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Algunos funcionarios uruguayos dicen que la visible discrepancia en las posiciones públicas del ministro de economí­a, Danilo Astori, y el canciller, Reinaldo Gargano, sobre Mercosur no es más que el juego del policí­a bueno y el malo. Aunque, entre los allegados a Gargano, parece crecer la impresión que Astori aprovecha la situación para presionar por su curso de acción preferido: acuerdo de comercio por separado con EU, que puede poner en peligro a Uruguay como miembro del Mercosur.

El 24 de mayo, Astori estuvo de lo más beligerante cuando afirmó, en el Canal 5 de TV, del estado: 'Hay algunas actitudes de Argentina y Brasil que excedieron todos los lí­mites imaginables.' Un bloque de integración, dijo, 'no puede aceptar que dos paí­ses, los más poderosos económicamente, firmen acuerdos entre ellos, como el reciente de adaptación competitiva que desví­a el comercio y la inversión en detrimento de Uruguay y Paraguay'. Sonaba particularmente indignado por la actitud de Argentina, como presidente temporal del bloque, de ignorar el pedido de Uruguay de convocar a una reunión del Consejo del Mercosur para discutir la disputa bilateral sobre el rí­o Uruguay.

Ni los uruguayos ni los paraguayos, dijo, desean destruir el Mercosur, 'pero si dentro del grupo no se nos otorga ninguna importancia, entonces debemos tratar de buscar influencia fuera del Mercosur para que así­ ellos nos escuchen dentro.'

El dí­as siguiente, Gargano, que también es presidente del Partido Socialista, declaró públicamente que retirarse de Mercosur serí­a 'un desastre polí­tico y económico'. Subrayó que la membresí­a en el Mercosur es una prioridad declarada en el programa del Frente Amplio.

'El Mercosur,' dijo, 'tiene problemas; eso es notorio -pero la propia vida de Uruguay se entrelaza con el bloque regional.' Gargano apoyó con fuerza la incorporación de Venezuela y que Bolivia sea miembro pleno, dijo que Mercosur 'puede y debe expandirse para tener una voz cada vez más poderosa en un mundo globalizado'. El Presidente Tabaré Vázquez pidió a sus ministros que evalúen costos y beneficios de seguir siendo miembro.

Preparándose para la batalla del rí­o Uruguay
Uruguay y Argentina han designado a sus árbitros para escuchar las quejas uruguayas que el cierre de los puentes sobre el rí­o Uruguay, por protestas de ambientalistas opuestos a la construcción de de dos plantas de celulosa en el lado uruguayo, fue una violación de las normas del Mercosur. Los dos paí­ses ahora deben acordar sobre un tercer árbitro, extraí­do de una lista sometida por los cuatro miembros plenos del Mercosur.

Una vez hecho eso, los árbitros se reunirán en Asunción para escuchar el caso. Su decisión será inapelable. Argentina argumentará que el Mercosur no es el foro apropiado para resolver este caso (ha presentado su propio juicio contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, alegando ruptura de un tratado bilateral).

Si fracasa en su intento y Uruguay gana su caso, Argentina puede ser enjuiciada buscando compensación. El gobierno uruguayo ha calculado que el cierre de puentes ha causado pérdidas por unos US$400m.

La primera audiencia del caso argentino en La Haya se espera que tenga lugar el 8 o 9 de junio. Uruguay argumentará que la Corte Mundial no es el lugar apropiado para esa disputa.

Las autoridades de EU y México afirmaban la semana pasada que se asestó un golpe mortal a la banda de drogas de Tijuana, cuando una de sus figuras lí­deres, Francisco Javier Arellano Félix, fue arrestado el 14 de agosto por las primeras. Las circunstancias declaradas de su arresto fueron cuestionadas en México, como también las implicaciones del arresto.

De acuerdo con Paul McNulty, fiscal general adjunto de EU, Arellano -también conocido como 'el Tigrillo', fue arrestado cuando la Guardia Costera de EU, en base a un dato, lo atrapó pescando en aguas internacionales de Baja California. El fiscal general federal de México, Daniel Cabeza de Vaca dijo que las autoridades de EU habí­an actuado en base a información provista por su oficina, la PGR. Adán Enrique Ruffo, secretario de seguridad pública en Baja California Sur, sostiene que en efecto, Arellano fue arrestado en tierra firma dentro de México (posiblemente en Mulegé o Loreto) y llevado en secreto a EU.

Michael Braun, el jefe de operaciones de la DEA, dijo: 'Javier era uno de los más rudos matones que estaba involucrado en el tráfico de drogas en todo el mundo. Sentimos que hemos arrancado la cabeza de la ví­bora.' Cabeza de Vaca dijo: 'Lo importante sobre su arresto es que hemos comenzado a reducir la estructura de esa organización criminal, hasta que logramos la captura de su lí­der supremo, que en la práctica es equivalente a desbaratar y exterminar lo que una vez fue el más poderoso cartel de la droga en México.'

Jesús Blancornelas, editor de la revista semanal Zeta, que circula bajo fuerte guardia desde que escapó por poco a un intento de asesinato por pistoleros de el Tigrillo en 1997, cuestiona la evaluación de la importancia de Arellano hecha por Braun y Cabeza de Vaca. 'El no es el jefe del cartel,' dice. 'Es un playboy inhalador de cocaí­na, dedicado sólo a pasar bien. Vive en EU y viaja con frecuencia a Brasil y Hawai.'

Otros observadores del cartel mexicano dicen que en años recientes la banda de Tijuana se convirtió en 'una real corporación; una organización con sucursales, miembros y oficinas' que se aparta de la notoriedad buscada por su grandes bandas rivales. La bien conocida afición de el Tigrillo por la violencia (estuvo implicado en al menos 20 asesinatos) es, dicen, un rasgo del pasado del cartel, no su presente. En ese esquema, el arrestado Francisco Javier se piensa que jugó un rol clave en las operaciones de la banda en Tijuana y Mexicali.

El cartel de Tijuana sobrevivió a dos fuertes golpes en 2002: la muerte de Ramón Arellano Félix (principal conductor de la organización) en un tiroteo en febrero, y el arresto de Benjamí­n Arellano Félix (reputado como el cerebro) en marzo -ambos son hermanos mayores de Francisco Javier.

Aún está en libertad otro hermano, Eduardo (un doctor), que es buscado por EU, y una hermana, Enedina (una contadora). El primero no es considerado el lí­der material más alto; la última, por otro lado, se espera que sea elevada a una posición más prominente.

El fiscal general Cabeza de Vaca, espera que luego del arresto de Francisco Javier otros carteles, en particular el de Sinaloa (liderado por el Chapo Guzmán), busque controlar sus rutas y mercados. 'Sabemos que algunas células pueden tratar de seguir operando,' dijo, 'pero ya no más como cartel; no como un grupo importante.' También espera una disputa interna entre los remanentes del cartel, cuando comience la caza de quienes entregaron a Francisco Javier.

“Tal vez sea mejor que Brasil se pase a la CAN antes de que sea tarde."

El Presidente de Perú, Alan Garcí­a, sobre la decisión de Venezuela de abandonar la y unirse al Mercosur.

 

“Violencia no sólo es matar a alguien_ En cierta medida, todos somos responsables de generar la violencia. Tenemos que desarrollar una nueva cultura de paz."

El Presidente de El Salvador, Tony Saca.

 

“No podemos permitir la excusa [para Ortega], que por darle la espalda, va a caer en manos de [el presidente venezolano, Hugo] Chávez y [el mandatario cubano, Fidel] Castro.

El derrotado candidato presidencial de Nicaragua, Eduardo Montealegre.

PANAMA: Bio-combustibles. El Presidente Martí­n Torrijos recibió de su par de EU, George Bush, durante la visita a Washington el 16 de febrero, de impulsar un TLC bilateral a través del congreso de EU. No será fácil. Los Demócratas desean más derechos laborales y salvaguardas ambientales. Mientras el TLC busca suficiente apoyo, Bush y Torrijos hablan del potencial para el comercio en bio-combustibles: uno de los principales productos agrí­colas de Panamá, es la caña de azúcar. "Vuestra capacidad de hacer bio-combustibles y nuestro deseo de usar bio-combustibles coinciden, pues trabajamos para ser menos dependiente del petróleo y mejores supervisores del medioambiente," dijo Bush.

TRINIDAD Y TOBAGO: Gas venezolano. Luego de cuatro años de diálogo, Caracas y Port-of- Spain alcanzaron, el 17 de febrero, un acuerdo formal para compartir recursos de gas. Un comité binacional concluyó que unos 7,3 trillones de pies cúbicos de los 10tr del yacimiento Loran, ubicado en el lí­mite marí­timo que separa a ambos paí­ses dentro de la masiva plataforma Deltana, perteneciente a Venezuela. El acuerdo se produce cuando el Primer Ministro Patrick Manning prometí­a proveer a Jamaica 160m de pies cúbicos de GNL por dí­a desde 2009.

BOLIVIA | Gas licuado. El ministro de hidrocarburos, Carlos Villegas, anunció la semana pasada que Bolivia importarí­a 46 toneladas de gas licuado por dí­a de Venezuela, para asegurar que no haya escasez en los meses de invierno. El gas licuado se necesita en primer lugar para la cocina y la calefacción doméstica. El Presidente Evo Morales atribuyó la escasez de gas licuado a la falta de inversión en el sector desde 1996 como también al creciente contrabando. Morales apeló a los bolivianos que viven en áreas de frontera, como Desaguadero, en la frontera con Perú, que se abstengan de vender garrafas de gas licuado en el mercado negro: lo venden en el exterior a cinco veces más del valor promedio en Bolivia. La cámara boliviana de hidrocarburos, que representa a los grandes productores de petróleo y gas del paí­s, acordaron con Morales sobre la necesidad de elevar la inversión en el sector y terminar con el las ventas de contrabando.

COLOMBIA | Deuda. El ministerio de finanzas reveló esta semana que pagará hasta US$500m de la deuda con las multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, el BID, y el banco de desarrollo subregional, la Corporación Andina de Fomento (CAF). El gobierno compró US$750m la semana pasada en el mercado de monedas, en un esfuerzo para frenar la apreciación del peso, algo que el banco central está tratando de lograr a través de una serie de de medidas, como los controles sobre el capital extranjero de corto plazo. El ministerio de finanzas dijo que el superávit en ingresos fiscales provee los fondos para la compra de moneda y que el servicio adelantado de la deuda ahorrarí­a al paí­s unos US$185m en intereses. El gobierno ha reservado US$106m para subsidiar a productores, sobre todo agro-exportadores, afectados por el fuerte peso. Mientras, las importaciones suben: 31% más año en año en el primer trimestre, a US$7,39bn.

