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El ex presidente Lucio Gutiérrez rehúsa respaldar la candidatura, sea de Alvaro Noboa o de Rafael Correa en la segunda ronda presidencial del 26 de noviembre, con confusas sugerencias que su Partido Sociedad Patriótica (PSP) forjará una alianza con el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) para dar mayorí­a a Noboa en el congreso, si ganaba.

Gutiérrez, cuyo hermano Gilmar terminó tercero por el PSP en la primera ronda electoral, tuvo una reunión con activistas del PSP el 8 de noviembre en Quito. Su anuncio implica que las conversaciones detrás de la escena entre el PSP y Noboa no dieron frutos. Gilmar condicionó el apoyo del PSP en que el ganador persiga a funcionarios del gobierno del sucesor de Lucio, Alfredo Palacio, incluido el propio Palacio, por su participación en el "golpe" para destituir a Lucio.

Quizá Noboa siente que era más probable que los votantes del PSP se inclinen hacia él, más que hacia Correa y que él estará mejor posicionado para negociar luego que llegue al poder. También está preocupado por la perspectiva que sus primeros meses en el poder se nublen por el malestar polí­tico y procedimientos judiciales. El PSP insiste que no será así­. Lucio arguye, no convincentemente, que el único interés del partido es garantizar la continuidad democrática y no buscar venganzas polí­ticas. "No pienso que Palacio deba ir a prisión por el golpe en mi contra," dijo, agregando que la única ví­a para garantizar la estabilidad democrática en Ecuador, era mostrar que los golpistas serán castigados.

Lucio dijo que esperaba que los dos candidatos presenten sus propias propuestas para asegurar la estabilidad. Dijo que el PSP seguirá su propio curso pero que apoyará al futuro gobierno cuando sus intereses coincidan. Criticó a Noboa y Correa. "Noboa debe [...] demostrar con hechos que no tratará de convertir a Ecuador en un gran negocio que sirva a sus intereses", mientras que "Correa debe buscar apoyo para su propuesta de asamblea constituyente porque si él viola la constitución para convocar una, producirá confrontación e inestabilidad."

Interviene Chávez

Romper la dudosa alianza entre Noboa y el PSP, es un estí­mulo para Correa, que dijo que él siempre tuvo en alta estima a los hermanos Gutiérrez, y podrí­an ayudarlo a avanzar sobre la ventaja de Noboa en las encuestas. Aunque algo que podrí­a reducir sus chances es la intervención del Presidente Hugo Chávez , de Venezuela. Esa táctica fracasó en las elecciones de Perú en abril, cuando Alan Garcí­a aprovechó el abierto apoyo de Chávez a su oponente Ollanta Humala, para acusarlo de tratar de convertir a Perú en satélite de Venezuela. Quizá entusiasmado por el reciente éxito de Daniel Ortega en Nicaragua, Chávez no pueda resistir darle una mano a Correa. El 7 de noviembre, dijo que Noboa "explota niños" y representa "el fundamentalismo de la extrema derecha". Noboa replicó acusando a Chávez de financiar la campaña de Gutiérrez.

Correa dijo que los comentarios de Chávez eran "inoportunos" y que rechazaba la interferencia externa en el proceso electoral de Ecuador. Hablando en el programa de TV, "Cero Tolerancia", el 12 de noviembre, agregó que lo que dijo Chávez era, de todos modos, verdad. También volvió a la confrontación retórica de la primera ronda, diciendo que Ecuador serí­a como Nicaragua bajo Somoza con Noboa en el poder. Luego prometió convertir la base de operaciones de EU en Manta, en una terminal internacional, para aprovechar lo que él describió como "la mejor pista de aterrizaje en América Latina". Dijo que eso costarí­a unos US$300m y proveer 30.000 empleos.

La asamblea constituyente finalmente resolvió el impasse de seis meses sobre procedimientos de votación, la semana pasada. Fue un triunfo para la oposición. Cada uno de los artí­culos y el texto final de la constitución ahora tendrán que ser aprobados por una mayorí­a de dos tercios en la asamblea. Esa fue la exigencia principal de la oposición desde que la asamblea inició sus deliberaciones hace seis meses. La oposición se aferró tenazmente a esa exigencia como la única ví­a de asegurar que tuvieran alguna participación en la elaboración de la nueva constitución.

