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Un segundo sondeo de opinión fortalece la impresión que Chile avanza a una contienda presidencial de doble vuelta -y que Michelle Bachelet, candidata de la gobernante Concertación, puede ser vencida.

La encuesta, realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y difundida la semana pasada, muestra a Bachelet cayendo a 39% en intención de votos, ocho puntos menos que en una encuesta previa de CEP en junio. En segundo lugar, casi empatados, están Sebastián Piñera de Renovación Nacional (RN), con 22%, y Joaquí­n Laví­n de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con 21%. Juntos, los candidatos de derecha atraen cuatro puntos porcentuales más que Bachelet, aunque los escenarios de segunda ronda la muestran ganando a cualquiera de ellos. Piñera ha crecido seis puntos desde junio. [Sondeo previo, IL-05-45].

Se necesita crecimiento para reducir la pobreza. Eso es aceptado. Lo que debe comprenderse, dice un estudio del Banco Mundial, sobre América Latina y el Caribe -identificada como una de las regiones con mayor desigualdad del mundo- es que se necesita reducir la pobreza para lograr tasas sustanciales de crecimiento. Es la única ví­a, dice, para romper el cí­rculo vicioso en el cual el bajo crecimiento produce elevada pobreza, y la elevada pobreza, a su vez, produce bajo crecimiento.

El mensaje central del estudio, Reducción de la Pobreza y Crecimiento: Cí­rculos Virtuosos y Viciosos, hecho por los economistas del Banco Mundial, Guillermo Perry, Omar Arias, Humberto López, William Maloney y Luis Serven, es que el crecimiento es clave para reducir la pobreza, la misma pobreza impide el logro de tasas altas y sustentables de crecimiento en América Latina, que es una de las regiones con mayores desigualdades del mundo, con casi un cuarto de la población viviendo con menos de US$2 por dí­a.

Pamela Cox, vice-presidenta del Banco Mundial para América Latina y Caribe, dice: 'El desempeño económico de América Latina en la última década, ha sido decepcionante, con la región detrás de las dinámicas economí­as de Asia. Entre otras cosas, la misma pobreza impide el crecimiento de la región y a menos que se afronten las limitaciones que afectan a los pobres, permanecerá elusivo un fuerte crecimiento.' China tuvo un crecimiento anual per cápita de 8,5% entre 1981 y 2000, reduciendo la pobreza en 42 puntos porcentuales, en América Latina el PBI declinó en 0,7% durante los '80 y aumentó en alrededor de 1,5% por año en los '90, sin cambios significativos en los niveles de pobreza.

De acuerdo con el estudio, una caí­da de 10% en los niveles de pobreza, si otras cosas siguen igual, puede elevar el crecimiento económico en 1%. A su vez, 10% de incremento en los niveles de pobreza reduce la tasa de crecimiento en 1% y reduce la inversión hasta en 8% del PBI, en especial en paí­ses con sistemas financieros subdesarrollados. Eso se debe a que los pobres, que carecen de acceso al crédito y al seguro, no están en posición de emprender muchas de las actividades rentables que alimentan la inversión y el crecimiento.

La carencia de infraestructura en las regiones pobres, no atrae inversiones. Las familias pobres, enfrentadas con escuelas deficientes y alto costo de oportunidad, invierten menos en la educación de sus hijos. Los paí­ses pobres, incapaces de moderar las disparidades de ingreso, hallan las tensiones sociales exacerbadas, lo que a su vez, dificulta que florezca un clima saludable para los negocios.

Guillermo Perry, economista jefe del Banco Mundial para la región, dice: 'A fin de avanzar de un cí­rculo vicioso a un cí­rculo virtuoso, necesitamos lanzar un ataque de amplia base sobre la pobreza, que realimente un mayor crecimiento, que a su vez reducirá la pobreza. Luchar contra la pobreza no sólo es bueno para los pobres; es también un buen negocio para toda la sociedad.' El estudio dice que una estrategia de reducción de la pobreza pro-crecimiento, debe apuntar a mejorar la calidad de la educación, expandir la cobertura a niveles secundarios y terciarios, e impulsar la inversión en infraestructura para beneficiar a regiones postergadas e incrementar el acceso de los pobres a los servicios públicos.

Además, esa clase de estrategia necesita extender el acceso al crédito y servicios financieros, preservar la estabilidad macroeconómica, e implementar efectivas polí­ticas sociales, como programas de transferencia de dinero condicionada, que provee dinero a las familias pobres toda vez que mantengan a sus hijos en las escuelas y los lleven al doctor.

El estudio dice que las estrategias de reducción de la pobreza son importantes para complementar polí­ticas pro-crecimiento como liberalización del comercio que, aunque esencial para el crecimiento a largo plazo y reducción de la pobreza, pueden tener efectos negativos a corto plazo sobre la pobreza y la desigualdad. 'Los beneficios del comercio pueden mejorar si sus acuerdos se complementan con inversiones en infraestructura, educación, y transferencias para regiones pobres y trabajadores agrí­colas que pueden sufrir en la transición,' dice Perry.

A fin de proseguir una estrategia de reducción de la pobreza, pro-crecimiento, el estudio recomienda que los paí­ses primero mejoren la equidad de sus programas de gasto público, apuntando a los que realmente los necesitan en vez de gastar recursos en subsidios a programas para los más acomodados, como consumo de energí­a, pensiones, y universidades públicas. Además, los paí­ses necesitan mejorar la eficiencia de sus polí­ticas sociales y, en la mayorí­a de los casos, elevar la recolección de impuestos a través de sistemas fiscales que minimicen los efectos adversos sobre la inversión.

'Convertir al estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades y practique una eficiente redistribución es, quizá, el más crí­tico desafí­o que afronta América Latina en la implementación de mejores polí­ticas, que simultáneamente estimulen el crecimiento y reduzcan la desigualdad y la pobreza', dice el estudio.

Un nuevo tropiezo para la candidatura del nacionalista Ollanta Humala fue creado la semana pasada por el ex jefe de espí­as Vladimiro Montesinos, al corroborar rumores que el levantamiento militar de Humala contra el Presidente Alberto Fujimori fue una farsa para desviar la atención de la huida de Montesinos al exterior. Además, Humala perdió puntos cuando se presentó 15 minutos tarde al debate televisado con su rival Alan Garcí­a.

Montesinos emitió su declaración el 20 de mayo, ocho dí­as después que la corte lo sentenció a 10 años en prisión por enriquecimiento ilí­cito a costa del estado. Humala no sólo negó esa afirmación, que estaba circulando desde hace algún tiempo, sino que lo atribuyó a las maquinaciones de Garcí­a.

El 21 de mayo, Humala llegó tarde al aguardado debate presidencial, y no ayudó a su causa al llevar una pequeña bandera peruana que rehusó retirar de su podio. Una encuesta instantánea mostró a Garcí­a como vencedor en el debate, por 63% a 37% (casi la misma porción de preferencias de votos en una encuesta reciente de la Universidad de Lima). Aunque el público admitió que Humala se habí­a desempeñado mejor de lo esperado, y que habí­a arrinconado a Garcí­a sobre el tema de su polí­tica hacia el tratado de libre comercio con EU (al cual Humala se opone). Un mal presagio para Humala fue otra encuesta que mostraba al electorado desaprobando fuertemente los desempeños de Hugo Chávez (69,2%), Fidel Castro (60,5%) y Evo Morales (46,2%).

Las comunidades indí­genas declararon el 9 de agosto, como Dí­a Internacional de los Pueblos Indí­genas, un dí­a de luto luego de la muerte de cinco miembros de una comunidad A'wa el dí­a previo. Eso lleva el número de indí­genas muertos desde el principio de año, a 32. Las ví­ctimas, un ex gobernador A'wa y otros cuatro, eran parte del contingente de casi 1.600 A'wa forzados a huir de sus tierras en el departamento de Nariño, en el sur, para evitar ser tomados en el cruce de disparos entre las guerrillas de las Farc y tropas del ejército. Fueron muertos en Altaquer, un poblado donde se congregan personas desplazadas, en lo que el ex senador Gerardo Jumí­ (un Emberá) describió como una 'ejecución extrajudicial'.

Luis Eveli Andrade, presidente de Onic, la Organización Nacional Indí­gena de Colombia, se quejó que la polí­tica de seguridad democrática del Presidente Alvaro Uribe 'nos ha hecho sujetos de ataques militares de ambos lados'. Dijo que desde comienzos de año, 32 indí­genas fueron asesinados, dos más fueron muertos por minas terrestres, 12 fueron secuestrados, 28 'desaparecieron' y 75 heridos por causa del cruce de fuego. Unos 63.000 desplazados, miembros de comunidades indí­genas ahora están confinados, dijo, y 10.818 están bajo la amenaza de grupos en guerra.