El retirado General Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), va a elecciones presidenciales el 9 de setiembre con una estrecha ventaja sobre el favorito por largo tiempo, Alvaro Colom, de la centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de acuerdo con resultados de una encuesta final difundida esta semana. Muestra a Pérez con 31,8%, frente a Colom con 31,7%, el sondeo de Vox Populi también predice que Pérez ganarí­a en caso de una segunda ronda (programada para el 4 de noviembre) por más de cinco puntos. La encuesta también revela que 27% del electorado aún continúa indeciso.

El Presidente Oscar Berger y representantes del tribunal supremo electoral (TSE) condenaron el incremento en las tácticas sucias de campaña; se informó que se repartí­an panfletos anónimos en diferentes partes de la capital, acusando a Colom y Pérez de ví­nculos con el crimen organizado. Colom también dijo a la prensa extranjera la semana pasada, que al menos 14 de los 18 asesinatos de miembros de su partido fueron cometidos, "sin duda, por miembros de la mafia [criminal] vinculada con ex oficiales de inteligencia militar". Aunque absteniéndose de hacer acusaciones directas contra Pérez, que encabezó la unidad de inteligencia militar durante los '90, su audiencia, sin duda, sacó conclusiones Colom subrayó su punto diciendo que el PP tiene el respaldo de ex oficiales de inteligencia militar que "están orquestando la campaña sucia en mi contra [...] y también promoviendo un clima de inseguridad en el paí­s. Ellos usan los mismos métodos que fueron usados en los '80".

Los crí­ticos atribuyen el surgimiento de tácticas deshonestas y calumnias a la disminución de la brecha entre los dos principales rivales. Ví­ctor Borge, de la encuestadora Borge & Asociados, explicó que la aparente subida de Pérez en los sondeos se debe a que el PP saca votantes de pequeños partidos y de indecisos: Colom se frenó en las encuestas, sin ir más allá de la base de su partido. También lo acusan de ser muy "abstracto" en sus promesas de campaña.

Con un ojo puesto en la segunda ronda, Pérez reveló que se habí­a reunido con candidatos de otros grupos polí­ticos, incluida la Gran Alianza Nacional (Gana), en el gobierno, para discutir posibles alianzas para la segunda ronda. El diario El Periódico, informó que Pérez calculó un presupuesto de entre Q12m (US$1,6m) y Q14m para la segunda ronda. Al reconocer que él también negociaba con otros partidos y grupos de la sociedad civil, Colom sostiene que tiene 10 puntos de ventaja sobre Pérez, e insiste que el margen será mayor el dí­a de la elección.

El gobierno y las organizaciones internacionales han expresado temores sobre la escalada de la violencia -evidenciada recientemente en los asesinatos de dos candidatos de Encuentro por Guatemala (EG), el partido de Rigoberta Menchú, el 5 de setiembre. La prensa señaló al menos 13 departamentos y 60 municipios donde se esperan estallidos de violencia el dí­a de la elección, y el diario Siglo XXI afirma tener acceso a un documento interno de la OEA que sugiere que la violencia es probable en 81 municipios y 18 departamentos (ver al lado).

También crecen las preocupaciones sobre las adversas condiciones del tiempo, con el Huracán Félix sintiéndose en el norte de Guatemala en la forma de fuertes lluvias. Hay temor que los accesos a algunos locales de votación podrí­an estar bloqueados. El TSE apuró el enví­o de boletas de votación a ocho departamentos declarados en estado de alerta por el comité coordinador para reducción de desastres: Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Zacapa, Huehuetenango y Chiquimula. La prensa especuló sobre la posibilidad que las elecciones sean pospuestas, una decisión que está en manos del TSE.

• Temores de violencia

Los departamentos más propensos a la violencia son también los más importantes polí­ticamente: San Marcos, Huehuetenango (norte), Quiché (en las sierras) y Guatemala (centro). De acuerdo con la OEA, citada en el diario local Siglo XXI, las causas potenciales de conflicto incluyen a los alcaldes que pujan por la reelección (al menos 20 alcaldes han recibido amenazas en meses recientes), conflictos de poder dentro de las comunidades, rivalidades polí­ticas, candidatos que rehúsan aceptar la derrota, disputas territoriales con comunidades vecinas y problemas causados por ex milicianos de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

El Presidente Tony Saca presentó la semana pasada una serie de medidas económicas bajo el slogan "Alianza por la Familia", que abarca beneficios de maternidad mejorados a controles más firmes del sistema financiero para reducir, por ejemplo, los excesivos intereses aplicados por las compañí­as de tarjetas de crédito. Se trata de varias concesiones para mitigar el impacto del impuesto a los combustibles introducido hace una semana.

Se espera que el paquete completo le cueste al estado un total de US$53,5m. Las 19 medidas también incluyen un compromiso de contratar 2.950 maestras más en 2008 y proveer enseñanza gratis en colegios secundarios desde el año próximo (aunque esto sólo se extenderá hasta el fin del mandato de Saca en 2009) y una reducción en el costo de lí­neas de teléfono (ahora un mí­nimo de US$7).

Saca produjo las medidas la semana después que las organizaciones sociales protestaron contra la introducción del nuevo impuesto a los combustibles desde el 1 de diciembre: un 10% de aumento por galón. Será usado para un subsidio de unos US$42m a proveedores de transporte público, a cambio de no elevar tarifas. Saca dijo que eso permitirí­a que más de 5m de salvadoreños que usan transporte público continúen usándolo sin que sus bolsillos sean afectados.

El izquierdista Frente Farabundo Martí­ para la Liberación Nacional (FMLN), rehusó apoyar el paquete, del cual dijo que era "populista y electoralista". Aunque faltan 14 meses para las elecciones, la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) está crecientemente perturbada por lo que percibe como una revitalización del FMLN.

El FMLN apareció con una ventaja de siete puntos (34,5% a 27%) sobre Arena en la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) el mes pasado. Es la primera encuesta completa difundida desde que el FMLN eligió a Mauricio Funes, un izquierdista moderado y popular ex periodista, como su candidato. Aunque Arena tiene una clara desventaja en la encuesta, pues aún debe elegir a su candidato, fue llamativo que el FMLN haya logrado una mayor ventaja sobre Arena que en las urnas en las elecciones municipales y legislativas, en las cuales tradicionalmente tiene un desempeño mucho mejor.

• Economí­a, no seguridad

La economí­a ha reemplazado a la seguridad como la preocupación central de los votantes salvadoreños, de acuerdo con la última encuesta de IUDOP. El defensor de los consumidores (CDC) destacó el problema usando las estadí­sticas oficiales para mostrar que la brecha entre el salario mí­nimo y el costo de la canasta básica de bienes y servicios ha estado creciendo desde 2000. El salario mí­nimo de US$178 cubre sólo 25% del costo de esa canasta, un punto menos que el poder de compra en 2000. El precio de los frijoles, base de la diera, se elevó de 60 centavos en setiembre a US$1,25 este mes.

El ministro de energí­a, Emilio Rappaccioli, anunció el 12 de marzo que el gobierno iraní­ habí­a aprobado un préstamo de US$231m para construir una represa y una planta hidroeléctrica, en el departamento de Jinotega. Será financiado por el banco de exportación de Irán, el mega-proyecto -llamado Bodoke- será construido por una compañí­a estatal iraní­ y se espera que genere 70MW de electricidad al completarse, y solucione algunos de los problemas de provisión de energí­a del paí­s. Aunque el préstamo -que falta ser aprobado por el congreso de Nicaragua- ha sido muy criticado por la oposición, que cuestiona los términos del acuerdo.

El lí­der del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo Jarquí­n, criticó los términos del préstamo y advirtió que el proyecto podrí­a terminar como propiedad de la firma estatal iraní­ que lo construye. Rappaccioli señaló que el crédito serí­a pagado en 10 años con una tasa de interés de 5%. Jarquí­n sostiene que eso es muy excesivo para Nicaragua.

Por su lado, el diputado liberal Francisco Aguirre, presidente de la comisión económica del congreso criticó la "carencia de información y transparencia" en el acuerdo, que él dice que ocurrió a nivel personal entre los gobiernos, de la misma manera en que el Presidente Daniel Ortega ha concretado acuerdos con su par venezolano Hugo Chávez (ver al lado).

• La represa de Bodoke

La represa y la planta de generación hidroeléctrica, en el departamento de Jinotega, en el norte de Nicaragua es uno entre numerosos proyectos que Irán acordó patrocinar en el paí­s, bajo los acuerdos alcanzados por Ortega con el ministro de energí­a de Irán, Hamid Chitchian, durante la visita de este último en agosto, y forma parte del plan de Nicaragua de cambiar hacia fuentes de energí­a renovables. Actualmente 80% de las necesidades de energí­a del paí­s es cubierta por importaciones de petróleo.

Un total de 77% de colombianos soportarí­an un intento del Presidente Alvaro Uribe en busca de un tercer mandato, de acuerdo con una encuesta difundida esta semana, luego del rescate militar de 15 rehenes, incluida la polí­tica Franco-Colombiana Ingrid Betancourt, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Betancourt dijo que Uribe tendrí­a derecho a competir de nuevo si eso era lo que el electorado deseaba. La corte constitucional, como se esperaba, optó por no nadar contra esta marea de popularidad y anunció que no investigarí­a la legalidad de las elecciones ganadas por Uribe en 2006, como habí­a requerido la corte suprema la semana pasada [IL-08-26].

Todos los partidos polí­ticos de Colombia felicitaron a Uribe por el éxito del rescate militar. El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), reconoció su significación polí­tica, diciendo que Uribe ahora tení­a asegurada la reelección si él lo deseaba. Sin embargo, le urgió que se retire con el prestigio del hombre que dio un inesperado golpe a las Farc, en vez de perpetuarse en el poder. Uribe aún debe anunciar si él intentará buscar la reelección, pero el dictamen de la corte acerca de las elecciones de 2006 deberí­a al menos obviar la necesidad del referéndum que él estaba exigiendo para decidir si lo vuelve a realizar.