La asamblea constituyente tiene tiempo hasta el 6 de agosto para finalizar sus deliberaciones. Es decir, que ya pasó cerca de dos tercios del tiempo destinado para reformar la constitución. Ahora tratará de avanzar rápido. El acuerdo sobre la votación se logró justo antes de medianoche el 14 de febrero. Dos dí­as más tarde la asamblea elaboró para completar la tarea. Todas las comisiones deberán presentar sus propuestas de reformas para el 30 de abril. Desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio se reunirá en sesión plenaria para aceptarlas o rechazarlas. Los artí­culos aprobados se pasarán al comité de elaboración legal. Cualquier asunto espinoso que no obtenga los dos tercios pasará a una comisión de reconciliación, que tratará de hallar consenso para evitar que muchos artí­culos sean presentados en un referéndum ante el pueblo.

Los delegados que representan al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y a la oposición calculan que 90% de la nueva constitución será acordada por consenso. Eso es optimista. Ellos tienen visiones muy diferentes para Bolivia. Los delegados del MAS favorecen un modelo de paí­s basado en un sistema comunal, dando más poder al pueblo en la forma de democracia participativa. El opositor principal, Podemos, se opone a esa idea. Aunque las palabras de José Antonio Aruquipa, de Podemos esta semana. Podrí­an haber sido expresadas por un diputado del MAS. Aruquipa dijo que partido abogaba por "un estado democrático, descentralizado y autónomo, garantizando la unidad territorial y proveyendo solidaridad para poner fin a la exclusión económica." Un tema sobre el cual todos los delegados concuerdan es la necesidad de preservar la integridad territorial del paí­s, y mientras hay simpatí­as entre los delegados de Podemos hacia los autonomistas del este, por cierto no se extiende hasta el reconocimiento de "una República de Santa Cruz". La definición de autonomí­a seguirá causando fricciones.

Los habitantes de Buenos Aires van a las urnas el 3 de junio para elegir al nuevo alcalde de la ciudad, el tercer más importante puesto electoral en el paí­s. La campaña finaliza con el candidato opositor Mauricio Macri, de Propuesta Republicana, de derecha, liderando confortablemente las encuestas. La elección será una prueba de la popularidad del Presidente Néstor Kirchner ante las elecciones generales en octubre, y sopesar si aún tiene suficiente influencia como para cambiar los votos a favor de su candidato, el ministro de educación, Daniel Filmus.

La situación para las elecciones es similar a la de 2003, cuando Macri compitió por la alcaldí­a, que ganó en la primera ronda pero perdió en la segunda ronda ante el candidato preferido por Kirchner, Aní­bal Ibarra. Esta vez, Kirchner ha apoyado con fuerza a Filmus, apareciendo junto a él en el mitin de cierre de campaña el 30 de mayo. La elección de este año se complica por la candidatura de Jorge Telerman, el alcalde actual, que reemplazó a Ibarra cuando éste fue enjuiciado en 2004. Lo apoya una coalición de partidos de izquierda y centristas, y Kirchner desaprobó fuertemente su decisión de competir contra Filmus.

¿Encuestas partidarias?
Es probable que el que llega a la segunda ronda con Macri, ganará la alcaldí­a el 24 de junio, porque atraerá a los votantes del candidato perdedor. Sin embargo, es difí­cil decir si será Filmus o Telerman el que llegará a segunda ronda porque las encuestas dan resultados muy diferentes, de acuerdo a quien las encargó.

Un sondeo de opinión encargado por el gobierno a CEOP, muestra a Macri con 36,2%, Filmus 24,3% y Telerman 21,7%. La Casa Rosada pidió otra encuesta a Equis, que muestra un margen menor entre Filmus y Telerman, 21,9% y 20,7% respectivamente. Otro sondeo, de Opinión Autenticada, encargado por Telerman, muestra a Macri con 30,07%, Telerman con 25,11% y Filmus con sólo 15,33%. Las encuestas se han vuelto una cuestión de importancia crucial porque es una creencia generalizada que puede hacer cambiar la decisión de los votantes, y cada lado acusa al otro de juego sucio por presentar encuestas sesgadas.

