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¿Chile está por retornar al redil andino? Ya ha tomado un primer paso tentativo, al solicitar ser observador: la solicitud fue aprobada la semana pasada por los presidentes de la Comunidad Andina (CAN) cuando se reunieron en Quito poco antes de la cumbre Sudamericana. El Presidente Ricardo Lagos, sin embargo, se esforzó para desalentar cualquier esperanza de rápido ingreso.

Chile perteneció antes al precursor de la CAN, el Pacto Andino, pero en 1976, cuando el régimen de Pinochet hizo de Chile el principal liberalizador del comercio, se retiró. Luego que se otorgó a Chile el status de observador, Lagos dijo que su 'reinserción' en la organización era 'difí­cil': 'Si entendemos que la integración conlleva una tarifa externa común, eso es muy difí­cil, pues Chile tiene una muy baja tarifa externa [de] menos de 3% [...] Nadie puede decir a Chile, mire, a fin de ser miembro de ese club, eleve sus tarifas.'

Ese problema particular no es desconocido para la CAN, pues Perú en cierto punto se retiró luego de haber rebajado sus propias tarifas bajo el Presidente Fujimori, y rehusó aceptar la más alta tarifa común por la que abogaba Colombia y Venezuela.

En la actualidad, Chile comparte una cosa en común con dos miembros de CAN, Bolivia y Perú: los tres son miembros asociados del Mercosur. Venezuela pronto se les unirá también -y si la Unión Sudamericana toma vuelo, todo el asunto de ser miembro en la CAN se volverá académico.

Sin embargo, haber buscado ser observador, enví­a una señal: su acercamiento es más importante que las disputas de Chile con Bolivia y Perú.

CUBA | Sequí­a obliga a racionamiento de agua. Las autoridades cubanas han impuesto el racionamiento de agua a grandes consumidores a fin de asegurar que el grueso de la población siga abastecida. La sequí­a, que comenzó el año pasado ha secado 12 de los 75 embalses de la isla y dejó al resto con agua suficiente para 120 dí­as de consumo a las tasas actuales. En general, el Instituto de Recursos Hidráulicos (IRH) calcula que las reservas cayeron a 35% de la capacidad normal de los embalses. La situación es más crí­tica en La Habana, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas y Holguí­n.

REPUBLICA DOMINICANA | Pérdida de empleos en textiles. La pérdida de empleos en el sector textil desde noviembre pasado, llega a 19.000, según el asesor económico del gobierno, Julio Ortega. Las provincias más afectadas son Santiago y Moca en el norte, La Romana en el este y San Cristóbal en el sur. La pérdida de empleos es resultado del cierre de fábricas, luego de la eliminación de las cuotas textiles del comercio mundial (aunque algunas firmas también citan la apreciación del peso como factor que contribuye a la pérdida de competitividad). El año pasado, un experto del BID adelantó que se podrí­an perder hasta 50.000 empleos en el sector textil -que en realidad estaba creciendo en ese entonces: en 2004, 37% de las 116 firmas en las zonas libres eran productoras textiles.

EL SALVADOR | Precios del café impulsan ganancias. Los mejores precios mundiales elevaron las ganancias de exportación de café pese a la sustancial caí­da en los volúmenes exportados. Desde el inicio del año del café, en octubre, El Salvador exportó 468.262 quintales (de 45,45 kilos), cayendo 16% sobre igual periodo de la temporada anterior. Las ganancias, sin embargo, se elevaron 9%, a US$37,9m. En esta temporada, los precios han promediado US$81,03 por quintal, comparado con US$68,44 en la temporada 2003/04.

¿Están dos jueces federales en la nómina de pagos de barones de la droga, o el ejecutivo trata de poner indebida presión sobre ellos para que superen la descuidada tarea procesal? ¿Hay influencias en ramas del gobierno, para favorecer al 'cartel' de Sinaloa sobre sus rivales de Tijuana y el Golfo?

Esas son las preguntas que circulaban la semana pasada, luego que el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, y el vice-fiscal general, José Luis Santiago Vasconcelos sugirieron abiertamente que hay oscuras influencias detrás de dos recientes dictámenes judiciales, ambas favorecen a familiares de Joaquí­n Guzmán (el Chapo), el fugitivo jefe del 'cartel' de Sinaloa. El 2 de junio, el juez federal José Luis Gómez, rechazó los cargos de uso de dinero obtenido ilegalmente presentados contra Archibaldo Iván Guzmán (el Chapito), hijo del jefe de Sinaloa, diciendo que la evidencia presentada por la PGR, el servicio fiscal federal, era insuficiente. Dos dí­as después, otro juez federal, Antonio González Garcí­a, rehusó emitir 14 órdenes de arresto contra miembros de la familia de el Chapo, también por insuficiente evidencia.

El vocero presidencial, Aguilar, dijo: 'Hay sospechas que esos jueces pueden haber sido influenciados [o] que tomaron decisiones basados en consideraciones distintas a las de la ley.' Vasconcelos dijo que Gómez tiene antecedentes de haber producido sentencias favorables al cartel Sinaloa, que fueron más tarde anuladas por las cortes de apelación. El juez dice que eso es abierto prejuicio, pues ignora muchas sentencias que él aplicó contra traficantes de drogas, incluida la banda de Sinaloa. Recientemente, Gómez descartó acusaciones presentadas apresuradamente por la PGR contra Nahum Acosta, jefe del equipo de viajes de la presidencia, acusado de pasar información confidencial a traficantes de drogas [IL-05-17]. Gómez dice que Aguilar y Vasconcelos tratan de intimidarlo a él y a otros jueces.

Incluso organizaciones ambientalistas usualmente escépticas, celebran el anuncio del gobierno que, durante el año pasado, la tasa de deforestación en la región amazónica se redujo en poco más de 50%. Aunque difieren con el gobierno sobre las razones de la declinación.