La única candidata que posiblemente podrí­a representar un desafí­o para Uribe es, irónicamente, Ingrid Betancourt, que poco después de su rescate voló a Francia para reunirse con el Presidente Nicolas Sarkozy. Mientras estaba en cautiverio, ella elaboró un detallado plan de gobierno compuesto de 190 puntos. En una entrevista con Le Journal du Dimanche, el 6 de julio, Betancourt enfatizó que su prioridad central era, por ahora, trabajar por la liberación de los restantes rehenes de las Farc. Ella obtuvo seguridades de Sarkozy de ayudar a asegurar su libertad, pero ella necesitará trabajar intensamente para mantener viva su causa, ahora que los rehenes de alto perfil han sido rescatados.

Betancourt pidió a un concierto de naciones para que ayude en el proceso de mediación. Ella mencionó al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, con el cual ella urgió al Presidente Uribe que enmiende las relaciones, y a nuevos actores, como la Presidenta Cristina Fernández, de Argentina. Ella también pidió que se abandone el “el vocabulario de odio radical, extremista" asociado con el conflicto interno. Aunque cuidadoso para no expresar su desagrado con Betancourt, el gobierno dejó en claro que no tení­a la intención de internacionalizar los esfuerzos de mediación. En verdad, el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que el gobierno ahora buscarí­a un “contacto directo" con las Farc, debido a su naturaleza fracturada y las “dificultades" con los mediadores.

El gobierno hicieron conocer esas “dificultades" esta semana, con la incendiaria afirmación que el diplomático suizo, Jean-Pierre Gontard, uno de los dos mediadores europeos a los que se otorgó permiso para hablar con las Farc poco antes del intento de rescate, habí­a transportado unos US$480.000 en efectivo, a Costa Rica, para las Farc. Ese dinero fue incautado en Costa Rica en marzo, gracias a informaciones recogidas de las computadoras del fallecido lí­der de las Farc, Raúl Reyes. El gobierno, obviamente, poseí­a esta información desde hace meses, y su decisión de divulgarla ahora está claramente calculada para desacreditar a los mediadores internacionales y agregar peso a su decisión de avanzar solo con las Farc de ahora en adelante.

El anuncio del ministro de defensa, Juan Manuel Santos, que Gontard y el mediador francés Noel Saez estaban en Colombia la semana pasada, fue diseñado para tomar a las Farc con la guardia baja, como lo expresó Santos, para contribuir a la “telenovela". Sin embargo, Santos enfatizó que la presencia de ambos fue una “feliz coincidencia". También proveyó más detalles del rescate, que él dijo que fue hecho posible debido a que la inteligencia militar se habí­a infiltrado en el alto comando de las Farc -el secretariado- y en la célula guerrillera liderada por César, que estaba a cargo de los rehenes.

El General Freddy Padilla, comandante en jefe de las fuerzas armadas, dijo que un miembro descontento de las Farc habí­a acordado encabezar la operación, convenciendo a César que el lí­der de las Farc, Alfonso Cano, deseaba que los rehenes de tres lugares separados sean trasladados a un punto especí­fico donde serí­an recogidos por dos helicópteros proveí­dos por una (ficticia) ONG que simpatizaba con las Farc. Hombres de las fuerzas especiales estaban a bordo. Santos negó vehementemente que se haya pagado un “sólo centavo" para sobornar a César u otro guerrillero de las Farc. El abogado de César admite que él fue embaucado. Santos estaba respondiendo a una sensacional afirmación de la estación de radio suiza, Radio Suisse Romanda (RSR) poco después del rescate, que una fuente “digna de confianza" les habí­a informado que el gobierno de Colombia, con la ayuda de Estados Unidos, habí­a pagado un rescate, o soborno,  de US$20m, para concertar el rescate.

Las Farc siguen su propio consejo
Las Farc aún deben responder al rescate pero, llamativamente, una carta de Cano con fecha 28 de junio, dí­as antes, fue mostrada en un canal local de TV esta semana, como habiéndose confiado a mediadores de la Unión Europea. En la carta, Cano expresa su disposición para “contactos directos" con el gobierno. Aunque es improbable que él esté a favor de esa opción ahora que ha perdido su más preciado capital.

Un artí­culo fue exhibido en el sitio web oficial de las Farc desde el rescate: una carta de Fidel Castro, de Cuba, publicada por primera vez en el sitio web cubano el 6 de julio, advirtiendo a las guerrillas que no abandonen las armas, pues la historia muestra que ellos “no sobrevivirí­an para ver la paz." Castro continúa pidiendo al grupo que libere a sus rehenes incondicionalmente y que se abstengan de los “métodos crueles de secuestrar y mantener a los prisioneros en la jungla". El consejo permanente de la OEA también solicitó a las Farc que libere a sus rehenes e inicie conversaciones de paz.

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , ya habí­a pedido a las Farc que liberen a sus rehenes. También enfatizó recientemente que habí­a terminado el tiempo de los conflictos armados, una afirmación a considerable distancia de sus pedidos en enero para que las Farc sean reconocidas como una fuerza beligerante. Chávez ha afirmado hace tiempo que el conflicto interno nunca podrí­a ser ganado ni por el gobierno ni por las Farc. Su endurecida posición con las Farc y sus conciliadores gestos hacia Uribe, con quien está programada una reunión el 11 de julio para conversaciones frente a frente para enterrar la animosidad reciente, sugieren que él podrí­a haber cambiado de idea.

Mientras los lazos de Colombia con Venezuela están mejorando, aquellos con Ecuador, palpablemente no. Correa dijo durante su programa semanal en la TV que “a menos que haya un cambio sustancial en la actitud del Presidente Uribe [...] las relaciones no serán renovadas". Correa también criticó a las Farc. Dijo que “la multitud de estupideces que comete" la convierten en la mejor fuente de apoyo para Uribe.

La corte suprema
El Presidente Alvaro Uribe se reunió con el presidente de la corte suprema, Francisco Javier Ricaurte esta semana, a instancias de la Iglesia, en un esfuerzo por superar las serias divergencias que mantienen. Uribe acusó a la corte suprema de “justicia selectiva" la semana pasada luego que ésta condenó a una ex diputada por aceptar sobornos para votar a favor de una reforma constitucional que le permita a él buscar un segundo mandato. La corte suprema parecí­a responder a esos alegatos esta semana al iniciar investigaciones sobre tres miembros del congreso, incluida la ex mediadora, la senadora Piedad Córdoba, por supuestos lazos con las Farc.

• Chávez acuerda cooperar sobre el tráfico de drogas
  El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , está dispuesto para renovar la cooperación con EU sobre el tráfico de drogas, de acuerdo con la oficina de prensa de la presidencia el 6 de julio, poco después que Chávez se reunió con el embajador de EU, Patrick Duddy. No está claro en qué consistirí­a: Venezuela suspendió la cooperación con la DEA en 2006. Duddy habí­a repetido los reclamos hechos por el embajador de EU en Colombia, William Brownfield, una semana antes, que el volumen de drogas que pasan a través de Venezuela se habí­a incrementado de manera alarmante. El ministerio del interior difundió cifras que lucen como una respuesta a esos reclamos. Muestran que 28 toneladas de cocaí­na fueron confiscadas en la primera mitad de 2008, y que 3.467 personas fueron arrestadas, mientras que Venezuela habí­a invertido US$260m para monitorear el espacio aéreo, incluida la compra de 10 radares chinos. El director de la oficina nacional antidrogas, Coronel Néstor Reverol, dijo que era importante mejorar la cooperación y compartir la información con las fuerzas de seguridad colombianas, para incrementar aún más las confiscaciones.
  

No son solamente las encuestas de opinión las que indican que el campo pro-gobierno se dirige a una dura contienda en un número de estados y municipalidades en las elecciones del 23 de noviembre. Eso también es revelado indirectamente por el creciente esfuerzo que el Presidente Hugo Chávez está poniendo en sus advertencias de complots desestabilizadores si la oposición gana terreno y su esfuerzo por desacreditar a ex aliados que rehúsan abandonar sus identidades polí­ticas.

Un sondeo realizado por Keller y Asociados, y difundido el 11 de octubre, provee una guí­a aproximada del balance de poder regional. El campo pro-Chávez es más fuerte en el oeste, el sudeste y los llanos, mientras que la oposición es más fuerte en la capital, las sierras y el noreste. Cortando a lo largo esta división, los chavistas son más fuertes en las áreas rurales, la oposición en las ciudades. La encuesta de Keller sugiere que la participación será por encima de 76%.

Chávez advirtió el 12 de octubre que si la oposición ganara en el estado Zulia, rico en petróleo, su capital, Maracaibo, se convertirá en el “epicentro" de un intento apoyado por EU de derrocarlo. El retrata al actual gobernador de Zulia, Manuel Rosales, que compitió con él en las últimas elecciones presidenciales, como la figura local en esa conspiración. Rosales compite por la alcaldí­a de Maracaibo, en un intento de arrancar la ciudad de manos de los chavistas.

Dos ex aliados que han rehusado fusionarse en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez , que intentaron presentar sus propios candidatos en noviembre -el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT)- fueron acusados por Chávez de ser “contrarrevolucionarios". Antes, Chávez habí­a calificado de “traidor" al gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, de PPT, por haber avalado la candidatura de su hija, Lenny Manuitt, para sucederlo en la gobernación.

“Parece un buen hombre; le deseo buena suerte".

- El Presidente de Cuba, Raúl Castro, sobre su par de EU, Barack Obama.

“No estamos ni estaremos en recesión. Pónganme el precio del petróleo a cero y en Venezuela no habrá crisis."

- El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez .

“El voto del pueblo no ha sido para el Evo o para el Alvaro, saben que estamos temporalmente acá, pero en ese tiempo pequeño que nos brinda el pueblo boliviano, hay que aportar, dejar algo que tal vez sea para toda la vida."

- El Presidente de Bolivia, Evo Morales.

En una entrevista radial, transmitida en Noticias MVS el 13 de mayo, el ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) acusó a sus sucesor, Carlos Salinas de Gortari, de corrupción y contrabando de drogas. El contenido y la oportunidad de la acusación son interesantes. Ocurren después que el pánico sobre el virus AH1N1 (gripe porcina) estaba decreciendo, y la atención del público se orienta hacia las elecciones legislativas de mitad de periodo el 5 de julio.