En Perú, dos legisladoras indí­genas, Marí­a Sumire e Hilaria Supa (ambas del bloque nacionalista de Ollanta Humala), han hecho valer su derecho de dirigirse a las sesiones plenarias en quechua, y han exigido la presencia de un intérprete calificado. El quechua está reconocido por la constitución como uno de los tres lenguajes oficiales de Perú, los otros dos son el español y el aymara. El quechua es hablado por 15m de personas en los paí­ses andinos, casi la mitad de ellos están en Perú.

El 6 de noviembre, el Presidente Lula da Silva dijo a sus ministros que dará más cargos en su futuro gabinete pero abarcando a todo el Partido do Movimiento Democrático Brasilero (PMDB). Siendo el partido con el mayor número de bancas (89) en la cámara baja del congreso, y con el mayor número de gobernadores electos en octubre, siete en total, el respaldo del PMDB parece ser esencial para el éxito de Lula en su segundo periodo de gobierno. Aunque es probable que la participación del PMDB en el gobierno también provea a Lula de un serio dolor de cabeza.

Los presidentes brasileños, y Lula no es la excepción, son concientes que es imposible gobernar exitosamente con el único apoyo de sus partidos. Brasil tiene un sistema notablemente fragmentado de partidos, que hace improbable que cualquier partido obtenga por sí­ solo la mayorí­a en el congreso. Esto disminuye la capacidad del ejecutivo de conseguir la aprobación del congreso, a menos que cuente con una amplia alianza compuesta de diferentes partidos polí­ticos.

Lula lo sabe muy bien. También sabe que su primer mandato estuvo marcado por las malas relaciones con el congreso al no ser capaz de mantener contentos a todos sus aliados. El gobierno perdió gran parte de su apoyo ideológico luego que sectores de izquierda descontentos abandonaron a Lula por las fricciones con su Partido dos Trabajadores (PT). En consecuencia, el gobierno dependió más del apoyo de partidos medianos sin principios, para aprobar legislación en el congreso. Como expresó un ex lí­der del Partido Trabalhista Brasilero (PTB), el PT "piensa que es más fácil pagar a mercenarios que compartir el poder."

El riesgo de repetir los mismos errores

Lula dijo la semana pasada a su ministros del PT que él no desea "repetir los mismos errores" que minaron su anterior gobierno. Dijo que necesita obtener el total apoyo del PMDB para poder construir "una coalición que funcione" para garantizar la aprobación segura de legislación ante la perspectiva de un congreso más hostil. La oposición logró incrementar su representación en las elecciones legislativas de octubre y puede controlar el senado, cuando el nuevo congreso asuma en enero próximo, dificultando mucho más la tarea de Lula.

El deseo de tener a todo el PMDB de su lado, puede ser más malo que bueno. El PMDB puede describirse como una amalgama de partidos regionales, que comparten la misma nomenclatura pero tienen poca ideologí­a en común, aparte del apoyo a la democracia. Armonizar las diferentes facciones del PMDB será difí­cil. Los interlocutores de Lula trataron y fracasaron en mantener unidas a todas las facciones del PMDB durante su mandato. El PMDB continúa en la administración Lula, con tres ministerios (salud, comunicaciones, y minas y energí­a). Aunque formalmente el partido retiró su apoyo al gobierno en la cámara baja hace dos años, luego de las quejas de gobernadores del partido que estaban "insatisfechos" con las polí­ticas del gobierno hacia sus estados.

Los principales aliados de Lula dentro del PMDB son los senadores José Sarney y Renan Calheiros, que controlan a un grupo menor, pero profuso de polí­ticos locales del PMDB. El presidente nacional del partido, el diputado Michel Temer, condujo a su facción a la oposición, luego de discusiones con ellos. El problema para Lula es que Sarney y Calheiros desean que su grupo sea el único canal del gobierno con el PMDB, una situación que Temer no aceptará nunca.

Entregando puestos

El balance del poder entre las facciones del PMDB en el senado y en la cámara baja, ahora está en manos de los siete gobernadores electos del partido. Cuatro de ellos parecen dispuestos a apoyar a Lula y tres preferirí­an que el partido se mantenga "independiente". Temer prefiere la última opción, aunque ha indicado que está "abierto a un acuerdo" con el gobierno. Dejó en claro, sin embargo, que serán los gobernadores quienes "determinarán el tipo de apoyo" que el PMDB, al menos formalmente, otorgará al gobierno. Ellos se reunirán el 17 de noviembre para discutir sus puntos de vista.

Los gobernadores del PMDB están muy concientes que gran parte de su propio éxito dependerá de tener acceso fácil a los fondos federales. Para garantizar eso, el PMDB debe ocupar importantes ministerios, con grandes presupuestos. Este parece ser el único punto de acuerdo entre los dos grupos divergentes del PMDB. Temer, como Sarney y Calheiros, tienen su agenda propia, eso significa que ellos también necesitan acceso al dinero federal para satisfacer a sus partidarios. No sorprende que interlocutores de ambas facciones ya hayan señalado que ellos no sólo desean "ministerios de calidad", sino también "control total del personal" a cambio del apoyo del PMDB en el congreso. La intención es clara: que el PMDB pueda administrar todas las agencias y compañí­as públicas bajo la autoridad de esos ministerios.

Al parecer, Lula no tiene alternativa, más que atraer al PMDB con posiciones en la administración federal. Aunque el creciente apetito del partido, ya comenzó a crear problemas a Lula. El primero es decidir a qué facción del PMDB destina la porción más grande de la torta. El otro, más difí­cil, será aplacar al PT. Lula ha caí­do bajo fuertes crí­ticas de miembros de su propio partido, luego de anunciar su intención de compartir el poder con el PMDB. La dirección del PT gastó la mayor parte de los cuatro años pasados tratando de hacer a un lado al PMDB, resentida por la influencia del partido en el gobierno. No hay razón para creer que esto cambiará en los próximos cuatro años. El PT afirma que también tuvo un buen desempeño en octubre. Pese a perder poder en el senado, en la cámara baja fueron electos 83 diputados del partido, y cinco gobernadores de estados. Es de esperar que la antipatí­a PT-PMDB se profundice cuando los polí­ticos del PMDB se apoderen de sus premios.

"Clientelismo"

Lula continuará con la polí­tica clientelista. La práctica es tradicional en Brasil y siempre fue condenada por el PT cuando estaba en la oposición. Al llegar al poder, sin embargo, sectores del PT cayeron en la tentación, ya sea porque no deseaban compartir el poder o porque, dicen algunos, no tení­an otra opción. En todo caso, el clientelismo (en este caso, posiciones públicas a cambio de apoyo polí­tico) fue la causa de los escándalos que afectó la reputación del PT y sacudió al gobierno de Lula el año pasado. Entre octubre y diciembre de ese año, hubo serias conversaciones para enjuiciar a Lula, pues las evidencias parecí­an sugerir que el PT y sus aliados canalizaban fondos de empresas estatales para pagar sus deudas de campaña. Irónicamente, el escándalo se hizo público por la pelea entre el PMDB y el PTB por el control de una de esas compañí­as públicas, el servicio postal federal.

De acuerdo con la revista Veja, en un artí­culo publicado el 12 de noviembre, Lula estaba negociando "la participación del PMDB" en el gobierno, con nada menos que Jader Barbalho, ex presidente del partido. Barbalho se vio obligado a renunciar al senado en 2001 (cuando el PMDB participó en el gobierno del ahora opositor Partido da Social Democracia Brasileira) luego de ser implicado en un escándalo de corrupción en la agencia del gobierno para el desarrollo del Amazonas. Barbalho aún permanece bajo investigación policial formal.

El Presidente Rafael Correa trata de presionar a los votantes para que lo apoyen amenazando con renunciar si no logra suficientes bancas en las elecciones para la asamblea constituyente. Correa sube deliberadamente la apuesta en su pelea con el ex presidente Lucio Gutiérrez. Rehúsa reconocer la cláusula introducida en la resolución que aprueba el referéndum para la asamblea, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) de Gutiérrez, que le resta poderes plenos. Esos poderes permitirí­an a la asamblea disolver el congreso o revocar el mandato del presidente.

Correa dijo que si la oposición obtiene más bancas en la asamblea, él volverí­a a su casa y permitirí­a que "Gutiérrez sea de nuevo presidente". "No busco el poder por el poder en sí­, lo busco para servir al pueblo ecuatoriano [...] Si no soy capaz de hacer eso y sólo calentaré el sillón presidencial y ser uno más de la mirí­ada de traidores e impostores que han ocupado la presidencia, créanme, mejor regreso a mi casa," dijo Correa.