Gobierno mal abrigado contra el frí­o

Una masa de aire polar viajó por todo el paí­s desde el sur, causando una severa ola de frí­o desde la semana pasada, y que provocó la muerte de 17 personas. Las temperaturas llegaron a su punto más bajo en 36 años, provocando un alza en la demanda doméstica de gas.

El episodio sacó a la luz, una vez más, la precaria situación de la energí­a en Argentina; el gobierno tuvo que cortar por completo su abastecimiento de gas a Chile, por todo un dí­a, además de cortar la provisión de gas a empresas como a las empresas y estaciones de servicio de gas para asegurar que haya suficiente gas para los habitantes en sus hogares.

Ricardo López Murphy, un ex ministro de economí­a que piensa ser candidato para la presidencia, culpó de la crisis de energí­a al "populismo" del Presidente Néstor Kirchner. Hablando en Chile en la Universidad del Desarrollo, en Santiago, afirmó:"La crisis es el producto de una serie de polí­ticas populistas que inevitablemente llevarí­an a la escasez de energí­a. Por muchos años, el precio del gas ha sido artificialmente bajo y en consecuencia hubo carencia de inversión."

“[...] la construcción de la paz es como una fruta que va a estar madura, pero hay que esperar un poco para que madure."

Pablo Beltrán, jefe del equipo de negociación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, en conversaciones de paz con el gobierno

“Cada discusión del presupuesto nacional en el Congreso no tiene sentido, porque después el jefe de Gabinete puede modificar a su antojo el destino de las partidas por medio de los superpoderes, o bien incrementar el gasto por un DNU [decreto de necesidad y urgencia]."

Luis Galvalisi, diputado por el opositor Partido Demócrata Progresista de Argentina.

Grupos de guerrillas con base en el sur de México lanzaron dos amenazas separadas. La primera, el 29 de noviembre, dos grupos guerrilleros han anunciado que lucharí­an contra la construcción de la presa hidroeléctrica en Guerrero. Luego, el 3 de diciembre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el más activo de los dos grupos, emitió un comunicado diciendo que poní­a fin a su tregua con el gobierno.

La primera es la más significativa, porque representa un intento de las guerrillas de hablar por las comunidades amenazadas por la controversial represa de Parota de hidroelectricidad. El proyecto desplazará a campesinos e inundará sus tierras, se oponen varias ONG sobre bases medioambientales y derechos humanos.

Hasta ahora, campesinos y ONG usaron las cortes para frustrar el proyecto. Sin embargo, el 29 de noviembre, el principal proponente del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicó el dictamen de una corte, obtenido en octubre. El dictamen rechaza las órdenes judiciales logradas por los campesinos y ambientalistas frenando la construcción de la represa.

La Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) replicó anunciando que sus 48 grupos afiliados, que incluyen al EPR y al más pequeño Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente lucharí­an para impedir la construcción de la represa. El EPR es el más amenazante de los dos grupos guerrilleros, que ya hicieron explotar bombas en oleoductos en México central, primero en agosto y de nuevo en setiembre.

Hasta ahora, las autoridades se mueven con cuidado sobre el tema. Ni el estado ni el gobierno federal han enviado policí­as o tropas para sacar a los campesinos de la tierra. Guerrero tiene una larga y sangrienta historia de confrontaciones violentas entre las autoridades e izquierdistas. Nicolás Chávez , uno de los lí­deres de la APPG, dijo que los campesinos y la APPG no permitirí­an que se use la fuerza para sacarlos de sus tierras. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) fue más directo. Uno de sus lí­deres, Marco Antonio Suástegui, dijo que cualquier movida de las autoridades contra los campesinos resultarí­a en un baño de sangre.

El proyecto Parota exige inundar unas 17.300 hectáreas de tierra que ahora es usada para cultivos, y la destrucción de 11 pueblos donde están los hogares de unas 2.000 personas.

Los abogados que asesoran a campesinos y ambientalistas cuestionan el reclamo del presidente de la CFE, Alfredo Elí­as Ayub, que la decisión de la jueza federal, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, elimina el último impedimento legal para que la CFE reanude la construcción de la represa. Xavier Martí­nez Esponda, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, argumenta que la orden judicial, obtenida el 13 de setiembre, aún estaba en vigencia y permanecerí­a así­ hasta que la decisión de Larumbe Radilla haya sido revisada por una corte más alta.