La entrevista habí­a sido grabada en la oficina de De la Madrid, en su casa, el 15 de abril. La periodista, Carmen Aristegui, que extrajo las incendiarias respuestas, dijo que la demora se produjo porque la entrevista era parte de una campaña publicitaria para el lanzamiento de un libro. Ella afirmó que la entrevista sólo fue transmitida a requerimiento de la secretaria privada de De la Madrid, Delia González, que telefoneó a Aristegui el 12 de mayo para pedirle que transmita la entrevista. Previamente, a Aristegui se le dijo que la entrevista tení­a que ser coordinada con el lanzamiento del libro, publicado por Random House Mondadori. Aristegui dijo al equipo de De la Madrid que ella transmitirí­a partes de la entrevista en su show de la mañana el 13 de mayo, y así­ hizo.

Incluso aunque De la Madrid inmediatamente retractó sus comentarios, ellos fueron notables. Los ex presidentes mexicanos, efectivamente, hacen un juramento de silencio. El mismo Salinas rompió esa convención en 1995, criticando a sus sucesor en una radio, por teléfono. Casi inmediatamente, Salinas fue al exilio, primero en Irlanda y luego a Cuba, y uno de sus hermanos, Raúl, fue a prisión bajo cargos de corrupción y asesinato.

La oportunidad es extraña, porque De la Madrid y Salinas provienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que habí­a estado liderando las encuestas de opinión para las elecciones legislativas del 5 de julio. Los comentarios de De la Madrid sólo pueden ayudar al gobernante Partido Acción Nacional (PAN), incluso aunque De la Madrid se retractó de sus comentarios, diciendo que él no se sentí­a bien cuando las hizo.

Los comentarios de De la Madrid son polí­ticamente dañinos para el PRI porque se remontan a los dí­as de la “perfecta dictadura" del partido, cuando el poder económico y el poder polí­tico estaban entrelazados y no existí­a debate público sobre las cuestiones. Un diario mexicano tituló la riña como un choque de dinosaurios.

Aristegui negó que ella embaucara a De la Madrid para hacer esos comentarios. Ella dijo que De la Madrid parecí­a bien preparado para la entrevista y parecí­a completamente conciente de lo que estaba diciendo. Aristegui también señala que De la Madrid negó consistentemente cualquier informe en el sentido que él no estaba bien y se estaba recuperando, aunque ella admitió que él parecí­a, a los 74 años, estar llegando hacia el fin de sus dí­as. Devastadoramente, ella dijo que aunque De la Madrid parecí­a cansado durante una hora y 29 minutos de la entrevista, él estuvo feliz de dedicar otros 20 minutos posando para los fotógrafos.

Carlos Salinas estaba claramente furioso con los alegatos. Envió una carta a Aristegui y también obtuvo la retractación de De la Madrid. Salinas afirmó que Aristegui habí­a “abusado de la confianza" de De la Madrid, para hablar con ella y que lo que De la Madrid habí­a dicho engañó a sus radioescuchas.

La carta de Salinas a Aristegui señala un punto válido: que De la Madrid estaba hablando en gran medida sobre sospechas y arrepentimientos. Salinas señala que su hermano Raúl emergió sin condenas después de 15 años de investigaciones penales en México, Francia y Suiza, a pesar de la afirmación de De la Madrid que él estaba vinculado con traficantes de drogas.

Salinas también apunta que el aval de De la Madrid a las afirmaciones que Salinas habí­a desviado dinero público a través de las cuentas secretas del presidente, no tení­an fundamento. Salinas señaló que el congreso, primero en cada año de su administración, y luego bajo su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, habí­an investigado todas las cuentas presidenciales y no habí­an hallado nada. En su carta a Aristegui, Salinas insinúa que el dinero secreto fueron a las pensiones y pagos para personas que necesitaban el dinero, como a ex funcionarios, intelectuales, partidos polí­ticos y figuras internacionales y de México.

Para ser justos, la entrevista de De la Madrid con Aristegui, suena extraña. De la Madrid da respuestas de una sola palabra, o de una frase, a sus (igualmente breves) preguntas. Un ejemplo es cuando ella pregunta a De la Madrid sobre la magnitud de las cuentas secretas presidenciales bajo Salinas. De la Madrid dijo que eran mucho más grandes que durante su administración: “ ¿Cuánto más grande?" Pregunta Aristegui: “ ¿Cinco veces?, ¿10 veces?, ¿100 veces [más grandes]?" “Alrededor de eso," replica De la Madrid. “ ¿100 veces?" pregunta Aristegui. “Sí­" responde De la Madrid.

En varias ocasiones, Aristegui claramente induce a De la Madrid ha hacer alegatos sensacionales. No obstante, él fue coherente. Dijo, por primera vez en público, que se habí­a equivocado al señalar a Salinas como su sucesor y que el periodo de Salinas (1988-1994) estuvo marcado por la “inmoralidad". También afirmó que el otro hermano de Carlos Salinas, Enrique, que murió en extrañas circunstancias en diciembre de 2004, era corrupto y fue asesinado.

Madrazo
Los comentarios de De la Madrid sobre Salinas siguieron a los menos publicitados, pero igualmente vitriólicos comentarios de Roberto Madrazo Pintado, el derrotado candidato del PRI para la presidencia en 2006. Madrazo acusó a Zedillo Ponce de León (1994-2000) y a Vicente Fox (2000-2006) de corrupción y de ví­nculos con el comercio de drogas. Madrazo dijo que Zedillo protegió al Cartel de Juárez, mientras que Zedillo respaldaba a Joaquí­n El Chapo Guzmán, que conducí­a el Cartel de Sinaloa.

• Lucí­a Morett

Lucí­a Morett competirá por una banca en el congreso federal en la fórmula del Partido del Trabajo (PT). Morett es una mexicana sobreviviente del ataque de fuerzas colombianas, el 1 de marzo de 2008, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en territorio de Ecuador. Los oponentes al PT alegan que ellos dependen de los subsidios del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez .

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, viajó la semana pasada hasta Chapare, el terruño de su par de Bolivia, el Presidente Evo Morales. Ambos lí­deres firmaron una serie de acuerdos que cubren comercio, energí­a e infraestructura, y prometieron más cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas. La declaración de lazos más cercanos oculta otro resultado que ha producido la reunión -la formalización de la reducción en la demanda del gas natural de Bolivia.

Brasil ha estado elevando constantemente su participación en Bolivia teniendo en cuenta la menguante influencia de EU en áreas como la cooperación antidrogas y el comercio (sobre todo teniendo en cuenta la expulsión de la Drug Enforcement Administration, DEA, en noviembre de 2008 y la subsiguiente anulación de los beneficios de Bolivia bajo el Acta de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de la Droga, Atpdea, debido a que Bolivia “fracasó en sus esfuerzos" en la guerra contra las drogas [IL-09-26]). Lula anunció un decreto durante su visita el 22 de agosto, formalizando su oferta de abrir los mercados de Brasil a los textiles bolivianos libres de tarifa en el tono de US$21m, que se mencionó por primera vez cuando EU canceló Atpdea.

Saludando el hecho que la oferta “no fue del tipo de Atpdea porque no tiene condiciones adjuntas", Morales destacó la incrementada cooperación de Brasil en los esfuerzos locales para la lucha contra el tráfico de drogas, elevada desde enero de 2009, con un plan conjunto antidrogas que entra en efecto luego de la expulsión de la DEA. Eso es un eco de las declaraciones hechas el 18 de agosto por el ministro jefe antidrogas, Felipe Cáceres, que “Brasil es el mejor aliado en la lucha contra el narcotráfico". Brasil también ofreció un préstamo de US$332m para financiar una carretera vinculando los departamentos de Cochabamba y Beni, considerada clave para el corredor bi-oceánico y la perspectiva de la participación brasileña en  el desarrollo de los depósitos estratégicos de litio de Bolivia.

Aparte de acuerdos concretos, la decisión de visitar el Chapare, la tradicional región productora de coca en Cochabamba y bastión de Morales, también fue interpretada como una simbólica demostración de apoyo a su par boliviano, no menos para los polí­ticos opositores locales, que se quejaron que la movida fue diseñada para impulsar la candidatura de Morales ante las elecciones de diciembre.

Gas
Los positivos ruidos de ambos lí­deres disimularon otro resultado de la reunión que tiene implicaciones menos positivas para Bolivia -una enmienda al contrato que gobierna las exportaciones de gas natural de Bolivia a Brasil, su principal cliente, que llega a US$2,85bn de un total de US$3,43bn de ingresos por el gas natural en 2008. El contrato enmendado requiere que Brasil compre un máximo de 24m de metros cúbicos por dí­a (mcd), cayendo de los actuales 31m mcd. Eso refleja la reducida demanda de Brasil luego del descubrimiento de vastas reservas offshore de hidrocarburos y la inversión en su propio sector interno de gas natural (y en el sector hidroeléctrico). Las cifras oficiales difundidas antes en la semana mostraron que los ingresos del gas natural cayeron 14,7% año en año en los primeros cinco meses de 2009, una declinación atribuida a la reducida demanda brasileña (y una caí­da en los precios internacionales).

Los bolivianos calificaron de necesaria la enmienda contractual como necesaria a fin de liberar la capacidad adicional de exportación a terceros paí­ses, incluyendo a Argentina, su segundo mayor cliente. Sin embargo, el apetito de Argentina por el gas boliviano parece limitado, tomando sólo unos 2,2m mcd (de un contrato por 27,7m mcd), debido a las inadecuadas infraestructuras. Desde entonces, Morales ha anunciado que US$1,25bn serán invertidos en el mejoramiento del gasoducto de Madrejones a Argentina.

El fenómeno regional del “femicidio" (o “feminicidio", es un neologismo acuñado para describir el asesinato de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres), está atrayendo de nuevo la atención de los medios, luego del lanzamiento de una campaña reciente de la ONU contra la violencia de género. Con las tasas de femicidio elevándose continuamente, la campaña cita como un objetivo clave la necesidad de fortalecer la legislación nacional para defender los derechos de las mujeres. Sin embargo, los activistas tienen dudas que eso resulte efectivo, dado que la causa fundamental de la violencia es la impunidad descontrolada que aflige a la región.

El primer femicidio llegó a los titulares a principios de los '90, cuando los cuerpos mutilados de mujeres violadas y asesinadas comenzaron a descubrirse en las afueras de Ciudad Juárez, en la frontera México-EU. Desde entonces, esos asesinatos, que se caracterizan por la brutalidad y, en muchos casos, la violencia sexual, se han extendido a través de México y Centroamérica.