La oposición acusa a Correa de tratar de imponer en Ecuador el "socialismo del siglo 21" del Presidente Hugo Chávez , de Venezuela, por medio de una agenda de reformas "ambigua y confusa". Diego Ordóñez, presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), dijo que el proyecto de reforma polí­tica ha sido discutido por 10 años antes que se reuniera la asamblea constituyente en 1997. Dijo que la asamblea de Correa causarí­a inestabilidad, lo que podrí­a afectar el desarrollo económico de Ecuador. Dicho eso, afirmó de una manera confusa que la asamblea funcionarí­a "como otro congreso". Agregó que él estaba seguro que Correa se inclinarí­a hacia las prácticas tradicionales del clientelismo y usarí­a fondos públicos para obtener apoyo.

Al final, Patiño paga
Se sugirió que, al menos por ahora, Correa siente menos presión de sus más radicales partidarios de la izquierda ahora que obtuvo resultado sobre la asamblea constituyente. Luego de todo el discurso rehusando pagar la "deuda ilegal", el ministro de economí­a, Ricardo Patiño, decidió pagar los intereses de US$135m sobre sus bonos, el 15 de febrero [IL-07-07].

Patiño, que habí­a sugerido que Ecuador pagarí­a en algún momento dentro de los 30 dí­as del periodo de gracia, insistió que no habí­a cambiado de idea. Dijo que el comité que investiga la deuda de US$10,22bn del paí­s (22% del PBI) aún debe identificar qué parte de ella debe considerarse "ilegal". Patiño dijo que aprobó el pago una vez que los pagos de salarios y de bienestar se hubieran hecho. Si Ecuador declara default sobre su deuda, recibirí­a dudosa distinción de ser el primer paí­s, con capacidad de pago, que se declara en default.

Oferta de Venezuela
Ecuador podrí­a siempre recurrir a Venezuela por ayuda financiera. Venezuela ha ofrecido un préstamo de US$1bn, aunque durante una visita a Caracas el 20 de febrero, Patiño dijo que Ecuador no necesitarí­a aprovechar esa lí­nea de crédito. Patiño participaba en una reunión regional en Caracas sobre la creación del Banco del Sur, una iniciativa de integración financiera impulsada por Chávez y el Presidente Néstor Kirchner de Argentina (ver página 6).

Patiño dijo que habí­a muchí­simas reservas monetarias depositadas en cuentas fuera de la región, y que el Banco del Sur era ideal para poner "fin a la dependencia financiera de organizaciones y entidades de paí­ses desarrollados" (ver columna de la izquierda).

La acertada decisión del Presidente Felipe Calderón de forjar lazos con los gobernadores dio frutos el 29 de mayo, cuando la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), apoyó unánimemente su controversial despliegue del ejército contra el crimen organizado. El respaldo de los gobernadores es un golpe para el congreso, la ONU y una serie de organizaciones de derechos humanos opuestos al despliegue del ejército en acciones contra el delito.

Calderón ha cortejado a los gobernadores que, discutiblemente, suplantan a los partidos polí­ticos como fuente de poder del paí­s, desde que asumió el gobierno. Esa polí­tica está en marcado contraste con su predecesor, Vicente Fox, que rara vez ha apoyado a los gobernadores, aun cuando tení­an problemas. Aunque el mismo Fox fue un exitoso gobernador (de Guanajuato) y designó a dos ex gobernadores en su primer gabinete, ellos tení­an cargos de segunda clase. Calderón, por otro lado, eligió a Francisco Ramí­rez Acuña, un controversial ex gobernador de Jalisco, como su ministro del interior, tradicionalmente el segundo más poderoso cargo en el gobierno federal. El ministro de finanzas, Agustí­n Carstens, bajo instrucciones de Calderón, dijo que Conago debí­a ser consultado acerca de las reformas del gobierno ante el congreso.

El tercer mayor partido en el congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) domina el Conago. Luego de la victoria del PRI en las elecciones del 20 de mayo en Yucatán, los prií­stas gobiernan en 18 de los 32 estados del paí­s.

El Presidente Calderón abrió la reunión de Conago en Puerto Vallarta el 29 de mayo, y Ramí­rez Acuña, se quedó todo el dí­a. Ramí­rez enfatizó que el ejército se ha desplegado a requerimiento de los gobernadores. Esa polí­tica fue avalada con fuerza por varios gobernadores del PRI. Notablemente, el apoyo proviene de gobernadores de estados donde se ha desplegado el ejército y de estados donde no hubo ese despliegue.

El fuerte apoyo de Conago a la polí­tica de Calderón es polí­ticamente riesgoso. El gobierno admite que aún no gana la guerra contra el crimen organizado y que la lucha exigirá más dinero y vidas.

Antes de la reunión de Conago, el 24 de mayo, Calderón dijo sin rodeos que no tení­a la intención de cambiar de polí­tica y reemplazar a los soldados desplegados contra las bandas criminales por policí­as, y acusó a sus crí­ticos de desear un México dominado por el crimen organizado. Calderón hablaba en Durango, uno de los 10 estados en los que hubo despliegue del ejército. El gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, del PRI, respaldó fuertemente las acciones del gobierno y el uso del ejército.

Hasta ahora, el único polí­tico importante que atacó públicamente la polí­tica de seguridad del gobierno es Roberto Madrazo, el crecientemente marginado ex lí­der y ex candidato presidencial del PRI. El arguye que el gobierno podrí­a mejorar la situación de seguridad aumentando la inteligencia de la policí­a y coordinando mejor las varias fuerzas policiales del paí­s. Madrazo cree que el gobierno se apresuró a enviar los soldados, afirmando que deben ser usados solamente como último recurso.

El gobierno siente suficiente confianza en la cuestión seguridad como para comenzar una riña polí­tica con el congreso. El gobierno rehúsa revelar cuanto dinero se gasta en la guerra contra el delito. El 29 de mayo la policí­a federal, apoyada por el gobierno federal, dijo que el dinero que habí­a gastado en los Operativos Conjuntos en Michoacán, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Tijuana permanecerí­a secreto por al menos seis años. La Policí­a Federal Preventiva dijo que revelar las cifras del dinero gastado y los futuros presupuestos afectarí­an la seguridad pública en todo el paí­s. La policí­a también dijo que no publicarí­an los resultados de sus Operativos Conjuntos (operaciones conjuntas de ejército y policí­a) por otros seis años. La policí­a dijo que la información financiera y los resultados serí­an estratégicamente útiles a las bandas criminales.

Sin embargo, la policí­a no tomará la decisión final sobre qué información debí­a ser publicada. Esa decisión debe tomarla el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que decidirá cuanta información debe ser publicada acerca de las compras del ejército mexicano en equipos de comunicación en 2007: el ejército teme que al difundir información detallada se pueda beneficiar a las bandas contra las cuales se usarán los equipos.

Dimensión internacional: Antonio Marí­a Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, dijo que México juego un rol clave "positivo y negativo" en la violencia que afecta a Centroamérica.

Dijo que las bandas mexicanas ahora conducen el comercio de droga que lleva narcóticos de Colombia (y el resto de los paí­ses andinos) a EU. A fines de mayo, fueron arrestados tres colombianos, y acusados de entrenar a pistoleros de bandas mexicanas. Costa ha informado a la OEA sobre la guerra a las drogas en Centroamérica, el 24 de mayo.

Corrupción: Ricardo Ravelo, un autor de investigación, publicó un libro a fines de mayo: Herencia Maldita, en el que afirma que la mitad de las fuerzas policiales mexicanas está vinculada con el crimen organizado.

Argumenta que la razón por la que Calderón tuvo que enviar al ejército a Tijuana fue que la policí­a local tení­a 20 años de lealtad a la familia Arellano Félix, que maneja el negocio de las drogas en la ciudad. Ravelo dice que el gobierno apoya (tácitamente) a la banda de Sinaloa (una de las tres bandas dominantes) porque no la ha perseguido. El jefe de la banda Sinaloa, Joaquí­n Chapo Guzmán, escapó de una prisión mexicana de máxima seguridad hace seis años.

Primero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ahora Santa Fe. Dos de los más importantes distritos electorales cayeron en manos de la oposición, el último, un tradicional bastión Peronista. A eso se suma la potencial crisis institucional en Córdoba, donde el candidato oficial, que ganó por una mí­nima diferencia, está siendo acusado de fraude. No es el marco ideal para la campaña presidencial de la senadora Cristina Fernández. Pero aun si esos resultados galvanizan a la dividida oposición, lo mejor que puede esperar es forzar una segunda ronda el 28 de octubre. Lo que en realidad muestran esos resultados es que el Presidente Néstor Kirchner ha fracasado en implantar su propio partido, el Frente para la Victoria (FPV) o una coalición inter-partidaria, Concertación Plural, en la polí­tica electoral de Argentina -algo que buscará estructurar en los próximos cuatro años.

