to avoid cutting the health, defence and transport budgets. The budget for the education sector needs to increase by up to 40%, he added. The planned tax changes include a new tax on bank business (possibly as high as 0.3% per transaction). Quijandrí­a claims that this tax should raise NS2.2bn (US$632m) annually.

The opposition frets that the government will waste the new revenues it will generate. Hildebrando Tapia from the opposition UN said that the tax reform would only work if it were accompanied by true fiscal austerity. He claimed that the Toledo government's record so far was not encouraging on this front. He asserted that the government's running costs were up by 19% under Toledo, and bureaucracy was up by 28%.  

Camisea: approval from the IDB and deal with Mexico
The Inter-American Development Bank (IDB) has approved a US$135m loan for the controversial gas field and pipeline project Camisea. The importance of the IDB's support for what Toledo describes as the bedrock of Peru's energy programme, cannot be overstated. Aside from the money, the IDB decision provides the seal of approval for the project that Toledo has desperately sought, particularly after the US Export-Import Bank decided not to approve a US$214m loan for Camisea last week on environmental grounds. It should also pave the way for loans from commercial banks.  

The Camisea consortium will also seek to raise another US$225m from selling debt in Peru. Banco de Crédito del Peru, the largest bank in Peru, is managing the bond sale.  

The project received a further boost when Mexico agreed to buy 2.5mt a year of liquefied natural gas. The buyer, who will market the gas to power stations in Mexico, is a Belgian energy company, Tractebel. It signed the letter of understanding with the main Camisea backers, Hunt Oil and SK Corporation from Korea, on 29 September.  

Camisea should be up and running by the middle of next year. Pacific LNG, which is the Hunt Oil and SK Corporation end of the project, is building a liquefaction plant at Playa Melchorita, 140km south of Lima. Here the gas will be liquefied, after being pumped from Camisea, which is in the department of Cuzco, in the southeast of the country. Tractebel expects to ship the gas to the Mexican port of Lázaro Cárdenas from 2007.

The government claims that the project will turn Peru from being a net importer of energy to being a net exporter. The project will also add 1.3% to the country's growth rate for the next 20 years and confer US$1.2bn in annual revenues (through duties and royalties) on the government. The project still requires US$3bn in new investment.  

At its peak, the project will create 40,000 jobs. The IDB estimates that Peru will save US$4.1bn in energy costs between 2004 and 2033 as a result of the use of gas-fired generated electricity. The gas pipelines from Camisea will have an initial capacity of 285m cubic feet a day, an amount that could be expanded to 450m cubic feet a day by 2015.

Environmental NGOs are opposed to the project. The NGOs claim that Camisea will encroach on the Nahua Kugapakori State Reserve, the home of previously uncontacted indigenous peoples, and threaten Peru's only marine reserve at Paracas Bay, which environmental organisations mention in the same breath as the Galapagos Islands for sheer diversity of species and habitat. The Paracas Bay reserve stretches over 35,000 hectares of land and sea.

Besides Hunt and SK Corporation, some heavy US hitters are involved in the project. A well-connected oil services company, Halliburton, is in line to build the liquefaction plant, which could cost US$2bn. The pipelines to bring the gas from Camisea to the coast and on to Lima are being built by Pluspetrol from Argentina.  

•  Labour unrest continues. Peru's main trade unions led a march through central Lima to demand changes in the government's economic policies. The march was convened by the powerful general confederation of workers of Peru (CGTP), and it attracted the participation of thousands of teachers, civil construction workers and leftwing social organisations. CGTP president Mario Huamán criticised the budget presented by the economy minister, Jaime Quijandrí­a, which included a significant increase in debt payments, up by NS1.1bn (US$305m) next year from about NS10.8bn (US$3.1bn) this year.
  
  

The US Department of Agriculture is continuing to be optimistic about the level of the world soya crop. This is despite increasing evidence from local sources which suggests that the USDA claims that soya crops in South America would continue to rise are over-optimistic.