Las estadí­sticas relacionadas con los femicidios (a diferencia de los homicidios de mujeres) varí­an, debido a los diferentes criterios usados para compilar datos. En el caso de Guatemala, donde el problema es particularmente agudo, la Red de Mujeres Centroamericanas, con base en el Reino Unido, informa que se registraron unos 3.500 casos entre 2000 y 2007; 437 fueron registrados en 2008 y 473 hasta octubre de este año. El Salvador, México y Honduras también han registrado un aumento en los femicidios. Mirta Kennedy, del Centro de Estudios de las Mujeres Hondureñas, señala que casi la mitad de los 325 casos hasta el fin de setiembre, ocurrieron después del golpe del 28 de junio.

Aunque esos paí­ses se caracterizan también por los altos niveles generales de violencia, los grupos de derechos humanos enfatizan que los femicidios no pueden ser explicados solamente en términos de un “clima general de violencia". En cambio, destacan otros factores, como el legado de la guerra civil; un contexto social y económico que es desfavorable para las mujeres (especialmente para las mujeres indí­genas); altas tasas de pobreza; la dependencia económica de la mujer; y una grave impunidad. Esto último es crí­tico cuando se considera que hubo importantes avances con relación a la legislación en la región -más recientemente en abril de 2008, en Guatemala, con la aprobación de una ley relacionada con el femicidio [IL-08-15].

Algo está ocurriendo en Ecuador, y no se trata de la cuidadosamente coreografiada reorganización del gabinete que el Presidente Rafael Correa ha retratado como la radicalización de su “revolución ciudadana". Todos los movimientos indí­genas, que Correa habí­a dividido hábilmente desde que llegó al poder en 2007, se está uniendo contra su gobierno. Cualquier proceso de cambio tendrá sus detractores, pero dos acontecimientos recientes han conducido al fragmentado movimiento indí­gena de Ecuador -que alguna vez elevaron y destronaron a jefes de estado- a discutir una acción de protesta a escala nacional. La causa de la discordia son las reformas de la ley de minerí­a y de sus sistemas de irrigación.

Miles de manifestantes indí­genas se reunieron el 5 de abril en la ciudad de Riobamba, la capital de la provincia de Chimborazo en Ecuador central para demostrarse contra la “ley del agua" que el gobierno intenta impulsar a través de la asamblea legislativa. Dos dí­as más tarde 4.000 indí­genas viajaron hasta la tercera más grande ciudad de Cuenca, en la provincia sureña de Azuay, para protestar frente de las oficinas centrales de la secretarí­a de planeamiento nacional (Senplades).

Las protestas eran preventivas. Está programado que una comisión legislativa presente un informe ante el pleno el 9 de abril para el debate final sobre la ley de agua, que fue aprobada en primera lectura en noviembre pasado. Los manifestantes indí­genas temen que la nueva ley de agua permitirá la privatización de los recursos de agua. Ellos objetan a la Secretarí­a del Agua (Senagua), la entidad del gobierno establecida para administrar las concesiones de agua para la irrigación, y desean que la máxima autoridad del agua esté compuesta de un consejo plurinacional, compuesto por representantes de los indí­genas, los consumidores, el gobierno local y las autoridades de irrigación. Ellos afirman que el esquema de manejo del agua propuesto no tiene en cuenta sus propios sistemas de irrigación. El gobierno arguye que el agua es un sector estratégico que debe ser controlado por el ejecutivo.

La otra causa mayor de fricción es sobre la minerí­a. En enero de 2009 fue aprobada una nueva ley de minerí­a, que busca atraer inversión extranjera permitiendo a las multinacionales que posean la mayorí­a de acciones en las minas. Aunque establece requerimientos ambientales más estrictos que hasta este momento, la más grande organización indí­gena, Conaie, protestó que eso era una “traición" y que no impedirí­a la contaminación de la provisión de agua en la Amazoní­a. A fines de marzo, el gobierno anunció que otorgarí­a permiso a 12 compañí­as para que reanuden las actividades mineras avanzadas (suspendidas desde 2008) además de tres compañí­as canadienses que ya habí­an recibido autorización para reanudar las exploraciones de oro en la Amazoní­a.

Correa recibió a más de 30 representantes de Conaie en el palacio presidencial en octubre pasado, en un esfuerzo por disipar las preocupaciones acerca de las leyes del agua y la minerí­a [IL-09-40]. El prometió “institucionalizar un diálogo permanente" a través de grupos de trabajo formados con representantes de Conaie y del gobierno; estableció la comisión legislativa que tomará con la debida consideración las propuestas de Conaie para la ley del agua; y dijo que revisarí­a le ley minera. Sus tácticas conciliatorias le ganaron tiempo -pero Conaie ahora arguye que él ha renegado de sus promesas, y ha ganado el apoyo de una de sus principales organizaciones rivales, Feine, mientras que la otra, Fenocin, una vieja aliada del gobierno, es probable que una sus fuerzas pronto.

Luis Andrango, el presidente de Fenocin, dijo que estaba en conversaciones con Conaie para montar una protesta coordinada en toda la nación. La dirección de Fenocin celebrará una asamblea el 9 de abril, para decidir si se une a las protestas. Andrango dejó pocas dudas acerca del resultado de la asamblea. Dijo que las bases de Fenocin están presionando por una posición más radical contra el gobierno, especialmente sobre la ley del agua. Dijo que Fenocin ha apoyado al gobierno por tres años, pero se levantará para defender los derechos del agua. Agregó que Correa estaba llevando adelante un proceso de cambio, pero no la “revolución" que él prometió.

Uno de los éxitos de Correa, desde su perspectiva, desde que asumió el poder, ha sido la división del movimiento indí­gena. La acción de protesta coordinada podrí­a forzar al gobierno a tomar con más seriedad las conversaciones con los grupos indí­genas, en vez de hacer que cada grupo se pelee uno contra otro. A pesar de desdeñar a Conaie en el pasado como la “izquierda infantil" Correa ha desplegado agudeza polí­tica cuando necesita aliviar la tensión. El mismo espí­ritu de apertura al diálogo que él mostró en octubre pasado, pronto será de nuevo necesario. En ausencia de una coherente o significativa oposición polí­tica, los movimientos indí­genas, y las organizaciones sociales disidentes, tienen el potencial de convertirse en los más formidables oponentes polí­ticos de Correa. Pero, mientras que las protestas indí­genas, a menudo llamadas “levantamientos", han derribado gobiernos en el pasado reciente, la gran diferencia es que esos gobiernos nunca disfrutaron del apoyo popular de la administración Correa.

“Pienso que todos los ecuatorianos de buena fe se dan cuenta que hemos hecho todo lo que podí­amos hacer, pero es claro que no pudimos hacer todo lo que desearí­amos hacer," dijo Correa esta semana mientras anunciaba una “profunda reforma" de su gabinete (ver abajo). “A pesar de la mentira organizada, a pesar de los grupos de poder alineados en contra nuestra, a pesar de la terrible crisis económica del año pasado, somos un verdadero proyecto nacional," dijo. “No nos podemos dar el lujo de fracasar," agregó.

• El nuevo gabinete
  El aspecto más significativo de la reorganización de gabinete del Presidente Correa fue la designación de Katiuska King, una alta funcionaria de la secretarí­a de planeamiento nacional para reemplazar a Diego Borja (no es el mencionado en el caso Chevron), al frente del ministerio de coordinación económica. Borja se convierte en presidente del banco central. La prensa, en su mayorí­a hostil, describió las otras designaciones como “reciclaje". Marí­a de los Angeles Duarte se muda del ministerio de economí­a y de inclusión social (Mies) al ministerio de transporte; Verónica Sión de turismo a industria; y Jorge Glas de telecomunicaciones a coordinación de sectores estratégicos. Glas es reemplazado por su viceministro Jaime Guerrero. Gloria Vidal, viceministra de educación, asume el cargo superior a expensas de Raúl Vallejo.
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Chevron aplica el primer golpe
La compañí­a petrolera de EU, Chevron, logró una significativa victoria la semana pasada cuando un panel de arbitraje de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminó que las cortes de Ecuador contravinieron las leyes internacionales al retrasar las decisiones a inicios de los '90 sobre disputas comerciales entre el gobierno de Ecuador y Texaco, una subsidiaria de Chevron. La compañí­a fue premiada con US$700m de compensación bajo el dictamen, que fue la culminación de tres años de pelea y debe ser considerada un revés para un reclamo medioambiental presentado por 30.000 indí­genas contra la compañí­a que podrí­a resultar en US$27bn en daños.
     La Haya citó un tratado bilateral de inversión (BIT) entre Ecuador y EU. La oficina del fiscal de Ecuador rechazó la decisión y dijo que Ecuador usarí­a “todos los mecanismos legales disponibles" para evitar el pago. Dijo que Chevron ha buscado el arbitraje para desacreditar a la justicia ecuatoriana. Chevron cita el BIT en su reclamo de arbitraje presentado en setiembre sobre supuesta interferencia del gobierno en el caso presentado por los demandantes indí­genas. “Hemos mantenido por algún tiempo que las cortes de Ecuador están fracasando en administrar justicia, cuando se trata de Chevron y sus afiliadas," dijo el abogado general de Chevron, Hewitt Pate.
     Una corte ecuatoriana debí­a dictaminar sobre el caso a fines de 2009, pero el juez se recusó a sí­ mismo luego que Chevron publicó cuatro videos comprometedores, de dudosa autenticidad en setiembre pasado [IL-09-36]. Esta semana, un investigador legal contratado por los demandantes, Grant Fine, difundió un informe que contení­a más de seis horas de cintas de audio grabados por un desilusionado amigo de un hombre llamado Diego Borja. Borja habí­a hecho esos videos, por los cuales Chevron afirmó que no le habí­a pagado. En las cintas de audio, Borja dijo que Chevron habí­a pagado US$6.000 mensuales por el alquiler de su lujosa casa y que si le hací­an “trampa" él harí­a públicos las evidencias condenatorias contra Chevron. Otro juez está en el caso y debe emitir un dictamen este año.

El 15 de julio, el ministro de defensa de Colombia, Gabriel Silva, exhibió a los medios, a puertas cerradas, lo que afirma que eran evidencias incontrovertibles que altos lí­deres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaban escondidos en Venezuela. Una semana más tarde, su gobierno se preparaba para presentar esas evidencias a la Organización de Estados Americanos (OEA). Mientras tanto, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , ha amenazado con cortar completamente los ví­nculos con Colombia y descartó su asistencia a la investidura del Presidente electo Juan Manuel Santos, el 7 de agosto. Esta no es la primera vez que la administración del Presidente Alvaro Uribe ha afirmado que las Farc y el ELN han buscado refugio en Venezuela, de ahí­ que la oportunidad en que se hacen estas revelaciones es más interesante que sus contenidos.