Hermes Binner, un socialista que representa una coalición conocida como Frente Progresista, Cí­vico y Social (FPCS) logró una enfática victoria sobre Rafael Bielsa, que compitió por el FPV de Kirchner, el 2 de setiembre, con 48,6% de los votos, un margen de 10 puntos sobre Bielsa. Binner se ha convertido en el primer gobernador socialista, rompiendo con 24 años de poder Peronista en la provincia de Santa Fe. Un factor en la victoria de Binner fue, sin duda, la decisión del gobernador saliente Jorge Obeid, de abolir la "ley de lemas", bajo el cual los Peronistas prosperaron pues les permitió presentar varios candidatos, con el mejor ubicado sumando los votos de todos los demás. Binner fue frustrado por ese sistema en 2003, luego de obtener el mayor porcentaje del voto popular que cualquiera de los otros candidatos.

Hubo otros factores. Binner ganó debido a su reconocida ética polí­tica y su compromiso con la provincia: dos veces alcalde de la ciudad de Rosario de 1995 a 2005, él fue el diputado más votado en las elecciones legislativas en Santa Fe en 2005. Bielsa, por otro lado, fue enviado a Santa Fe por Kirchner debido a su perfil nacional. Un ex canciller, él compitió por una diputación en la Capital Federal en 2005, donde terminó en tercer lugar.

Los Kirchner viajaron a Santa Fe en no menos de cinco ocasiones para apoyar a Bielsa -Kirchner incluso violó la ley provincial al prometer proyectos de obras públicas en su más reciente visita- sin resultado. Eso sugiere que el padrinazgo polí­tico no prevalece en las grandes provincias. Y que la contienda provincial no se mezcla con la polí­tica nacional, sino que premia a los que cumplen. Binner ganó en Rosario por más de 30 puntos, también triunfó en bastiones Peronistas como Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. El sucesor de Binner en Rosario, Miguel Lifschitz, socialista, también logró un contundente triunfo.

Además, Binner logró forjar una alianza entre su Partido Socialista; una facción de la Unión Cí­vica Radical (UCR); la Alternativa por una República Igualitaria (ARI) y el Partido Demócrata Progresista (PDP). La candidata a vicegobernadora fue Griselda Tessio, fiscal federal de la Ciudad de Santa Fe, hija del último gobernador de la provincia, de la UCR, para ampliar su apoyo en la capital de la provincia. También fue astuto. Roberto Lavagna y Elisa Carrió, los únicos candidatos presidenciales que podrí­an forzar una segunda ronda, públicamente expresaron su apoyo a Binner, él prefirió distanciarse de la polí­tica nacional.

El fiasco de Córdoba

El resultado de la elección en Córdoba no pudo haber sido peor para el gobierno, que parecí­a tener poco que perder. Kirchner apoyó al candidato Peronista, Juan Carlos Schiaretti, luego de asegurarse que su hombre, Héctor Campana fuera su compañero de fórmula. Confusamente, las facciones en el gobierno apoyaron a Schiaretti y a su principal rival, Luis Juez, el alcalde la capital provincial. El ministro federal de planeamiento, Julio de Vido, apoyó a Schiaretti, mientras que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, apoyó a Juez, que compitió por el Frente Cí­vico y Social.

Las autoridades electorales dieron la victoria a Schiaretti, por el estrecho margen de 37,05% a 35,95% para Juez, con 97,76% de los votos contados, que clasificó de inmediato su victoria como "un triunfo para el Presidente Kirchner" y juró trabajar para asegurar que Cristina Fernández gane las elecciones presidenciales. Aunque la manera de su triunfo no hizo ningún favor al gobierno.

Un abogado anti-corrupción, que puso la moralidad en el centro de su campaña y que prometió abolir la reelección, Juez llegó a la oficina postal donde el conteo tení­a lugar. Dirigiéndose a cientos de sus partidarios, dijo: "En este edificio nos están robando". Dijo que esas elecciones socavaban la democracia y exigió un recuento. El conteo fue irregular, por cierto. Los sondeos a boca de urna daban a Juez el triunfo, por estrecho margen, pero los resultados preliminares que se difundirí­an daban la victoria a Schiaretti por más de 20 puntos.

El 4 de setiembre, el Frente Cí­vico presentó un desafí­o legal denunciando fraude y los candidatos electos del partido rehusaron asumir sus cargos a menos que se hiciera un recuento voto por voto. El gobernador, Manuel de la Sota, apareció en la televisión para urgir a las autoridades electorales que difundan los resultados del conteo final. No se refirió a la denuncia legal. Lo hizo Schiaretti. Acusando a Juez de comportarse como Nerón, prendiendo fuego a la capital y dividiendo a la provincia. Argumentó que el proceso podrí­a llevar al menos siete meses y dejarí­a a Córdoba sin un gobernador en ese tiempo.

Polí­tica partidaria

La derrota en Santa Fe muestra una vez más las dificultades de Kirchner en forjar su Concertación Plural en torno al FPV. Además, las derrotas de Carlos Rovira en Misiones y Hugo Cócarro en Tierra del Fuego, pese a la enorme maquinaria electoral Peronista, seguidas por las victorias de Mauricio Macri, el candidato de centro-derecha en la Capital federal, y Binner (y las dificultades de Schiaretti) proveen un claro signo que la polí­tica transversal de Kirchner ha debilitado al Partido Peronista. En algunas instancias él ha usado su gran coalición contra candidatos Peronistas. Ahora deberá decidir hasta dónde perseverar con su coalición y si debe buscar un acercamiento con el PJ.

A nivel nacional, no es probable que Lavagna ni Carrió puedan sacar ventaja de la victoria de Binner para cerrar significativamente la brecha con Fernández. La preferencia de Binner es Carrió y ha dado su bendición al presidente del PS, el senador Rubén Giustiniani, para ser compañero de fórmula de Carrió luego que el breve flirteo entre Carrió y Ricardo López Murphy se desvaneció. Dejó en claro, sin embargo, que su base de apoyo estaba compuesta de votantes que apoyarí­an a todos los principales candidatos en las elecciones presidenciales.

• Kirchner sigue adelante

Santa Fe y Córdoba fueron las últimas importantes elecciones provinciales antes de la contienda electoral del 28 de octubre (cuando también se celebran las elecciones en la provincia de Buenos Aires). El Presidente Néstor Kirchner se desentendió del revés en Santa Fe y de la crisis institucional en Córdoba, acompañando a su esposa a Chubut, escenario de la próxima elección provincial, el 16 de setiembre, donde él expresó su apoyo a la reelección del gobernador Mario Das Neves. La única otra elección provincial antes del 28 de octubre, será en Chaco, también el 16 de setiembre.

ARGENTINA | Control. Martí­n Lousteau, que asumirá como nuevo ministro de economí­a el 10 de diciembre, anunció su primera medida esta semana: precio máximo, fijado en 78 centavos a pagar a los productores por un litro de leche. El argumenta que la medida era necesaria para proteger a los consumidores de los altos costos y para elevar la producción. Los productores de leche quedaron furiosos. Unos 3.000 de ellos, de Córdoba, Santa Fe, Entre Rí­os y Buenos Aires, se reunieron el 5 de diciembre en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba. Argumentan que producir un litro de leche cuesta 79 centavos, lo que hace al precio fijado totalmente ilógico. Resolvieron bloquear el enví­o de leche a las procesadoras de productos lácteos. La medida se suponí­a que serí­a parte del "pacto social" diseñado por la Presidente electa, Cristina Fernández.

CHILE | Inflación. Los precios al consumidor subieron 0,8% en noviembre, conducidos por los precios altos de alimentos y energí­a. Fue el mayor aumento mensual desde 1992. La inflación a 12 meses llegó a 7,4%. El banco central, que tiene una meta de inflación anual de 3%, más o menos un punto, ahora es muy improbable que reduzca las tasas de interés.

PERU | TLC. El Presidente Alan Garcí­a ha concluido su gira por el Lejano Oriente el 19 de marzo reuniéndose con el Presidente de China Hu Jintao en Beijing. Firmaron una serie de acuerdos de cooperación en minerí­a, agricultura, silvicultura y pesca, y prometieron acelerar las negociaciones hacia un TLC, que comenzaron en enero, con vista a firmar un tratado durante la cumbre de la Apec, a la cual Garcí­a invitó a Hu, en Lima, en noviembre. Garcí­a dijo que Perú desea convertirse en un "socio estratégico" de China. La promoción y desarrollo de las inversiones en minerí­a podrí­an provocar malestar social en Perú: Shougang, de China, que opera la principal mina de mineral de hierro de Perú, tiene las peores relaciones laborales de cualquier mina en Perú.