The US Department of Agriculture seems over-optimistic about the level of soya production from South America. This year's crop in the region is more or less in, while the US crop is just starting to be harvested. The USDA figures for Latin America look well over the top: in Argentina, where 96% of the crop is already in, the government estimates that this year's crop (2003/04) is 32m t, well below the USDA estimate of 34m t.

In Brazil too, the USDA seems over-optimistic: the government reckons that the crop this year will struggle to make 50m t: the USDA is still forecasting a slightly bigger crop than last year. To be fair, the USDA has lowered its forecast from its previous level of 53.5m t. In February, however, the USDA had been forecasting that Brazil would harvest 61m t this year. The forecast has come down every month since.  

Where the USDA is probably right is in its forecast that China will cut its imports of soya this year. The USDA is forecasting Chinese imports of 19m t this year, down from 21.4m t in 2003. In 2005, the USDA expects China to increase its imports again to 24m t.  

What is interesting about the USDA forecasts is that they give the USDA's first impression of what it expects to happen in 2005. The USDA has developed a reputation for over-estimating production levels: a year ago its forecasts for 2003/04 were around 10% higher than actually turned out to be the case. Poor weather was the main reason for the lower yield.  

2004/05
The USDA forecasts for 2004/05 look equally over-optimistic. It is hard to see Argentina producing a record 39m t next year. Already there are plenty of warnings from local agricultural commentators that the country's farmers are betting too heavily on soya. Some pullback and diversification away from the crop, especially since prices have weakened a bit, is likely.

Argentina and Brazil are not the only major soya exporters in South America. Bolivia, Paraguay and Uruguay are also major producers and exporters. Indeed, Paraguay is the world's fourth-biggest exporter of soya.  

The economic and financial problems in Paraguay mean that its production could increase (or decrease) dramatically. The unsettled political situation in Bolivia means that its crop could be equally volatile, even ignoring the weather.  

The trickiness of forecasting what is likely to happen to soya production is clear from Uruguay. Here analysts expect production to increase next year, although this year's crop has been hit by drought. Uruguayan farmers are still likely to be tempted to go for soya provided the price stays above US$200 per tonne. Prices are still around that level, despite a 20% slide since the middle of May.  

The USDA reckons that South America's total production of soya will come to 113m t in 2004/05. This will be just over half the world's total crop.  

China
In Brazil, the problems with China are likely to make soya producers think twice about increasing their investment in the crop. Brazilian soya exporters were furious at China's decision to ban, effectively, imports of Brazilian soya. What the Chinese did was to forbid ships carrying soyabeans from Brazil unloading their cargoes. The Chinese claim that the soyabeans are riddled with carbocin, a fungicide.  

On 21 June, the Chinese rescinded their ban and accepted that the new Brazilian rules for purging soya cargoes were effective. Brazilian soya exporters had been threatening to call in the World Trade Organization unless China backed down.  

The Chinese authorities first suspended imports from three Brazilian soya exporters at the end of April when they found traces of the fungicide in three shipments of soya. The Chinese subsequently extended the ban to include virtually all Brazilian soyabeans. China imports Brazilian soyabeans which it then crushes to produce soya-oil.  

The Brazilian exporters were annoyed that China spurned their government's offer to send a ministerial team to sort out the issue. The Brazilians suspect that China was using the fungicide claim to impose non-tariff barriers on Brazilian soya. On 15 June China banned another 15 Brazilian companies from exporting soya to China. This brought the total of banned exporters to 23, including the four biggest: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill and Louis Dreyfus. In 2003 China accounted for 20% of Brazil's soya exports. Had it not been for the ban, this year the business would have been worth US$2bn, Brazilian soya exporters say.

WTO
The Brazilian exporters threatened to go to the WTO backed by US and Argentine soya growers. The Brazilians say that while they bore the brunt of China's hostility now, the US could quite easily face similar problems in September and October when its crop is ready for export. Carlos Lovatelli, president of the Brazilian vegetable-oils association said that the Chinese move was a blatant attempt to renegotiate prices on contracts. Chinese importers have misjudged the market. They agreedcontracts with Brazilian suppliers in October 2003 and January 2004 only to see prices slide when the soya came to be delivered.  