Silva mostró a la prensa fotos y videos e incluso proveyó las coordenadas de un supuesto campamento de Iván Márquez, un miembro del secretariado de las Farc, en la montaña de Perijá cercana a la frontera colombiana. Dijo que la razón para divulgar la información ahora era para mostrar que el deterioro de los lazos con Venezuela se debí­a a su tolerancia de terroristas dentro de su territorio. Dijo que Márquez estaba en Venezuela reunido con otros lí­deres de las Farc en momentos en que él hablaba. Un dí­a más tarde, el gobierno difundió una declaración diciendo que después de “seis años de infructuoso diálogo" en el cual afirmó haber probado la presencia de guerrillas en Venezuela, mostrarí­a a la OEA el 22 de julio, la evidencia compilada, y cómo fue obtenida.

La respuesta venezolana fue predecible. La cancillerí­a denunció “un patético show" y un “desesperado intento de sabotear la normalización de las relaciones bilaterales". Dijo que cada vez que el gobierno colombiano habí­a producido “evidencia", el gobierno venezolano mostró sistemáticamente que era falsa. El ex vicepresidente de Chávez , José Vicente Rangel, afirmó que eso era “el primer signo de la oposición de Uribe al presidente electo de Colombia". Chávez aprovechó eso. Y criticó a Uribe diciendo que no asistirí­a a la investidura de Santos por temor que Uribe haga algún intento contra su vida, y lo acusó de tratar de “sabotear" los esfuerzos de Santos para llegar a un entendimiento con Venezuela. El elogió la elección de Santos de su ministra de relaciones exteriores, Marí­a Angela Holguí­n, una ex embajadora en Venezuela, de quien dijo “La conozco bien, ella es una amiga".

Chávez estaba en buena compañí­a. Numerosos comentaristas en Colombia también poní­an en duda la oportunidad de las revelaciones de Uribe, que interpretaban como una advertencia a Santos para no avanzar tan rápidamente con cualquier proceso de normalización. El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) fue especialmente crí­tico, acusando a Uribe de desbaratar los esfuerzos de Santos para mejorar las relaciones bilaterales debido a que él difiere de su polí­tica de confrontación. Otros argumentan que, lejos de complicar las cosas para Santos, Uribe de hecho lo estaba ayudando proveyendo evidencia detallada de la presencia de las Farc en Venezuela para evitarle a él tener que hacerlo.

Ambos argumentos parecen plausibles. Santos se reunió con Uribe el 20 de julio en Bogotá. El salió de la reunión diciendo que él tiene un “lazo indisoluble" con Uribe: el amor por el paí­s. Santos siempre ha ensalzado los logros de Uribe en el mejoramiento de la seguridad en Colombia y en ese sentido, él comparte los mismos objetivos que Uribe. Pero, una mirada a las acciones de Santos en otras arenas, muestra que ellos tienen enfoques y estilos muy diferentes para alcanzar sus objetivos.

Uribe, no hay que olvidar, fue reacio a retirarse luego de dos mandatos por temor que su sucesor no pudiese mantener sus objetivos de seguridad, y él está decidido a ver que su legado sobrevive intacto. Santos ha dejado en claro que el éxito de Uribe en el campo de la seguridad significa que él podrá concentrarse en otras áreas, sobre todo en el desarrollo económico [IL-10-28]. Eso requiere que prevalezca el pragmatismo en las relaciones con Venezuela, donde el comercio ha caí­do en picada desde que Chávez “congeló" las relaciones el año pasado, y con Ecuador, y explica porqué Santos invitó a Chávez y al Presidente Rafael Correa a su investidura. Uribe criticó indirectamente a Santos por eso, diciendo que la polí­tica exterior de Colombia hacia Venezuela no debí­a ser “superficial o basarse en las apariencias". El repitió esa lí­nea en un discurso ante el nuevo congreso el 20 de julio. “Usted no puede albergar a criminales y hablar seriamente acerca de la hermandad," dijo, agregando premeditadamente que “hay un largo camino por recorrer para consolidar la seguridad".

Eso sugiere que Uribe está preocupado que Santos es muy conciliador. Eso es verdad, a nivel interno como también internacional. Santos ofreció el ministerio de agricultura a Gustavo Petro, el lí­der del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), un hombre al cual Uribe ridiculizó como un “terrorista con traje", aunque Petro no aceptó la invitación. Santos logró atraer a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical (CR), al que Uribe habí­a aislado. Ninguno de los nombramientos del gabinete hasta ahora tiene la aquiescencia de Uribe, y su eventual elección del ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, que aunque no fue tan difí­cil de tragar para Uribe como lo fue Petro, era un crí­tico del gobierno.

Santos no necesita que le recuerden la presencia de las Farc en Venezuela: el fue uno de los primeros en denunciarla públicamente como columnista en el diario El Tiempo, y tení­a acceso pleno a inteligencia sobre la materia como ministro de defensa, pero como ha demostrado al invitar a Petro a unirse a su gobierno, él es por sobre todo, pragmático. Este es un matiz crucial. Mientras que Uribe ve la resolución de la cuestión de seguridad con Venezuela como una cuestión de honor y un prerrequisito para normalizar las relaciones, Santos claramente siente que las relaciones necesitan ser mejoradas, con los beneficios concomitantes para el comercio, antes que la cuestión de la seguridad pueda ser resuelta. Poner a Chávez en una esquina no ha producido, ni producirá resultados.

En marzo de 2008 el gobierno colombiano presentó a la ONU y la OEA evidencia de supuestos “acuerdos" entre las Farc y los gobiernos de Venezuela y Ecuador. No pasó nada. A menos que sean presentadas alarmantes revelaciones nuevas a la OEA (reunidas de acuerdo con Silva durante los últimos dos meses) es difí­cil ver qué espera ganar Colombia en esta ocasión. El hecho que se ve forzado a manejar sus relaciones con Venezuela de esta manera es sintomático del deterioro de los canales diplomáticos, que Santos parece preferir la reparación más que continuar con la diplomacia del megáfono de Chávez y Uribe. “ ¿Por qué no reanudar el diálogo para que podamos resolver el problema de los terroristas en Venezuela?" preguntó retóricamente esta semana.

Santos ahora se embarcará en una gira  por América Latina, que lo llevará a México, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú y La Española (Haití­ y República Dominicana), para tratar de romper el aislamiento regional de Colombia. En Chile, al menos, él tendrá un aliado más que Uribe. El senado de Chile aprobó esta semana una resolución pidiendo vigilancia internacional para asegurar la transparencia en las elecciones legislativas de Venezuela el 26 de setiembre, y designó un equipo de senadores para actuar como observadores electorales. Chávez los acusó de “interferencia", calificándolos de usar el estilo de los golpistas de los '70, y dijo que no se les permitirí­a la entrada.

• La presentación ante la OEA

El embajador de Ecuador en la OEA, Francisco Proaño, que está sirviendo como presidente del consejo permanente, renunció en ví­speras de la presentación del gobierno colombiano de su evidencia contra Venezuela el 22 de julio. Proaño dijo que él habí­a enfrentado “un dilema muy serio": por un lado, su gobierno le urgió que cancele o posponga la sesión extraordinaria, sobre la cual el debí­a presidir y moderar, mientras que por otro lado, su posición como presidente del consejo permanente requerí­a de él que la convoque. El embajador de El Salvador, Joaquí­n Meza, presidirá ahora la sesión.

“De los 15 paí­ses con mayor grado desigualdad en el mundo, 12 están en América Latina -y eso es inaceptable." Esta fue una de las varias conclusiones de las irrefutables estadí­sticas destacadas por el director latinoamericano del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), Heraldo Muñoz, la semana pasada, durante su presentación del Indice (anual) de Desarrollo Humano (IDH) y el informe anual que lo acompaña. Estaba incluido por primera vez el nuevo “Indice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad" (IDHAD), que reduce brutalmente lo que de otro modo podrí­a haber sido un desempeño respetable de la mayorí­a de los paí­ses latinoamericanos que figuran en el IDH, dejando al desnudo las pretensiones regionales de desarrollo.

“Nuestros paí­ses desafortunadamente son los campeones de la desigualdad global, aunque algunos paí­ses como Brasil, Chile y otros han hecho progresos," alegó Muñoz mientras presentaba el informe anual titulado Real Riqueza de las Naciones: Las Sendas hacia el Desarrollo Humano, en Montevideo, Uruguay. “La desigualdad impacta negativamente sobre la gente, la economí­a y a la sociedad en su conjunto," siguió diciendo Muñoz. Dijo que se han hecho importantes progresos en el combate a la pobreza, pero que “una de cada 10 personas sufre de pobreza 'multidimensional' (otro nuevo í­ndice separado en el informe), comparado con una persona cada 33 en Europa del Este y Asia Central."

El informe fue anticipado por la difusión previa este año de un informe del capí­tulo regional del PNUD, Actuando Sobre el Futuro: Rompiendo el Ciclo Intergeneracional de la Desigualdad [IL-10-30]. En ese informe, Muñoz señaló que abordar la desigualdad debí­a convertirse en una prioridad polí­tica en la agenda de paí­ses a lo largo de la región; que “los programas de transferencias condicionadas de dinero", como Bolsa Famí­lia en Brasil, Oportunidades en México, y Chile Solidario, fueron todos desarrollos positivos pero que aún representan un porcentaje mí­nimo del PIB, menos del 0,6%; que la educación más allá de los niveles de la escuela primaria y el acceso a las infraestructuras y servicios básicos eran esenciales para estimular la movilidad social y lograr un nivel más alto de desarrollo nacional.