La semana pasada, justo tres meses antes de las elecciones municipales, el defensor público ha publicado una lista de 3.178 polí­ticos cuyas cuentas de campaña en previas elecciones fueron rechazadas debido a irregularidades. En teorí­a, bajo la ley brasileña, deberí­an estar impedidos de ser candidatos, no sólo en las próximas elecciones sino también en cualquier otra elección. Aun así­, la corte suprema electoral ha señalado una vez más que pasará por alto la norma, dejando que los partidos polí­ticos asuman la responsabilidad por sus candidaturas. Las cortes electorales regionales quedaron desilusionadas con la opinión de la corte suprema electoral.

La corte suprema electoral y las cortes regionales han estado batallando sobre la interpretación de la llamada Ley de Inelegibilidad, incluso antes que el defensor público diera a conocer la lista. Esa ley establece claramente que los polí­ticos que tienen sus cuentas rechazadas por el defensor público no pueden competir por cargos públicos. Sin embargo, la corte suprema ha autorizado a polí­ticos que tienen sus cuentas rechazadas, que apelen ante las cortes comunes y les permite registrar sus candidaturas, competir en las elecciones y asumir el cargo (si son electos) hasta que alcance un dictamen final sobre su apelación contra el defensor público. Considerando la lentitud del sistema judicial, la ley ha sido eludida.

Uno de los cuatro miembros de la actual legislatura federal de Brasil han tenido sus cuentas electorales rechazadas por el defensor público, pero se les permitió asumir sus bancas mientras sus apelaciones están siendo escuchadas. Por tanto, no es sorprendente que el congreso de Brasil esté constantemente golpeado por alegatos de corrupción. La corte suprema electoral dice que hasta que se pruebe la culpabilidad por las cortes comunes, los polí­ticos cuyas cuentas han sido rechazadas se debe presumir que son inocentes.

La corte suprema electoral cree que es responsabilidad de los partidos polí­ticos denegar las candidaturas a aquellos que supuestamente han cometido delitos. Sin embargo, algunas cortes regionales lo ven de manera diferente y han decidido denegar las candidaturas bajo el “principio de moralidad". Eso deja en manos de la corte suprema electoral la responsabilidad por permitir que compitan aquellos cuyas cuentas fueron rechazadas por el defensor público, puesto que hasta ahora, sólo uno de los incontables partidos polí­ticos de Brasil, los Demócratas, ha decidido prohibir las candidaturas de acuerdo con la Ley de Inelegibilidad.

La victoria de McCain serí­a mejor para Brasil

Una victoria del candidato Republicano, John McCain, sobre el nominado Demócrata, Barack Obama, en la elección presidencial de noviembre en EU, serí­a mejor para los intereses brasileños, de acuerdo con la prensa local. La conclusión siguió a una reunión del Foro EU-Brasil en São Paulo.

El diario Folha de São Paulo dijo que la elección de McCain favorecerí­a las exportaciones brasileñas, no menos del etanol, mientras Obama es probable que imponga barreras proteccionistas. El diario O Estado de São Paulo coincidió en un editorial de Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos: “teóricamente, McCain es el candidato cuyas posiciones están mejor alineadas con los intereses más inmediatos de Brasil". Sin embargo, Sotero advirtió de la dificultad que McCain enfrentarí­a para lograr que la legislación sea aprobada por un congreso dominado por los Demócratas.
 McCain ha atacado en muchas ocasiones los subsidios a los productores de etanol en EU, que usan el maí­z en vez de la caña de azúcar como en Brasil. McCain ha indicado que él estarí­a dispuesto a remover los subsidios, como también la tarifa de US$0,54 por galón sobre el etanol brasileño. Obama, por otro lado, está í­ntimamente asociado con la industria del etanol en EU a través de uno de sus asesores, Tom Daschle. Obama ha declarado previamente que sustituir el petróleo importado por el etanol brasileño, va contra la seguridad nacional y económica de EU.

• Costas brasileñas “vulnerables"
  El comandante de la armada, el Almirante Julio de Moura Neto dice que la costa de Brasil es “vulnerable" a los ataques. “Es imposible estar presente en todas las partes que necesitamos estar con los medios que tenemos en la actualidad," dijo en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo. Moura dijo que la armada estaba haciendo lobby con el gobierno para que libere recursos retenidos por el ministerio de finanzas para lograr la meta de superávit presupuestario, unos R$2,7bn (US$1,65bn), más los R$3,2bn en royalties del petróleo, propiedad de Petrobrás, la petrolera estatal, para duplicar el número de buques de patrulla de la armada a 54, y desarrollar la tecnologí­a nuclear para submarinos.
  

El Presidente Felipe Calderón anunció grandes revisiones al presupuesto de 2009 y envió los cambios al congreso el 8 de octubre. Igual que los gobiernos de derecha alrededor del mundo, Calderón se dispone a usar dinero público para impulsar la economí­a real y mitigar los efectos de la crisis financiera en EU. Macro-económicamente, la economí­a mexicana está en una posición aceptable. Se debe a que los dos gobiernos pasados condujeron polí­ticas fiscales estrictas. El resultado de esa sobriedad es que el gobierno actual tiene los recursos que necesita para mantener la economí­a creciendo. El problema para Calderón podrí­a ser que el ánimo internacional por más (en vez de menos) participación del gobierno, pueda significar que el congreso hará que la reforma clave del monopolio petrolero estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), sea incluso más modesta que la propuesta original de Calderón.

El elemento clave de Calderón en la revisión del presupuesto es más gasto del gobierno, incluso aunque la economí­a es probable que decline en 2009. Este es un giro total de las recetas tradicionales abogadas por el FMI, y criticadas por economistas prominentes como Joseph Stiglitz, el ex jefe economista del Banco Mundial y ganador del premio Nobel. Stiglitz se hizo famoso por sus crí­ticas al FMI por abogar que los gobiernos asiáticos recorten sus presupuestos cuando la última crisis financiera internacional, hace una década. La receta del FMI de “ajustes estructurales" en los '80 y los '90 en América Latina disminuyó el rol del estado en la mayorí­a de las economí­as en la región.

Lo significativo del presupuesto revisado de Calderón, es que un gobierno de derecha está abandonando la ortodoxia previa: el peligro de esa movida es que el debate polí­tico en México ahora será acerca de cuanto más grande debe ser el rol del estado en la economí­a mexicana, y no discutir si el rol del gobierno debe incrementarse o no. Es significativo que la prescripción de Calderón por más gasto público e, inevitablemente, un considerable déficit fiscal inmediatamente obtuvo la bienvenida del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el principal partido opositor en el congreso. El PRD aprobó el paquete, simplemente porque Calderón dijo que no habrá recortes en el gasto público.

Calderón está proponiendo impulsar el gasto público en M$53bn (US$4,4bn) en 2009. En un presupuesto de M$2,2 trillones (US$268bn, a la tasa de cambio cuando el presupuesto fue enviado al congreso en setiembre), el estí­mulo luce modesto. El problema polí­tico es que   al aceptar el argumento que los gobiernos deben hacer más, Calderón hallará difí­cil evitar que el congreso duplique o incluso triplique el estí­mulo, especialmente si el panorama para la economí­a global continúa oscureciéndose.

Otra razón por la que el PRD dio la bienvenida al plan de Calderón es porque luce como una pálida imitación de lo que Andrés Manuel López Obrador, el radical de izquierda (y el PRD), candidato del PRD para la presidencia en 2006, habí­a propuesto durante su campaña.

El plan de Calderón contiene cuatro elementos. El primero es impulsar el gasto público en infraestructura. El segundo es cambiar las reglas sobre la forma que el dinero público se gasta en proyectos de infraestructura para que se gaste con mayor eficiencia. El tercer elemento es comisionar la construcción de una nueva refinerí­a de petróleo para el paí­s. Este es un gran cambio de polí­tica: México no ha construido una nueva refinerí­a en 30 años, en la campaña de 2006, López Obrador habí­a propuesto construir cinco nuevas refinerí­as que, dijo, se pagarí­an por sí­ mismas porque eliminarí­a la necesidad de México de importar combustible y otros productos refinados. En la actualidad, México exporta petróleo crudo (comparativamente barato) pero importa una creciente proporción (mucho más caro) del combustible que consume.

El cuarto elemento del programa de Calderón es incrementar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El quinto elemento es más liberalización comercial, apuntando a hacer más competitivas a las empresas mexicanas.