Lovatelli pointed out that the Chinese had agreed to buy soya for around US$17 per 63kg bag. This was around US$4 a bag more than the current market price. He said that the industry would be prepared to adjust its prices to reflect the change in the market but added that the unilateral Chinese behaviour made this less likely.  

The Chinese claim that the exporters had not purged the soya of fungicides and first refused Brazilian shipments on 29 April. The Brazilian agriculture minister, Roberto Rodrigues, implied that the Chinese were being over-fussy: he said that the average contamination was one husk per kilo. Nevertheless, he said, Brazil will work to improve quality controls.  

New methods of testing soya for residues of fungicides are being introduced. At one contaminated husk per kilo, the Brazilian standard is already higher than the US standard that allows three contaminated husks per kilo. Finding contaminated husks is hard: each silo of soya contains, on average, 200m kgs of soya.  

The Brazilian soya lobby is well organised. Already Blairo Maggi, the governor of the main soya-producing state, Mato Grosso, has called on the government to take the issue of the Chinese ban to the WTO immediately. Brazil still expects to sell about 6.4m t of soyabeans to China this year. The industry expects soya exports to China to be worth around US$1.6bn.  

• The Brazilian agriculture minister, Roberto Rodrigues, said on 9 June that the sustained fall in soya prices will clip US$1bn off the country's export revenues this year. On top of weaker prices, the soya industry has been affected by poor weather in the south of the country and mildew in the centre-west growing zones. Last year the country produced 52m t. Initially the government had expected an increase in output this year (2003/04); now it is hoping merely to hold production at last year's levels.
  

The Argentine debt swap was, as we forecast last month, a success. Holders tendered 76% of the outstanding debt, which was far more than the government's critics had suggested. In cash terms, the investors agreed to swap debts worth US$62.3bn for new debt worth US$32.3bn.

The big question now is whether the government will be able to service the reduced debt. It will take a major effort on the fiscal side to ensure that this happens. The effect of the economic collapse in 2002 means that the debt in terms of GDP is not that different from what it was in 2001, when the economic crisis erupted. Now the swapped debts (ie, excluding US$19.8bn worth of debt the government kept outside the swap) are worth around 83% of 2004 GDP. 

Local economists calculate that the government will have to run a fiscal surplus of at least 3% for the next few years to generate the financial track record which would then allow its to borrow to meeting debt payments. 

In the event, the discount on the debt swap was about a third. So taking this discount with the amount of debt swapped (76%), the government managed to knock its debt down by about 43%. Some economists argue that the change in perception of long term US Treasuries helped the swap. Since the swap was first mooted in June 2004, the discount rate on long term US treasuries has fallen by 0.70 basis points. 

This is largely because the US government has switched from issuing such paper, creating a scarcity which has pushed up the price and reduced the yield. As the Argentine paper is super long term (35 years), the market has given it a scarcity value it almost certainly does not warrant. The government is already testing the market on 18 March, the economy minister, Roberto Lavagna, announced that the government would issue fresh debt to meet payments of maturing debts. This would be the first time that the government will have issued debt since February 2001.

VENEZUELA: Venezuelan debt at the end of 2004 accounted for 39.6% of Gross Domestic Product (GDP). Figures provided by the ministry of finance show that last year, foreign debt soared from US$1.5bn to US$26.4bn. 

DOMINICAN REPUBLIC: The government of the Dominican Republic allocated 10bn Dominican pesos (US$364m) for payments on its external, domestic and electrical sector debt in the first quarter of 2005.

The official Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos reported that the economy grew by 9.2% in the first 11 months of 2005. Encouragingly for the government, month-on-month growth, between November and October was 0.9%.