La ministra de la presidencia, Dilma Rousseff, y su colega de medio ambiente, Marina Silva, pusieron gran cuidado el 26 de agosto, cuando presentaron sus cifras, para enfatizar que son provisionales y basadas en proyecciones. Mostraron que la deforestación entre agosto de 2004 y julio de 2005 afectó a 9.106 kms cuadrados de selva amazónica, comparado con 18.724 kms cuadrados el año previo. Las ministras atribuyeron eso al plan multi-agencia puesto en marcha por el gobierno el año pasado, que condujo a varias acciones preventivas, incluido el arresto de unas 300 personas por actividades contra el medio ambiente.

Greenpeace sugirió que lo que hizo que el gobierno entrara en acción fue el impacto del asesinato, en febrero pasado, de la monja misionera Dorothy Stang [IL-05-08]. El Worldwide Fund for Nature (WWF), en cambio, lo atribuye al enfriamiento del mercado mundial de productos agrí­colas, en particular la caí­da de 36% en el precio de la soja. La deforestación en Mato Grosso, el principal estado productor de soja, declinó el año pasado en 33%, pero no fue la caí­da más impresionante. En Pará, en el nordeste, la deforestación se redujo en 88%. Aún así­, las dos organizaciones dicen que las cifras son buenas noticias.

La predicción que Ollanta Humala serí­a el que causarí­a sorpresas en la actual carrera electoral [IL-05-44] ya está confirmada por los eventos. Dos recientes sondeos de opinión muestran que su apoyo en Lima creció al doble desde octubre -y otro sondeo nacional muestra que su Partido Nacionalista Peruano (PNP), en realidad lidera el campo en ocho departamentos.

Los sondeos de Apoyo e IMA Estudios de Marketing, ubican el apoyo a Humala en cerca del 11%, el doble de lo que un sondeo de CPI mostró en octubre y más de cinco veces de lo que tení­a en abril. El sondeo nacional, realizado por Idice, muestra que el PNP atrae las más grandes porciones de las preferencias de los votantes en Puno (34%), Tacna (28%), Huánuco (25%), Moquegua (24%), Arequipa (23%), Cuzco (23%), Ayacucho (17%), y Loreto (14%). Y está segundo en otros dos: Juní­n (22%) y Ancash (15%).

Ollanta Humala, un teniente coronel retirado, es el hermano mayor de Antauro Humala, que el dí­a de Año Nuevo lideró una sangrienta, pero de corta vida, rebelión en Andahuaylas [IL-05-01] y ahora está en prisión aguardando el juicio. Ollanta registró su partido, el PNP, a mediados de noviembre; aún debe reunir 130.000 firmas avalando su registro, pero considerando el rápido crecimiento de sus seguidores, eso podrí­a no ser difí­cil.

El ha sido comparado con el Presidente Hugo Chávez , de Venezuela, y en verdad ha sido acusado de recibir fondos de él. Humala lo ha negado, pero ha dicho que no era adverso a recibir fondos de Venezuela. Su elevación en los sondeos de opinión ha hecho de él un aliado potencialmente atractivo para algunos partidos de la izquierda. Dos de ellos, el Partido Socialista (PS) y el Movimiento Nueva Izquierda (MNI), ya han sondeado sus perspectivas.

Ví­ctor Dí­az González, de Idice, señala que Humala habí­a atraí­do a votantes que previamente simpatizaban con el partido del ex presidente Alberto Fujimori en las más pobres provincias de las sierras. Agrega que Humala aún no comenzó a hacer proselitismo en Lima y predice que cuando lo haga, el comenzará a atraer a los seguidores de bajos ingresos de Lourdes Flores, la que ahora está a la cabeza en todos los sondeos de opinión (con 27% - 28% de las preferencias).

Su discurso se ha vuelto más genéricamente nacionalista e izquierdista pero aún claramente extraí­do del 'etnocacerismo', la doctrina formulada por su padre, Isaac Humala. En el núcleo de su doctrina es la lucha entre los cobrizos y los blancos. El etnocacerismo no es democrático: uno de sus principios básicos es que la enfermedad social de Perú sólo podrá remediarse bajo la dirección de un lí­der fuerte, un soldado que 'alcanzará el poder por una senda más directa que cualquier otro civil'. Aboga por un gobierno autoritario, con rasgos draconianos, pide el establecimiento de la pena de muerte para funcionarios culpables de corrupción. La socióloga Ana Marí­a Quiroz, que produjo el primer estudio serio del movimiento, dice en su libro Invocando a los hijos de Manco Cápac, que busca reestablecer la clase reformismo militar visto por última vez durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-75), la constitución de 1979, y los tres principales preceptos Incas (no mentir, no ser holgazán, no robar).

A propósito: el primer intento de Perú de extraditar a Fujimori de Chile, fracasó debido a la admitida floja construcción del pedido de extradición. Los expertos legales del gobierno volvieron a la mesa y elaboraron con cuidado nuevos requerimientos basados en casos que ellos piensan que tienen las mejores chances de cumplir con el estándar de extradición de Chile. La corte suprema los aprobó el 18 de noviembre.

“Lo que está pasando se parece a un tango, en especial por su similitud con situaciones tristes, no deseables, pero que grafican mucho la realidad."

Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, refiriéndose a la disputa de su paí­s con Argentina sobre la instalación de plantas supuestamente contaminantes en el rí­o que es su frontera común.

“Yo estoy dispuesto a someterme a la justicia, yo no me corro. Tengo la conciencia tranquila."

Ollanta Humala, polí­tico nacionalista peruano, luego de ser acusado de violaciones a los derechos humanos cuando fue comandante de una unidad de contrainsurgencia.

“Desde hace tiempo hemos venido platicando que quien realmente controla el narcotráfico en México [...] son los colombianos mismos."

José Luis Santiago Vasconcelos, fiscal general adjunto a cargo del crimen organizado, apartándose de su negativa previa que México estaba sufriendo un proceso de 'Colombianización'.

Luego de clasificar a Venezuela como 'no totalmente cooperativo' con los esfuerzos de EU contra el terrorismo, EU aplicó un embargo sobre todas las ventas y 'retransferencias' de armas a Caracas. El gobierno venezolano dice que eso es en 'preparación para un ataque', y ha confirmado que buscará comprar aviones militares rusos, e incluso podrí­a vender sus F-16 a Irán, si EU se niega a entregar los repuestos.