Calderón dijo que las revisiones en el presupuesto fueron diseñadas para reflejar el cambiado panorama económico. Dijo que el gobierno ahora calcula que el efecto de la declinación económica en EU recortarí­a los ingresos del gobierno en M$28bn en 2009. Eso parece optimista. La cifra que Calderón cita es sólo cerca de 1,1% del presupuesto original para 2009. Dada la evidencia anecdótica y estadí­stica de lo que está ocurriendo en la economí­a de EU, México hará bien en escapar a tan bajo costo.

Hay una clara (aunque anecdótica) evidencia que los emigrantes económicos de México en EU están volviendo a su paí­s de origen o mudándose a otras partes. Eso inevitablemente recortará el flujo de las remesas, que son una fuente importante de ingresos, en especial en las áreas rurales más pobres. El peligro para el gobierno federal es que un colapso en las remesas conducirá al malestar social. Como el gobierno ya está desplegando el ejército en un tercio de los estados del paí­s, en una sangrienta (y crecientemente impopular) guerra contra las bandas de drogas, el malestar podrí­a convertirse en levantamiento.

Las remesas y las exportaciones de bienes manufacturados a EU son factores clave en la economí­a del paí­s, y ambas serán afectadas por una recesión (para no mencionar una depresión) en EU. Para el gobierno mexicano, la variable económica clave es el precio del petróleo. El petróleo, en la forma de impuestos a las ventas internas de combustibles y las exportaciones de petróleo crudo, provee entre 35% y 40% de los ingresos del gobierno cada año.

En la revisión del presupuesto, Calderón redujo el pronóstico del precio promedio de exportación del petróleo mexicano en 2009, de US$80 el barril, a US$75. Esto aún parece optimista, dado que el petróleo mexicano cerró el 8 de octubre en US$76,2 el barril.

El gobierno de Calderón ha reducido su pronóstico de crecimiento del PBI para 2009, de 3% a 1,8% y recortó el pronóstico de crecimiento para este año, de 2,4% a 2%. Por separado, el FMI en su Panorama Económico Mundial, dice que México serí­a uno de los paí­ses más afectados por la crisis financiera en EU. El FMI rebajó su pronóstico de crecimiento general en América Latina para 2009, de 5% a 3%. Y dice que México estarí­a en la parte más baja de la lista con un crecimiento de 1,8%.

Calderón argumenta que la fuerte posición macroeconómica de México significa que puede gastar más dinero sin caer en problemas. El FMI coincide. Su pronóstico para el déficit de cuenta corriente de México para 2008 será sólo de 1,4% del PBI se elevará a sólo 2,2% en 2009. Calderón también enfatizó que el sistema financiero mexicano estaba en condición aceptable y que el paquete no representa ninguna clase de rescate bancario.

El Peso
El Banco de México intervino fuertemente en el mercado de cambio el 8 de octubre, invirtiendo US$2,5bn para frenar la caí­da del peso. Aun así­, el peso cerró en M$12,66 contra el dólar en el mercado interbancario luego de llegar a M$13,7 en la mañana. El banco central tiene US$90bn en reservas, y planea invertir US$400m por dí­a para tranquilizar el mercado desde el 9 de octubre. Hace un par de meses, cuando México pagó alguna deuda en dólar, el peso estaba debajo de M$10 por dólar. En el presupuesto revisado, el ministerio de finanzas pronostica una tasa de cambio promedio del dólar de M$11,2.

El pronóstico para 2009 es plausible porque lo peor de la volatilidad del peso es probable que haya pasado. En los dos años últimos, los inversionistas extranjeros han incrementado su tenencia de deuda mexicana, denominada en pesos, de US$12,4bn a US$32,7bn. Como los inversionistas se apoyaban sobre sus ganancias en México, ellos la han estado tomado para compensar pérdidas en otras partes.

• Tijuana
  

  El 2 de octubre, otros ocho cuerpos, todos asesinados de un solo disparo en la cabeza, fueron arrojados fuera de un colegio infantil en Tijuana, México. Los pistoleros se están burlando del gobierno: arrojaron una docena de cuerpos fuera de otra escuela el 29 de setiembre. El procurador del estado, José Manuel Yepiz, afirma que las muertes son resultado de una guerra interna en la principal banda de Tijuana, que es manejada por la familia Arellano Félix.

El banco central, Banco de México, pronosticó esta semana que la economí­a entrarí­a en una gran recesión en 2009. Predice que la economí­a se contraerá entre 0,8% y 1,8% en 2009. Esta será la más aguda contracción desde 1995, cuando la economí­a se contrajo en 7% luego de una desordenada devaluación.

Lo inquietante es que el pronóstico del Banco de México podrí­a incluso ser muy optimista, aunque está en lí­nea con lo que pronostican los economistas independientes. El FMI, aunque redujo a la mitad su pronóstico general del crecimiento económico en América Latina a 1,1% en 2009, extrañamente aún cree que México sólo se contraerá en 0,3%, aunque piensa que la economí­a de EU se contraerá en 1,6% en 2009.

Los economistas han estado reduciendo sus pronósticos para México casi diariamente, mientras la escala de la crisis económica en EU se vuelve más evidente. Cuando el gobierno mexicano hizo conocer su presupuesto en setiembre de 2008, esperaba un crecimiento de 3% del PBI en 2009; cuando el presupuesto fue aprobado, ese pronóstico se redujo a 1,8%.

El FMI dice que 2009 será el peor año para el crecimiento del PBI en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial. Y pronostica que la economí­a mundial crecerá en solamente 0,5% en 2009.

La contracción de México, como fue pronosticada por el banco central, será la más aguda desde 1995. En la última recesión en EU en 2001, la economí­a mexicana se contrajo en 0,3%. El banco central calcula que en el trimestre final de 2008, la economí­a se contrajo. Ahora cree que el crecimiento en 2008 no fue más de 1,5%: hace tres meses habí­a asumido un crecimiento de 2%.

Las cifras de las Cámaras Industriales de México muestran que las exportaciones de productos manufacturados cayeron en diciembre por tercer mes consecutivo. En diciembre, han caí­do en 11,5% año en año.

El manejo del gobierno de la crisis económica se está volviendo menos seguro. El 27 de enero anunció, luego de extendidas protestas, encabezadas por pescadores y productores agrí­colas, que no elevarí­a el precio del diesel a la tasa que habí­a anunciado previamente. El gobierno habí­a tratado de aumentar los precios del diesel en M$0,20 por mes desde febrero (ya ha elevado los precios del diesel para enero) pero ahora sólo elevarí­a el precio en M$0,05 por mes. El ministerio de finanzas estima que el costo del cambio será de M$9,6bn (US$670m) que será cubierto economizando. La Izquierda arguye que el gobierno debe rescindir el aumento y recortar el precio del diesel.

La única parte levemente reconfortante en los datos para los estrategas de polí­ticas económicas fue el anuncio, también del Banco de México, que las remesas habí­an caí­do en sólo 3,6% en 2008. Aunque esa fue la primera caí­da desde que se iniciaron los registros en 1995, la cifra fue considerablemente menor de lo que habí­an temido los estrategas. En octubre, el ministro de finanzas Agustí­n Carstens, habí­a extrapolado de cifras mensuales y sugirió que las remesas podrí­an caer en 7% a 8% en 2008. En agosto de 2008, el flujo de remesas habí­a caí­do en 12% año en año.

La cifra real para las remesas fue de US$25,14bn en 2008.

La Secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, ha acusado a la administración de Bush de mal manejo de las relaciones diplomáticas del paí­s con lí­deres inclinados hacia la izquierda en América Latina. “Desde mi perspectiva, la administración previa trató de aislar los, trató de apoyar a la oposición a ellos, trató de [...] convertirlos en parias internacionales. Y eso no ha dado resultados," dijo ella a los empleados del Departamento de Estado el dí­a de las relaciones exteriores, el 1 de mayo. Clinton dijo que el resultado de esa fallida polí­tica, fue que China e Irán han hecho incursiones “perturbadoras" en la región.

“Yo no pienso que en el mundo de hoy [...] sea en nuestro interés dar las espaldas a paí­ses en nuestro propio hemisferio. Por tanto, trataremos diferentes enfoques," dijo Clinton en respuesta a una pregunta acerca de qué esperaba ganar EU mostrando un “rostro más benigno" al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez . Ella no explicó con exactitud cuáles podrí­an ser esos “enfoques", más allá del declarado objetivo de intercambiar de nuevo embajadores con Venezuela y Bolivia, “para construir mejores relaciones" con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y “encontrar la manera cómo lidiar con [el presidente de Nicaragua Daniel] Ortega".