EPR

El comunicado del EPR del 3 de diciembre, dice que el Presidente Felipe Calderón y las grandes empresas deben asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones de no explicar el destino de dos eprí­stas, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez. El EPR afirma que el gobierno llevó a los dos activistas en mayo y los mantiene incomunicados desde entonces. El gobierno dice que no tiene idea de dónde están esos hombres y que sospecha que pudieron haber sido muertos en una guerra interna en el EPR.

En su comunicado, el EPR parece indicar que abandonaba la polí­tica y que se concentra por completo en la lucha armada. Dice que su Partido Democrático Popular Revolucionario Clandestino ahora emití­a su último comunicado y que "el único camino que queda para todas las personas que están luchando para obtener los derechos otorgados por la constitución es el hostigamiento y la autodefensa popular armada."

El EPR descarta el primer año del Presidente Calderón en el poder, y critica la acción de los seis jueces de la corte suprema al desconocer los alegatos hechos por otros jueces de la corte suprema luego de una investigación, contra el gobernador de Puebla, Mario Marín . Marín fue acusado de complotar para que arresten y torturen a la periodista de investigación, Lydia Cacho.

El caso Cacho

El 3 de diciembre, Calderón dijo que continuaba la investigación sobre si los derechos humanos de Cacho fueron abusados. La declaración de Calderón es populista y polí­tica. Es populista porque la izquierda está furiosa que la corte suprema haya rehusado (voto de 6:4) hallar culpable a Marín del secuestro y tortura de Cacho. Es polí­tica porque Marín viene del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha golpeado al Partido Acción Nacional (PAN), de Calderón, en la mayorí­a de las elecciones desde que asumió hace un año.

Cacho fue Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, por policí­as del estado por orden de Marín , y conducida a una prisión en Puebla, donde ella fue amenazada. Los policí­as rehusaron mostrar a Cacho ninguna orden de arresto, aunque aparentemente habí­an obtenido una de un juez en Puebla. Cacho afirma que ella fue elegida debido a sus alegatos que empresarios y polí­ticos estaban involucrados en abuso de niños y prostitución en Cancún en Quintana Roo.

La corte suprema investigó por primera vez en abril de 2006 y, en setiembre, el presidente de la corte sentenció que aunque los derechos de Cacho habí­an sido abusados, no hubo abuso de poder por Marín . La corte en pleno invalidó la sentencia y ordenó una segunda investigación, por el juez Juan Silva Meza, que tome en cuenta las grabaciones de llamadas telefónicas entre Marín y uno de los supuestos abusadores de niños, Kamel Nacif. Las investigaciones se hacen bajo el Artí­culo 97 de la constitución que da a la corte suprema derecho de investigar cualquier abuso de los derechos humanos. La corte suprema, en noviembre de 2007 decidió que la evidencia central (las llamadas telefónicas) era inadmisible. En esas llamadas, Marín y Nacif discutí­an lo que querrí­an hacerle a Cacho, en los términos más groseros.

Por separado, el senado pidió a la corte suprema que investigue si Marín tení­a un caso por el cual responder. Silva Meza decidió que sí­ lo tení­a (y proveyó 1.251 páginas de evidencia), pero fue denegado por la corte suprema en pleno.

La indignación de la izquierda por la decisión fue magní­fica. Una columnista, Denise Dresser, escribió en Reforma, diciendo que la corte suprema habí­a, con esta decisión, eliminado todo derecho que cualquier mexicano tiene para protegerse contra cualquiera con autoridad. Dresser la comparó con la decisión en 1856 de la corte suprema de EU sobre Dred Scott que le negó todo derecho porque era un esclavo, aunque él habí­a vivido en estados donde era ilegal la esclavitud. La izquierda rechazó la afirmación de Calderón que la Procuradurí­a General de la República y otras agencias investigan el caso Cacho. La izquierda preguntó ¿por qué, entonces, ni Marín ni Nacif han sido acusados?

Con gobierno y oposición listos a reanudar el diálogo; pese a la promesa de mediación de la Iglesia [IL-08-11], las chances de un compromiso parecen aun más remotas luego de las protestas contra la prohibición temporaria del gobierno a la exportación de aceites comestibles y otros productos agrí­colas. Mientras el gobierno afirma que los decretos eran necesarios para reducir la inflación, los manifestantes - congregados en Santa Cruz, la principal región opositora - sostienen que las medidas son polí­ticamente motivadas.