La clasificación de Venezuela como 'no completamente cooperativo', anunciada el 15 de mayo, al parecer no estaba basada en ningún nuevo hecho. El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack y la funcionaria del Departamento de Estado Darla Jordan citaron las siguientes justificaciones:

• Al cultivar relaciones con 'estados que patrocinan el terror', como Cuba e Irán, dicen que impide compartir inteligencia y la cooperación anti-terrorista con Venezuela. 'Si usted está desarrollando una más cercana relación para compartir inteligencia con un estado que apoya el terror, pienso que es razonable que EU diga: "Espere un minuto", no sabemos si podemos razonablemente cooperar con esa clase de estado, porque nos preocupamos por una variedad de consecuencias, incluyendo el compartir con un estado patrocinador del terror de información que proveemos sobre ese mismo sujeto, tratando de combatir al terror.'
• La interacción del gobierno venezolano con grupos ilegales armados, como las Farc y el ELN. 'El territorio venezolano sigue siendo usado como área segura por conocidos narcoterroristas, muchos de los cuales cruzan a Venezuela para descansar y reabastecerse, con poca preocupación que serán perseguidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela.'
• La corrupción y politización de las agencias de Venezuela que controlan los documentos de identidad. 'Los documentos de identidad venezolanos son fáciles de obtener fraudulentamente, lo que hace de Venezuela un atractivo punto de transferencia de terroristas [...] Narcoterroristas con base en Colombia ya han sido hallados con documentos de identidad venezolanos válidos.'
• La provisión de armas a terroristas con base en Colombia: 'Armas y municiones -algunas de depósitos e instalaciones oficiales de Venezuela- han llegado a manos de terroristas con base en Colombia.'

También se mencionó que Venezuela no ha frenado el 'tránsito de ciertos individuos' a través de su territorio, pero McCormack se excusó de dar detalles sobre eso (en verdad, tampoco lo hizo sobre los otros puntos). Vale señalar que Venezuela no es el único paí­s latinoamericano comprometido en cooperación de inteligencia con Cuba. Argentina y Brasil lo han estado haciendo bastante abiertamente. Ecuador también provee refugio a las guerrillas colombianas y actuó como conducto de armas y drogas, pero no fue clasificado como 'no cooperativo'. Venezuela ha proveí­do abiertamente protección a lí­deres del ELN que negociaban con el gobierno colombiano -a requerimiento del Presidente Alvaro Uribe, de Colombia.

Continuará el suministro para los F-16
El 17 de mayo, luego que el gobierno venezolano reiteró su reclamo que EU ya habí­a bloqueado la provisión de repuestos para sus F-16, para lo cual estaba obligado por contrato, McCormack explicó que 'retransferencias' a Venezuela, previamente autorizadas, no estaban afectadas por las restricciones que entran en vigor automáticamente al ser puesto en la lista de paí­ses 'no cooperativos'. Además, licencias y autorizaciones existentes para exportación de artí­culos de defensa, servicios y mantenimiento de defensa y repuestos autorizados bajo casos existentes, tampoco serán afectadas.

McCormack agregó que exportaciones de hasta US$500 en repuestos para artí­culos de defensa con licencia previa podrán ser hechas por exportadores de EU sin requerir licencia. Un exportador de EU registrado podrí­a usar esa exención en repuestos hasta 24 veces por año. En base a eso, argumentó que la no entrega de repuestos denunciada por los venezolanos, no depende del gobierno de EU, sino de las compañí­as proveedoras.

Debido a esas calificaciones, McCormack dijo que no era correcto describir el paso dado por EU como un embargo, sino más como 'restricciones'. Cuando fue preguntado, no pudo mencionar ningún paí­s aparte de Venezuela que haya sido ubicado en la lista de 'no totalmente cooperativo'.

Reacciones desde Caracas
Aparte de insistir en la afirmación que con esta nueva medida EU preparaba el terreno para un ataque a Venezuela, una de las primeras reacciones a la noticia desde Washington, provino del retirado General Alberto Muller Rojas, en el sentido que, ante la ausencia de repuestos, Venezuela podrí­a vender sus F-16 a Irán. En realidad, una variante de lo que antes dijo el Presidente Hugo Chávez , que el podí­a enviarlos a Cuba o China, así­ podrí­an estudiar la tecnologí­a de EU del avión, la declaración de Muller fue desechada el 16 de mayo por el ministro de defensa, Almirante Orlando Maniglia, que dijo que aún no se habí­a tomado ninguna decisión sobre lo que se harí­a con los F-16. Cinco dí­as después, Chávez aplaudió la sugerencia de Muller como 'una idea interesante'.

Chávez agregó que él viajará a Moscú en agosto o setiembre para discutir, entre otras cosas, la compra del Sukhoi-30, que él describe como '100 veces mejor que el F-16'.

El General Raúl Baduel, comandante del ejército venezolano, buscó minimizar el probable impacto de las 'restricciones' de EU señalando el hecho que Venezuela ya ha estado comprando armamento, 'tanto individual como institucional', de otras fuentes. Además, dijo, esas compras están acompañadas de acuerdos de transferencia de tecnologí­a, que anticipa cualquier repetición de la clase de situación creada por los abastecimientos de EU o las planeadas compras de equipo con tecnologí­a de EU incorporada. Baduel citó como ejemplo la reciente compra de Rusia de 100.000 rifles Kalashnikov AK-103 y helicópteros MI.

Quizá la reacción más interesante a las 'restricciones' impuestas por Washington provino, no de ningún funcionario de la administración Chávez , sino de uno de sus más crí­ticos oponentes, el candidato presidencial Julio Borges, del partido Primero Justicia. En una entrevista en el diario El Mundo, el 18 de mayo, Borges dijo que EU no entendí­a lo que ocurrí­a en América Latina o en Venezuela, y que estaba cayendo en las conjuras de 'provocación y victimización' que Chávez 'serví­a en bandeja a cada momento'.