Clinton dijo que era contra los intereses de EU que China e Irán “construyan muy fuertes conexiones económicas y polí­ticas con varios de esos lí­deres." Sus comentarios se producen dí­as antes de una programada visita del Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a Brasil el 6 de mayo, y luego a Venezuela y Ecuador. Ahmadinejad canceló la visita sin proveer una explicación, pero dijo que reprogramarí­a el viaje después de las elecciones presidenciales del 12 de junio, en Irán.

Los comentarios de Clinton también coincidieron con la difusión de cifras de Brasil, mostrando a China desplazando a EU como su mayor socio comercial en los primeros cuatro meses del año. El comercio con China llegó a US$3,2bn, por encima de los US$2,8bn del comercio con EU. China compró 13% de las exportaciones de Brasil en el periodo, comparado con el 11,3% adquirido por EU. Mientras el comercio con China se elevó 14% año en año, el comercio con EU cayó en 20,5% en el periodo. Sin embargo, pese al incremento en el comercio bilateral Brasil-China, no hubo diversificación de productos, con China comprando productos manufacturados, con más alto valor agregado.

La crisis institucional de Bolivia está alcanzando nuevas profundidades mientras el poder ejecutivo y el legislativo se unen para desmantelar lo que queda del más alto escalón de la justicia. Al comenzar los procedimientos del juicio polí­tico en el congreso contra el suspendido presidente de la corte suprema, el ejecutivo ha anunciado que se presentarán acusaciones contra siete jueces de la corte suprema. En ambos casos, los magistrados están siendo culpados por no ceder a la voluntad del ejecutivo.

En momentos de preparar esta edición, el senado boliviano está preparando poner bajo juicio al presidente de la corte suprema, Eddy Fernández, que fue suspendido en mayo pasado por la cámara de diputados acusado de haber retrasado deliberadamente el juicio del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, que a quienes se responsabiliza por la muerte de más de 60 personas durante la represión de las protestas en octubre de 2003.

El senado, dominado por la oposición, es probable que no le facilite las cosas al gobierno en este caso, pero su desempeño pasado sugiere que es vulnerable a las tácticas de fuerte presión por el ejecutivo.

El 15 de agosto, cuando siete magistrados de la corte suprema dictaminaron contra el intento del gobierno de transferir a La Paz los juicios de aquellos supuestamente involucrados en un complot terrorista en Santa Cruz, descubierto en abril [IL-09-16], el Vicepresidente Alvaro Garcí­a Linera anunció que se establecerí­an procedimientos contra los magistrados por actuar “en violación de los procedimientos internos  de la corte y violando una cuestión que involucra la protección de la sociedad y del estado." Su dictamen, dijo, “es una señal que fortalece la impunidad en un asunto muy delicado: la seguridad del estado."

El gobierno central inicialmente habí­a arrancado el caso de Santa Cruz, sobre la base que los gobernantes separatistas y funcionarios de ese departamento estaban involucrados en el complot. Garcí­a Linera agregó una razón más: que la justicia en Santa Cruz “es una de las peores en el paí­s porque no administra justicia [...] sino que manipula al servicio de intereses personales." Esa posición fue avalada por el Presidente Evo Morales, que dijo que la justicia de Santa Cruz “sólo deja en libertad a los criminales".

El fiscal de La Paz al que se le confió el caso, Marcelo Soza, dice que la decisión de la corte suprema era “ilegal", y que él buscará componerla a través de “un instrumento jurí­dico", que él n o identificó. El tiene un problema con eso. La recientemente descabezada corte suprema es la más alta corte en la tierra, y lo más que él puede hacer es pedir que reconsideren la decisión. El hecho que siete de sus miembros han sido amenazados con lo que puede solamente ser procedimientos de juicio polí­tico, no es una buena señal para Soza.

En cualquier otra ocasión el podrí­a haber tratado un desafí­o constitucional, pero la corte constitucional está actualmente vacante: el último magistrado que resta, Silvia Salame, renunció en mayo, en protesta contra el acoso del Consejo de la Magistratura, el cuerpo de designaciones judiciales y de supervisión [IL-09-21]. Salame habí­a estado conduciendo la corte solitariamente durante los dos años pasados luego de la renuncia de todos los demás magistrados, principalmente por motivos polí­ticos.

La designación de los reemplazantes habí­a sido retenida debido a que el gobierno y la oposición no lograron llegar a un acuerdo sobre los posibles designados en el senado.

• Carta Democrática

Es interesante señalar que este panorama de interrupción deliberada de una institución clave, la justicia, ha permanecido por debajo del radar de los más conspicuos defensores de la Carta Democrática Interamericana. La Carta fue adoptada el 11 de setiembre de 2001 en una sesión especial de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo central de fortalecer y sostener las instituciones democráticas en las Américas. La OEA ha sido blanco de fuertes crí­ticas últimamente por no invocar la Carta en respuesta a la crisis institucional en Honduras que ha culminado con el derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya.

A pesar de los altamente publicitados esfuerzos del Presidente Alvaro Colom en la negociación con la oposición, el congreso no logró aprobar el proyecto de presupuesto 2010 en la fecha tope constitucional del 30 de noviembre, dejando en efecto el presupuesto existente. La propuesta de presupuesto de 2010 (que totalizaba US$5,76bn) es, por primera vez en la historia de Guatemala, menor que el de este año (US$5,98bn), lo que refleja la crisis económica. La negativa del congreso a sancionar la ley sirve como recordatorio de la ausencia de influencia de Colom sobre el congreso, y podrí­a dañar su posición, polí­tica y económicamente el año próximo.

Al develar la ley de presupuesto 2010 en setiembre, el ministro de finanzas Alberto Fuentes, habí­a explicado que la reducción propuesta correspondí­a a la realidad económica que enfrentaba el paí­s, que forzó al gobierno a reducir su proyectada toma fiscal de US$4,6bn, a US$3,9bn. El enfatizó que la no aprobación de la ley de presupuesto -y la perspectiva de una diferencia de US$223m (que se incrementa a US$766,7m como resultado de la caí­da en la proyectada recolección fiscal)- podrí­a tener adversas consecuencias para la gobernabilidad, pues las instituciones y los sectores claman por fondos a los cuales tienen derecho en el papel, pero que no existen en la realidad. El agregó que la perspectiva de más deuda pública era improbable que sea vista favorablemente por las instituciones internacionales.

La gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) controla apenas 34 bancas en la legislatura de 158 bancas, por tanto, Colom se vio forzado a comprometerse en negociaciones con la oposición para tratar que el presupuesto sea aprobado. El acusó a la oposición de ser “irresponsable" y “oportunista", pero la oposición afirmó que la misma UNE obstruyó los esfuerzos para aprobar el proyecto, objetando las provisiones dentro de la propuesta dirigidas a fortalecer la transparencia. Esas regulaciones, que se refieren en particular a monitorear las transferencias de fondos, desde hace tiempo han chocado con la resistencia de miembros del entorno de Colom [IL-08-47]. Hugo Maúl del derechista think-tank Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) afirma que el gobierno conspiró deliberadamente para impedir la aprobación del proyecto a fin de poder elevar la presión sobre los diputados para que aprueben la impopular reforma fiscal actualmente atascada en el congreso.

Lejos de cumplir compromisos fiscales
Con la presión actualmente sobre la legislatura parta que apruebe el paquete de reforma fiscal del gobierno, el instituto centroamericano para estudios fiscales (Icefi) y el centro para derechos económicos y sociales (Cesr) con base en EU/España presentaron recientemente al gobierno un informe que reitera la necesidad de impulsar el gasto social y la toma fiscal, a fin de abordar los altos niveles de desigualdad y pobreza de Guatemala.

El informe incluye aleccionadoras estadí­sticas sobre el gasto social. A pesar de tener la más grande economí­a en Centroamérica, Guatemala se ubica entre los más bajos de los paí­ses latinoamericanos (con la excepción de Haití­ y Nicaragua) en el í­ndice de desarrollo humano 2009 de la ONU. Entre el fin de la guerra civil en 1996 y 2008, la asignación del presupuesto para la salud no excedí­a 1% del PBI, bastante por debajo del 5% de promedio para la mayor parte de la región. Por otro lado, el monto asignado a educación en 2008 representó 2% del PBI, consistente con años previos, que de nuevo está debajo del 4,5% de promedio para América Latina. El informe hace recomendaciones sobre como estimular los ingresos fiscales, eliminando las exenciones fiscales (que actualmente suma 6,7% del PBI) para incrementar la toma fiscal en al menos 0,4% del PBI en 2010 y 1% para 2014; e incrementar el impuesto a las ganancias de su actual 5% a 9% (bastante por encima del 6% en el proyecto actual).