El 19 de marzo, el ejecutivo emitió un decreto supremo (DS 29480) prohibiendo temporalmente la exportación de aceite de soja y girasol en sus formas crudas y refinadas. Esto sigue a un primer decreto (DS 29460) del 28 de febrero, que declara ilegal la exportación de trigo, maí­z, carne, arroz y ganado por un año, en un intento de garantizar la provisión interna a la luz de la escasez causada por el fenómeno climático La Niña.

En particular el decreto más reciente provocó la ira del sector empresarial en la rica región de Santa Cruz, centro agrí­cola de Bolivia. Afirman que está diseñado para "destruir" la economí­a de la región en represalia de su continuada oposición al gobierno, su insistencia en exigir la autonomí­a y su rechazo al borrador de constitución. El gobierno, a su vez, acusó a los productores agrí­colas de priorizar sus intereses privados por encima de las necesidades del paí­s y de mantener deliberadamente altos los precios internos para fomentar el malestar.

La actividad agroindustrial produce unos 420.000t de aceites comestibles cada año, de las cuales 70.000t son usadas para el mercado interno y 350.000t son exportadas. Pero en los primeros dos meses de 2008, el aceite exportado ya habí­a llegado al total anual vendido en el exterior, causando escasez y un aumento de 30% en los precios internos. La ministra para el desarrollo rural y la agricultura, Susana Rivero, señaló que mientras una tonelada de aceite de soja se vende en US$1.290 en Chicago, en el mercado interno alcanzaba US$1.690.

El gobierno acordó revocar el DS 29480 si los productores de aceites bajaban sus precios, pero estos se volvieron crecientemente inflexibles sobre el tema, con la cámara de exportadores de Santa Cruz (Cadex) declarando su negativo incluso a comenzar a negociar con el gobierno, a menos que el decreto sea abolido.

Por otro lado, el sector transporte - también afectado por los decretos, dado que cerca de 4.000 choferes son empleados en el sector exportador - también se unieron a las protestas. El transporte en Santa Cruz y Cochabamba anunciaron protestas en todo el paí­s, incluidos bloqueo de rutas, para el 27 de marzo.

• Más huelgas de transporte

Igual que los bloqueos de rutas declarados por el sector transporte en relación a la prohibición de exportar varios productos agrí­colas, la confederación de choferes ha anunciado una huelga nacional de dos dí­as para la semana próxima (1 y 2 de abril). La federación está exigiendo un aumento en las tarifas de transporte para cubrir la creciente tasa de inflación, que el mes pasado llegó a 3,74%, cerca de la mitad de la meta oficial de 8% para todo el año.

Las esperanzas del Presidente electo Fernando Lugo de lograr la aprobación de su ambiciosa agenda social se elevaron la semana pasada, luego que su Alianza Patriótica para el Cambio (APC) tuvo éxito en su esfuerzo por llegar a un acuerdo en el congreso, con el partido del ex General Lino Oviedo, la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace). Sin embargo, él afronta una rebelión en sus propias filas, con todos los partidos miembros de la APC disgustados que la alianza con Oviedo en el congreso también se extiende a la facción del Partido Colorado leal al Presidente Nicanor Duarte.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el partido con la mayor representación en el congreso dentro de la APC, compartirá las altas posiciones en el senado y la cámara baja con Unace. Enrique González Quintana, de Unace, presidirá el senado, Oscar Denis, del PLRA, ocupará la primera vicepresidencia y Sixto Pereira, de Tekojojá, de Lugo, la segunda vicepresidencia. Las posiciones en la cámara baja provocaron más controversias. Enrique Salim Buzarquis, del PLRA será el presidente, pero un Nicanorista, Mario Soto Estigarribia, será el primer vicepresidencia y Ariel Oviedo, el hijo de Lino Oviedo, el segundo vicepresidente. La nueva sesión se ha iniciado el 1 de julio.