Una yuxtaposición del IDH y el IDHAD subraya de manera indeleble lo señalado por Muñoz (ver tabla más abajo). El IDH mide la expectativa de vida; conocimiento y educación; y el estándar de vida a través de la paridad en el poder de compra. El IDHAD mide la desigualdad dentro de cada una de esas tres dimensiones y es un intento de responder a las crí­ticas al IDH como proveedor de falsedades a través de arbitrarias ponderaciones de solamente una pequeña selección de indicadores sociales que no toman en cuenta las disparidades sociales. Hubo algunas caí­das masivas de Bolivia (cayendo 17 lugares en la tabla y en 38% en su puntaje en el IDH) y Perú (cayendo 26 lugares y 31%). El que encabezaba la tabla serial, Chile, también cayó 10 lugares y en 9% en su puntaje en el IDH, dejando a Uruguay al tope del IDHAD. Argentina y Colombia aparecen con un desempeño deplorable -y Brasil no lo hace mucho mejor. Solamente Ecuador y Nicaragua mejoraron sus posiciones con relación al IDH (subiendo tres y nueve lugares respectivamente).

El promedio del coeficiente Gini de la región, que mide la desigualdad de ingresos (pero no la oportunidad), es también 65% más alto que los paí­ses desarrollados y 18% que Africa Sub-Sahariana. Dos tercios de la región, incluido Chile, tiene un coeficiente Gini de más de 0,5, donde la desigualdad es considerada severa, y los demás están todos por encima de 0,4.

El deplorable desempeño de Bolivia en el IDHAD es llamativo cuando se compara contra otro influyente í­ndice anual -el 'Indice de Desarrollo Democrático' (IDD) regional, difundido por la Fundación Konrad Adenauer y Polilat.com . El IDD mide el rango de 18 paí­ses en la región (ver tabla más abajo). No es comparable directamente, tomando en cuenta la calidad de vida, como también la calidad institucional, el respeto por los derechos civiles y las libertades, corrupción, participación democrática y derechos humanos. Pero, en esa tabla, Bolivia hace el mayor avance único, trepando cinco lugares hasta el 13ro, y eso se debe no a las mediciones no relacionadas con el IDH, como la calidad institucional, sino con medidas directamente relevantes para reducir la desigualdad social.

El informe que acompaña al IDD destaca una importante recuperación en los indicadores de salud de Bolivia, especialmente la mortalidad infantil, y la construcción de hospitales y centros médicos. Señala que el desempleo y el número de hogares que viven bajo la lí­nea de la pobreza ha mejorado sustancialmente: la pobreza extrema ha caí­do de 37,7% a 20,3% desde 2006. También alega que el analfabetismo ha sido erradicado desde diciembre de 2008, con más de 1,5m de personas aprendiendo a leer y escribir a través del programa cubano Yo Sí­ Puedo.

El IDD también felicita al gobierno boliviano por la implementación de tres polí­ticas sociales a un costo de US$332m por año para el estado: el Bono Juancito Pinto, un subsidio de Bol$200 (US$30) que beneficia a unos 1,8m de niños, que ha reducido la deserción escolar de 5% a 3% desde 2006; Renta Dignidad, un programa universal para bolivianos de más de 60 años que carecen de pensiones; y el Bono Juana Azurduy, para mujeres embarazadas o aquellas con hijos menores de dos años, entre las cuales la desnutrición infantil ha caí­do de 27% a 15% en los últimos cuatro años.

El mal desempeño de Ecuador en el IDD, donde languidece cerca de lo más bajo de la tabla, comparado con el IDHAD, donde es uno de sólo dos paí­ses en la región que ha mejorado su posición con relación al IDH, también llama la atención. Eso no se debe a una comparativamente mayor igualdad en el ingreso: el coeficiente Gini de Ecuador, en 54,4, está entre los peores en la región. Más bien es debido a una percibida mayor igualdad en la educación y la salud. El informe IDD no comparte esa evaluación, y como Walter Spurrier, un veterano analista ecuatoriano arguye en el diario local El Comercio el 9 de noviembre: “a diferencia de otros paí­ses, en ese es superado por otros paí­ses: el gasto militar en Ecuador eclipsa el gasto en ambos, salud y educación."

Si Bolivia y Ecuador parecen ser las mayores anomalí­as, por lo demás hay una amplia correlación entre las posiciones del paí­s en las dos tablas. Los ocho paí­ses más importantes son iguales e n ambas tablas: Chile retiene su posición en la cumbre de ambas tablas; Brasil es octavo en ambas, y los demás varí­an. Uruguay le arrebató el segundo lugar a Costa Rica en el IDD. Junto con Chile, ellos son los únicos tres paí­ses que terminaron con más de 7,5 puntos en el IDD, lo que es clasificado como 'alto desarrollo democrático'.

Sólo cinco paí­ses caen dentro del 'desarrollo democrático medio' de 4,5 a 7,5 puntos: Panamá, Perú, Argentina, México y Brasil. Perú y Argentina saltaron sobre México, que cayó un punto completo, la mayor caí­da individual además de Honduras. Eso se debe en primer lugar a la sangrienta lucha del gobierno mexicano para combatir a las bandas de tráfico de drogas y la aguda caí­da de la economí­a.

Colombia permanece como noveno donde encabeza a los 10 paí­ses que son considerados que sufren un 'bajo desarrollo democrático' (0 a 4,5 puntos). Esta es una censura a la 'polí­tica de seguridad democrática' del ex presidente Alvaro Uribe, y explica en parte porqué su sucesor, Juan Manuel Santos, está impulsando las propuestas de 'prosperidad democrática' para mejor cuidado de la salud y la educación.

Honduras fue testigo de la más precipitada caí­da en el IDD, cayendo siete lugares en el í­ndice 2009 hasta el piso de la tabla, como resultado del golpe de junio de 2009 y el consiguiente retroceso para el proceso democrático. La República Dominicana también se desempeñó pobremente, cayendo cuatro lugares para languidecer en el lugar 17mo. El informe afirma que el gasto en educación y salud permanece bajo e ineficiente, mientras que por otro lado, no hubo progresos en la lucha contra la corrupción y sólo mí­nimos avances en la reducción de la mortalidad infantil y la pobreza. Eso implicó que la oposición dominicana afirmara sin rodeos, que el Presidente Leonel Fernández le otorga más significación a su rol como mediador regional que llevar adelante una agenda de reforma interna.

• El Salvador

El Salvador trepó cuatro lugares en el Indice de Desarrollo Democrático (IDD) al lugar 11ro. La recuperación de El Salvador puede ser atribuida al éxito del Presidente Mauricio Funes en trascender la polarización polí­tica tradicional que aflige al paí­s, convirtiéndolo a cierta distancia en el más popular presidente en la historia de El Salvador. El informe IDD también trata de responder a una crí­tica frecuente en las tablas anuales -que ellas están en discrepancia con un monitoreo más dinámico en los desempeños- señalando que varias de las polí­ticas sociales que están siendo implementadas por Funes deberí­an mostrar a El Salvador elevándose más alto en el í­ndice de 2011.

• Desigualdad de Género

Uno de los nuevos í­ndices en el Informe sobre Desarrollo Humano es el Indice de la Desigualdad de Género, que muestra brechas de género en la salud reproductiva, en el poder otorgado y la participación en la fuerza laboral. La desigualdad de género es más marcada en Centroamérica, especí­ficamente en Guatemala (que ha ganado notoriedad por los asesinatos cuyas ví­ctimas son mujeres), Nicaragua y Honduras.

Indice de Desarrollo Democrático (IDD) 2010*

Posición	Paí­s	Puntaje
1 (1)	Chile	10 (10)
2 (3)	Uruguay	9.7 (9.3)
3(2)	Costa Rica	9.3 (9.7)
4 (4)	Panamá	6.1 (7.2)
5 (7)	Perú	5.8 (5.6)
6 (6)	Argentina	5.7 (5.9)
7 (5)	México	5.5 (6.5)
8 (8)	Brazil	4.7 (4.5)
9 (9)	Colombia	4.3 (4.1)
10 (10)	Paraguay	3.6 (3.86)
11 (15)	El Salvador	3.5 (3.5)
12 (14)	Venezuela	3.4 (3.6)
13 (18)	Bolivia	3.1 (2.6)
14 (12)	Nicaragua	3.04 (3.8)
15 (17)	Guatemala	3.0 (3.3)
16 (16)	Ecuador	2.9 (3.48)
17 (13)	Dominican Republic	2.7 (3.7)
18 (11)	Honduras	2.5 (3.85)

* Las cifras entre paréntesis indican posición y puntaje en la tabla 2009.

Indice de Desarrollo Humano de la ONU (IDH) 2010*

Posición	Paí­s	Puntaje	IDHAD	Gini
45 (=)	Chile	0.783 (0.779)	-10	52.0
46 (=)	Argentina	0.775 (0.772)	-21	48.8
52 (=)	Uruguay	0.765 (0.760)	-2	47.1
54 (-1)	Panamá	0.755 (0.751)	-20	54.9
56 (-2)	México	0.750 (0.745)	-8	51.6
62 (-1)	Costa Rica	0.725 (0.723)	-6	48.9
63 (=)	Perú	0.723 (0.718)	-26	50.5
73 (+4)	Brazil	0.699 (0.693)	-15	55.0
75 (-2)	Venezuela	0.696 (0.696)	-1	43.4
77 (+1)	Ecuador	0.695 (0.691)	+3	54.4
79 (+1)	Colombia	0.689 (0.685)	-18	58.5
88 (=)	Dominican Republic	0.663 (0.660)	-7	48.4
90 (=)	El Salvador	0.659 (0.655)	-14	46.9
95 (-3)	Bolivia	0.643 (0.637)	-17	57.2
96 (+1)	Paraguay	0.640 (0.634)	-6	53.2
106 (=)	Honduras	0.604 (0.601)	-4	55.3
115 (=)	Nicaragua	0.565 (0.562)	+6	52.3
116 (=)	Guatemala	0.560 (0.556)	=	53.7
145 (-1)	Haití­	0.404 (0.410)	-7	59.5

* Las cifras entre paréntesis indican posición y puntaje en la tabla 2009.

Paí­ses Caribeños incluidos en el IDH

42 (=)	Barbados	0.788 (0.787)	-	-
43 (=)	Bahamas	0.784 (0.783)	-4	-
59 (+1)	Trinidad & Tobago	0.736 (0.732)	-2	40.3
78 (-3)	Belize	0.694 (0.694)	-16	59.6
80 (-1)	Jamaica	0.688 (0.686)	+9	45.5
94 (-1)	Suriname	0.646 (0.643)	-7	52.8
104 (=)	Guayna	0.611 (0.605)	+7	43.2

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya lo hizo de nuevo. Tal como su dictamen de 2009 sobre el Rí­o San Juan, que divide Nicaragua y Costa Rica, fue aceptable para ambas partes, poniendo fin a una batalla legal de cuatro años, su dictamen provisional en relación a una disputa sobre un controversial proyecto del Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, para dragar el San Juan, está siendo recibido como una “victoria", tanto por Ortega como por la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Aunque la orden de la corte es una medida provisional, con la soberaní­a del área disputada aún bajo consideración, por ahora al menos, parece haber desactivado una significativa fuente de tensión bilateral.