El Presidente Sebastián Piñera ha revelado detalles de un plan para reconstruir Chile ante la estela de destrucción dejada por el terremoto que impactó el paí­s a fines de febrero. Durante un viaje de fin de semana a las regiones central y sur, las peor afectadas por el terremoto, y tsunamis subsiguientes, Piñera anunció que el sector público contribuirá con US$12bn para financiar los esfuerzos de reconstrucción en el centro y el sur, aunque eso es bastante menos de los daños estimados en US$30bn. Dijo que enviarí­a un proyecto de ley al congreso para crear un 'fondo de reconstrucción', combinando el apoyo del sector público y el privado.

En una gira acompañado por su ministra de vivienda, Magdalena Matte, Piñera dijo que de los US$12bn del fondo de reconstrucción, el gobierno invertirí­a US$2,54bn para la reconstrucción y reparación de hogares dañados. Dijo que el gobierno habí­a evaluado la extensión de los daños provocados por el terremoto y los tsunamis: 81.444 casas totalmente destruidas; 108.914 seriamente dañadas; y 179.693 parcialmente dañadas. Dijo que el estado solo no podrí­a hacerse cargo de todos los costos, pero proveerí­a dos subsidios a unas 200.000 familias: uno para la construcción o reconstrucción y uno para reparaciones. Dijo que el estado cubrirí­a totalmente los costos de las familias más pobres.

Piñera reveló la iniciativa de vivienda en una visita a Concepción, la segunda ciudad del paí­s y la capital de Bí­o-Bí­o, que fue golpeada con dureza por el terremoto. Ahí­ unas 30.000 familias, cuyas propiedades fueron severamente dañadas, podrán acceder a subsidios para adquirir materiales de construcción para reconstruir sus casas. Piñera también extendió la presencia de soldados en la región para reforzar la ley by el orden, pero también pidió a los militares que trabajen con grupos de voluntarios en la reconstrucción de escuelas, hospitales y casas.

Piñera ha propuesto incrementar el impuesto al royalty de minerí­a; usar las reservas internacionales; emitir deuda pública; u obtener asistencia del sector privado a través de una ley de donaciones, para cubrir los costos de reconstrucción, pero eso no ha calmado la preocupación de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) sobre el aumento fiscal. El presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, y otros altos ejecutivos se reunieron esta semana con Piñera y sus ministros de finanzas y de economí­a, Felipe Larraí­n y Juan Andrés Fontaine, respectivamente. Larraí­n habí­a insinuado que cualquier peso fiscal adicional no deberí­a afectar a individuos o pequeñas y medianas empresas (Pymes) sino a las grandes empresas, aunque enfatizó que serí­a “moderado".

• Crecimiento del PBI
  El ministro de finanzas, Felipe Larraí­n, predijo la semana pasada que Chile exhibirí­a un crecimiento de sólo 1,5% en 2010, como resultado del terremoto. En 2009, la economí­a se contrajo en 1,7%. Sin embargo, el gobierno está manteniendo su proyección de crecimiento promedio anual del PBI de 6% durante el término de cuatro años del Presidente Piñera.

REPUBLICA DOMINICANA | Fernández de gira. El Presidente Leonel Fernández se reunió con su par de EU Barack Obama, en Washington esta semana como parte de una gira por EU y Europa. Además de prometer más colaboración contra el crimen organizado, Obama elogió su “liderazgo" en ayudar con el esfuerzo de alivio de Haití­ luego del terremoto de enero y las repercusiones del golpe de estado en Honduras, cuyo depuesto presidente, Manuel Zelaya, está exiliado en la República Dominicana. La gira de Fernández por Europa fue notable por su parada en Alemania, la primera visita oficial de un lí­der de la República Dominicana a ese paí­s. Ahí­ se reunió con la Canciller Angela Merkel y buscó publicitar el atractivo de la república Dominicana como destino tanto para el turismo como para las inversiones. Sus esfuerzos con relación a lo último fueron apoyados por informes sobre el crecimiento del PBI real de 7,5% año en año en el primer trimestre.

VENEZUELA | Manteniendo la presión. Las nacionalizaciones forzadas de compañí­as privadas en Venezuela aún están activas y rápidas. No pasa una semana sin que el Presidente Hugo Chávez anuncie más apropiaciones de firmas en “sectores estratégicos", en su transmisión semanal por radio y TV, Aló Presidente. La última compañí­a en afrontar su destino de esta manera fue un gran productor de acero, Siderúrgica del Turbio (Sidetur), que maneja 40% de la producción de varillas de acero de Venezuela y que fue acusada por Chávez de especular con los precios.
     Sidetur emitió una declaración afirmando que la decisión “no tení­a justificaciones objetivas" y prometiendo buscar compensación legal. Afirma que la compañí­a ha adoptado rí­gidamente las regulaciones de precio oficiales, a pesar de la inflación, que desde que estas fueron introducidas ha llegado a un 100%. Alrededor de 87% de la producción de acero ahora estará en manos del gobierno después de la nacionalización  de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el año pasado.

El fracturado sistema de partidos de Brasil está listo para ganar otro apéndice, con la creación del Partido da Democracia Brasileira (PDB) para hospedar al actual alcalde de São Paulo, Gilberto Kassab, que ha desertado del opositor partido de centro-derecha Demócratas (DEM). Significativamente, Kassab está reclutando miembros de otros partidos para unirse al PDB, lo que hizo que el diario O Estado de São Paulo lo llame “el partido autobús, del cual cualquiera y todos, pueden venir o irse".

El sistema polí­tico de Brasil ya tiene 27 partidos, muchos de los cuales no pueden ser distinguidos ideológicamente debido a que no siguen una lí­nea clara. En esencia, ellos son “partidos paraguas" que dan la bienvenida a polí­ticos con cualquier antecedente ideológico y que hayan desertado de otros partidos cuando son presionados por los lí­deres para que sigan la lí­nea. Pero en Brasil, seguir la lí­nea no significa tomar una posición ideológica. En cambio, los “moderadores" del partido son generalmente usados por los lí­deres para frenar las ambiciones polí­ticas personales de sus miembros, a fin de ejercer control sobre quién compite o, significativamente, quién recibe los recursos de campaña.

Eso es lo que le ha ocurrido a Kassab, que ha abandonado el DEM [IL-11-04] después de intentar ganar mayor influencia polí­tica dentro del mismo, a fin de cumplir su ambición de competir por la gobernación del estado de São Paulo en 2014. Sin embargo, Kassab no tiene una real tradición polí­tica dentro del DEM y su ambición enfrentó la oposición de la vieja guardia del partido. En verdad, su ascenso polí­tico tiene más que ver con el hecho de ser el hombre adecuado en el momento justo, más que poder haber ascendido en las filas del partido: él se convirtió en el alcalde de la ciudad más grande y más rica de Brasil, al obtener la luz verde de parte de José Serra, del principal partido de la oposición, el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que dejó el cargo para poder competir por la gobernación del estado en 2006.

Al comienzo, parecí­a que Kassab estaba preparado para unirse al aliado al gobierno federal, el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que es el más grande “partido paraguas" de Brasil. Notablemente, el PMDB es también el más grande y viejo partido sobreviviente de Brasil. Pero al parecer Kassab tení­a una preocupación creciente acerca de una potencial reacción negativa del electorado paulista -la mayorí­a de los cuales votó contra los candidatos apoyados por el gobierno federal en las últimas elecciones generales.

Al crear el PDB, Kassab puede estar seguro que su deserción no será cuestionada por la dirección del DEM en las cortes. A fin de frenar que los mercuriales polí­ticos de Brasil cambien de afiliación partidaria con extrema facilidad, se ha aprobado una ley dando poderes a los partidos para mantener los puestos ocupados por los llamados “polí­ticos desleales" que cambian de partido para cumplir con sus propias ambiciones personales. Pero al crear el PDB, para Kassab será más fácil afirmar que su deserción está motivada ideológicamente, lo que podrí­a redimir su decisión bajo la ley. En todo caso, es probable que él no esté muy preocupado acerca de eso, pues hubo muy pocos intentos de parte de los partidos de retomar los puestos de los desertores, precisamente debido a la dificultad para probar que su deserción no está motivada ideológicamente.

El PDB también permitirí­a a Kassab continuar cortejando el apoyo del PSDB, mientras mantiene un diálogo abierto con el gobierno federal. Claramente, Kassab no tiene escrúpulos ideológicos: él ya está en negociaciones con el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileiro (PSB), aliado del gobierno, para forjar una alianza en las próximas elecciones municipales en 2012. El también ha programado reunirse con el gobernador de Amazonas, Omar Aziz, del izquierdista Partido da Mobilização Nacional (PMN), que también desea desertar de su partido. Al menos 20 polí­ticos en servicio fueron citados diciendo que ellos seguirí­an a Kassab en el PDB, 12 del centro-derecha DEM y ocho de partidos de izquierda.