Borges describe el manejo de Washington de sus relaciones con Venezuela como 'torpe' y señala que en lo que respecta a su agenda para toda la región 'se reduce al aspecto comercial, cuando ese deberí­a ser sólo una de las muchas cuestiones en la relación bilateral.'

Un secuestro y asesinato de alto perfil la semana pasada, se convirtió en el icono de la nueva ola de violencia que cubre a Port-au-Prince, que ya cobró al menos 85 vidas e incluye al menos 60 secuestros en julio, impulsando al Presidente René Préval a advertir que cualquier miembro de banda que no opte por el desarme 'morirá'. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha solicitado una extensión del mandato de Minustah, que expira el 15 de agosto, pero eso fue retrasado en atención al conflicto en el Lí­bano.

Annan pidió una extensión durante la visita de 24 horas a Haití­ a principios de agosto. Cuatro dí­as luego de partir, Port-au-Prince fue sacudido por la noticia que el anciano empresario de origen italiano, Guy Vitiello, fue muerto a palos en su casa en el distrito Musseau, en el este de la capital, y que su esposa Gigliola habí­a sido secuestrada. El negocio de zapatos de Vitiello en el Boulevard Jacques Dessalines es un hito desde hace tiempo; su reputación ha llevado a la incorporación de la palabra vityelo al Créole, con el significado de caminar.

Este, claro, es sólo un incidente entre varios. Cuando el primer ministro Jacques Edouard Alexis y la alta jerarquí­a policial fueron citados a una audiencia en el congreso el 10 de agosto, Ronald Lareche, que preside el comité de seguridad de la cámara baja, recitó las sombrí­as estadí­sticas citadas arriba, más la información que 264 personas fueron heridas por disparos en los pasados dos meses (158 de ellas en Martissant, escenario de una continua guerra entre bandas), y que en mayo-junio 11 oficiales de policí­a fueron muertos en servicio.

Alexis acusó a un 'grupo involucrado en el tráfico de drogas' de financiar la violencia y la inseguridad en la capital, para aprovecharse de la inestabilidad. Agregó, sin embargo, que la actual inseguridad es también 'polí­tica y socio-económica en su naturaleza, y que eso exige 'intervenciones socio-económicas'. Mientras Alexis y el jefe de policí­a Mario Andrésol trataban de persuadir a los legisladores que tení­an planes plausibles para enfrentar la violencia, el vocero de Minustah, David Winhurst, destacó que los esfuerzos de la fuerza de la ONU y la policí­a ya estaban desarmando a las bandas. Llamó la atención sobre las actuales operaciones en el distrito Cité Militaire (visitado brevemente por Préval la semana pasada) que, dijo, 'continuará hasta que la zona sea pacificada'. Hubo al menos 17 muertos como resultado de la operación en Cité Militaire.

Winhurst también anunció que el gobierno haitiano habí­a aprobado finalmente el plan para la reestructuración de la policí­a nacional -un esquema que el gobierno interino habí­a frenado, argumentando que algunas de sus provisiones eran inconstitucionales. El vocero no explicó cuáles (si hubo alguno) cambios se habí­an hecho al plan.

Fue durante su visita a Cité Militaire que Préval insistió en hacer del esquema de 'desarmar, desmovilizar, y reintegrar' a las bandas armadas, el punto central de su enfoque de la actual violencia. 'Los que tienen posesión de armas de fuego,' dijo, 'pueden entregarlas: eso es lo que llamamos diálogo [...] O se desarman dentro del marco del programa de desarme (DDR) o serán forzados a entregar sus armas violentamente. [Tenemos] un objetivo único: poner fin a la circulación de armas en todo el paí­s.'

La expectativa en Port-au-Prince es que el Consejo de Seguridad de la ONU, ya producida la aguardada resolución sobre el Lí­bano, esta semana va a considerar la recomendación de Annan de una extensión de un año para Minustah.

Ricardo Patiño, ministro de economí­a y aliado cercano del Presidente Rafael Correa, enfrenta procedimientos de juicio polí­tico por su supuesta manipulación de la deuda externa de Ecuador. Luis Almeida, del opositor Partido Sociedad Patriótica logró, el 24 de mayo, reunir las 25 firmas de legisladores que se necesitaban para enjuiciar a Patiño. No dispuesto a dejar que los eventos dicten sus acciones, Patiño respondió a la noticia llamando a una conferencia de prensa en la que presentó sus propias copias de los "pativideos", que condujeron al escándalo junto con un comentario que lo exonerándose a sí­ mismo de cualquier delito.

Almeida también exhibió un certificado con la transferencia de US$135m del banco central a una cuenta en el City Bank New York, el 14 de febrero. Los "pativideos", que Patiño afirma que los ordenó él mismo para demostrar las prácticas corruptas en el mundo de las finanzas internacionales, muestran al ministro de economí­a en conversación con su predecesor ministerial y dos corredores de valores, discutiendo las ventajas de atemorizar a los mercados con la amenaza de no pagar los intereses de Ecuador sobre su deuda.

Correa continúa afirmando la inocencia de Patiño, y usó su programa radial del sábado para atacar a los medios por cuestionar al ministro de economí­a por el uso de cámaras ocultas para descubrir la corrupción. "Si deseamos combatir a la corrupción no podemos sólo ir diciendo, 'no sean malos, dejen de robar'. Debemos tener pruebas," dijo. El problema para Correa y Patiño es que el ministro de economí­a parecí­a seguir el consejo en el video, sin considerar quién se beneficiaba de la decisión. Dos dí­as después de anunciar una moratoria de 30 dí­as en pagos sobre la deuda, el 12 de febrero, Ecuador pagó. Patiño deberá enfrentar al congreso sobre la cuestión el 5 de junio.

• Las relaciones con Colombia

El 28 de mayo el canciller colombiano, Fernando Araújo, viajó a Quito para mantener conversaciones con su par ecuatoriano, Marí­a Fernanda Espinosa, principalmente sobre el uso por Colombia de la fumigación aérea para eliminar las plantaciones de coca en el área de frontera. Sin aceptar la evaluación de Ecuador sobre el impacto dañino de los quí­micos, Araújo comprometió a Colombia a incrementar la erradicación manual de la coca en el área de frontera, y reiteró la voluntad del gobierno de pagar compensación a los ecuatorianos que puedan probar que habí­an sido afectados por la fumigación.

El Presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, se reunió la semana pasada con su par de Costa Rica, Oscar Arias, por primera vez desde que asumió en enero, en un acto en Nicaragua para celebrar dos décadas de paz en la región. El acto fue organizado por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, que preside la comisión de verdad, justicia, reconciliación y paz de Nicaragua.

Las relaciones entre ambos fueron menos que cordiales, Ortega recientemente acusó a Arias de conspirar contra la Revolución Sandinista, en las negociaciones de paz. También sugirió que Arias no merecí­a el premio Nobel de la paz con que fue premiado en 1987, por su rol en poner fin a la guerra civil nicaragüense, y criticó a Costa Rica por no adoptar por completo el Sistema de Integración Centroamericano (Sica). Costa Rica es el único paí­s en la sub-región que no fue visitado por Ortega este año.

Ambos presidentes hicieron un show público de enterrar sus diferencias. El signo más tangible de eso fue un compromiso que la Comisión Bilateral reanudarí­a sus tareas. Establecida en los '90 para alentar el diálogo entre los dos paí­ses, la Comisión fue suspendida en 1997 luego de una disputa sobre derechos de navegación en el Rí­o San Juan, un caso que está siendo considerado ahora por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. También prometieron que no permitirán que el caso del San Juan no afecte las relaciones bilaterales.

• El futuro de las riñas del pasado

Aunque los Presidentes Daniel Ortega y Oscar Arias se esforzaron en enfatizar sus esperanzas de relaciones más estrechas en el futuro entre Nicaragua y Costa Rica, las diferencias de nuevo se hicieron evidentes en las discusiones sobre el pasado. La prensa local informó de disputas acerca de si la guerra civil en Nicaragua era el producto del conflicto este-oeste, o fomentado por EU; Ortega rechazó la idea que la ex URSS y Cuba se habí­an opuesto a los acuerdos de paz en los '80.

La Presidenta electa Cristina Fernández no tendrá poderes de emergencia económica cuando asuma el 10 de diciembre. Su esposo, el Presidente Néstor Kirchner habí­a decidido presentarle el regalo, impulsando a través del congreso una extensión de un año de la ley de emergencia económica, de la que él disfrutó durante su mandato. Fue aprobada por la cámara baja, pero el senado rehusó colaborar, proveyendo a Kirchner de su más seria derrota en el senado desde que llegó al poder en 2003.

La ley de emergencia económica, que delega poderes ejercidos por el congreso al ejecutivo, fue sancionada por el ex presidente Eduardo Duhalde en enero de 2002, en medio de la crisis financiera. Abolió la ley de convertibilidad, abriendo el camino para la devaluación del peso. Al inicio, fue pensada que regirí­a sólo por un año. El gobierno argumenta que es necesaria para renegociar los contratos de los servicios públicos y para reestructurar la deuda pública.

La ley permite además la reorganización de los sistemas financiero, bancario, el comercio de monedas, y el programa de asistencia social para jefes de hogares desempleados. Sin embargo, el argumento para eso es crecientemente tenue bajo las actuales circunstancias económicas: la economí­a ha crecido entre 8,5% y 9,2% en cada uno de los últimos cuatro años. La oposición argumenta que lo que hace la ley es permitir al gobierno perpetuar el clientelismo polí­tico a través de sus planes sociales.

Al gobierno le faltaron dos votos para la mayorí­a de dos tercios en el senado el 5 de diciembre, pues algunos senadores pro-gobierno parecí­an objetar la hipocresí­a de apoyar una ley a la cual se opuso Fernández cuando se introdujo por primera vez, y ante la cual ella se abstuvo de votar cada año desde entonces. La ley será presentada de nuevo el 12 de diciembre, pero para entonces Fernández ya será presidenta, y serí­a un torpe inicio de su mandato. La necesita para reestructurar la deuda con el Club de Parí­s [IL-07-47]. El senado tampoco aprobó proyectos clave sobre impuestos a las transacciones financieras y cigarrillos, que ponen Arg$15bn (US$4,79bn) en los cofres del estado.

Kirchner espera que la ley se apruebe, además de varias medidas impopulares, para aliviar las tareas de su esposa. El aumentó las tarifas del transporte público hasta 30%, el primer aumento en siete años. Los subsidios al transporte serán reducidos, proveyendo ahorros de 20%, o Arg$600m (US$191,5m).

Medioambiente

El debate sobre la ley de emergencia económica ha desviado la atención de la aprobación por el congreso de un proyecto de ley suspendiendo el talado en las selvas nativas por al menos un año. En el curso del año próximo, cada provincia deberá producir un plan designando las selvas en tres categorí­as: rojo, ámbar y verde, una gama que va de alto a bajo en valor de conservación.

Fue una gran victoria para grupos ambientalistas y sociales, pues el proyecto estuvo atascado en el congreso por 18 meses. Recibió fuerte oposición de los legisladores de las provincias norteñas, que eventualmente ganaron con la provisión que crea un fondo de compensación de Arg$1bn (US$330m), 30% de los cuales irán a las provincias y 70% a propietarios de tierras forestadas. Será financiado con 2% de los impuestos a la exportación de soja, lo que parece justo, dado que la soja es una de las razones centrales de la deforestación y la expansión de la frontera agrí­cola.

Los migrantes latinoamericanos en EU y en el mundo enviaron US$66,5bn en remesas a sus paí­ses de origen en 2007, de acuerdo con un informe publicado la semana pasada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue sólo 7% más que en 2006, y el primer año de sólo un dí­gito de crecimiento desde que el BID comenzó a registrar las remesas, en 2000. Las remesas crecieron a una tasa de 16% en 2006 y 25% 2005.

Un funcionario del BID, Don Terry, explicó que los mejores flujos a los más altos receptores, México y Brasil, son la razón del lento crecimiento. México (donde las remesas crecieron apenas 1% en 2007, a US$24bn), culpa al endurecimiento de las leyes de EU y a la debilidad de la economí­a de EU por la declinación, mientras que en Brasil (donde las remesas declinaron 4% a unos US$7,1bn) el boom de la economí­a local, y la debilidad del dólar frente al Real ha alentado a los brasileños a quedarse en el paí­s.