Continuismo
La decisión de Lugo de acoger a Oviedo y Duarte, sus acérrimos oponentes durante la campaña electoral, plantea la inquietud que en su determinación para asegurar la gobernabilidad él ha optado por el continuismo y podrí­a renegar de sus promesas de revisión total de las instituciones del estado y desarraigar la corrupción. Aparentemente,  Lugo deseaba una alianza lo más amplia posible, incluido el Movimiento Vanguardia Colorada (MVC), liderado por Luis Castiglioni; y el Partido Patria Querida. Sin embargo ambos rehusaron reconciliarse con el Nicanorismo y, quizá más pertinentemente, no recibieron las posiciones de dirección en el congreso y en los comités que ellos exigieron.

Los elementos de izquierda de la APC estaban decididamente desencantados. Camilo Soares, lí­der del P-Mas, que incidentalmente era el único partido dentro de la APC que no recibió ningún ministerio del gabinete, se vio en dificultades para describir su indignación ante la alianza en el congreso. Otros sugieren que el próximo paso serí­a resolver el status de Duarte como senador con voto y presionar a la justicia para que emita un aplazamiento de los procedimientos contra Oviedo en el caso del asesinato del ex vicepresidente Luis Marí­a Argaña en marzo de 1999. La corte suprema ha otorgado el hábeas corpus a Oviedo en relación con el caso hace un año.

Duarte frustrado temporalmente
Controversialmente, Duarte se presentó en las elecciones para el senado en abril, pero el congreso debe aprobar su nada común requerimiento de renunciar a la presidencia antes del 15 de agosto a fin de asumir su banca en el senado el 1 de julio. Los senadores del PLRA boicotearon la sesión la semana pasada dejándola sin quórum. La oposición ha tratado sin éxito bloquear el intento de Duarte de presentarse a la elección ante la corte electoral y el tribunal supremo electoral. Arguye que él planea usar su posición como senador para tener inmunidad ante procesos, anticipándose a cargos por corrupción contra él, ahora que el Partido Colorado ha sido desalojado del poder en las elecciones de abril.

Sin embargo, ese era al congreso saliente. La alianza en el nuevo congreso es probable que revise oportunamente la cuestión de Duarte y le permita convertirse en senador con voto. Por ahora, Duarte, puede convertirse en senador vitalicio, una posición reservada para todos los ex presidentes, pero crucialmente sólo tendrá voz, pero sin voto, lo que le impedirá preservar un rol activo para el mismo en la polí­tica.

• Las fuerzas en el congreso
  En punto discutible es cuán confiable serán Unace y el Nicanorismo como socios de la APC. Lino Oviedo fue un crí­tico incluso más feroz de Fernando Lugo de lo que fue Nicanor Duarte durante la campaña electoral, pero él ha subordinado su desagrado por el ex obispo Católico a sus ansias de poder. La fuerza combinada del PLRA y Unace les dará una ajustada mayorí­a de 23 en el senado de 45 bancas. También tendrán mayorí­a simple de 44 en la cámara de diputados de 80 bancas. El apoyo adicional del Nicanorismo fortalecerá esas mayorí­as.
  

COLOMBIA | Decae la inflación. El gobierno logró cierto éxito en sus medidas para frenar la inflación. Los precios al consumidor cayeron 0,19% en setiembre, informó el departamento de estadí­sticas, Dane. Aún, en los primeros nueve meses del año, la inflación se mantuvo en 6,53%, comparado con 4,67% durante igual periodo en 2007. El banco central, que ahora podrí­a reducir su tasa clave de interés de 10%, tiene una delicada tarea por delante pues la economí­a está tan entrelazada con la de EU, el mayor mercado de su exportación, y fuente de inversión extranjera directa y de las remesas. El Presidente Alvaro Uribe anunció un plan de contingencia la semana pasada para tratar de mitigarlos efectos de la crisis financiera internacional y la declinación en EU. El plan consiste en buscar créditos de emergencia con prestadores multilaterales y en la profundización de los lazos con Asia y el Medio Oriente en términos de inversión y comercio.

PERU | Brilla el Sol. El Nuevo Sol es una de las monedas latinoamericanas menos afectadas por la crisis financiera global, y una de las más sólidas en la región, de acuerdo con un informe del banco central del 4 de octubre. “En el último mes, el Nuevo Sol se depreció [contra el dólar de EU] en 1,1%, mientras que el Real brasileño cayó 17%, el peso colombiano en 12,8%, el peso chileno en 7,7% y el peso mexicano en 6,2%," dice.