If the economy does manage 9%-plus growth in 2005, it would be the fastest growth yet since the 10.9% contraction in 2002. In 2003, the economy grew by 9.7%; in 2004 it grew by 9%. The problem is that this growth is being achieved with a Chávez -style monetary policy. Interest rates are lower than inflation so spending and investing are the only ways that industry and consumer can stay ahead of the game.

The downside to this hyper-stimulative monetary policy stance is that inflation is beginning to roar. It was in double digits (12.3%) in 2005. The government is trying to tame inflation by fixing prices by bullying supermarkets. This may work in the short term, but eventually either there will be shortages or the creation of a hyper-inflationary mindset where all sense of relative prices is lost.

Some local economists reckon that this hyper-inflationary mindset will set in quite soon, by the end second half of 2006. Some local economists argue that the hyper-inflationary mindset will depress demand: we're less sure. Real assets are the safest when hyper-inflation sets in. We're not saying that Argentina will revisit the four figure inflation of the end of the 1980s and early 1990s, but we can see prices rising by 2% a month by the end of 2006. If Brazil's consumer prices are rising at less than 5% a year by then, Argentina's slide from emerging market economy to declining market economy will accelerate.

The government has, essentially, reverted to printing money. Since 2003, the country's money supply has risen by 80%, but even so it stands at only Arg$55bn (US$18bn).

The government's priority is to get through this year in reasonable shape with something of a feelgood factor for the presidential elections in the first half of 2007. The departure of Roberto Lavagna in November followed his lobbying for prompt (ie post the congressional elections) action to remedy the contradictions in economic policymaking. President Néstor Kirchner was having none of that and brought in the virtual cipher, Felicia Miceli, to do his (electoral) bidding as far as economic policy is concerned.

Forecasts: The government is forecasting 4% growth in 2006, though most independent forecasters reckon that the rate will be at least 6%. We believe that the government may be optimistic.

Industrial output: Industrial output in 2005 grew by 7.7%, In December output grew by 0.5% compared with November. It is worth noting that industry is finding the going much harder: in 2004, growth had been 10.7% and in 2003 it had been 16.3%. The best performing sectors in 2005 were the vehicle industry (up 26%); construction (up 14%) and rubber and plastic (up 10%). Despite the recovery of the car industry only 143,282 (or 35%) of the 402,690 vehicles sold in Argentina were built locally.

Inflation: The rate for 2005 was 12.3%. In 2004 the rate had been 9.7%. The inflation rate in 2004 was 1.1%. The central bank president, Martí­n Redrado, expects inflation this year to be between 8% and 11%.

Fiscal position: In 2005, the country recorded a record fiscal surplus of Arg$19.7bn (US$6.4bn) up 13% on 2004. The 2005 figure was 38% higher than the government had budgeted.

The economy minister, Sergio Garcí­a de Alba, suggested that one reason why remittances to Mexico are continuing to rise is that migrants have become businessmen and can afford to send more money home. Garcí­a de Alba said that this was a more important explanation for the growth in the flow of remittances than the fact that the number of Mexicans migrating to the US increases by about 400,000 a year. There are currently about 12m Mexicans living and working in the US. 

Garcí­a de Alba pointed out that the US Small Business Administration has recently reported that there are at least 2m small businesses owned by Hispanics in the US. Garcí­a de Alba said that 80% of these businesses are Mexican-owned. Mexico is expecting around US$25bn in remittances this year. In 2005 it received US$20.035bn. The remittances went to 1.4m households. 

Garcí­a de Alba, who was previously economy secretary for the state government of Jalisco, one of the states that dispatches large numbers of people to the US each year, said that he had commissioned studies of the phenomenon. He said that these studies showed that a large proportion of migrants went to the US to set up businesses, rather than just earn higher US wages. 

A lot of the Hispanic businesses serve the migrant community in one way or another. Some provide migrants with services they want (food, drink, entertainment or transport). Others provide migrants with jobs: a lot of the service companies in construction or personal services (maids, gardeners or childcare) are Hispanic owned. 