Terry dijo que la caí­da de remesas en EU se debe sólo parte a la declinación económica, dado que los expatriado centroamericanos continuaron enviando sumas significativas de dinero -US$12,4bn, comparado con US$11bn en 2006. Sin embargo, aunque la tasa de crecimiento es aún fuerte, en 11%, fue menor que en años recientes. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dependen particularmente de las remesas, mientras que Costa Rica y Panamá menos. El BID no está seguro si la declinación en México se extenderá a Centroamérica.

Las remesas de EU ahora sin menores de lo que solí­an ser, en contraste a los de paí­ses europeos donde el euro sube contra el dólar. Terry predice que aunque el crecimiento de las remesas de EU será más favorable este año, serán más altos desde España, que ha recibido un gran número de bolivianos, ecuatorianos y centroamericanos. De acuerdo con un informe del banco central de Bolivia, las remesas de bolivianos expatriados sumaron US$869,6m en 2007, más del doble que la inversión extranjera directa (US$316m). De ese monto, 36% fue enviado desde España; 20,8% desde EU.

El Presidente Alan Garcí­a promulgó esta semana una ley bajo la cual unos 4m trabajadores en las micros y pequeñas empresas (Mypes) en el sector informal tendrán derechos a pagos de la seguridad social y pensiones, como también derechos laborales mejorados. La incrementada regulación además significa que ellos también, por supuesto, serán llevados definitivamente dentro de la red fiscal. La nueva ley llega dí­as antes de la huelga general que ha convocado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), para el 9 de julio, para exigir que el gobierno cumpla sus promesas electorales, incluyendo mejor distribución de la riqueza de años de estelar crecimiento.

El gobierno reservará NS500m (US$169m) por año para subsidiar a unos 800.000 comercios: el estado aportará la mitad de los pagos de seguridad social y pensiones de trabajadores registrados en las Mypes. Ellos también tendrán derecho a la protección ante despidos ilegales, 15 dí­as de vacaciones por año y deberán trabajar no más de 48 horas por semana. La ley es la última respuesta de Garcí­a a las crí­ticas en el sentido que él ha ignorado la apremiante situación de los sectores más pobres del paí­s. El ha lanzado un oportuno golpe a la CGTP al criticar a los sindicatos por no haber hecho nada para mejorar la situación de la masa de trabajadores en el sector informal.

La ley no cayó bien al ministro de economí­a, Luis Carranza, que presentó su renuncia, admitió esta semana el primer ministro Jorge del Castillo. Y agregó que aún no habí­a sido aceptada pero que esperaba que sea aprobada este fin de semana -estratégicamente justo antes de la huelga general. El gobierno está desesperado por impedir una repetición de lo que parece que se está convirtiendo en una acción anual de huelga en julio. Las protestas ya están bullendo. Los mineros fueron a la huelga el 30 de junio para exigir la eliminación del techo puesto a su participación en las ganancias; y los funcionarios de prisiones realizaron una huelga de 48 horas la semana pasada para presionar por mayores beneficios.

• Coca
  El jefe del comando conjunto, Almirante José Aste Daffós, dijo la semana pasada que la erradicación forzada de coca en los valles del rí­o Apurí­mac y el Ene (VRAE) serí­a un error debido al serio costo social que significarí­a. Dijo que un subsidio serí­a preferible a tratar de reemplazar totalmente las plantaciones de coca, en particular antes de introducir rentables cultivos alternativos y de construir nuevas carreteras. Ningún cultivo es tan productivo como el de la coca: en el VRAE la coca tiene seis cosechas por año, más que en las otras dos principales regiones de cultivo de coca, los valles del Huallaga y de Monzón, que están sujetos a la erradicación forzada.
  

El Presidente Hugo Chávez retira todos los obstáculos para asegurar que su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) triunfe en las elecciones estatales y municipales, el 23 de noviembre. Si su desempeño es bajo, Chávez planea recortar los poderes de los gobernadores y alcaldes de la oposición. Primero, ha revelado un “plan para acelerar el desarrollo regional" (Padre, por sus siglas) que comenzará el año próximo, y que sólo se administrará en estados que han elegido a gobernadores chavistas. Segundo, la asamblea nacional está aprobando la nueva “geometrí­a de poderes" de Chávez , bajo el cual él elegirá a dedo a presidentes regionales, ante los cuales los gobernadores y alcaldes rendirán cuentas.

Chávez hizo el anuncio sobre el Plan Padre mientras hací­a campaña con los candidatos del PSUV en el estado de Carabobo en el sudoeste. El dijo que extenderí­a la tarea de las “misiones" del gobierno, que han reducido con éxito la pobreza y han mejorado el bienestar social para las clases bajas a través de los programas de provisión de salud y educacionales. No dijo cuánto dinero en efectivo se hará disponible a través del plan, aunque eso dependerá en gran parte del precio del petróleo, que está en una preocupante trayectoria hacia la baja.

La justificación de Chávez de proveer recursos sólo a estados que elijan a gobernadores y alcaldes del PSUV fue que “la oposición desea ganar las gobernaciones y las alcaldí­as a fin de lanzar un golpe el año próximo; y nosotros no lo vamos a permitir." Pero no proveyó ninguna evidencia de esa afirmación. En un reciente informe, la ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó que Chávez usó el breve golpe de 2002 como un pretexto para consolidar su control sobre el poder, en detrimento de las instituciones del estado y de las garantí­as de los derechos humanos [IL-08-38]. El informe de HRW, en su esfuerzo por fundamentar su premisa central, no ha prestado la consideración debida a algunos de los éxitos sociales de su gobierno. Pero la constante recurrencia de Chávez a la amenaza de un golpe para justificar acciones cuestionables, sin embargo, lo expone a esa clase de acusaciones.