Costa Rica inició los procedimientos contra Nicaragua en noviembre de 2010 [IL-10-50], acusando al gobierno de Ortega de enviar tropas para acompañar a los trabajadores del dragado, afirmando que estaban ilegalmente en la Isla Portillos perteneciente a Costa Rica; construyendo un canal (caño) a lo largo del territorio costarricense, desde el Rí­o San Juan hasta la Laguna de los Portillos de Nicaragua; afectando el flujo del Rí­o Colorado de Costa Rica (un tributario del San Juan) y causando daño medioambiental a su territorio, especí­ficamente, violando la Convención Ramsar [intergubernamental] sobre Humedales. Nicaragua respondió pidiendo una revisión de la frontera que permita su soberaní­a sobre la parte norte de la Isla Portillos, un área de 3km2 de humedales, estratégica para su proyecto de dragado. Y exigió también derechos de navegación sobre el Rí­o Colorado, sobre la base que la operación previa de dragado por los costarricenses habí­a desviado 90% del flujo del rí­o desde el San Juan, volviéndolo innavegable [IL-10-50].

La decisión del 8 de marzo fue aplaudida por ambas partes. Chinchilla puede señalar que la corte ordena a ambas partes que retiren a militares y policí­as del área en disputa, como una victoria para Costa Rica. La decisión de la CIJ también autoriza a Costa Rica, en ciertas circunstancias, a despachar personal civil al área, encargados de la protección del medioambiente. A su vez Nicaragua, que la CIJ señala ha expresado que los “trabajos en el área del caño han llegado a su fin", saludó el hecho que la CIJ no ordenó el cese completo del proyecto de dragado, a menos que sea probado que eso puede resultar en un posible daño al medioambiente. El dictamen fue claro en que “en esta etapa" no podrí­a concluir que el proyecto de dragado está creando un riesgo de “perjuicio irreparable al medioambiente de Costa Rica o al flujo del Rí­o Colorado".

Hubo abundancia de crí­ticas y oposición al neoliberalismo por algún tiempo y, en términos de discurso polí­tico eso ganó influencia en años recientes. Pero hasta ahora, no dio como resultado el abandono de todo el paquete neoliberal. Pero, ¿eso ha engendrado una exhaustiva alternativa que podrí­a hallar interesados?

La iniciativa de Hugo Chávez , Alba, dice en su nombre que es una "alternativa" -inicialmente al ALCA, más tarde al neoliberalismo en su conjunto. Chávez , y todos los que se le unieron en Alba, son presentados por EU como "populistas radicales" o una inaceptable especie de gobiernos latinoamericanos izquierdistas, en contraposición de gobernantes de izquierda aceptables, como Lula da Silva de Brasil, o Michelle Bachelet de Chile, que llegaron al poder desafiando al menos algunos de los defectos del paquete neoliberal original.

Juntos, han sido presentados ampliamente como representando un "giro a la izquierda" regional. El escritor polí­tico Takis Fotopoulos dice que mucho de lo que ha sido visto como un giro a la izquierda en América Latina es un "tardí­o auge de regí­menes social-liberales en el poder, que pasan por regí­menes de 'izquierda' y que capitalizan la consternación popular sobre la globalización capitalista neoliberal." La extrema izquierda los culpa de no cumplir sus programas. Las crí­ticas sirven para calibrar hasta dónde son vistos representando una alternativa al neoliberalismo. El académico marxista James Petras enumera sus principales falencias como sigue:

• Ninguna aplica polí­ticas redistributivas.
• Muchos han aplicado polí­ticas presupuestarias regresivas, subsidiando a las grandes empresas y reduciendo el gasto en polí­ticas sociales.
• Se han aplicado programas de austeridad clasista-selectiva que perjudican a los receptores de salarios mí­nimos y empleados públicos de bajos salarios en la salud y la educación.
• Las privatizaciones -legales e ilegales- se han extendido y profundizado, incluso los sectores lucrativos de propiedad pública de minerí­a y energí­a.
• Los inversionistas han recibido acceso privilegiado a los mercados locales, mano de obra barata y han privatizado empresas y bancos.

Petras no deja de lado a Venezuela y Bolivia que, él dice, "no han abolido gran parte de los elementos esenciales de la producción capitalista, como ganancias privadas, propiedad extranjera, repatriación de ganancias, acceso al mercado o la provisión de gas, energí­a u otros bienes primarios, tampoco declararon ilegales las futuras inversiones extranjeras." En su opinión, compartida por muchos que están cerca del centro del espectro polí­tico, lo que Venezuela y Bolivia están haciendo es modernizar y actualizar a los estándares mundiales actuales las relaciones entre estados productores de petróleo y las compañí­as de petróleo y gas. Y agrega: "Esas regulaciones y reformas propuestas pueden incrementar las reservas y la influencia del estado pero ninguno […] incluye una transformación revolucionaria de la propiedad o las relaciones sociales de producción."

El "modelo" venezolano
El ex presidente de Pdvsa (2002-04) Alí­ Rodrí­guez Araque dijo que la industria petrolera de Venezuela se basa "en tres pilares: capital estatal, capital nacional privado y capital internacional privado." El "socialismo del siglo 21" de Chávez fue definido con base en un endógeno desarrollo, dirigido al bienestar colectivo, con justa distribución de la riqueza y el ingreso; la creación y consolidación de una estructura productiva nacional diversificada, eficiente y autosuficiente, mayor independencia de los centros metropolitanos; y democracia participativa. Los instrumentos para los aspectos sociales son salud y educación subsidiadas, y masiva alfabetización, financiados con los ingresos petroleros de Venezuela.

Dos rasgos del manejo económico de Chávez se destacan; elevó el crecimiento de la economí­a no-petrolera, y ha fomentado el crecimiento de su sector privado, incrementando su contribución al PBI a un nivel considerablemente más alto que cuando Chávez llegó al poder en 1999.

El programa "Bolivariano" de Chávez , mientras buscaba el desarrollo endógeno en el paí­s, ha tenido una gran dimensión internacional, basada principalmente en lo que Chávez llama "cooperación e integración energética", y sus crí­ticos llaman "petro-diplomacia". Como dijimos antes, eso incluye la provisión de combustible a un número de paí­ses bajo términos preferenciales.

También incluye esquemas de mayor importancia geopolí­tica, como el compromiso de construir refinerí­as petroleras en Nicaragua y Ecuador. La primera ha torpedeado efectivamente una iniciativa mexicana para una refinerí­a centroamericana, pues la planta planeada para Nicaragua tendrá suficiente capacidad para exportar a sus vecinos. Las refinerí­as en Nicaragua y Ecuador estarán localizadas en la costa del Pací­fico, como parte del objetivo a mediano plazo de Venezuela de reorientar gran parte de su petróleo hacia China.

También parte de su esfuerzo hacia el Pací­fico es el ducto de propósito dual Colombia-Venezuela (siendo su segundo propósito "comprometer" a Colombia en una relación que reducirá el riesgo que Colombia sea usada por EU para una intervención en Venezuela).

De importancia similar era el esquema del Gasoducto del Sur que tendrí­a la mitad de la extensión de Sudamérica, desde Venezuela, a través de Brasil hasta Argentina, Paraguay y Uruguay. Ese particular esquema parece haber zozobrado por la renuencia de Brasil de ser dependiente del suministro venezolano, después del tropiezo de la nacionalización de Bolivia apoyada por Venezuela. Caracas ha respondido planteando un esquema para evitar a Brasil y embarcar gas natural licuado a Argentina, y uniéndose con Buenos Aires en un plan para iniciar la "industrialización" de los hidrocarburos de Bolivia.

Esas empresas internacionales, más allá de su rol de diplomacia blanda para proyectar la influencia venezolana, tienen más que ver con el nacionalismo y las aspiraciones de liderazgo regional que con alternativas al neoliberalismo, y menos al capitalismo, del tipo que la extrema izquierda desea.

Argentina, que en la práctica aplica polí­ticas mucho menos dañinas al paquete "neoliberal" cuando confrontó el desafí­o de salir de una de sus peores crisis económicas, no ha indicado cuáles de esos medios mantendrá como parte de su arsenal de polí­tica económica permanente, tampoco ha producido nada que se parezca a un plan que encarne una alternativa al menú neoliberal. Se debe señalar que Argentina es el único gran paí­s latinoamericano que está cerca de Venezuela, pero no se ha unido a Alba ni ha adoptado el completo discurso "Bolivariano".

Venezuela
The international capital markets have developed an appetite for Venezuelan paper. In mid-September the country issued another US$1bn of debt. The country is paying around 12.5% for the money. Earlier this year the country bought back US$1.5bn of its more expensive Brady debts by issuing cheaper new debt. The government claims that the refinancing deal has saved it US$180m a year. The finance minister Tobí­as Nóbrega said that the country would buy back up to US$3bn of its US$23bn foreign debt this year. It has congressional permission to do so. 

The central bank is pressing the government to do more restructuring of the foreign debt. Between now and 2007, 48% of the country's total foreign debt of US$23bn has to be repaid. 

Ecuador
The government has asked the IMF for more time to pay back debts owed to the IMF, the World Bank and other multilateral lenders. The government wants to spend the cash to boost domestic economic growth. In 2004, without a rescheduling, the country is on course to make US$2.4bn in debts payments: that is 34% of the total budget. 

President Luicio Gutiérrez has got into a tangle over financial terms before, but his latest statement, at the UN, was taken by the markets as a request for longer-term loans from the multilaterals, not as a threat to default. The price of Ecuadorian bonds, on which the country defaulted in 1999, is now back up to 83%.

Argentina
The government's offer to its bond holders did not go down well. There are two main issues. The first is the scale of the proposed 'haircut' or write-off: 75% of US$94bn the country has borrowed. This is a bit more than the market had been forecasting. The second issue is the muddle over whether the government intends to clear the interest arrears it has built up since defaulting at the beginning of 2002. 

The country has got US$12.55bn over three years from the IMF. This means that it will not have to make any net payments to the Fund. It also got another US$8.5bn in loans from the other multilaterals to meet repayments.