The fact that Hispanics have set up a lot of businesses in the US does not mean, necessarily, that they can ride out any prolonged recession in the US. Arguably the ghetto-isation of the Hispanic community in the US means that the effects of any slowdown in the US economy will be magnified on the migrant community. If the service sector starts to lay off people, the small companies serving the migrants working in the service sector will suffer. This may mean that remittance flows will slow down. 

Paraguay: Figures from the IDB suggest that remittances this year will top US$650m. Most of the money comes from Paraguayans living in either the US or Spain. The IDB estimate is the first for remittance flows to the country. The flow is high: bigger than exports of soya (US$530m) and beef (US$320m). 

The IDB reckons that the remittance flow is the biggest single source of hard currency for the country, exceeding the flow of loans from the multilaterals and the country's traditional ally, Taiwan. The IDB study found that 370,000 people, or 10% of the adult population, benefited from remittances.

The IDB reckons that US$125m of the remittances come from the US and US$140m from Latin America, principally Argentina and Brazil. By far the biggest slug of remittances (US$385m) comes from Europe. The main sources are Spain, followed by France and Italy. Interestingly, Paraguayans are less sophisticated than other remitters: only 15% of the money goes through the banking system while over two thirds goes through specialist wire transfer companies such as Western Union.

The minister of finance, Mefi Rodrí­guez, said that he expected the 2008 budget to be Q41bn (US$5.39bn). This is 3% higher in real terms than the 2007 budget which was struck at Q40.2bn.

The government has to send the draft budget to congress's legislative committee 2 September. Rodrí­guez said that the two ministries that would do best from his budget would be education and health, though, he admitted, most ministries could make out a good case for higher resources.

Manuel Baldizón, chairman of the committee, said that he would try to shave funds from the defence ministry to provide more teachers. He said that the country's priority should be the Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade).

Baldizón stressed that increased spending should not be at the expense of fiscal probity. He said that congress would not pass a budget in which the fiscal deficit was more than 2% of GDP.

Banks: Banco Industrial took over Banquetzal at the beginning of August to become the biggest locally-owned bank in Central America. The merged bank has assets of US$4.1bn and will have a 30% share of the local banking market. Bank mergers have become more common in the country following the collapse of Banco del Café and the subsequent collapse of Banco de Comercio, in January this year. Industrial is competing with two main rivals, G&T Continental, (which took over Occidente and Banco de Exportación) and Citigroup which bought Banco Uno and Cuscatlán last December.

At the end of January this year, Agrí­cola Mercantil (Agromercantil) took over l Banco Corporativo (Corpobanco). In February, Banco Reformador, the fifth biggest took over Banco SCI.

The Panama Canal is budgeting on revenues of over US$21.bn in 2009. This is 3.8% up on the 2008 forecast. The financial year for the Panama Canal Authority (ACP, in Spanish) runs from 1 October to 30 September.

The highlights of the 2009 budget are: US$1.456bn in tolls; US$432m in other transit fees; US$172m from the sale of water and electricity to ships in transit and US$38m in interest income. The ACP expects to pay the Panamanian government US$749m in tax revenues in 2009. This is US$87m up on the 2008 contribution. On the cost side, the ACP expects operating costs to rise by 7% to US$646m, In 2007 the ACP launched an ambitious plan, envisaged before the Second World War, to expand the Canal. The expansion is likely to cost US$5.25bn. and calls for the construction of a third series of locks. The expansion will increase the Canal's capacity from 300m t a year to 600m t.
The expanded canal should be completed by 2014.

Inflation: In the year to May inflation was 8.8%.

Growth: In the first quarter of 2008 GDP growth (as measured by the Indice Mensual de Actividad Económica) was 7% up on the same period of 2007. This was sharply below the 10.4% year-on-year growth of the first quarter of 2007. The fastest growing sector in the economy is construction. It was up by 42%, thanks to an extraordinary building boom. Construction  in Colón, which used to be badly depressed and violent, was up by 91% . In Panama City, construction activity was up by 50%, year-on-year.

The surge in construction has contributed to the 150% jump in the transport, storage and communications sector of the economy.