Los gobiernos a menudo son acusados de mal uso de los fondos públicos con propósitos electorales, como desarrollar una súbita propensión a llevar adelante proyectos de obras públicas en los meses previos a una elección. Chávez , que ha suspendido su programa semanal, Aló Presidente, hasta el fin de la campaña electoral, para concentrarse en “inaugurar obras públicas y acompañar a los candidatos en los actos públicos", no es diferente en ese sentido. Publicitando en avance un programa claramente discriminatorio, sin embargo, en un abierto intento de influir sobre los votantes, es forzar las normas electorales hasta el lí­mite.

La oposición recordó a Chávez que él era el Presidente de todos los venezolanos, no sólo de sus partidarios. Ovidio Lozada, un candidato a alcalde en el estado Miranda, por Primero Justicia (PJ), acusó a Chávez de “hablando como si él fuera el dueño de una gran bodega, sirviendo a los que él desea." Dijo que los recursos deben estar disponibles para todos los alcaldes para combatir la inseguridad y la pobreza. Ví­ctor Bolí­var, el presidente de Acción Democrática, dijo que el Plan Padre encaja en la nueva “geometrí­a de poderes". Y agregó que ambos eran claros intentos para “neutralizar" una derrota del PSUV en las urnas el 23 de noviembre.

Geometrí­a de poderes
La “geometrí­a de poderes" fue una de las varias propuestas rechazadas en el referéndum de diciembre último sobre la reforma constitucional, que Chávez ha hecho aprobar por otros medios. A pesar que la constitución deja en claro que las propuestas rechazadas en un referéndum no pueden ser aprobadas como leyes por la legislatura, la asamblea nacional aprobó la nueva “geometrí­a de poderes" en primera audiencia la semana pasada. Su aprobación final está asegurada antes de las elecciones. La que es inminente ley, arroja sombras sobre la creciente participación ciudadana de la que el gobierno alardea con orgullo. Si a Chávez no le satisfacen los resultados en las elecciones estatales y municipales, eso no importa, porque él podrá designar a casi vice-reyes, que serán más poderosos que los gobernadores y alcaldes.

Bajo la “geometrí­a de poderes", los actuales estados y municipalidades permanecerán con el propósito de la administración polí­tica, mientras que las nuevas “autoridades regionales" estarán basadas sobre criterios económicos y productivos, que aún deben ser clarificados. El texto de la ley deja en claro donde estará el poder real. “Organos y entidades de la administración polí­tica (alcaldes y gobernadores) [...] estarán funcionalmente y operacionalmente subordinados a las [...] autoridades regionales." La ley también confiere a Chávez el poder para “crear, suprimir o modificar una o varias regiones, con el objetivo de rectificar o reestructurar el orden territorial por razones de interés nacional."

Baduel arrestado
Si el anuncio del Plan Padre y la aprobación de la “geometrí­a de poderes" a través de la asamblea nacional son claros signos que Chávez está preocupado que el PSUV no pueda arrasar en las elecciones de noviembre, la oportunidad del arresto del retirado general Raúl Isaí­as Baduel, la semana pasada fue, en el mejor de los casos, dudosa. Un ex Chavista leal y ministro de defensa, Baduel supuestamente malversó fondos del ejército mientras serví­a como comandante en jefe del ejército venezolano desde 2004 hasta julio de 2007, cuando él rompió dramáticamente con Chávez , y jugó un rol instrumental en la campaña contra el referéndum. Chávez lo calificó de “traidor".

El primer tribunal militar de Caracas prohibió a Baduel abandonar el paí­s, y discutir el caso con los medios. También le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 dí­as. Sus partidarios afirman que él es ví­ctima de cargos inventados para intimidar a los disidentes.

• Regiones opositoras
  Los crí­ticos del Presidente Chávez lo acusan de ser antidemocrático, a menudo sin ninguna evidencia, sólo como un visceral desagrado por su estilo de gobierno. El Plan Padre les provee con munición viva. El Presidente de Perú, Alan Garcí­a, perdió su apetito por la descentralización una vez que su partido perdió las elecciones regionales, y las regiones sureñas, en particular, se han vuelto abiertamente hostiles a su gobierno. Eso muestra una dudosa integridad, dado su previo compromiso con el proceso, pero Garcí­a no favorece abiertamente a otras regiones con recursos financieros, para castigar al sur por elegir a candidatos de la oposición.

El gobierno ecuatoriano ganó esta semana un quinto poder. Los siete miembros titulares y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron seleccionados por el congresillo -la asamblea constituyente reducida- luego de una competencia abierta. El Consejo es un nuevo cuerpo del estado creado en la constitución, que estará a la par con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Ejercerá poderes extraordinarios, nombrando a los comités nominadores que seleccionarán muchos de los cuerpos supervisores de Ecuador, como también al fiscal general, el contralor general y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El gobierno arguye que el nuevo cuerpo aumentará la participación ciudadana y mejorará la transparencia en oficinas públicas. Explicó que el Consejo no tendrá tanto poder como tiene ahora, elaborando las normas para seleccionar los comités nominadores que deberán designar los nuevos cuerpos supervisores y otros. La oposición cuestiona que todo el proceso de selección es opaco, y que el nuevo ente es parte del diseño del Presidente Rafael Correa para concentrar más poder en sus propias manos. Algunos aspirantes se retiraron del proceso de selección, afirmando que favorecí­a a partidarios del gobernante Acuerdo Paí­s, la fuerza dominante en el congresillo que lleva adelante el proceso. El gobierno acepta que hubo “errores" en el proceso de selección. La oposición también insiste en que como ninguno de los miembros del Consejo ha ocupado cargos públicos previamente, el ejecutivo lo someterá fácilmente a su voluntad.

La oposición se contenta con criticar al gobierno, pues no está preparada para oponerse a el. Faltando solamente una semana para la fecha lí­mite para que los candidatos se registren para las elecciones presidenciales del 26 de abril, nadie ha dado aún un paso adelante para desafiar a Correa. El ex presidente Lucio Gutiérrez propuso un movimiento opositor unido detrás de un candidato como la única manera de “combatir a Correa y a la maquinaria del estado." El incluso adelantó el nombre de Guillermo Lasso, el presidente del Banco de Guayaquil, pero los otros partidos de oposición no parecen enamorados de la idea, en parte debido a las asociaciones bancarias de Lasso y sus lazos cercanos con la tradicional “partidocracia" denigrada por Correa.

El comité de dirección del Partido Social Cristiano (PSC) resolvió no presentar un candidato. Argumenta que carece de la estructura partidaria para prepararse para elecciones presidencial, legislativa, municipal, de consejeros y prefecturas, por tanto se concentrará en las otras cuatro, donde (aunque no lo dijo) tiene chances de ganar.

• ¿Candidato de la izquierda?

La ex delegada de la asamblea constituyente, Martha Roldós, dice que ella se presentará como candidata presidencial de la izquierdista Red Etica y Democracia, aunque aún debe registrar su candidatura. Roldós urgió a Alberto Acosta, el enormemente popular ex presidente de la asamblea para que compita. Pero Acosta, un distanciado aliado de Correa, al que acusó de “infantilismo presidencial" [IL-09-03], insiste en que no está interesado.

VENEZUELA | Presupuesto de Caracas. La asamblea nacional ha aprobado el presupuesto 2009 para la nueva jefa de gobierno para la ciudad de Caracas, Jacquelina Farí­a, una vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que fue designada por el Presidente Hugo Chávez a mediados de abril. El presupuesto totaliza Bs1bn (US$465m). La asamblea también ha aprobado una ley transfiriendo cerca de 90% de los recursos actualmente asignados al alcalde opositor del Gran Caracas, Antonio Ledezma, electo en noviembre pasado, a Farí­a, que, en la práctica, lo está suplantando.

VENEZUELA | Masiva emisión de bonos. Venezuela aprobó la emisión de12bn (US$5,58bn) en bonos domésticos, para financiar el gasto público frente a los bajos precios del crudo. El Presidente Hugo Chávez anunció su intención de triplicar la deuda interna este año, a BF34bn (US$15,8bn) en marzo, junto con una serie de medidas de ajuste de cinturones y medidas de estí­mulos. Eso ha provocado las crí­ticas de la oposición que él estaba “hipotecando el futuro", y la especulación  que se requirió la emisión de deuda porque los US$44bn fueron puestos en reservas internacionales y el fondo nacional de desarrollo de fuera del presupuesto (Fonden) no estaba disponible [IL-09-12]. Hay signos que la declinación económica está produciendo una leve reducción en la inflación, que llegó a 1,8% en abril. La inflación sumó 6,7% para los primeros cuatro meses del año, comparada con 8,7% en igual periodo de 2008.

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta semana la nueva ley de educación, Ley General de Educación (LGE), tres años después de las masivas protestas de estudiantes exigiendo la reforma de la ley de educación (Loce) de la era Pinochet. Los estudiantes afirmaron que la nueva ley era “una traición". El problema es que la ley no tiene ningún efecto hasta que el congreso apruebe dos “proyectos de ley de implementación" para crear una superintendencia de educación y una agencia de control de calidad, y para proveer más fondos para la educación en escuelas del estado.

Las escuelas en Chile son públicas, privadas, o de propiedad privada y subsidiada por el estado. La ley Loce preservaba el elitismo y la segregación en la educación, a través de la discriminación y la selección en escuelas públicas y las subsidiadas por el esto. Aunque la LGE avanza cierto trecho hacia la solución de eso, poniendo fin a la selección para estudiantes hasta el noveno grado (14-15 años), el gobierno sólo logró impulsarla en el congreso el año pasado aceptando incorporar varias cuestiones espinosas en proyectos de ley separados.

La discutida superintendencia de la educación es una de esas cuestiones. Debe asegurar que las escuelas reúnan el mí­nimo estándar educacional para recibir los subsidios del estado. Eso está diseñado para poner fin a la especulación por empresarios inescrupulosos que pueden abrir una escuela y recibir fondos del gobierno sin obligación de reunir ningún estándar de calidad. El proyecto de ley ante el congreso sólo permitirá que organizaciones sin fines de lucro y municipales establezcan una institución educacional.

Arresto de Mapuche
Las protestas estudiantiles no son la única preocupación del gobierno. Unas 3.000 personas asistieron al funeral del activista Mapuche, Jaime Mendoza Collí­o, el 16 de agosto, cuatro dí­as después de resultar muerto en un choque con la policí­a armada, los Carabineros, que trataban de desalojar a activistas que habí­an invadido una propiedad privada en Araucaní­a, en el sur de Chile. El fue el tercer activista Mapuche muerto por los carabineros desde 2003.

Bachelet llamó a un “diálogo" y despachó una comisión de alto nivel a Araucaní­a esta semana, pero los Mapuche parecen intentar radicalizar su causa. “Si el estado chileno desea eliminar a los Mapuche de una vez por todas, dejen que lo trate de hacer, pero nosotros forjaremos nuestro propio frente de resistencia y no vamos a tolerar que nos sigan masacrando," dijo Juan Huenchullán, el vocero del grupo Temucuicui.

Juan Catrillanca, lonko, o jefe, de los Temucuicui, se convirtió en vocero para la nueva organización, la Alianza Territorial Mapuche la semana pasada, que agrupa juntos a unos 60 movimientos Mapuche. Dijo que ellos acelerarí­an la incautación de tierras de propiedad de no-Mapuches en Araucaní­a.

• La Isla de Pascua

Nativos de la Isla de Pascua bloquearon la pista del aeropuerto por dos dí­as, el 15 y 16 de agosto, para exigir mayores controles aduaneros para prevenir el flujo de chilenos del continente. Un grupo llamado a sí­  mismo Parlamento Rapa Nui, dijo que los extranjeros (entre los que incluye a los chilenos del continente) están superpoblando la isla, dañando el ecosistema y llevando a un incremento en el delito y prácticas no-tradicionales como el comercio callejero. Luz Marí­a Zasso Paoa, la alcalde de la isla, que tiene una población de 4.000 habitantes y recibe unos 50.000 turistas por año, dijo que la visa de turista como la emitida en las Galápagos, deberí­a ser requerida para todos los no-residentes.